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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-14Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019951170402ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2022-07-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 13001233100020080071201ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala considera que es necesario decretar pruebas de oficio? Sí
Cuando el proceso se encuentra en apelación y el esclarecimiento de la verdad lo exige, la Sala puede decretar pruebas de oficio, de acuerdo con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 del Decreto 2304 de 1989. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la decisión de la Procuraduría que finalizó el proceso disciplinario sobre los contratos de urgencia, y los soportes de los pagos realizados por la entidad contratante, son necesarios para verificar la ejecución del contrato. La segunda es que, como la fundación demandada está representada por un curador ad litem, los gastos de la práctica de la prueba deben asumirlos la parte actora. En el caso concreto la Sala decretó esas dos pruebas, pero no llegaron al proceso, porque no se consignó el valor de las copias requeridas a la Procuraduría y tampoco se aportó la constancia ni los soportes del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se estima necesario decretar algunos medios de prueba documental?¿Se aportó al proceso la constancia y los soportes del pago realizado por el Departamento de Bolívar?
¿La demanda cuya pretensión de nulidad del acto de adjudicación de un concurso de méritos se presentó en término y la acción procedente es de controversias contractuales, como lo señaló la parte demandante? No
Cuando un proponente vencido pretende la nulidad de un acto de adjudicación de un concurso de méritos, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: en vigencia del C.P.A.C.A. no es posible demandar por controversias contractuales los actos previos a la celebración del contrato; el artículo 141 del C.P.A.C.A. exige un interés directo para pedir la nulidad del contrato, que el no adjudicatario no tiene, porque su daño proviene de la indebida adjudicación y no de la celebración; y el término de caducidad se cuenta desde la publicación del acto. En el caso, el acto de adjudicación se expidió y publicó en agosto de 2015 y la demanda se presentó en mayo de 2016, por lo que fue extemporánea y se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente vencido debe demandar la adjudicación dentro del término de nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene interés directo para demandar la nulidad del contrato un proponente vencido, cuyo único interés consiste en que se le paguen los perjuicios que le generó la adjudicación indebida?¿Debe condenarse en costas y agencias en derecho a los apelantes pues su recurso no prosperó?
¿Cómo debe computarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato? Sí
El término de la acción de controversias contractuales para pedir la nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el Código Contencioso Administrativo es de dos años contados desde su perfeccionamiento, conforme al literal e del numeral 10 del artículo 136 de ese código. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el contrato se suscribió en vigencia de ese código, y los términos que empezaron a correr se rigen por la ley vigente en ese momento. La segunda es que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes a la celebración, por lo que la Sala puede estudiar la nulidad del contrato. La tercera es que las pretensiones de restablecimiento caducaron, porque la demanda no se presentó dentro de los treinta días siguientes a la adjudicación. Además, el rechazo de la oferta del actor se ajustó al pliego, que exigía que el coordinador técnico tuviera título en archivística y en bibliotecología, por lo que se niegan la nulidad del acto de adjudicación y la del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales relacionadas con contrato de concesión? Sí
El contratista no pierde la acción de controversias contractuales por caducidad si la demanda se presenta conforme al criterio de conteo del término que ha acogido la Sala, incluso si la norma aplicable al momento de celebrar el contrato ha sido derogada o modificada posteriormente. La entidad estatal no puede negar la acción de controversias contractuales basándose en normas posteriores a la celebración del contrato que restrinjan o prohíban la actividad objeto del contrato, siempre y cuando al momento de la celebración no se contravinieran las normas vigentes. Además, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida cuando en el proceso se ventile un interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y la condena en costas en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normativa que debe regir para un contrato estatal cuando con posterioridad a su celebración se expide una que restringe o prohíbe la actividad?¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asunto regido por el CPACA cuando se ventila interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020230055101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley? Sí
El juez de oficio puede decretar pruebas adicionales cuando las considere necesarias para esclarecer el caso, pero no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley, como el artículo 212 del CPACA. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 del CPACA. Quien busque valerse de una pericia debe aportarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero si el término previsto es insuficiente, podrá anunciarla y allegarla en el plazo que para el efecto establezca el juez, siempre que justifique la necesidad de la prórroga, según el artículo 227 del CGP. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la presentación de pruebas en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿Quien busque valerse de una pericia deberá allegarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero, si el término previsto es insuficiente…
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020160183402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Caducó la acción de nulidad y restablecimiento en contra de la decisión de declarar la imposibilidad de celebrar el contrato expedida por la Aerocivil, sin embargo, las acciones de nulidad absoluta del contrato y la de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, se presentaron en tiempo? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de treinta días previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se cuenta a partir de la ejecutoria del acto. Cuando el acto que decide sobre la adjudicación de un contrato no es susceptible de recurso, la caducidad corre desde su ejecutoria, y cuando sí procede el recurso de reposición, el término se cuenta desde la firmeza del acto que resuelve el recurso. Esta regla exige distinguir los distintos actos expedidos dentro de un mismo trámite contractual, pues cada uno tiene su propia fecha de ejecutoria y su propio término. En el caso concreto, la decisión de adjudicar el contrato a un tercero, que no admitía recurso, quedó ejecutoriada después de su notificación por edicto, y la demanda contra ella se presentó dentro del término. La decisión que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato sí fue recurrida, y su firmeza se determinó con la resolución que resolvió el recurso de reposición. Como consecuencia práctica, para establecer si la acción caducó debe identificarse cada acto del procedimiento y la fecha en que quedó en firme.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto de adjudicación a un tercero, cuando se presume la legalidad del acto que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato y que no fue demandado a tiempo, además que…¿Procede declarar la nulidad absoluta del contrato cuando, se trató de una pretensión consecuencial a las pretensiones primera y segunda que, no prosperaron, y, además…
¿Acudió la parte demandante dentro del término legalmente previsto a formular de manera concurrente la pretensión principal de nulidad y restablecimiento frente al acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 039 de 2006 y, subsidiaria de nulidad del contrato suscrito con el adjudicatario Consorcio Vías Boyacá? Sí
El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012, estableció la procedencia y oportunidad para el ejercicio de las acciones judiciales contra los actos proferidos con anterioridad a la celebración del contrato estatal.… A voces de la referida norma, el enjuiciamiento de la legalidad de los actos previos debía promoverse mediante la acción de nulidad y restablecimiento antes de que el contrato se hubiese celebrado, pues luego de celebrado la acción procedente sería la de controversias contractuales con miras a la nulidad del negocio jurídico sobre la base de la ilegalidad del acto de adjudicación.… En el presente asunto, se observa que el contrato No. 430 se perfeccionó el 21 de diciembre de 2006; por lo tanto…
También resuelve:¿Le asiste legitimación al departamento de Boyacá para acudir en calidad de demandado al presente proceso?¿Se vició de nulidad el contrato No. 430 suscrito el 21 de diciembre de 2006 entre el departamento de Boyacá y el Consorcio Vías Boyacá…¿Ante la insuficiencia probatoria es posible decretar el restablecimiento del derecho?
25000233600020120050101 de 20252025-06-04Sección TerceraRad. 25000233600020120050101
Entonces, las obligaciones -así como su validez, existencia y efectos- quedan sometidas solo bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento en que surgieron y, por ende, no puede aplicarse una nueva disposición jurídica a las nacidas antes de ella. Frente a lo anterior, resulta menester anotar que, aun cuando el extremo contratante de la relación negocial pasó a ser EPC, cuya naturaleza es la de una empresa de servicios públicos domiciliarios, la sustitución de la entidad contratante no implicó que ipso facto el régimen del contrato variara, ya que, como se explicó, el legislador prescribió en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 citado en distintas oportunidades que los actos jurídicos se someten a la normativa vigente para el momento en que fueron suscritos, lo que, según la jurisprudencia de esta Corporación, también es aplicable al negocio jurídico pese a que haya sido objeto de ajustes y adiciones.
También resuelve:Ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal: Ley 153 de 1887 artículo 38, seguridad jurídicaCesión del contrato estatal: no modifica el régimen del contrato estatal, cesionario adquiere derechos y obligaciones del contrato cedido, régimen de contrato estatal, Ley 80 de 1993Modificación de la naturaleza juridica de una entdad estatal: no modifica el régimen jurídico del contrato estatal
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena por parte de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a la fecha exacta del pago para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición?¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición?¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
Sentencia — Sentencia2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de anulación del laudo arbitral? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación alega que el laudo es citra petita porque no decidió algunas excepciones, el cargo no prospera si el laudo se pronunció expresamente sobre ellas en la parte resolutiva y en las consideraciones. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de anulación verifica los vicios de la decisión arbitral y no permite revisar el fondo de la controversia; el laudo que fundamenta el nexo causal y el incumplimiento con sustento probatorio y jurídico suficiente no incurre en la causal alegada; y el hecho de que la parte afirme que las excepciones no fueron motivadas implica que sí fueron decididas. En el caso, el laudo resolvió las excepciones de ausencia de nexo causal e inexistencia de incumplimiento, por lo que el recurso fue declarado infundado. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la alegación de falta de decisión debe demostrar que una pretensión o excepción quedó sin pronunciamiento, no que su motivación fue insuficiente.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal decidió sobre las excepciones planteadas como no resueltas en su recurso de anulación por el recurrente?¿El Tribunal estableció que hubo incumplimiento de UNE EPM a los requisitos de su procedimiento para asignación de líneas y lo hizo con base en dictámenes periciales obrantes en el expediente?¿Se había establecido el cumplimiento de unos límites para la celebración del contrato y su ejecución, en el trámite de pedidos de telefonía básica?
¿Se acreditó que la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del negocio jurídico e impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como producto de la vulneración del deber de planeación? No
La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.… La Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación.
También resuelve:¿El negocio jurídico que suscita la controversia corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos…¿El recurso de apelación es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas?¿Procede la condena en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?