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¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el demandado hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra objeto del contrato de obra? Sí
Cuando se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad hace efectiva la garantía de estabilidad de la obra, el término de caducidad es el de la acción de controversias contractuales, contado desde la ejecutoria de las resoluciones demandadas y no desde la liquidación del contrato. La regla se sostiene en tres razones: el acto que hace efectiva la garantía es de naturaleza contractual, pues se refiere a una consecuencia de la ejecución del negocio; la garantía decenal que impone responsabilidad al contratista durante diez años desde la entrega carecería de sentido si la caducidad se contara solo desde la liquidación; y la misma regla se extiende a la estabilidad garantizada mediante contrato de seguro. En el caso, los actos cobraron ejecutoria el día siguiente a su notificación, la demanda se presentó dentro del término y se revocó la decisión que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la justicia arbitral sobre el punto; la consecuencia práctica es que el término para demandar la efectividad de la garantía de estabilidad no vence con la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el IDU, en atención a que profirió las resoluciones que se demandan; y el contratista lo está por activa…¿La falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, imposibilita el pronunciamiento judicial de fondo, lo que, en otras palabras…
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve:¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de…¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en…¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2022-04-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000232600020070045901ACCION CONTRACTUAL
Admisión recurso apelación de sentencia Sí
El Despacho ADMITE el recurso de apelación, promovido por la parte demandante contra la sentencia dictada… por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, por reunir todos los requisitos legales contemplados en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010. NOTIFÍQUESE personalmente esta decisión al Ministerio Público y por estado a las partes, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 212 del CCA, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, y el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2022-05-27Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 15001233300020200005201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia en procesos derivados del ejercicio del medio de control de controversias contractuales, está determinada territorialmente por el lugar donde se ejecutó el contrato estatal? Sí
El despacho considera que la competencia para conocer del presente asunto es del Tribunal Administrativo de Boyacá en la medida en que el Contrato se ejecutó, entre otros, en dicho departamento. Revisadas las pruebas del expediente, se observa que el Contrato tenía como objeto la "exploración del Área Contratada y la explotación del Petróleo de propiedad nacional que pueda encontrarse en dicha área descrita en la cláusula 3". El área contratada… está ubicada en los municipios de: Paya, Boyacá; Yopal, Nunchía, Pore, Támara, Paz de Ariporo, Sácama y Hato Corozal, Casanare; y Tame, Arauca. En virtud de lo anterior, resulta claro que el lugar donde se ejecutó el contrato fue en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca.… La realización de actividades administrativas del Contrato en Bogotá D.C., como las reuniones del Comité Ejecutivo, no implica que el negocio jurídico también se ejecutó materialmente en dicha ciudad.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-08-15Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020210032501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la fecha de presentación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, había fenecido el término para pedirlas? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia una vez vencido el término legal, que según el artículo 212 del CPACA, corre hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, lo que en este caso ocurrió del 5 al 7 de febrero de 2025, antes de la fecha de la solicitud probatoria. Aunque el solicitante argumenta que la prueba se refiere a un hecho sobreviniente, la preclusión establece que las actuaciones deben efectuarse en el tiempo dispuesto, evitando transgresiones al derecho de contradicción y defensa. Además, el documento que pretende acreditar el archivo de la investigación penal no es un elemento de juicio determinante para desvirtuar el fundamento de la terminación unilateral del contrato, ya que la cláusula en cuestión solo requiere el indicio del delito, no su comisión efectiva. Por último, el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica, directamente o como subsidiario de la reposición, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 246 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El documento que se pretende hacer valer no es un elemento de juicio determinante, ya que solo acredita el archivo de la investigación penal?¿El auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100019950042501ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre acumulación de procesos2024-04-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 15001233100020080040601ACCION CONTRACTUAL
¿El Despacho del proceso más antiguo es el competente para decidir la acumulación de proceso? Sí
El 23 de junio de 2023, el Despacho ordenó que se expidieran unas certificaciones para estudiar de oficio la posible acumulación del proceso con radicado n.º 15001-23- 31-000-2009-00067-01 (55.787) con el proceso con radicado n.º 15001-23-31-000- 2008-00406-01 (62.126), que cursa en este Despacho, de conformidad con el artículo 159 CPC.… El auto admisorio del proceso del proceso de referencia, que cursa en este despacho, se notificó personalmente al demandado, Municipio de Tunja, el 6 de mayo de 2009, mientras que en el proceso con radicado n.º 15001-23-31-000-2009-00067-01 (55.787) se notificó personalmente a la parte el 8 de octubre de 2010. Como el proceso que cursa en este Despacho, identificado con radicado n.º 15001-23-31-000-2008-00406-01 (62.126) es el más antiguo, el Despacho es competente para estudiar la acumulación, de conformidad con el artículo 158 CPC.
También resuelve:¿Resulta procedente acumular procesos de controversias contractuales en los que se demandan diferentes actos administrativos proferidos con relación al mismo contrato de obra?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
El Decreto 1595 de 2015 precisó que el ONAC tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos… .
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020090003101ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad oficiosa para decretar pruebas es una facultad exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte? Sí
La facultad oficiosa para decretar pruebas es exclusiva del juez y no procede a solicitud de parte, de modo que la parte no puede exigir que se decreten como prueba de oficio aquellas que dejó de pedir en las oportunidades legales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el juez decreta pruebas de oficio cuando identifica puntos oscuros que deben ser resueltos, y esa atribución no se convierte en un derecho de la parte para suplir sus propias omisiones. Segundo, la solicitud de pruebas en segunda instancia debe cumplir los requisitos específicos fijados por el artículo 214 del Decreto 01 de 1984, y la pretensión de que se valoren en esa instancia documentos que no fueron valorados adecuadamente en la primera es ajena a dicha solicitud. Tercero, si la parte consideraba necesarias ciertas pruebas, debió pedirlas en las oportunidades que la ley le otorga, de modo que su omisión no puede subsanarse en segunda instancia. La providencia confirma el auto objeto de súplica; en la práctica, las pruebas que se pretendan hacer valer en segunda instancia deben cumplir los requisitos legales y solicitarse de forma oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud probatoria en segunda instancia cumple con los requerimientos exigidos por la norma para que puedan ser decretadas?¿El recurso de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-04-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020250005000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos proferidos, en el marco de controversias contractuales, por tribunales arbitrales con sede en Colombia, en las que son parte entidades públicas o quienes desempeñan funciones administrativas en Colombia? Sí
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 1563 de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del recurso de anulación contra laudos proferidos por tribunales arbitrales con sede en Colombia en los que sea parte una entidad pública colombiana o quien ejerza funciones administrativas colombianas.
También resuelve:¿Según lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012, la parte recurrente cumplió con el requisito de oportunidad para la admisión del recurso de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de…¿Procede la admisión del recurso de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura, contra el laudo arbitral proferido el 18 de diciembre de 2024…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-09-21Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 44001234000020210007201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso de apelación procede contra el auto que rechaza la contestación de la demanda? Sí
En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso de apelación procede contra el auto que rechaza la contestación de la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no contempla de manera expresa esa restricción, de modo que existe un vacío normativo que debe llenarse con el sistema general de recursos. Segunda, la igualdad de las partes en la relación jurídica procesal exige que la parte demandada tenga el mismo acceso a la apelación que la demandante frente a los autos que la afectan. Por ello, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no debió denegarse, y la queja que se resuelve prospera. La providencia reitera que la negativa del recurso no es procedente en ese caso. En la práctica, la parte demandada que vea rechazada su contestación debe interponer la apelación contra ese auto y, si le es denegada, acudir al recurso de queja ante la misma jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Se pueden integrar las normas del estatuto procesal administrativo con las del CGP?¿En la nueva redacción no se restringe textualmente la posibilidad de integrar el artículo 243 del CPACA con las normas que le sean complementarias?¿Este despacho es competente para pronunciarse sobre el recurso de queja interpuesto por la parte demandada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-13Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020250005000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se presentó de manera oportuna el recurso de anulación contra el laudo provisional sobre medidas cautelares del 9 de febrero de 2021, el cual es autónomo, al no haber sido incorporado al laudo definitivo por el árbitro de urgencia que lo resolvió? No
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, las normas de la Sección Tercera de esta ley, con excepción de los artículos 70, 71, 88, 89, 90 y 111 a 116, se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en territorio colombiano. Y de conformidad con la Sección 15.3 del Contrato, la sede del arbitraje es Bogotá, Colombia, por lo que resultan aplicables las referidas normas. En dicha cláusula, las partes también acordaron que toda controversia que surgiera entre ellas sería dirimida por un tribunal de arbitramento internacional de conformidad con el literal c) del artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 y que sería administrado por el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, de conformidad con su reglamento de arbitraje internacional.
También resuelve:¿Resulta procedente admitir el recurso de anulación formulado contra el laudo parcial final Internacional sobre jurisdicción, responsabilidad y daños del 18 de diciembre de 2024…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-06-03Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233300020170104501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, al trámite de la segunda instancia le resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición contenidas en la Ley 1437 de 2011? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición contra un auto que niega pruebas en segunda instancia, siempre que se presente dentro del término legal y sea oportuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala establece que las disposiciones vigentes al momento de la interposición del recurso de apelación, en este caso las de la Ley 1437 de 2011 modificadas por la Ley 2080 de 2021, son aplicables al trámite de la segunda instancia. Asimismo, el juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si considera que son pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos del caso, siempre que no se hayan solicitado fuera del término legal establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos legales y la necesidad de que el juez evalúe la pertinencia de las pruebas en el contexto del estudio de fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de reposición contra el auto que negó pruebas en segunda instancia es procedente y fue interpuesto y sustentado oportunamente?¿Debe negarse el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó las pruebas solicitadas en segunda instancia, al acreditarse su extemporaneidad?¿El juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si al resolver de fondo el asunto lo encuentra pertinente, conducente y útil?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 66001233300020240047801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe determinar si la caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante el trámite de un proceso arbitral que terminó por el no pago de los honorarios y gastos del tribunal? Sí
El contratista no puede suspender el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales durante el trámite de un proceso arbitral que termina por falta de pago de los honorarios y gastos del tribunal, independientemente de la normativa aplicable, ya que la caducidad es una norma de orden público que no puede ser alterada por los acuerdos de las partes. La entidad estatal no incumple sus obligaciones al rechazar la demanda presentada por el contratista si esta se interpuso fuera del plazo establecido, ya que la falta de pago de los honorarios arbitrales no interrumpe el cómputo del término de caducidad. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la caducidad del medio de control no se suspende por el no pago de honorarios en un proceso arbitral, lo que implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos procesales para ejercer sus derechos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante radicó demanda arbitral por este mismo conflicto ante la Cámara de Comercio de Pereira, y dicho trámite culminó porque las partes no pagaron los honorarios y gastos del…¿Las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria una vez terminado el trámite arbitral por falta de pago de los honorarios?
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2025-07-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020200001000LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, por ser las disposiciones procesales vigentes a la fecha de presentación de la demanda? Sí
El contratista no puede prosperar en la excepción previa de inepta demanda en un medio de control de repetición, ya que las copias simples de documentos que dan cuenta del proceso original gozan de eficacia probatoria y se presumen auténticas, salvo que la parte contraria las tache de falsas. Además, los documentos elaborados por las entidades públicas son válidos y tienen capacidad probatoria para acreditar el pago de la condena, lo que permite subsanar la irregularidad procesal sin necesidad de declarar la demanda inepta. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la valoración de documentos públicos y la libertad probatoria en la acreditación del pago, lo que implica que las entidades estatales deben aceptar la validez de los documentos elaborados por ellas mismas para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar configurada la excepción de inepta demanda del medio de control de repetición, a pesar de haberse acreditado: i) una debida acumulación de pretensiones; y…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve liquidación de condena o perjuicios2025-04-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP, para resolver el incidente de liquidación de condena que promovió el demandante, si la demanda de reparación directa fue presentada el 16 de octubre de 2003? No
El contratista no puede aplicar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso para resolver un incidente de liquidación de condena si la demanda de reparación directa fue presentada antes del 2 de julio de 2012, ya que estos códigos resultan de aplicación supletiva y la norma especial de transición del CPACA establece que los procesos iniciados antes de esa fecha deben seguir rigiéndose por el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Además, tanto el régimen jurídico anterior como el del CPACA y el CGP establecen un término de 60 días para presentar el incidente de liquidación de condena, contado a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior, y no desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo que la presentación del incidente fuera de este plazo resulta improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El CCA y el CPACA establecen un término de oportunidad para presentar el incidente de condena, el cual no puede ser desconocido por la parte actora so pretexto de una nulidad por indebida…¿Resulta procedente acceder a la petición elevada por la parte actora relativa a la prevalencia del derecho sustancial, cuando el artículo 6 del CPC es enfático en señalar que las autoridades…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020180175701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal dio por terminado el proceso al haber advertido el incumplimiento del requisito de procedibilidad? Sí
El Tribunal puede dar por terminado el proceso al advertir el incumplimiento del requisito de procedibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 175 parágrafo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por terminado el proceso al no haberse agotado el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación extrajudicial, lo que fue confirmado por la Sala. La conciliación es un requisito previo para ejercer el medio de control de controversias contractuales, y su no cumplimiento lleva a la terminación del proceso. La Sala reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que cualquier entidad estatal o contratista que no cumpla con estos requisitos puede enfrentar la terminación del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El requisito de procedibilidad se debe agotar previo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para ejercer el medio de control de controversias contractuales?¿El medio de control en que se agotó el requisito de procedibilidad era en el marco de un proceso ejecutivo, y la demanda se presentó por controversias contractuales?¿La adecuación del medio de control de controversias contractuales a una demanda ejecutiva en este caso resultaba abiertamente improcedente?