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¿Los actos administrativos demandados mediante los que, la extinta CNTV recalculó las autoliquidaciones realizadas por la sociedad demandante durante el periodo comprendido entre enero de 1999 y septiembre de 2003, adolecen de falsa motivación por aplicar de forma retroactiva un acto administrativo que, modificaba los criterios para el pago de la compensación por servicios de televisión por suscripción? Sí
En los contratos estatales, las normas vigentes al momento de su celebración se entienden incorporadas al contrato, salvo las que se refieren al modo de reclamar en juicio los derechos o a las penas por infracción. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 fija la incorporación de las normas vigentes al momento de la celebración como criterio general. Segunda, el valor del negocio jurídico se pactó como porcentaje de los ingresos, de modo que la aplicación retroactiva de un acto posterior que altera esa base incorpora una norma no vigente al contrato. En el caso, las partes pactaron el valor del negocio como porcentaje de los ingresos mensuales, y los actos que recalcularon las autoliquidaciones de un periodo anterior aplicaron retroactivamente un acto posterior, lo que la providencia encuentra con falsa motivación. La providencia confirma la nulidad de esos actos. En la práctica, la administración no puede recalcular obligaciones pactadas con una norma posterior que no estaba incorporada al contrato al momento de su celebración.síntesis automática
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve:¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática
Si bien es cierto que las entidades estatales, pueden limitar sus procesos de contratación en el orden departamental y municipal, esto con el fin de fomentar la participación de la pequeña y mediana empresa en los límites de la jurisdicción de la entidad estatal, sin embargo, la ley ha sido especifica frente a las entidades territoriales que pueden limitar sus procesos esta no ha dicho nada frente a las localidades amparadas en las leyes especiales de los distritos, como Buenaventura, Bogotá…
Si bien es cierto que las entidades estatales, pueden limitar sus procesos de contratación en el orden departamental y municipal, esto con el fin de fomentar la participación de la pequeña y mediana empresa en los límites de la jurisdicción de la entidad estatal, sin embargo, la ley ha sido especifica frente a las entidades territoriales que pueden limitar sus procesos esta no ha dicho nada frente a las localidades amparadas en las leyes especiales de los distritos, como Buenaventura, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali; ?pueden los alcaldes locales limitar los procesos de contratación a sus localidades, previa solicitud de las MiPyme? Pedimos tener en consideración el análisis de esta pregunta, en armonía con la limitación a MiPyme y las normativas en el marco de la reactivación económica…
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¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones…¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
¿Las entidades sometidas al régimen especial de contratación pueden redactar el procedimiento para la aplicación de multas o, en su defecto, determinar que se aplicará el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011?
En virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos celebrados por entidades estatales con régimen especial, estas podrán pactar las cláusulas accidentales que consideren necesarias para la efectiva ejecución de los contratos, por lo que podrán prever multas o cláusulas penales. Sin embargo, este tipo de disposiciones únicamente podrán hacerse efectivas acudiendo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en todo caso, no es dado que este tipo de entidades determinen procedimientos sancionatorios especiales, ni establezcan facultades para la declaratoria unilateral de incumplimiento del contrato o la imposición unilateral de multas.
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¿La causal de inhabilidad prevista en el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011 aplica cuando se pretende celebrar un contrato interadministrativo de administración delegada para la interventoría si previamente se suscribió con la misma entidad estatal un contrato interadministrativo de administración delegada para proyectos de obra?
Por tanto, al ser el contrato anteriormente celebrado un contrato de obra y el segundo que pretende suscribirse un contrato de interventoría, el supuesto ingresaría en el ámbito de aplicación de la causal de inhabilidad. Por el contrario, dicha causal no aplica cuando la entidad estatal contratante ha celebrado un contrato de administración delegada para la gestión de un proyecto de obra pública y pretende celebrar otros contratos de administración delegada para la interventoría de proyectos con la misma entidad estatal contratista si la administración delegada ha sido o será un contrato de mandato. Solo cuando la combinación de contratos con la misma entidad estatal contratista, en el supuesto hipotético que usted indica, consista en un contrato de obra –previo– y un contrato de interventoría –que pretende celebrarse con posterioridad– se ingresa en el ámbito semántico de la causal de inhabilidad del artículo 5 de la Ley 1474 de 2011.
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¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales…¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio…¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…
¿Es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta de un ciudadano? No
La responsabilidad patrimonial del agente a título de dolo en la acción de repetición no se deriva de la conciliación extrajudicial ni del auto aprobatorio, sino que exige probar que el agente participó en la desaparición forzada y actuó con conciencia y voluntad de producir el daño. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la demanda debe precisar la conducta concreta y los elementos de convicción que demuestran el dolo, y en el caso no se especificó. Segunda, el auto aprobatorio de la conciliación solo alude a una probabilidad de condena y a casos anteriores, sin evidenciar la participación del agente. Tercera, la decisión disciplinaria que sancionó al agente se fundó en amenazas y hostigamientos, no en su intervención en los hechos, y las pruebas de ese trámite no fueron trasladadas. La providencia revoca la condena y niega las pretensiones. La consecuencia práctica es que, en repetición por desaparición forzada, la participación dolosa del agente debe acreditarse en el proceso, y el pago de la conciliación no la sustituye.síntesis automática
También resuelve:¿Los procesos de repetición tienen prelación de fallo por la naturaleza del asunto?¿Cuando el exservidor público fallece, los herederos determinados y los indeterminados están legitimados en la causa por pasiva?¿La acreditación del elemento subjetivo de la acción de repetición exige demostrar la existencia de dolo o culpa grave?
MORALIDAD ADMINISTRATIVA,PRINCIPIO DE LEGALIDAD,ACCIÓN POPULAR – Carga de la prueba,Probar amenaza o vulneración,Derecho colectivo,Principio,Amenaza,Vulneración,Actividad contractual,Violación,Vulneración principio de legalidad,Moralidad administrativa – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve:Acción popular: carga de la prueba, probar amenaza o vulneraciónMoralidad administrativa: derecho colectivo, principio, amenaza, vulneraciónPrincipio de legalidad: moralidad administrativa
¿Conforme al régimen de contratación estatal, no entregar o cargar la garantía de seriedad de la oferta en la plataforma SECOP II al momento de la presentación de la propuesta configura una causal de rechazo de la oferta?
La garantía de seriedad de la oferta debe entregarse junto con la propuesta, y su no entrega no es subsanable y constituye causal de rechazo. La postura sostiene que el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882 de 2018, excluye esta garantía de la regla general de subsanabilidad, según la cual los defectos de los requisitos habilitantes son subsanables siempre que no afecten el puntaje ni prueben circunstancias ocurridas después del cierre. La razón es que la garantía materializa los principios de seriedad e irrevocabilidad de la oferta: si no se presenta con la propuesta, la entidad no podría reclamar los perjuicios causados cuando el proponente retira su oferta. Por ello, el concepto concluye que no aportar el documento que contiene la garantía es insubsanable por expresa disposición legal. Como consecuencia práctica, en SECOP II el proponente debe cargar la garantía de seriedad en la sección correspondiente al presentar su oferta, pues su omisión es causal de rechazo.síntesis automática
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, r egla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Garantía de seriedad: subsanación, alcance, límitesSecop ii: cargue documental, garantía de seriedad
COMUNIDAD ANDINA,RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL,CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA,CAUSALES DE ANULACIÓN,INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL,COMUNIDAD ANDINA,PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Fallo en equidad,Competencia,Concordancia,Interpretación,Normatividad,Agencias en derecho – Mes: noviembre – Año: 2013…
También resuelve:Recurso de anulación contra laudo arbitral: fallo en equidad, competencia, requisitos, normativaCongruencia de la sentencia: concordanciaCausales de anulación: interpretación -normatividad
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS,CONTRATOS REGIDOS POR DERECHO PRIVADO,PRINCIPIO DE LEGALIDAD,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Empresas industriales y comerciales del estado,Derecho privado,Emisión Producción,Coproducción,Cláusulas exorbitantes,Poderes excepcionales,Nulidad Absoluta – Mes: septiembre – Año: 2011…
08001233300020180046801 de 20252026-02-16Rad. 08001233300020180046801
El contratista puede acumular pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con las de controversias contractuales siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), como ser conexas, no excluyentes entre sí, tramitarse por el mismo procedimiento y no haber operado la caducidad. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca cuatro meses después de la comunicación del acto administrativo, mientras que el de controversias contractuales para la nulidad absoluta del contrato caduca dos años después de su perfeccionamiento. La Sala reitera la procedencia de estos medios de control y la acumulación de pretensiones, lo que implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los plazos y requisitos legales para evitar la caducidad y garantizar la efectividad de sus acciones legales.síntesis automática
También resuelve:Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: procedencia, cpaca artículos 138 y 141Medio de control de controversias contractuales: cpaca artículo 141, procedenciaAcumulación de pretensiones: cpaca artículo 165, requisitos para la acumulación
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada? Sí
El contratista puede acumular pretensiones excluyentes en un proceso contractual siempre y cuando sean planteadas como principales y subsidiarias, conforme al artículo 165.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, la entidad estatal debe responder de manera individualizada a cada una de estas pretensiones para evitar la incongruencia del fallo. En este caso, el tribunal no abordó todas las pretensiones del demandante, omitiendo el análisis del abuso de la posición dominante y la actuación contraria a la buena fe, lo que configuró una incongruencia en el fallo. Además, la Sala reitera la distinción entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, debe restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato, mientras que si el desequilibrio es por circunstancias imprevistas no imputables al contratista, el equilibrio se restablecerá hasta un punto de no pérdida. Esta regla implica que los tribunales deben analizar cuidadosamente cada aspecto de las pretensiones y distinguir claramente entre los diferentes tipos de responsabilidad contractual para evitar incongruencias en sus fallos.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que…¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos…¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la…
¿Es procedente proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales? No
En el proceso no se pueden proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales, porque la oportunidad prevista por el ordenamiento es la contestación de la demanda, para que sean resueltas en la audiencia inicial conforme al artículo 180 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la oportunidad de proponer excepciones se cierra con la contestación de la demanda, de modo que las alegaciones no son el momento para formularlas. La segunda es que esta limitación no se opone a la facultad oficiosa del juez, en cualquier instancia, para declarar cualquier excepción que aparezca probada. En el caso concreto, la entidad que pagó la condena estaba legitimada en la causa por activa, porque el pago se hizo por el departamento con cargo a su presupuesto, habilitado por el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 para el caso de una contraloría departamental condenada. La legitimación se fundó en el hecho del pago, que condiciona el inicio de la repetición al aporte de la prueba del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Existe habilitación legal para que, a pesar de que una condena judicial sea emitida contra una contraloría departamental, el pago se haga con cargo al presupuesto del departamento respectivo?¿La entidad que pagó la condena judicial está legitimada por activa en el medio de control de repetición?¿Procede la aplicación de las presunciones de culpa grave y dolo establecidas en la Ley 678 de 2001?
25000233600020140024302 de 20252026-03-17Rad. 25000233600020140024302
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales después de la caducidad del término legal, que en este caso es de dos años, contados desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo, a menos que se haya pactado expresamente la liquidación unilateral. Si no se ha pactado esta última, la caducidad no se computa desde el término para la liquidación unilateral, y el convenio interadministrativo, como instrumento de cooperación entre entidades públicas, no se rige automáticamente por las disposiciones del Estatuto de Contratación Pública, sino por las estipulaciones pactadas por las partes y los principios constitucionales de la función administrativa y de la actividad contractual. Además, el principio de legalidad en materia sancionatoria contractual prohíbe interpretar disposiciones contractuales que establecen deberes técnicos de resultado como obligaciones patrimoniales de restitución de recursos, lo que implica que las sanciones deben ser claras y específicas en el contrato.síntesis automática
También resuelve:Caducidad del medio de control de controversias contractuales: aplicación del cca artículo 136 numeral 10, término de caducidad, liquidación, acta de liquidación bilateralConvenios interadministrativos: liquidación unilateral, debe ser acordado expresamente por las partes del convenio, no se contabiliza la caducidad del medio de control desde el término para la liquidación unilateral, Ley 489 de 1998 artículo 95Principio de legalidad en materia sancionatoria contractual: tipicidad de la conducta, prohibición de extender consecuencias jurídicas a lo expresamente pactado, obligación de garantizar la calidad de las obras, no permite interpretación de restitución de recursos
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición contra el Estado, que incluyen la existencia de una condena judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, el pago efectivo a la víctima del daño y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala ha establecido que la condena judicial debe ser clara y que el pago debe ser acreditado mediante documentos públicos como certificados del tesorero, que se presumen auténticos. Además, la entidad actora debe especificar la causal de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que los demandados ejerzan su derecho de defensa y contradicción. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y la carga probatoria necesaria para la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial impuesta contra una entidad pública por responsabilidad patrimonial del Estado es un requisito de la acción de repetición?¿El certificado del tesorero es prueba idónea para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición?¿En la acción de repetición, es deber de la entidad actora expresar la causal de presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de…