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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020040042601-58434-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-04"
radicado: "25000232600020040042601"
numero: "58434"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-04
- **Radicado:** 25000232600020040042601
- **Número interno:** 58434
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA Y UNION TEMPORAL OBRAS VIALES
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040042601-58434-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020040042601/B403F48F1D5C6D82949F9C2598B5EE1ED6BC2FF1820A4373524F34B2C272A5BD/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200400426011100103

## Problema jurídico

¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
- ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
- ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10

## Extracto

De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., en las acciones relativas a contratos que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la entidad estatal contratante, el término de caducidad de dos años establecido en esa norma comienza a correr desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral. En el presente caso, el contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99, sobre el cual recae la controversia, fue liquidado mediante la Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, ésta última notificada mediante edicto desfijado el 9 de septiembre de 2003… , de suerte que el término de caducidad comenzaba a correr el 10 de septiembre del mismo año y estaba llamado a culminar el 10 de septiembre de 2005.

## Síntesis temática

El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO ESTATAL, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, REGULACIÓN NORMATIVA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, UNIÓN TEMPORAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL, MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL, MULTA AL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE, ENTIDAD PÚBLICA, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, FACULTADES DE LA ENTIDAD DEL ESTADO, ACTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN, EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, EFECTOS EX NUNC, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA VIAL, FALTA DE PRUEBA, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, COMPETENCIA TEMPORAL, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONDUCTA, CONTRATISTA, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALDOS A FAVOR, MULTA, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD, NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE NULIDAD, COMPETENCIA, COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, INTERVENTORÍA, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA, SILENCIO DE LA PARTE DEMANDANTE, LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, PRUEBA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO, RED DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO, MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, DISEÑO DE CARRETERA, OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, PLIEGO DE CONDICIONES, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL, COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL, COSTOS INDIRECTOS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, DISEÑO DE VÍA PÚBLICA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO SINALAGMÁTICO, INFORME TÉCNICO, PRECIO UNITARIO, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, FOTOGRAFÍA, VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA, INFORME DEL INTERVENTOR, PRUEBA TÉCNICA, DICTAMEN PERICIAL, INSUFICIENCIA PROBATORIA, LICITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, OBRA PÚBLICA ADICIONAL, REAJUSTE DE PRECIO, INTERVENTOR, CONCEPTO DE INTERVENTOR, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS, FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, REVISTA, PUBLICACIÓN PERIÓDICA, CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ENTREGA DE OBRA PÚBLICA, REAJUSTE DE COSTOS, ANTICIPO DEL CONTRATO, ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CONTRATANTE, INCREMENTO DEL PRECIO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, INDEMNIZACIÓN PLENA, INDEMNIZACIÓN INTEGRAL, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, HECHO SOBREVINIENTE, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONCRETO, ASFALTO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, FACTURA, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, COMPETENCIA DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, DOCUMENTO, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS, GASTOS, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DISMINUCIÓN DEL PRECIO, PRECIO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO, OTROSÍ AL CONTRATO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA, APLICACIÓN DEL TRIBUTO, REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR, IMPROCEDENCIA DEL DESCUENTO TRIBUTARIO, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PROVEEDOR, CERTIFICADO AL PROVEEDOR, EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA, LUCRO CESANTE, INHABILIDADES DEL CONTRATISTA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA, ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / UNIÓN TEMPORAL / COMPAÑÍA DE SEGUROS / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., en las acciones relativas a contratos que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la entidad estatal contratante, el término de caducidad de dos años establecido en esa norma comienza a correr desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral. En el presente caso, el contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99, sobre el cual recae la controversia, fue liquidado mediante la Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, ésta última notificada mediante edicto desfijado el 9 de septiembre de 2003 (...), de suerte que el término de caducidad comenzaba a correr el 10 de septiembre del mismo año y estaba llamado a culminar el 10 de septiembre de 2005. No está de más destacar que tanto las resoluciones de multa como las de caducidad del contrato, demandadas en el sub lite, estaban directamente relacionadas con la liquidación misma del negocio jurídico, lo cual hace aún más palmaria la procedencia de contabilizar el plazo de caducidad con base en las reglas especiales antes anotadas. Dado que la demanda N° 2003-02138 (interpuesta por la unión temporal hoy apelante) fue presentada el 6 de octubre de 2003, se advierte que respecto de ella no operó el fenómeno de la caducidad. Respecto de la demanda radicada con el N° 2004-00426, incoada por (...) [la compañía de seguros] debe darse aplicación a la regla fijada en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., pues el supuesto de contabilización específica de caducidad que allí se señala es el que se cumple en el sub lite, esto es, que se trate de un contrato que requiera liquidación y ésta se haya efectuado unilateralmente por la entidad. Así, el término respectivo vencía, como se anotó, el 10 de septiembre de 2005, y la demanda de la aseguradora (...) fue interpuesta el 11 de febrero de 2004, es decir, sin sobrepasar el plazo legal, razón por la cual se revocará el ordinal primero del fallo apelado, dado que el presupuesto procesal de presentación oportuna de la demanda fue cumplido por la indicada compañía garante.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN / EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / EFECTOS EX NUNC
Problema jurídico:
¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción, la jurisprudencia de esta Corporación habilitaba a la entidad pública contratante para imponer, de forma unilateral, las multas estipuladas en sus contratos regidos por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la Sala, no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al sostener que, pese a estar habilitadas las partes para estipular en el contrato la aplicación de multas por incumplimiento del colaborador de la Administración, no era procedente hacerlas efectivas en forma unilateral, por no existir norma legal expresa que así lo permitiera. Ciertamente, conforme al principio de legalidad, que emerge entre otras normas con el artículo 121 de la Constitución Política, “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Bajo el actual ordenamiento, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades estatales para fijar mediante acto administrativo, contra su contratista incumplido, multas que hayan sido pactadas en el negocio jurídico con el objeto de conminarlo a cumplir con sus obligaciones. Dicha norma no estaba vigente cuando se celebró el negocio materia de controversia (31 de diciembre de 1999) ni cuando el IDU impuso la multa debatida en el sub judice (año 2001); sin embargo, para esa época la jurisprudencia reconocía la competencia de las entidades estatales para imponer unilateralmente las multas que estipularan en sus contratos regidos por la Ley 80 de 1993. Así, aunque la línea que inicialmente trazó la jurisprudencia tras la promulgación de la Ley 80 de 1993, fue considerar que ésta no preveía expresamente la multa como prerrogativa exorbitante, de suerte que su efectividad sólo podría procurarse por la vía judicial, lo cierto es que en posteriores oportunidades el mismo Consejo de Estado modificó su postura, al considerar que la imposición unilateral de multas pactadas en contratos regidos por la Ley 80 de 1993 debía entenderse como una facultad válida de la Administración, materializada en acto administrativo y surgida no sólo por el pacto en las cláusulas del contrato sino por los poderes de dirección y control que la misma Ley 80 les confirió a las entidades públicas, de cara a los fines de la contratación estatal plasmados en ese ordenamiento, y como un desarrollo de las funciones que en tal virtud se le asignaron en el artículo 4 ibidem. Ello, de la mano con el atributo de ejecutividad de los actos administrativos, reconocido por ese entonces en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, norma que, para la jurisprudencia, le permitía a la autoridad pública contratante no sólo limitarse a declarar el incumplimiento, sino hacer efectiva la multa que el mismo acarreaba, según lo establecido en la cláusula respectiva. (…) Tales eran las premisas que, durante un tiempo, y particularmente en las fechas de celebración del contrato y expedición del acto acusado en el sub judice, llevaron a la Corporación a considerar que las multas pactadas en los contratos estatales, como imponibles unilateralmente por la entidad pública contratante, resultaban procedentes por atender al principio de autonomía de la voluntad, que debía ser garantizado sin dejar de lado que, simultáneamente, la unilateralidad de tales sanciones pecuniarias provenía del poder de autotutela de la Administración pública. Cabe anotar que, si bien la indicada postura fue revisada y modificada nuevamente por el Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de 2005 -en la cual se indicó que la Administración carecía de competencia para imponer unilateralmente las multas pactadas en sus contratos, por no obrar habilitación legal en tal sentido, no siendo suficiente la cláusula respectiva-, lo cierto es que, en criterio de esta Sala, los cambios de precedente jurisprudencial deben operar preferentemente hacia el futuro, so pena de poner en injustificado y grave riesgo los derechos de quienes expidieron o ejecutaron actos con contenido jurídico, fundados en lo que en su momento constituía el criterio jurisdiccional de los altos tribunales, máxime teniendo en cuenta el atributo de presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos, independientemente de la postura jurisprudencial operante en el momento en que se expiden. A la luz de todo lo anterior, es palmario que en el presente caso, y para la época de los hechos materia de controversia -año 2001-, le asistía al IDU la competencia para imponer la multa pactada en contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de previsión en la Ley 80 de 1993 de multas y cláusula penal pecuniaria, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 20 de febrero de 1997, exp. 12.669, C.P. Daniel Suárez Hernández. Sobre la imposición unilateral de multas pactadas en contratos regidos por la Ley 80 de 1993, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 4 de junio de 1998, exp. 13.988. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Asimismo, ver el auto proferido el 20 de junio de 2002, exp. 19.488. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sobre la procedencia de las multas pactadas en los contratos estatales, como imponibles unilateralmente por la entidad pública contratante, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 11 de diciembre de 2002, exp. 22511, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre el cambio jurisprudencial de la unilateralidad de las multas, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Sobre el principio de seguridad jurídica, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 5 de marzo de 2021, exp. 39.249. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MULTA AL CONTRATISTA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / INFRAESTRUCTURA VIAL / FALTA DE PRUEBA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello, los fundamentos en los que el Instituto de Desarrollo Urbano soportó la imposición de la multa?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e aprecia además que no fueron desvirtuadas en el proceso las motivaciones esbozadas por el IDU para imponer la mencionada sanción pecuniaria, pues la actora no demostró haber cumplido con las obligaciones que la Administración echó de menos al establecer la procedencia de la multa. En efecto, las inobservancias reprochadas por el IDU consistieron en la no entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual, pues para el 15 de noviembre de 2000 no se había completado el Programa General de Diseño y Obra, mientras que sí se registraron contingencias con ese componente del contrato, que luego repercutieron en el avance de la obra misma. No obra en el proceso prueba alguna de que el Programa General de Diseño y Obra se hubiera cumplido de manera adecuada ni oportuna, como tampoco se aportó elemento alguno de convicción que desvirtuara el concepto de la Dirección Técnica de Malla Vial del 15 de enero de 2001, según el cual, para el 15 de octubre de 2000, cuando se cumplía la ampliación del plazo que previamente se le había otorgado a la contratista, sólo se habían entregado los estudios y diseños para dos de los cinco grupos de vías cobijadas por el contrato, además de lo cual, cuando se completó la entrega de la totalidad de ese componente, varios estudios y diseños fueron materia de observaciones, recomendaciones y solicitudes de mejora que no fueron atendidas por la unión temporal. (…) En esa medida, deberá revocarse el numeral tercero del fallo apelado, en cuanto declaró la nulidad de las Resoluciones 280 y 2363 de 2001, por lo cual debe mantenerse incólume la multa allí impuesta y confirmada, por la suma de $87’074.140.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INSTITUTO

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

L ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se debe efectuar el descuento por concepto del tributo denominado 3 x 1000, cuando dicha carga no afectó la remuneración ni patrimonio del contratista y cuando la falta de inversión del total del anticipo obedeció al incumplimiento del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
No prospera la solicitud de la demandante, por cuanto recae sobre un tributo cuyo pago no se le impuso a la contratista, sino que lo asumió la propia entidad, al ordenar el reintegro del saldo del anticipo, existente en la cuenta bancaria, y que no hizo parte de los valores cobrados a la unión temporal por concepto de amortizaciones pendientes. En la Resolución N° 12433 de 2002, el IDU refirió, en efecto, que el saldo mencionado -se reitera, existente en el banco- era de $288’369.868, el cual debía ser reintegrado a la Tesorería Distrital, previo descuento de $865.100 por concepto del impuesto de 3 x 1000. Es decir, el descuento se hizo con cargo a unas sumas que nunca salieron del patrimonio del IDU, por cuanto se trató de un anticipo no ejecutado, amortizado ni amortizable, que por ello debía regresar a las cuentas de la Tesorería Distrital, sin haber incrementado ni disminuido el patrimonio de la contratista. En suma, el descuento efectuado para cubrir el impuesto del 3 x 1000 recayó en un dinero que nunca dejó de pertenecer a la entidad estatal, porque además, no estaba comprendido en la contabilización hecha por el IDU, del anticipo pendiente de amortización. Es claro, de esta manera, que el indicado tributo no le fue cobrado a la unión temporal, a quien sólo se le ordenó compensar el anticipo no amortizado, equivalente a $96’255.347, monto que a su vez cubrió varios conceptos, ninguno de ellos correspondiente al denominado impuesto por emergencia económica. Tales conceptos cobrados al contratista en el saldo del anticipo no amortizado, fueron únicamente los siguientes (…) i) cuentas pendientes de las actas 15, 19, 24 y 26; ii) saldo por “ajustes de las Actas de Reajustes Nos. 16, 20, 25 y 27”; iii) Valor neto de los estudios y diseños recibidos y aprobados por la interventoría, y, iv) Valor neto por concepto de APU de ítems no previstos. Y la suma resultante -$96’255.347- no fue incluida en el saldo registrado en el banco, por lo cual -reitera la Sala- no se aprecia que el descuento hubiera recaído sobre la remuneración de la unión temporal o sobre las compensaciones que se le aplicaron en el cálculo de la amortización pendiente. Por tanto, mal puede reclamar la hoy demandante el pago de $865.100 como descuento por concepto del tributo denominado 3 x 1000, cuando dicha carga no afectó su propia remuneración ni su patrimonio, sino el del IDU. Por lo demás, ha quedado evidenciado que la no ejecución de las obras del contrato IDU-UEL-7-8- 805-99 tuvo como una de sus causas el incumplimiento de la propia contratista, tanto en la fase de estudios y diseños como en la etapa constructiva, de suerte que tampoco le es imputable al IDU la circunstancia de no haberse podido invertir la totalidad del anticipo en las obras que se pactaron en dicho acuerdo de voluntades, y menos derivarse de ello indemnización alguna por concepto del impuesto del 3 x 1000.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROVEEDOR / CERTIFICADO AL PROVEEDOR / SALDOS A FAVOR / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los proveedores deben reintegrar al Instituto de Desarrollo Urbano los saldos correspondientes al anticipo que fue utilizado por la contratista para la adquisición de los elementos de construcción?
Respuesta al problema jurídico: No
En forma preliminar se precisa que, con la lectura de esta reclamación, no se aprecia que la solicitud de la actora deba o pueda entenderse como encaminada a que se incluya a título de “anticipo amortizado” la suma aducida como saldo “en proveedores”. En todo caso, aún considerando que ese es el propósito perseguido por la unión temporal, no resultaría procedente acceder a ello, por cuanto la amortización del anticipo opera cuando el mismo se ejecuta en la realización de la obra, lo que evidentemente no ocurrió con los saldos registrados por los proveedores de insumos que refirió la hoy demandante. Ahora bien, siguiendo lo manifestado en forma explícita por la actora, se evidencia que su reclamación alude a unos valores que, en sus propias palabras, deben ser reintegrados al IDU, lo que se opone a que tales montos se incorporen en la suma total que a título de “saldos a favor de la contratista”, se pidió en el numeral 3 de la pretensión tercera de la demanda. Se trata además de unos saldos que, proviniendo de la cuenta conjunta del anticipo, pueden reintegrarse al IDU sin haber afectado el patrimonio de la contratista, por lo que mal puede ésta aducir esas sumas como parte de la indemnización que, en su criterio, se le debió reconocer en el juicio. Finalmente, dado que se trata de sumas que se encuentran en poder de las proveedoras de los materiales, que no hicieron parte en el presente proceso, no es posible impartir orden alguna para que tales empresas reintegren dichos remanentes a la Administración. Por todo lo anterior, no prospera la reclamación N° 15, formulada por la actora. En virtud de lo hasta aquí señalado, es claro que se debe denegar la totalidad de las reclamaciones económicas examinadas en la presente instancia, por las razones que en cada una de ellas esbozó la Sala.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / LUCRO CESANTE / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Resulta procedente actualizar la condena que impuso el Tribunal al Instituto de Desarrollo Urbano, por concepto de lucro cesante, en tanto que dicho aspecto no fue cuestionado en el recurso de alzada?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el numeral séptimo de la sentencia impugnada, el Tribunal de primera instancia condenó al IDU a pagar a la unión temporal la suma de $1.924’708.400, a título de lucro cesante derivado de la inhabilidad en que se hizo incurrir a los integrantes del conglomerado, con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato IDU-UEL7-805-99, materia de controversia. Dado que dicha condena no fue objetada en sede de apelación, se procederá a actualizar su valor desde la fecha del fallo impugnado (23 de julio de 2015) a la fecha de esta sentencia, de acuerdo con el IPC reportado por el DANE (…)

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-04-04. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000232600020040042601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040042601-58434-sentencia).
