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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, el cual se contabiliza a partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato, y ese término solo empieza a correr una vez finalizado el plazo para la liquidación bilateral. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el numeral v del literal j del artículo 164 del CPACA fija el punto de partida en el vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente, de modo que la fecha de firma o de terminación no es suficiente. Segunda, el plazo de liquidación bilateral debe agotarse antes de que comience el término de la liquidación unilateral, y si el contrato establece un término especial para liquidar bilateralmente, ese término es el que se computa. En el caso, la cláusula del contrato fijó un plazo de seis meses para la liquidación bilateral, y tras su vencimiento se contó el término de dos años para la liquidación unilateral, por lo que la demanda se presentó oportunamente. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. En la práctica, el demandante debe identificar el término convencional de liquidación bilateral y el plazo legal de la unilateral antes de calcular la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio?¿El dictamen pericial logró acreditar el incumplimiento del contrato?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 73001233300020190036601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
¿Impedía la suscripción de las convenciones modificatorias del contrato, sin regulación expresa de los sobrecostos reclamados, la prosperidad de las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? No
La suscripción de convenios modificatorios en un contrato de obra a precios unitarios no impide por sí sola la prosperidad de las pretensiones dirigidas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos imprevistos. Durante la ejecución de un contrato de infraestructura vial suscrito con el INVÍAS, se presentaron incrementos anormales en los precios de insumos como asfalto, cemento y combustibles, así como mayores costos de transporte de materiales. La Sala verificó que las adiciones y modificaciones acordadas no tuvieron por objeto regular ni compensar tales circunstancias imprevistas. Por consiguiente, la suscripción de dichas modificaciones negociales no sanea ni extingue el derecho del contratista a reclamar la indemnización por la ruptura financiera del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Probó el contratista que el mecanismo de ajuste de los precios unitarios perdió eficacia durante la ejecución contractual…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato? Sí
El contratista no puede demandar por controversias contractuales después de que caduque la acción, y el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se realiza la liquidación bilateral del contrato, no desde cuando debió liquidarse, según el auto de unificación del 1° de agosto de 2019. En este caso, la liquidación bilateral se efectuó mediante un acta de finiquito conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, y el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de la demanda, permitiendo así su interposición. Además, el contrato estatal estaba sujeto al derecho privado, por lo que EPM no estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por la alteración de la ecuación financiera, y cumplió sus obligaciones al pagar las obras a los precios pactados por la modalidad de precios unitarios. El dictamen pericial no acreditó la existencia y el monto de los perjuicios reclamados, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para probar la existencia de situaciones imprevistas que justificaran un ajuste en los precios unitarios del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato estaba sujeto a las normas de derecho privado?¿EPM cumplió sus obligaciones contractuales en tanto que pagó las obras realizadas a los precios pactados en el contrato por la modalidad de precios unitarios?¿La prueba pericial aportada brindó los elementos técnicos suficientes para determinar la existencia y el monto de los perjuicios reclamados?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos por medio de la cuales se declaró incumplido del contrato, la ocurrencia del siniestro del contrato de compraventa y se ordenó la liquidación del mismo, al observarse falsa motivación por haberse desconocido el contrato modificatorio donde se acordó entre las partes el precio de las unidades que el contratista debía entregar? Sí
Los actos que declaran el incumplimiento de un contrato y ordenan su liquidación son nulos por falsa motivación cuando recalculan el precio de las unidades desconociendo el contrato modificatorio en el que las partes lo fijaron. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la entidad volvió a tasar el valor de los vehículos para 2009 pese a que las partes habían firmado un modificatorio para ese efecto. La segunda es que el cálculo de 2010 no aplicó el valor pactado en ese modificatorio. La tercera es que, si la entidad consideraba que el contratista la indujo en error con la guía de valores, debía demandar la nulidad del contrato modificatorio y no recalcular los precios. En el caso concreto, la Sala confirma la nulidad de los actos. Respecto de la prueba pericial, el dictamen no debía considerarse para calcular la condena, porque el perito no explicó el origen de sus cifras ni aportó soporte alguno. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial debió considerarse para¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y reconocer intereses moratorios a los interesados, cuando se observa que la cláusula penal perdió vigencia por la declaratoria de…¿Resulta procedente que en el cruce de cuentas que se realiza en la liquidación judicial del contrato, se excluya del pago a cargo de la demandada el abono que hizo al contratista…
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión? No
El contratista no obtiene el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando no acredita los costos efectivamente asumidos mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables. La Sala confirmó que los modificatorios del contrato no implicaron reconocimiento de contraprestación adicional ni renuncia a las reclamaciones del contratista, y que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos de solidez, claridad y exhaustividad exigidos por la jurisprudencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la valoración del dictamen pericial debe hacerse con sana crítica, considerando la idoneidad del perito y la calidad de sus fundamentos, así como la concordancia con los soportes documentales presentados. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas robustas y detalladas para demostrar los costos asociados a la extensión del contrato, evitando así la negativa a sus reclamaciones por falta de evidencia suficiente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En este caso está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato porque (i) la oferta presentada por Tienken fue indebidamente rechazada en tanto sí estaba autorizada para ofrecer los productos de Piemca y sí cumplía los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia; y (ii) Tienken tenía derecho a la adjudicación del Contrato porque, conforme con lo previsto en los términos de referencia, presentó el ofrecimiento económico más beneficioso para la entidad. No obstante lo anterior, no está demostrado el perjuicio material reclamado, esto es, la utilidad que habría obtenido en caso de que el contrato le hubiera sido adjudicado.
También resuelve:¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
¿Si los hechos que originan la reclamación son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual? Sí
El contratista no puede basar su reclamación en el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando los hechos que originan la controversia son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, ya que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato requieren un tratamiento distinto en cuanto a sus causas y efectos jurídicos. La Sala confirma que si los hechos reclamados son consecuencia de una transgresión del acuerdo de voluntades, el asunto debe ser abordado bajo la óptica de la responsabilidad contractual por incumplimiento, matizando precedentes anteriores que podrían haber permitido una interpretación más amplia del artículo en cuestión. Esto implica que las partes deben apegarse a las reglas específicas de responsabilidad contractual para resolver controversias relacionadas con incumplimientos.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en el marco del medio de control de controversias contractuales…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista por la ley?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, por ser las entidades que suscribieron el contrato objeto de la controversia?
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Puede la entidad contratante iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual con fundamento en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin transgredir el derecho al debido proceso del contratista? Sí
El contratante puede iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual basándose en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin vulnerar el derecho al debido proceso del contratista, ya que la entidad contratante tiene la facultad y el deber de vigilar y controlar el contrato, incluyendo la imposición de sanciones, independientemente del medio o instrumento que origine el conocimiento del incumplimiento. Además, la citación a audiencia en un procedimiento sancionatorio puede dirigirse exclusivamente al representante legal del consorcio, sin implicar una violación al debido proceso, dado que la ley otorga al representante la capacidad para actuar en nombre del consorcio en todas las actuaciones contractuales y administrativas. Esta decisión reitera y refuerza la autonomía del contratante en el ejercicio de sus facultades contractuales y administrativas, garantizando la efectividad del contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse válida la citación a una audiencia dentro de un procedimiento sancionatorio contractual cuando se dirige exclusivamente al representante del consorcio…¿En el procedimiento administrativo sancionatorio contractual existió una violación al debido proceso?¿Vulnera la entidad contratante el derecho al debido proceso si, tras analizar un dictamen pericial y confrontarlo con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente…
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿La legitimación en la causa es de hecho y material?¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?