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Consejo de Estado
Providencia
Ninguna de las dos circunstancias está acreditada
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 41001233300020140031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En aquellos eventos en donde se pretenda incluir nuevos ítems a un contrato estatal, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos estipulados en el mismo, de lo contrario no podrá realizarse, ni muchos menos existirá responsabilidad de la entidad contratante? Sí
El contratista no puede incluir nuevos ítems en un contrato estatal sin acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo, como el concepto previo del interventor y la aprobación del Departamento, lo que implica que la entidad contratante no será responsable en caso de incumplimiento por parte del contratista. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia al establecer que los demandantes no demostraron el cumplimiento de estos requisitos ni el inicio del trámite para la inclusión de nuevos ítems, y que no se acreditó el incumplimiento por parte de la interventoría o del Departamento. Además, cuando el recurso de apelación presentado por la parte interesada no prospera, la Sala condenará a la parte en costas de segunda instancia y se liquidarán las agencias en derecho de acuerdo con los criterios y tarifas señaladas por el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuándo el recurso de apelación presentado por la parte interesada no prospera, debe condenarse en costas procesales y liquidarse en agencias en derecho…
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 13001233100020010128301
ACCION CONTRACTUAL
¿El objeto del contrato, producto de una actividad intelectual, es indivisible? Sí
El contratista debe demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato para hacerse acreedor al pago total, ya que la entidad estatal no puede considerar que se ha cumplido efectivamente con la obligación si no se presentan pruebas que respalden la entrega del estudio con las características acordadas. La Sala sostiene que el objeto del contrato, que consiste en la entrega de un estudio sobre la calidad ambiental de recursos naturales, es indivisible, por lo que la entrega de un producto con deficiencias constituye un incumplimiento del contrato. Además, la entidad estatal no empleó facultades unilaterales para declarar el incumplimiento, sino que se limitó a efectuar un cruce de cuentas ordinario para determinar el estado de las obligaciones contractuales. En otro caso, la Sala matiza la obligación de citar al contratista para intentar la liquidación bilateral del contrato antes de proceder a una liquidación unilateral, al establecer que esta condición no regía en el momento de la celebración del contrato en cuestión, ya que la norma que la establece aún no estaba en vigor.síntesis automática
También resuelve:
¿El cruce de cuentas contractual ordinario conlleva el ejercicio de potestades unilaterales?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, debió citarse al contratista para intentar la liquidación bilateral?
¿El contratista debió demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Invías: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 23001233300020120001302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo en el contrato no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra por parte de la entidad estatal, en este caso INVIAS, puede considerarse como incumplimiento de la entidad que lo hiciera en marzo, lo que evito que el contratista adelantara la obra en la época seca del año y fuera afectado por el fenómeno de la niña, lo cual conllevo a mayores costos? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal cuando no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra, ya que la falta de esta no implica que la entidad haya incumplido su obligación contractual, especialmente si no se demuestran mayores costos o afectaciones por fenómenos climáticos. Además, la entidad no está obligada a suscribir una prórroga del contrato basándose únicamente en el visto bueno de la interventoría, ya que la entidad puede evaluar la viabilidad de la prórroga considerando los incumplimientos del contratista. Asimismo, el valor del anticipo no amortizado debe ser devuelto a la entidad contratante, no como indemnización por incumplimiento, sino como consecuencia de la falta de amortización pactada en el contrato. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la interpretación de plazos y prórrogas en contratos estatales, y establecen claramente que la devolución del anticipo no es una indemnización por incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de un visto bueno de la interventoría implica el deber de la entidad de suscribir una prórroga de un contrato de obra?
¿El valor del anticipo que fue dejado de amortizar por el contratista debe ser restituido a la entidad contratante y no corresponde a una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual ?
¿El uso de las potestades excepcionales, que le permiten a la entidad ejercerlas sin acudir al juez del contrato no es obligatorio…
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2024-10-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 17001233300020180000602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:
¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…
¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…
¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020180015602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?
¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020170147301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?
¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?
¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 20001233900020140027102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?
¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?
¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”.
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170091102
LEY 1437 REPETICION
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad? No
La responsabilidad del interventor en la acción de repetición se evalúa dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, y que su concepto no compromete por sí la voluntad de la entidad contratante, de modo que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con su conducta concreta. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las obligaciones del interventor son de control y vigilancia sobre la ejecución de otro contrato, y no incluyen la representación de la voluntad de la entidad. Segunda, cuando los hechos son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, las disposiciones sobre dolo y culpa grave de esa ley no se aplican, y el análisis se apoya en la Constitución y el Código Civil. Tercera, la demandante no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del interventor, indispensable para la repetición. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el concepto negativo de un interventor sobre la adquisición de un predio no basta, por sí solo, para atribuirle culpa grave si la entidad no acredita su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:
¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales?
¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público?
¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se probaron las mayores cantidades de obra
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130068501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?
¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?
¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300020160026502
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Sí
El contratista puede presentar reparos contra la sentencia de primera instancia y el juez de segunda instancia debe emitir pronunciamiento de fondo siempre que se cumplan los presupuestos procesales del medio de control y no se configure ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, lo que implica que el juez debe analizar los argumentos específicos presentados en el recurso de apelación. En otro caso, el contrato celebrado entre Emcali y el concesionario puede ser modificado durante su vigencia siempre que se acuerde sobre su objeto y contraprestación y sea firmado por las partes, considerándose perfeccionado cuando se alcance este acuerdo. La Sala reitera que la modificación del contrato debe ajustarse a las cláusulas pactadas y a la regulación del derecho privado, y no confundir mayor cantidad de obra con obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, lo que tiene implicaciones en la determinación del pago correspondiente.síntesis automática
También resuelve:
¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos…
¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera…
¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones en controversias contractuales de entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020190018401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?
¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…
¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 44001233300020150021201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…
¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?
¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación
Sentencia — Sentencia
2023-11-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?
¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?
¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170044201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:
¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?
¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?
¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020040042601
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: no se tuvieron en cuenta los hechos que generaron el atraso
Salvamento voto — Salvamento de voto
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿No se tuvieron en cuenta los hechos que generaron el atraso y no se estudió el concepto de la interventoría sobre la ampliación del plazo? Sí
Tampoco resulta evidente una contradicción entre lo manifestado en las comunicaciones referidas en precedencia y en la comunicación del 25 de febrero de 1994… en la cual la interventoría se limitó a manifestar, “que la multa impuesta por el incumplimiento del plazo acelerado no fue consultada, que no se tuvieron en cuenta los hechos que generaron ese atraso y que no se estudió su concepto sobre la ampliación del plazo”, ya que este no es un enunciado sobre la imputación de los atrasos en la ejecución de la obra. Al no ser evidente, así, mediante una mera comparación lógica, que los conceptos de la interventoría faltaron a la realidad o se basaron en una evaluación técnica errónea, no había lugar a declarar el incumplimiento de la obligación de hacer el adecuado seguimiento y reportar con claridad y veracidad las condiciones en que se ejecutaba, en el cual se basó la multa impuesta a la firma demandante.
También resuelve:
¿En la segunda comunicación si se requería una evaluación de la ejecución global de la obra que tenía por objeto la interventoría realizada por la firma actora?
¿El incumplimiento del plazo de ejecución de la obra era imputable tanto a la entidad contratante, como a la contratista, así como por hechos externos?