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¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
Sentencia — Sentencia2022-06-01Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020210022400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en controversias relacionadas con contratos en los que una de las partes es una entidad pública, conforme al artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia para continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio, limitándose a revisar la legalidad del laudo y no su contenido sustancial. Además, el fallo en conciencia o equidad constituye una causal de anulación del laudo arbitral según el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pero no se configura si el Tribunal Arbitral decide en derecho, interpretando las normas y valorando las pruebas presentadas en el proceso. La causal de incongruencia, prevista en el numeral 9 del mismo artículo, es una causa separada y no puede ser confundida con la causal de fallo en conciencia.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia?¿El fallo en conciencia o equidad, constituye una causal de anulación de laudo arbitral?¿Se configuró la causal del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, prevista en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 constitutiva de fallo en conciencia o…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
25000232600020110079101 de 20252025-10-20Rad. 25000232600020110079101
El contratista puede solicitar el reajuste del precio en contratos estatales sujetos a la Ley 80 de 1993, incluso en aquellos a precio global, para mantener el equilibrio económico contractual frente a variaciones imprevistas como la inflación o la devaluación monetaria, siempre que demuestre la ruptura del equilibrio económico y que las medidas pactadas no cubren adecuadamente la situación. La entidad estatal debe acordar y implementar estos ajustes cuando se presenten eventos que alteren efectivamente la ecuación contractual, aunque no estén previstos en el contrato. La Sala reitera la importancia de estas medidas para preservar la sostenibilidad financiera del contrato y la equivalencia prestacional acordada, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a las fluctuaciones económicas y negociar ajustes cuando sea necesario para evitar riesgos financieros innecesarios.síntesis automática
También resuelve:Reajuste de precio: ruptura del equilibrio económico, Ley 80 de 1993, régimen, precio globalReajuste y equilibrio económico en contratos a precio global: equilibrio económico del contrato estatal, Artículo 27 de la Ley 80 de 1993, variación negativa de precios y su incidencia económica, el valor pactado como precio global no implica que en él quede comprendido el pagoReajuste y revisión de precios en contratos estatales: restablecimiento del equilibrio, finalidad
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? Sí
El contratista puede demandar a la entidad estatal por incumplimiento contractual o por la ruptura del equilibrio económico del contrato, dependiendo de la fuente y las consecuencias de la afectación económica sufrida. La primera opción implica la inobservancia de las obligaciones pactadas, mientras que la segunda se refiere a factores externos o decisiones de la administración que alteran las condiciones del contrato. En este caso, la entidad estatal no ajustó los precios de las obras ejecutadas por el contratista, a pesar de la existencia de cláusulas ambiguas en el contrato y en el pliego de condiciones que permitían el ajuste de precios. La Sala concluyó que la entidad incumplió el contrato al no aplicar el ajuste de precios según el ICCP del DANE, lo que implica que en casos similares, la entidad estatal debe cumplir con las disposiciones contractuales y legales para proteger los intereses del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al no ajustar los precios de las obras ejecutadas por el contratista…¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al haber calculado y pagado las actividades concernientes a la “conformación de la calzada existente” e “imprimación con asfalto…¿Se encuentra probado que la U.T. Cesva ejecutó obras adicionales previas para la reconstrucción de un muro que colapsó como consecuencia de un deslizamiento de tierra…
¿Se demostró la afectación grave por aumento de precios de los insumos y, en consecuencia, el desequilibrio económico y financiero del contrato? No
En los casos de desequilibrio económico y financiero del contrato estatal, los dictámenes deben sustentarse en elementos que demuestren que, entre la celebración del negocio y el fin de su ejecución, se realizaron actividades y gastos propios del objeto contratado cuyos precios aumentaron de forma grave e imprevista, afectando la ecuación financiera. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que suscribir modificaciones sin salvedades no impide un análisis de fondo de las pretensiones. La segunda es que, al no demostrarse la afectación grave que causó el aumento de precios de la mezcla densa en caliente MDC-2 y del ACPM, desaparece el fundamento del supuesto desequilibrio. La tercera es que la prueba pericial debe vincular ese aumento con el período de ejecución del contrato. En el caso concreto la pretensión fue negada por esa falta de prueba. Como obiter dictum, la providencia advierte que la Subsección ha morigerado su postura sobre el criterio de oportunidad para reclamar el desequilibrio y sobre la exigencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, de suspensión o de prórroga, lo que matiza el criterio anterior.síntesis automática
También resuelve:¿En casos de desequilibrio económico y financiero del contrato, se debe probar que entre la época de celebración del negocio y el fin de su ejecución se realizaron actividades y gastos…¿El apelante debe manifestar en el recurso cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Se acreditó desequilibrio económico e incumplimiento del contrato atribuible a la entidad contratante? No
Cuando las suspensiones del contrato de obra se pactan de mutuo acuerdo y el contratista no deja salvedad en el otrosí, las actas de suspensión, reinicio o recibo final, no puede reclamar después un incumplimiento ni un desequilibrio económico atribuibles a la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el contrato se culminó a entera satisfacción de la entidad y en ninguno de los documentos de la ejecución se dejó salvedad u objeción. Segunda, la jurisprudencia de la corporación ha reiterado la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan de la ejecución del contrato. Tercera, la actora no logró acreditar el incumplimiento de la entidad ni el desequilibrio económico alegado. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada. Además, la lealtad contractual impone que las reclamaciones surgidas durante la ejecución se formulen en el momento oportuno, y no después de cerrado el proceso. El documento reitera la línea sobre salvedades en las actas de suspensión que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿ El desequilibrio económico del contrato puede darse como consecuencia del incumplimiento de una de las partes?¿La mayor permanencia de la obra se presenta cuando por hechos no imputables al contratista su estimación de costos iniciales se aumenta por cuenta del mayor tiempo…¿Procede efectuar la liquidación del contrato de obra de conformidad con lo acreditado en el proceso?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso?¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo?¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento?¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea…¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve:¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula 20.2.1.2 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes? No
El contratista ejecuta las obras públicas pactadas a precio global conforme a las especificaciones y plazos establecidos en el respectivo contrato de obra y sus modificaciones bilaterales. En el caso examinado, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de incumplimiento al constatar que las obras no estaban ejecutadas en su totalidad al finalizar la etapa de construcción, y que la postergación de las mismas fue aceptada mediante otrosí suscrito por el contratista sin salvedad alguna respecto al pago del remanente previsto en la cláusula contractual invocada, careciendo de fundamento fáctico y jurídico la reclamación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002…¿Procede en este caso, la pretensión subsidiaria fundada en un presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Debe condenarse en costas a la parte que resultó vencida, en aplicación del criterio objetivo, y tambien fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de los demandantes?
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo…¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un tribunal administrativo, siempre que la controversia involucre a ECOPETROL como entidad de economía mixta y la cuantía de la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., como establece el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el medio de control de controversias contractuales es oportuno si se presenta dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, conforme al artículo 164 del mismo código. Sin embargo, la figura del equilibrio económico contractual no es aplicable en contratos de derecho privado, como los celebrados por ECOPETROL, según la Ley 1118 de 2006 y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica que las reclamaciones basadas en este principio deben ser rechazadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato?¿El equilibrio económico contractual es aplicable en los contratos de derecho privado?¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos asumidos por el aumento en los costos de alimentación…