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Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-04-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020100016102
ACCION CONTRACTUAL
¿El acto que rechazó la propuesta presentada por los demandantes, incurrió en alguno de los cargos de nulidad propuestos en la demanda? No
El integrante de un consorcio que participe en más de una oferta por grupo causa el rechazo de todas las ofertas en que intervenga, cuando así lo prevé expresamente el pliego de condiciones, y esa participación comprende la intervención por sí mismo o por interpuesta persona. La regla se apoya en que el pliego estableció de forma expresa y puntual esa prohibición, de modo que los proponentes conocían la consecuencia del rechazo al presentarse al proceso. Además, las pruebas demostraron que dos integrantes del consorcio intervinieron de forma concurrente en más de una propuesta para el mismo grupo, lo que obligaba al rechazo. En el asunto, el acto que rechazó la propuesta de los demandantes no incurrió en los cargos de nulidad formulados, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la participación concurrente en varias propuestas de un mismo grupo puede determinar el rechazo de todas ellas cuando el pliego lo prevé.síntesis automática
También resuelve:
¿En el recurso de apelación se puede adicionar o modificar la demanda?
¿La participación por interpuesta persona en más de una oferta se configura con la presencia del socio y de la compañía en el mismo grupo de la licitación pública?
¿La inhabilidad requiere el control efectivo de la interpuesta persona?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020050240101
ACCION CONTRACTUAL
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve:
¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?
¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…
¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía
Sentencia — Sentencia
2023-12-04
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 23001233300020140010901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?
¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?
¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020160088902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?
¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
Consejo de Estado
Providencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020210019100
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve:
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión…
¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de…
¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001232600019950118501
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.
Sentencia — Sentencia
2023-09-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100019970125702
ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:
¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…
¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…
¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El acto administrativo estaba viciado por falsa motivación
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 20001233100020020132901
ACCION CONTRACTUAL
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación? No
El contratista no puede declarar nulo el acto administrativo que declara la caducidad del contrato por falsa motivación, vulneración del debido proceso o incumplimiento de la buena fe contractual, siempre y cuando la entidad estatal haya acreditado el incumplimiento grave y reiterado del contratista y haya permitido al mismo tiempo un plazo razonable para que cumpla con sus obligaciones. En este caso, la entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con sus obligaciones de pago y de publicidad, lo que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato. Además, la entidad estatal no vulneró el debido proceso ni la buena fe contractual, ya que advirtió reiteradamente los incumplimientos del contratista y le dio un tiempo prudencial para cumplir con sus obligaciones antes de declarar la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que la presunción de legalidad de los actos administrativos impide que la justicia declare la legalidad de dichos actos, pero sí permite que se declare la procedencia de la caducidad del contrato en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso?
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe?
¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella
Sentencia — Sentencia
2021-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 15001233100020000284801
ACCION CONTRACTUAL
¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años? No
El contratista no puede ser inhabilitado por la entidad estatal para celebrar contratos con el Estado por cinco años y el contrato no puede ser declarado caducado, ya que el contrato TU n.° 00159, que regula la atención de servicios de telecomunicaciones en el sitio Los Muiscas en Tunja, es de naturaleza privada y Telecom no tiene la competencia legal para adoptar tales decisiones, dado que no se ajusta a la modalidad de obra pública o suministro ni cuenta con la autorización de la CRT. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que la originan, por lo que declara nulas las resoluciones n.° 15001205-001642 y n.° 15001205-002726 en lo referente a la caducidad del contrato y la inhabilitación del contratista, debido a la falta de atribuciones de Telecom para expedir tales actos.síntesis automática
También resuelve:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación…
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020040042601
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la imposición de multas y de la cláusula penal son aspectos económicos relacionados con la ejecución del contrato
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020150260002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta viable el análisis de nulidad de los actos que impusieron la multa e hicieron efectiva la cláusula penal, con ocasión del incumplimiento de las obligaciones del contratista; teniendo en cuenta que las partes suscribieron acta de liquidación bilateral, sin dejar salvedades o constancias relacionadas con futuras reclamaciones? No
En las pretensiones, la demandante solicitó que "se ordene a la UGPP, devolver los valores cobrados a la Compañía Seguros del Estado S.A., por hacer efectivo injustamente la garantía única contenida en la póliza de cumplimiento" que en realidad corresponde a la imposición de la cláusula penal mediante Resolución No. 678 del 17 de julio de 2015. Igualmente solicitó "Que se ordene a la UGPP, devolver los valores injustamente descontados a mi mandante a título de multas y sanciones" en el acta de liquidación bilateral del contrato.… Respecto de estas pretensiones, considero que la decisión de la Sala en el sentido de negarlas es acertada, toda vez que el contratista no dejó salvedades sobre estos asuntos en el acta de liquidación bilateral.
También resuelve:
¿Debían analizarse de fondo las pretensiones relacionadas con la nulidad de la resolución que declaró la caducidad del contrato y el restablecimiento solicitado como consecuencia de la nulidad…