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¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato? Sí
En los contratos de prestación de servicios con entidades estatales, los servicios efectivamente prestados que cuentan con soporte presupuestal deben reconocerse y pagarse, aunque el contrato no haya fijado un tope máximo de recursos disponibles. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia del soporte presupuestal para los servicios prestados impide que la entidad alegue la falta de recursos para no pagarlos. Segunda, la ausencia de un tope en el contrato no excusa el pago de los servicios que la entidad recibió y que cuentan con respaldo presupuestal. En el caso, la unión temporal prestó servicios en un periodo determinado que no le fueron reconocidos, y la providencia modifica la sentencia de primera instancia para ordenar el pago de los servicios con soporte presupuestal. Así, la falta de tope no altera la obligación de pagar. En la práctica, el contratista debe documentar el soporte presupuestal de los servicios prestados, porque esa prueba sustenta el reconocimiento de su pago.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la actualización del monto de la condena impuesta en primera instancia, por cuenta del incumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte por parte del Instituto Geográfico…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…
¿Está demostrado el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por parte de la entidad demandada? Sí
El actor solicitó la declaratoria del incumplimiento y la liquidación judicial del contrato que celebró con la entidad demandada.… De conformidad con la apelación y las pruebas que obran en el proceso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia porque está acreditado el incumplimiento de la entidad demandada.… El Tribunal Administrativo de Risaralda concluyó que el contratista cumplió con sus obligaciones, incluida la correspondiente al pago de seguridad social y a su respectiva certificación, mientras que la entidad incumplió con el pago convenido. A pesar de que el recurrente no presentó reparos concretos en contra de la decisión de primera instancia, al replicar la contestación de la demanda reprodujo el argumento de la no acreditación para el 6 de noviembre de 2015 de los pagos al sistema de seguridad social.
También resuelve:¿Qué determina la competencia del juez de segunda instancia?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿Debe declararse el incumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demandada y en favor del contratista, respecto de las prestaciones reconocidas en el acta de liquidación bilateral de los contratos de obra suscritos para la ejecución de reforzamiento y ampliación del “Estadio Olímpico Pascual Guerrero”, dado que la existencia del acta de liquidación no impide que se reclame el incumplimiento contractual? Sí
El contratista puede reclamar el incumplimiento contractual respecto de las prestaciones reconocidas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra, independientemente de que la existencia de esta acta no impide que se reclame el incumplimiento de la obligación de pago por parte de la entidad estatal, siempre y cuando se demuestre el cumplimiento del contratista, la conducta antijurídica de la entidad y el perjuicio sufrido. La Sala revoca la decisión del tribunal de primera instancia que rechazó la pretensión de incumplimiento contractual por considerar que debía reclamarse por la vía ejecutiva. Esta decisión reitera y fortalece la jurisprudencia sobre la procedencia de declarar el incumplimiento contractual basado en la acta de liquidación bilateral, siempre que se cumplan los requisitos legales y se demuestre la obligación de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer los intereses de mora deprecados a partir de la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra pública…¿Debe condenarse en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿Debe declararse la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, se declaró la terminación de ese contrato y adoptaron otras determinaciones, por haber sido proferida con infracción de las normas en que debería fundarse, concretamente el artículo 34 de la Ley 685 del 2001, artículo 173 de la Ley 1753 del 2015 y la Resolución 937 de 2011? ¿La ANM incumplió la cláusula vigésima primera del Contrato de Concesión N° FIN-151A, por no haber realizado la terminación bilateral de ese negocio jurídico y por no dar aplicación a la normativa vigente? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, que declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, ya que la administración cumplió con los principios de buena fe y confianza legítima al aplicar el principio de precaución en materia ambiental, lo que tiene prevalencia sobre el interés particular. Además, la reglamentación ambiental posterior al perfeccionamiento del contrato no configura un derecho adquirido, ya que la Constitución Política y el Código Minero priorizan la protección del medio ambiente. La regla de la irretroactividad de la legislación tiene excepciones, permitiendo la modificación de condiciones contractuales en casos de bienes públicos relacionados con recursos naturales. En este caso, la declaratoria de caducidad se basa en múltiples incumplimientos por parte del contratista, incluyendo el pago de canon superficiario, multas y la presentación de licencias ambientales, lo que no genera controversia entre las partes. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la protección del medio ambiente y el interés general prevalecen sobre los derechos contractuales, permitiendo la caducidad del contrato en casos de incumplimiento grave y reiterado.síntesis automática
¿Acreditó la parte demandante el pago del valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento? No
No está probado que los demandantes hubieran pagado el valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento… En el recurso se alega que la primera instancia dejó de reconocer el valor de lo cancelado por los demandantes a la aseguradora… por concepto de la póliza de cumplimiento.
También resuelve:¿El apelante probó otros perjuicios por incumplimiento del contrato de obra, que reclama en apelación?¿Debe condenarse en costas al apelante vencido debido a que su recurso no prosperó?
¿Las actas de obra 4 y 5 fueron conocidas y aceptadas por la entidad demandada, acreditadas o gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y como consecuencia de ello, el municipio está obligado a su pago? Sí
El contratista es obligado al pago de las actas de obra 4 y 5 por la entidad estatal, ya que estas fueron conocidas, aceptadas y gestionadas por el interventor durante la vigencia de sus funciones, y formaron parte del informe final de interventoría y del acta de recibo final de las obras, además de ser reconocidas en la auditoría y en la liquidación del contrato. La entidad no objetó las actas durante la ejecución del contrato ni en sede judicial, y procedió a su pago parcial, lo que demuestra su aceptación. La regla reitera la obligación de pago del contratista cuando las actas de obra son aprobadas por el interventor y reconocidas por la entidad, independientemente de que no hayan sido pagadas en su totalidad, lo que implica que el contratista puede exigir el pago pendiente conforme a la cláusula tercera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la entidad demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia?
¿El municipio incumplió la obligación de pago estipulada en el contrato de obra? Sí
Con base en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que establece que a través del medio de control de controversias contractuales cualquiera de las partes de un contrato estatal puede pedir que se declare, entre otras cosas, su incumplimiento, se determina que el medio invocado por el demandante fue el adecuado, pues el conflicto tiene origen en la desatención en la que habría incurrido el Municipio respecto de las obligaciones de pago que asumió en el contrato de obra 002 MG de 2014, así como los perjuicios que se habrían derivado de esa inobservancia.
También resuelve:¿Procede la condena en costas de ambas instancias al Municipio demandado, ya que fue la parte vencida en el proceso?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?
¿Las partes suscribieron actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones? Sí
El contratista suscribe actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones cuando considera que las cifras acordadas en la liquidación bilateral no le son imputables y reserva el derecho a controvertir judicialmente las sumas que aceptó y reconoció como debidas. En este caso, la entidad estatal y el contratista suscribieron un acta de liquidación bilateral en la que el contratista objetó la responsabilidad por los incumplimientos que se le endilgaron en las resoluciones de caducidad, argumentando que tales incumplimientos no eran por su culpa. Además, la entidad estatal adoptó una liquidación unilateral que correspondía a un aspecto no abordado en la liquidación bilateral, relacionado con el valor que el contratista adeuda por las unidades de cajas de ron Tres Esquinas no vendidas. Este precedente reitera la importancia de las objeciones en las actas de liquidación y su relevancia para la posterior controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista incumplió el contrato al negarse a suministrar al contratante las cifras de producción y comercialización por la utilización de la maquinaria?¿La carga de desvirtuar el incumplimiento del contrato, corresponde a la parte demandante por razón de la presunción de veracidad y legalidad que reviste al acto demandado?¿La declaratoria de caducidad del contrato estuvo fundada en el no pago oportuno de la remuneración en favor de la empresa contratante?
¿Resulta viable el decreto de oficio de la nulidad de una cláusula del contrato de prestación de servicios cuando no es palmaria o manifiesta? No
La nulidad absoluta de una cláusula contractual no puede declararse de oficio cuando la causal no es palmaria o manifiesta. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la entidad contratante es una empresa de servicios públicos, según el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 sus contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación y se rigen por las leyes civiles y comerciales. Segunda, el monto de los honorarios pactados responde a la libre voluntad negocial de las partes, sin que ello configure una causal de nulidad, y la capacidad económica de la entidad se sustentó en la apropiación presupuestal. Tercera, en el caso no se acreditó una causal palmaria, sino un contrato celebrado en ejercicio de la libre voluntad negocial. Por ello la providencia revoca la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la cláusula. El documento reitera la línea sobre la declaratoria oficiosa de nulidad que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales por no pagar a la sociedad actora los honorarios variables de éxito pactados en el contrato por lo que…¿Debe condenarse en costas a la empresa de servicios públicos demandada por ser la parte vencida en el proceso?
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?