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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
¿El objeto del contrato, producto de una actividad intelectual, es indivisible? Sí
El contratista debe demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato para hacerse acreedor al pago total, ya que la entidad estatal no puede considerar que se ha cumplido efectivamente con la obligación si no se presentan pruebas que respalden la entrega del estudio con las características acordadas. La Sala sostiene que el objeto del contrato, que consiste en la entrega de un estudio sobre la calidad ambiental de recursos naturales, es indivisible, por lo que la entrega de un producto con deficiencias constituye un incumplimiento del contrato. Además, la entidad estatal no empleó facultades unilaterales para declarar el incumplimiento, sino que se limitó a efectuar un cruce de cuentas ordinario para determinar el estado de las obligaciones contractuales. En otro caso, la Sala matiza la obligación de citar al contratista para intentar la liquidación bilateral del contrato antes de proceder a una liquidación unilateral, al establecer que esta condición no regía en el momento de la celebración del contrato en cuestión, ya que la norma que la establece aún no estaba en vigor.síntesis automática
También resuelve:¿El cruce de cuentas contractual ordinario conlleva el ejercicio de potestades unilaterales?¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, debió citarse al contratista para intentar la liquidación bilateral?¿El contratista debió demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato?
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación de un agrocentro, implementación de una plataforma tecnologíca para comercio electrónico y la capacitación a pequeños empresarios en herramientas TIC? Sí
El contratista debe reintegrar a la entidad estatal lo desembolsado y no ejecutado, así como el valor de la cláusula penal pactada en el contrato, cuando incumple sus obligaciones de resultado, como la implementación de un agrocentro, una plataforma tecnológica para comercio electrónico y la capacitación de pequeños empresarios en herramientas TIC, ya que la carga de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones recae sobre el contratista. La entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con estas obligaciones mediante un informe de interventoría que Corpometa no desvirtuó ni contradijo, lo que lleva a la confirmación de la sentencia que condena al contratista a reintegrar el valor no ejecutado del contrato y a pagar la cláusula penal. Además, la aseguradora del contratista debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena, siempre y cuando no se haya configurado la prescripción de la acción de cobro, lo que en este caso no ocurrió ya que la entidad estatal presentó la demanda dentro del término legal de dos años desde que tuvo conocimiento del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Demostrado el incumplimiento del convenio de cooperación, debe la parte demandada, CORPOMETA, pagar lo pactado en la cláusula penal y reintegrar a la parte demandante el valor recibido y no…¿La aseguradora debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena que debe asumir Corpometa por el incumplimiento del convenio?¿Procede condenar en costas a las recurrentes debido a que el recurso de apelación no les fue favorable?
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿La metodología para definir los honorarios por la realización de los diseños arquitectónicos, fue fijada conforme a lo pactado en el contrato y a las reglas del pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones y el contrato fijan una metodología para calcular los honorarios de los diseños arquitectónicos, esa metodología obliga a las partes y no puede sustituirse por otra que el contratista considere más conveniente, aunque también esté prevista en la normativa aplicable. La regla se sostiene en que la metodología fue establecida desde el pliego, explicada a todos los proponentes y reflejada en una cláusula del contrato, de modo que lo pactado prima sobre la pretensión posterior de cambiarla. Además, el concepto de la interventoría señaló que la metodología aplicada es una de las que contempla el Decreto 2090 de 1989, lo que confirma su validez frente a la alternativa propuesta. En el asunto, el contratista pretendió que se aplicara otra metodología que le resultaba más favorable, y la Sala confirmó que los honorarios debían calcularse con la metodología pactada, que fue la que efectivamente se aplicó. En la práctica, el contratista no puede cambiar la base de liquidación de sus honorarios por una distinta a la acordada.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El demandante está legitimado en la causa por activa al ser el contratista de la relación jurídica cuestionada?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, empezó a contar desde la fecha de finalización del contrato de consultoría?
¿Es oportuna la demanda de controversias contractuales presentada después de vencidos los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, cuando dentro de ese término se radicó solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió la caducidad y la demanda se presentó antes del vencimiento del término reanudado? Sí
El contratista interpone la demanda de controversias contractuales dentro del plazo legal aplicable tras la suspensión temporal derivada de un trámite de conciliación extrajudicial fallido. De conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), sub literal iii) del CPACA, cuando se trate de contratos que requieran liquidación y esta se haya efectuado de común acuerdo entre las partes, el término para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación. En el presente caso, la liquidación del contrato fue suscrita por ambas partes el 5 de septiembre de 2013, y aunque el término vencía inicialmente el 6 de septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 28 de agosto de 2015 suspendió el plazo por noventa días, permitiendo que la demanda presentada de manera oportuna fuera tramitada y confirmada en su integridad por la corporación judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez del contrato estudiar como desequilibrio económico las pretensiones que el demandante formuló como incumplimiento contractual…¿Permite apartarse de la sentencia de primera instancia el recurso de apelación que se limita a afirmar de manera genérica que el análisis integral de las pruebas conducía a acceder a las…¿El incumplimiento de la entidad demandada del deber de aportar los antecedentes administrativos con la contestación de la demanda releva al contratista demandante de la carga de probar el…
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?