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¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Sí
El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.síntesis automática
¿Procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cuanto fueron expedidas sin competencia para ello, con desconocimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad y de la Ley 80 de 1993? Sí
Un acto administrativo que declara el incumplimiento de un contrato estatal e impone una multa es nulo cuando se expidió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, porque antes de esa ley las entidades podían pactar multas y cláusula penal, pero no hacerlas efectivas de manera unilateral. La regla reitera la denominada tercera postura, que la Subsección ha mantenido desde 2005. Dos razones la sustentan. La primera es que la Ley 1150 de 2007 restableció la facultad unilateral, y su artículo 33 dispuso que la ley rige seis meses después de su promulgación. La segunda es que el pacto de la multa en el contrato no suple la competencia que solo nació con esa ley, de modo que las resoluciones expedidas el 10 de abril y el 11 de julio de 2007 carecían de competencia para imponer la multa. Por ello procede la nulidad por falta de competencia. Como obiter dictum, la providencia recuerda que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto-Ley 222 de 1983, que otorgaba a las entidades esa competencia. El documento no indica que cambie un precedente; su consecuencia práctica es la anulación de las resoluciones demandadas.síntesis automática
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, contabilizados desde la terminación o liquidación del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se computa desde la terminación o liquidación del contrato, según el caso, y no desde la celebración del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija ese punto de partida, de modo que mientras el contrato no termine ni se liquide el plazo no empieza a correr. Segunda, la fecha de terminación se determina con la cláusula de plazo de ejecución y no con el momento de la suscripción del contrato. En el caso, el contrato tenía un plazo de ejecución de 300 meses contados desde su suscripción, y a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había expirado, por lo que el término de caducidad no había empezado a computarse. La providencia confirma la sentencia apelada porque la demanda fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe calcular la caducidad desde la terminación efectiva del contrato o desde su liquidación, verificando el plazo pactado en el propio contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La multa impuesta al concesionario procede ante el incumplimiento de la obligación de realizar la independización del servicio de energía eléctrica en aquellas zonas de los aeropuertos que no están…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa impuesta al contratista por el incumplimiento de la terminación de las obras dentro del término estipulado? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia temporal del IDU para imponer una multa por el incumplimiento en la terminación de las obras, ya que esta sanción fue acordada en el contrato y no se extingue la obligación principal con su pago, según el artículo 1594 del Código Civil. La multa fue impuesta antes de que venciera el plazo total del contrato, pero después de que el término para la finalización de las obras había concluido, lo que no la hace extemporánea. Además, la Corporación es competente para conocer la acción de controversias contractuales en virtud de la naturaleza pública del IDU y la cuantía del asunto. La acción de controversias contractuales es procedente para intentar la nulidad de actos contractuales como las multas, siempre y cuando se presente dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve:¿La Corporación tiene competencia para conocer la acción de controversias contractuales?¿La nulidad de los actos contractuales como las multas se pueden intentar a través de la acción de controversias contractuales?¿Los incumplimientos contractuales que endilga la parte accionante ya habían sido sancionados, presentándose violación del principio non bis in idem?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-01-31Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220025000CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
El contratista no puede ser sancionado con multas unilateralmente por la entidad estatal en un contrato interadministrativo en ejecución, salvo que dicha facultad esté prevista en la ley, debido a que la imposición de multas es una prerrogativa que debe estar legalmente establecida para evitar la violación del principio de legalidad en la contratación estatal. La Sala de Consulta del Consejo de Estado reitera que la prohibición de contratación directa durante el período previo a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, abarca cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así modalidades como la licitación pública. Además, la Corte Constitucional declaró inexequible con efectos retroactivos la modificación al artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que permitía a la Nación celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos del Presupuesto General de la Nación, por violar la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia. Esto implica que los convenios interadministrativos celebrados en el marco de dicha modificación están sujetos a la anulación y a la revisión de su legalidad por parte de la Contraloría General de la República.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-01-31Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220025000CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
La Corte Constitucional, en su fallo erga omnes confirió efectos retroactivos a su decisión, debido a que estimó necesario restablecer el orden constitucional y sancionar una violación flagrante y deliberada de la Constitución. Entonces, para efectos de cumplir lo ordenado en la sentencia C-153 de 2022, los convenios interadministrativos celebrados al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 que se encuentren en ejecución, deben ser terminados y liquidados inmediatamente sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar entre las entidades que los suscribieron. Si alguna de las entidades que son parte en los convenios se niega a terminarlos y/o a liquidarlos, la otra estaría facultada para demandar la terminación y/o la liquidación a efectos de obtener la devolución de los recursos públicos a que haya lugar.
También resuelve:¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados y del contrato de compraventa suscrito por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19 y cuáles son las consecuencias jurídicas? Sí
Cuando un contrato se celebra con cargo a un fondo de emergencia y las partes pactan de forma expresa que se rige por el derecho privado, ese régimen se aplica a su ejecución y a las consecuencias de su incumplimiento. La regla se apoya en la cláusula en que las partes manifestaron ese régimen y en el manual de contratación del fondo, que dispuso la ejecución conforme a sus reglas, así como en las sanciones pactadas, entre ellas la multa frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, que podía descontarse del saldo a favor o cobrarse judicialmente. Ese acuerdo convencional define la forma en que el fondo puede hacer efectivas las consecuencias del incumplimiento. En el asunto, el contrato de compraventa suscrito con cargo a la subcuenta de mitigación de emergencias se sometió al derecho privado, y la Sala confirmó la decisión sobre la naturaleza del negocio y sus consecuencias. En la práctica, el régimen aplicable a un contrato con cargo a fondos de emergencia depende de lo que las partes pactaron expresamente en el clausulado.síntesis automática
También resuelve:¿Está configurada la falta de competencia de la UNGRD para adelantar el procedimiento sancionatorio para la imposición de multas, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011…¿En relación con la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, cuál es el régimen de contratación de la entidad y la naturaleza de los actos expedidos?¿En los contratos que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes (cláusulas…
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?¿Tienen valor probatorio las copias simples?¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿Cuáles son los presupuestos del acto administrativo de imposición de multa en el contrato estatal para que no vulnere el principio de la buena fe contractual cuando existe una cesión del contrato hacia la entidad aseguradora? Sí
Estima la Sala pertinente destacar, como en otras oportunidades lo ha hecho, que el principio de buena fe, que es el cimiento en el que se funda la teoría de los actos propios, supone, en términos generales en materia contractual, que el comportamiento de las partes debe estar inspirado y tener como fin la efectiva ejecución de lo pactado y, por tanto, la preservación del contrato, lo que implica que las partes tienen el deber de respetar en su esencia lo acordado y cumplir las obligaciones derivadas de aquello.… La Sala comparte la decisión del a quo en cuanto a que, la resolución demandada no vulneró lo acordado en el marco de la cesión de dicho negocio jurídico, pues, al contrario, lo que se observa es que el Instituto actuó al amparo de una estipulación en la que Liberty ratificó su consentimiento a responder por los amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento No. 428355…
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de aplicación de la buena fe contractual, confianza legítima y congruencia en las decisiones judiciales?¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad de la entidad aseguradora del contrato estatal cuando ésta asume, mediante cesión del contrato, la ejecución del mismo contrato por ella asegurado?¿Cuál es la finalidad de la multa en el contrato estatal?
¿La entidad demandada debía abstenerse de imponer una multa al contratista por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, al omitir una etapa de arreglo directo, suspender el contrato, expulsar al personal encargado de la ejecución del contrato e incumplir un acuerdo en el que se acordó continuar con la ejecución contractual? No
El contratista no puede evitar la imposición de una multa por la entidad estatal por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, ya que no se demostró que la entidad hubiera omitido una etapa de arreglo directo, suspendido el contrato o expulsado al personal encargado de la ejecución del contrato, ni que hubiera incumplido un acuerdo para continuar con la ejecución contractual. La entidad no incurrió en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, por lo que no se configuró la excepción de contrato no cumplido. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, reiterando que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas y que la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios por los actos…¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la…¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa…¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Sentencia — Sentencia2023-10-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170032201LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
¿La Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal? Sí
En la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación, entre ellos el relacionado con la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento contractual e imponer la cláusula penal en contra del particular, mediante acto administrativo.