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¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato? Sí
En los contratos de prestación de servicios con entidades estatales, los servicios efectivamente prestados que cuentan con soporte presupuestal deben reconocerse y pagarse, aunque el contrato no haya fijado un tope máximo de recursos disponibles. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia del soporte presupuestal para los servicios prestados impide que la entidad alegue la falta de recursos para no pagarlos. Segunda, la ausencia de un tope en el contrato no excusa el pago de los servicios que la entidad recibió y que cuentan con respaldo presupuestal. En el caso, la unión temporal prestó servicios en un periodo determinado que no le fueron reconocidos, y la providencia modifica la sentencia de primera instancia para ordenar el pago de los servicios con soporte presupuestal. Así, la falta de tope no altera la obligación de pagar. En la práctica, el contratista debe documentar el soporte presupuestal de los servicios prestados, porque esa prueba sustenta el reconocimiento de su pago.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la actualización del monto de la condena impuesta en primera instancia, por cuenta del incumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte por parte del Instituto Geográfico…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
¿Es procedente confirmar la sentencia de primera instancia dado que no se evidenció un incumplimiento de las obligaciones del INPEC, ni una actuación dirigida a evitar el cumplimiento del contratista pero sí se configuró un incumplimiento contractual por parte del contratista? Sí
El contratista que imputa a la entidad contratante un incumplimiento debe demostrar que la obligación alegada estaba a cargo de la entidad, pues cuando el contrato asigna al contratista la aportación de la infraestructura necesaria para la ejecución y no existe una obligación específica de la entidad, no hay incumplimiento que atribuir a ella. Una razón es que en los contratos la infraestructura y los elementos necesarios para la ejecución quedaron a cargo del contratista, de modo que la supuesta obligación de la entidad de garantizar el servicio de internet no existía. Otra razón es que las comunicaciones del contratista durante la ejecución reconocían que la instalación de redes era una actividad a cargo de la entidad, y no se demostró la falta de colaboración alegada. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que declaró el incumplimiento del contratista y negó las pretensiones de la reconvención. Su consecuencia práctica es que la aceptación de cargas en la propuesta debe leerse con los contratos suscritos, que prevalecen sobre las aclaraciones de la oferta.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada principal y demandante en reconvención en contra de la Sentencia proferida el 22 de agosto…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia?
¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Sí
El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.síntesis automática
También resuelve:¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante?
¿Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario? Sí
Procede declarar el incumplimiento del arrendatario, dar por terminado el contrato de arrendamiento y ordenar la restitución del inmueble cuando se acredita la mora en el pago de los cánones. La regla se apoya en que la mora probada justifica la terminación y, habiéndose demostrado la restitución efectiva de uno de los inmuebles, solo procede la restitución del otro. Además, cuando el demandante es el único apelante, opera la prohibición de reformatio in pejus, de modo que el juez de segunda instancia no puede agravar la situación del apelante y debe mantener lo decidido en primera instancia. En el asunto, el arrendador no pidió en la instancia el reconocimiento de los cánones ni de los intereses de mora, lo que impedía conceder lo reclamado en apelación. La Sala confirmó la sentencia y actualizó la condena para conservar el poder adquisitivo de las sumas reconocidas. En la práctica, la condena por cánones se mantiene en su monto y solo se ajusta por indexación.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de pretensión de pago de los arrendamientos adeudados, impide el reconocimiento de lo reclamado en el recurso?¿Procede la condena en costas en segunda instancia, a cargo del recurrente, al haberse resuelto de manera desfavorable el recurso?
¿Los actos administrativos demandados mediante los que, la extinta CNTV recalculó las autoliquidaciones realizadas por la sociedad demandante durante el periodo comprendido entre enero de 1999 y septiembre de 2003, adolecen de falsa motivación por aplicar de forma retroactiva un acto administrativo que, modificaba los criterios para el pago de la compensación por servicios de televisión por suscripción? Sí
En los contratos estatales, las normas vigentes al momento de su celebración se entienden incorporadas al contrato, salvo las que se refieren al modo de reclamar en juicio los derechos o a las penas por infracción. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 fija la incorporación de las normas vigentes al momento de la celebración como criterio general. Segunda, el valor del negocio jurídico se pactó como porcentaje de los ingresos, de modo que la aplicación retroactiva de un acto posterior que altera esa base incorpora una norma no vigente al contrato. En el caso, las partes pactaron el valor del negocio como porcentaje de los ingresos mensuales, y los actos que recalcularon las autoliquidaciones de un periodo anterior aplicaron retroactivamente un acto posterior, lo que la providencia encuentra con falsa motivación. La providencia confirma la nulidad de esos actos. En la práctica, la administración no puede recalcular obligaciones pactadas con una norma posterior que no estaba incorporada al contrato al momento de su celebración.síntesis automática
¿El monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación, se calcula de forma proporcional a partir del valor asegurado en la póliza de cumplimiento? No
El contratista no puede calcular el monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación de forma proporcional al valor asegurado en la póliza de cumplimiento, sino que debe hacerlo respecto al valor del contrato tal como fue estipulado en el convenio. La reducción proporcional de la cláusula penal se realiza respecto del monto de la pena estipulada, no del valor asegurado, y la aseguradora será condenada a pagar la suma correspondiente a la cláusula penal proporcionalmente al incumplimiento, sin superar el valor asegurado. Al confirmarse la sentencia de primera instancia, la parte que interpone el recurso de apelación y resulta desfavorablemente resuelta será condenada en costas y agencias en derecho, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿El consorcio demandado le causó perjuicios por incumplimiento de las obligaciones a su cargo a la entidad demandante, porque no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición en la totalidad de las plantaciones acordadas, además, no amortizó el anticipo a la entidad demandante? Sí
El contratista es responsable por los perjuicios causados a la entidad estatal debido a su incumplimiento en la ejecución del contrato, ya que no alcanzó las metas de siembra, mantenimiento y reposición de plantaciones acordadas, además de no amortizar el anticipo recibido. A pesar de la demora inicial en la entrega de plántulas por parte de un proveedor, el contratista omitió realizar las actividades esenciales para cumplir con sus obligaciones, como la preparación de terrenos, capacitación de beneficiarios y entrega de insumos, lo que impidió alcanzar las metas establecidas. La entidad estatal no puede ser responsabilizada por la falta de diligencia del contratista, lo cual se ajusta al principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". Además, la entidad no está obligada a incluir en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, ya que superaron el límite contractualmente previsto sin autorización. Finalmente, la condena impuesta al contratista debe ser indexada para su actualización, lo que implica ajustar el valor de la condena según los índices de precios al consumidor vigentes en las fechas relevantes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe incluirse en la liquidación judicial del contrato el valor de las hectáreas resembradas por el contratista, cuando superó por mucho el límite contractualmente previsto para esta prestación?¿Debe indexarse la condena impuesta al contratista en el fallo impugnado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandada en la segunda instancia debido a que se confirmó en totalidad la sentencia de primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Debe adicionarse la sentencia de segunda instancia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del CPC? Sí
El juez de segunda instancia debe adicionarse la sentencia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el perjuicio no haya sido apelado expresamente pero esté íntimamente ligado al objeto de la apelación, según lo dispuesto en el artículo 357 del mismo código. Sin embargo, si no se acredita la existencia, contenido y pago de las obligaciones contractuales que originan el daño emergente, como en el caso de los honorarios de abogados y expertos, no es procedente su reconocimiento, ya que falta la prueba necesaria para establecer la existencia de dichas obligaciones y su extinción, lo que implica que la entidad demandante no puede obtener indemnización por estos conceptos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre perjuicios no apelados expresamente por el recurrente, cuando estos están íntimamente ligados al objeto de la apelación…¿Resulta procedente el reconocimiento de honorarios que se afirma fueron pagados al abogado como daño emergente derivado del incumplimiento del contrato de depósito por parte del establecimiento…¿Resulta procedente adicionar la parte resolutiva de la providencia para incluir la orden de cumplimiento a la sentencia, cuando no fue solicitada de forma expresa en la demanda y constituye un punto…
¿Puede el juez de segunda instancia decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo? No
El juez de segunda instancia no puede decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo, ya que su competencia se circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación que confronten la decisión de primer grado. La carga de sustentación del recurso de apelación requiere que el apelante exprese de manera clara y concreta las razones de su inconformidad, de lo contrario, el juez de segunda instancia debe confirmar el fallo sin evaluar el fondo del asunto, evitando así la vulneración del principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la necesidad de una sustentación adecuada del recurso de apelación para que el juez de segunda instancia pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia indexar la condena cuando hay apelante único, sin violar la prohibición de reformatio in pejus…¿Puede imponerse condena en costas en el proceso de repetición, cuando el artículo 188 del CPACA excluye las costas en procesos donde se ventila un interés público y la acción de repetición tiene…
¿Es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo contractual por violación al debido proceso, toda vez que está probado que la entidad demandada no adelantó el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, aplicable a la declaratoria de siniestro por acto administrativo? Sí
La entidad estatal que pretenda declarar el siniestro de una garantía mediante acto administrativo debe agotar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues ese trámite no se limita a la imposición de multas y cláusula penal, sino que también aplica a la declaratoria de incumplimiento de la que se deriva el siniestro, y debe citarse al garante en los términos del literal a) de la norma. Tres razones sostienen esta regla. Primero, la afirmación de que no se agotó dicho procedimiento es una negación indefinida absoluta, que no requiere prueba según el artículo 167 del Código General del Proceso, de modo que corresponde a la entidad demostrar que sí lo cumplió. Segundo, esa demostración exige aportar el expediente de la actuación administrativa conforme al artículo 175 del CPACA, carga que no se satisface con copias de un trámite distinto. Tercero, la omisión de la citación vulnera el debido proceso y justifica la nulidad del acto que declara el siniestro. En la práctica, antes de declarar el siniestro la entidad debe acreditar la citación del garante y la actuación previa completa, pues de lo contrario el acto puede ser anulado.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible que una entidad contratante profiera un acto de declaratoria de siniestro incluso cuando el contrato ha sido liquidado de común acuerdo?¿Es procedente confirmar la condena impuesta en primera instancia?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Presentó el recurrente un argumento destinado a confrontar los razonamientos del juez de primera instancia (Tribunal Administrativo de Antioquia) que indique las reales razones de inconformidad que ataquen los argumentos del a quo? No
El recurrente no puede obtener la confirmación de un recurso de apelación si no presenta un argumento destinado a confrontar los razonamientos del juez de primera instancia que indique las reales razones de inconformidad que ataquen los argumentos del a quo. La Sala estima necesario que el recurrente determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente reproducir argumentos desprovistos de motivos de disenso. En el caso concreto, la parte demandada impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero no presentó un argumento que confronte los razonamientos del a quo, limitándose a insistir en una excepción planteada en la contestación de la demanda ya resuelta. La Sala concluye que el recurso de apelación no está encaminado a desvirtuar los fundamentos centrales que tuvo en cuenta el tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda, por lo que se confirma la providencia recurrida por carencia de objeto de la alzada.síntesis automática
También resuelve:¿Procede actualizar la condena en repetición al demandado a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia?¿Debe actualizarse el monto del capital de condena en costas impuestas por el tribunal de instancia y condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió…
¿Procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada, una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos atacados al invocar de manera inadecuada una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales, ya que la motivación del Tribunal para declarar la nulidad de las resoluciones no giró en torno a la causal invocada sino a la vulneración de normas superiores, como la de selección objetiva. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, actualizando el monto de la condena. Además, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, excluyendo el debate sobre otros aspectos no abordados en el recurso. En el presente caso, el juez de primera instancia adecuó la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando fallos inhibitorios y garantizando el acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?¿Se daban los presupuestos para que el juzgador de primera instancia, actuando como garante del acceso a la administración de justicia y con el propósito de evitar fallos inhibitorios…¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada de manera oportuna?
¿Se condena al demandado en sede repetición a restituir la suma que la Nación pagó a las víctimas como consecuencia de la condena dictada en su contra en un proceso de reparación directa? Sí
Cuando el agente estatal es declarado responsable en un proceso de repetición por una conducta dolosa o gravemente culposa, debe restituir a la entidad pública la suma que esta pagó a las víctimas en cumplimiento de la condena, actualizada al momento de la sentencia. La regla se sostiene en tres razones: la repetición tiene carácter patrimonial y busca reintegrar lo que la entidad pagó por causa del agente, de modo que el monto a restituir corresponde al pago efectivamente realizado; la actualización del valor pagado preserva el poder adquisitivo de la suma; y la norma del Código General del Proceso sobre interrupción de la caducidad no es aplicable al proceso contencioso administrativo, pues el artículo 306 del C.P.A.C.A. remite al procedimiento civil solo en los aspectos no regulados por ese código. En el caso, el tribunal condenó al exagente a pagar a la entidad pública afectada la suma actualizada que la entidad pagó por la condena de reparación directa, y la sala confirmó esa condena. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el monto de la repetición corresponde al pago efectivo actualizado y debe probarse con la constancia del pago.síntesis automática
También resuelve:¿Dado que el CPACA regula el fenómeno de la caducidad no procede aplicar el artículo 94 del CGP en este proceso?¿Se declara la responsabilidad patrimonial extracontractual del exservidor por estar demostrados los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición?¿La parte demandada solo pidió que se verifique la existencia de la caducidad en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad los actos a través de las cuales se decretó el incumplimiento parcial del contrato de obra 2717 de 2003, y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento parcial del contrato y hacen efectivas la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento, siempre que la demanda se presente dentro del término de dos años contados desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado. En este caso, la Resolución 071 de 2005, notificada por edicto el 28 de julio de 2005, fue declarada firme el 11 de agosto de ese año, por lo que el término de caducidad corrió desde el 12 de agosto de 2005 hasta el 12 de agosto de 2007, fecha en la cual la demanda fue presentada oportunamente. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad de la acción de controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben ser conscientes del plazo de dos años para presentar sus demandas desde la notificación del acto impugnado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la acción de de controversias contractuales respecto de las pretensiones de incumplimiento del contrato de obra 2717 de 2003 por parte del municipio…¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la contestación de la demanda, esto es…¿Aunque el extremo actor no formuló reparos en contra de la decisión del a quo, resulta procedente actualizar el monto de la condena pecuniaria…
¿Las copias de las distintas providencias judiciales allegadas al expediente de repetición por la demandante constituyen prueba para acreditar la presunción legal de dolo invocada en la demanda, esto es, la existencia de una decisión y condena judicial en contra de los hoy demandados? Sí
Vale precisar que, en el libelo demandatorio, la entidad pública hizo énfasis en que sustentaba su demanda por la conducta dolosa de los acusados, tras reiterar las consideraciones esbozadas en las sentencias emitidas por estos mismos hechos… .
También resuelve:¿Procede la actualización de la condena de primera instancia hasta la fecha de la presente providencia en el caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine a favor de la parte demandante?
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder? Sí
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.
También resuelve:¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?