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¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, el cual se contabiliza a partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato, y ese término solo empieza a correr una vez finalizado el plazo para la liquidación bilateral. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el numeral v del literal j del artículo 164 del CPACA fija el punto de partida en el vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente, de modo que la fecha de firma o de terminación no es suficiente. Segunda, el plazo de liquidación bilateral debe agotarse antes de que comience el término de la liquidación unilateral, y si el contrato establece un término especial para liquidar bilateralmente, ese término es el que se computa. En el caso, la cláusula del contrato fijó un plazo de seis meses para la liquidación bilateral, y tras su vencimiento se contó el término de dos años para la liquidación unilateral, por lo que la demanda se presentó oportunamente. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. En la práctica, el demandante debe identificar el término convencional de liquidación bilateral y el plazo legal de la unilateral antes de calcular la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio?¿El dictamen pericial logró acreditar el incumplimiento del contrato?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 19001233100020070010801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la fijación de honorarios a favor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realización y desarrollo de informes técnicos y peritaciones? No
El contratista no puede recibir honorarios por la realización de informes técnicos y peritaciones cuando dichos trabajos son responsabilidad de servidores públicos vinculados a entidades oficiales, debido a la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política de 1991, que impide desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir asignaciones adicionales del tesoro público. Esta regla se fundamenta en que las entidades oficiales deben colaborar con la justicia en el ejercicio de sus funciones, por lo que no es procedente el pago de honorarios por labores propias de su competencia. La Sala reitera esta posición, negando la solicitud de fijación de honorarios y concediendo un término para que la entidad justifique y acredite los gastos necesarios para la práctica de la prueba.síntesis automática
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
Auto interlocutorio — Auto declara improcedente recurso2025-04-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 50001233300020170050601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que decreta pruebas en primera instancia? Sí
El Despacho declarará improcedente el recurso de apelación porque, en este caso, las pruebas fueron decretadas. El artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 indicó que el auto apelable era aquel que negara el decreto de una prueba. En este asunto, la primera instancia decretó las pruebas. Ahora, aunque no se desconoce que se decretó la prueba en la forma que el Despacho consideró y no en la pedida por Ecopetrol, lo cierto es que, finalmente, tanto el informe técnico como el testimonio de la…
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
¿Es procedente dictar sentencia complementaria porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia cuando se omite resolver el recurso de apelación adhesiva, siempre que la petición se presente dentro del término de ejecutoria. En este caso, la sentencia se notificó electrónicamente el viernes 12 de septiembre de 2025, y el escrito de adición se presentó el martes 16 de septiembre, dentro del plazo legal. La Sala constató que el recurso de apelación adhesiva no fue resuelto en la sentencia de segundo grado, por lo que procedió a dictar una sentencia complementaria. Sin embargo, la Sala negó la adición en relación con la naturaleza de los actos demandados y la caducidad del medio de control judicial, ya que estos aspectos fueron resueltos de manera expresa en la sentencia original. En otro orden de ideas, la entidad estatal y el contratista pueden pactar la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la cláusula contractual sea inequívoca y no contradiga la naturaleza de la cláusula penal como pena. En este caso, la Sala confirmó que la cláusula penal no excluía la indemnización de perjuicios, reafirmando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios?¿Carece de sustento probatorio la condena por perjuicios reconocida al contratante por basarse en un informe técnico allegado al proceso?¿Debe aplicarse la sanción del juramento estimatorio?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato?¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente…¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley?¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-29Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170147301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, debe ser negado al encontrarse que estuvieron bajo su custodia en primera instancia y no fueron aportadas en la oportunidad procesal pertinente? Sí
La parte actora solicita el decreto de las actas de entrega final por frentes y balances de los frentes de obra, en los términos señalados en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, dado que, a su juicio, si bien se allegaron como anexos de la demanda y se decretaron como prueba en primera instancia, no es menos cierto que no se practicaron, toda vez que no reposan dentro del expediente.… Lo pretendido por el demandante no versa sobre pruebas decretadas y que no se practicaron, sino que trata de documentos que, pese a encontrarse bajo su custodia, no fueron aportados en las oportunidades procesales pertinentes.
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede en eventos excepcionales regulados por la ley?¿El informe técnico solicitado por el demandante no puede ser decretado como prueba, dado que con dicho documento se pretende acreditar la ejecución de obras con antelación a la presentación de la…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿Corresponde al juez de segunda instancia complementar la sentencia cuando el Tribunal omitió pronunciarse sobre una pretensión y la parte perjudicada con dicha omisión apeló e insistió expresamente en que fuera resuelta? Sí
El juez de segunda instancia complementa la sentencia recurrida cuando la autoridad judicial de primer grado omite pronunciarse sobre una pretensión debidamente formulada por las partes. El Tribunal no se pronunció respecto de la pretensión de declaratoria de existencia del contrato de obra pública 1872 de 22 de diciembre de 2017; sin embargo, como la parte perjudicada con la omisión apeló e insistió en dicha pretensión, corresponde a la Sala complementar la Sentencia recurrida, de conformidad con el inciso segundo del artículo 287 del CGP, resolviendo los aspectos que no fueron objeto de decisión inicial a pesar de las solicitudes expresas formuladas dentro del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la existencia de un contrato de obra celebrado por una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando las partes elevaron el…¿Procede declarar el incumplimiento contractual de la entidad estatal por falta de pago de determinadas obras cuando el contratista no acreditó que las obras reclamadas hubieran sido ejecutadas de…¿Carece el juez de segunda instancia de competencia para pronunciarse sobre un aspecto de la sentencia apelada cuando el recurrente se limita a reiterar los argumentos de la demanda y no formula…
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 88001233300020250002201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado conocerá de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación? Sí
El contratista no obtiene la medida cautelar solicitada porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y porque resulta más gravoso para el interés público conceder la medida que negarla. La entidad estatal puede continuar con las gestiones necesarias para la culminación de la obra sin que se produzca un perjuicio irremediable para el contratista, y el balance de las obras ejecutadas por un tercero contratado por la entidad no evidencia la necesidad de la medida cautelar. La Sala de Decisión del Consejo de Estado confirma la negativa del tribunal administrativo de decretar la medida cautelar, reafirmando su competencia para conocer de las apelaciones de autos que deciden sobre medidas cautelares en procesos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿No resulta procedente acceder a la solicitud de medida cautelar consistente en imponer la prohibición de adelantar la culminación de la obra que quedó inconclusa…¿Es incuestionable que, para el interés público, resulta más gravoso conceder la medida cautelar que negarla?¿Se hizo un balance de las obras ejecutadas, por un tercero contratado por la entidad, razón por la cual, tampoco se advierte la necesidad de imponer la medida cautelar solicitada?
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA?¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas?¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020190087901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra?¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación?¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…