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¿Procede la nulidad de las resoluciones acusadas por haber sido proferidas de manera extemporánea dado que el plazo del contrato ya había fenecido? Sí
El contratista no puede ser condenado por la nulidad de resoluciones acusadas por haberlas proferido de manera extemporánea, dado que el plazo del contrato ya había finalizado, lo que implica que la entidad estatal no tenía competencia temporal para emitirlas. La Sala establece que la nulidad de estas resoluciones es procedente, y modifica la sentencia original en cuanto al monto de la liquidación del contrato, reconociendo un saldo insoluto en favor del Invías por concepto del valor del anticipo pendiente de amortización. Además, la Sala decide que no procede la condena en costas contra el contratista, ya que no se ha probado una conducta temeraria que justifique tal decisión, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. Esta decisión reitera la importancia de respetar los plazos contractuales y las condiciones bajo las cuales se puede condenar en costas a las partes en un proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso, procede la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020200250901LEY 1437 REPETICION
¿La falta de competencia puede alegarse de forma extemporánea y en cualquier estado procesal? No
El contratista no puede alegar falta de competencia de forma extemporánea ni en cualquier estado procesal, salvo en casos de falta de competencia funcional o subjetiva, debido a que el artículo 16 del Código General del Proceso permite la prorrogación de la competencia cuando no se advierte oportunamente la falta de competencia por factores objetivos, territoriales o de conexidad. La oportunidad para alegar la falta de competencia por estos factores es al momento de resolver sobre la admisibilidad de la demanda, mediante recurso de reposición contra el auto admisorio, presentación de una excepción previa o en la audiencia inicial en la etapa de saneamiento procesal. En el caso en cuestión, la Sala declaró la falta de competencia de la corporación para conocer del asunto en segunda instancia y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que la competencia por el factor objetivo de cuantía no fue alegada oportunamente, lo que implicó la prorrogación automática de la competencia del juzgado en primera instancia y, por consiguiente, la competencia del tribunal en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La sala debe declarar la falta de competencia para conocer el asunto en segunda instancia y, en consecuencia, se debe ordenar la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia?
¿Las Resoluciones No. Resolución No. 0291 del 22 de diciembre de 2017, y No. 076 de 2018, por medio de la que se liquidó unilateralmente el contrato y se resolvió el recurso de reposición, fueron expedidas con violación a la causal de falta de competencia temporal, toda vez que la firmeza del acto ocurrió 35 meses después de su terminación? No
El contratista no puede alegar falta de competencia temporal para impugnar la liquidación unilateral del contrato emitida por la entidad estatal, ya que el acto administrativo se expidió dentro del plazo legal de dos años contados a partir del vencimiento del contrato, a pesar de que la notificación se realizó después de este período. La Sala establece que la fecha relevante para determinar la competencia temporal es la del nacimiento del acto administrativo, no la de su notificación, y que la liquidación unilateral se expidió el 22 de diciembre de 2017, dentro del plazo legal, rechazando así la causal de nulidad invocada. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la competencia temporal en la liquidación unilateral de contratos interadministrativos, confirmando que la notificación no afecta la validez del acto administrativo expedido dentro del plazo legal.síntesis automática
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el tribunal administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales cuya cuantía excede tres millones quinientos mil pesos. La Sala se pronuncia de fondo sobre un acto administrativo expedido extemporáneamente, declarando su nulidad cuando no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales, y restablece el derecho afectado por la liquidación unilateral, considerando que las multas impuestas por la entidad estatal fueron declaradas nulas en sentencias con efectos de cosa juzgada. Esta regla reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la procedencia del control judicial de actos administrativos extemporáneos, con implicaciones significativas para la protección de los derechos de los contratistas en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el control judicial de acto administrativo expedido extemporáneamente?¿Procede la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haber sido proferida extemporáneamente?¿Procede el restablecimiento del derecho afectado con la liquidación unilateral, teniendo en cuenta que existen dos decisiones con efectos de cosa juzgada que resolvieron que las multas impuestas por…
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
¿El medio de control de controversias contractuales se interpuso dentro de los dos años siguientes a la notificación en audiencia de los actos administrativos demandados? Sí
Para tal efecto, se verifica que no operó la caducidad del medio de control toda vez que la demanda se interpuso el 20 de septiembre de 2018 (fl. 2 c. 1), esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 30 de abril de 2018, fecha de la expedición y notificación en audiencia de los actos administrativos demandados.
También resuelve:¿El apelante único sólo cuestiona la nulidad de los actos administrativos demandados porque considera que sí era competente para expedirlos?¿El ente territorial perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato porque en forma previa a la adopción de dicha decisión…¿Procede la condena en costas contra la parte a la cual se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión del contrato opera de forma temporal?¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución?¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales?
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal.… La Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria…¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total?¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias de primera instancia proferidas por Tribunales Administrativos, especialmente cuando se trata de impugnaciones de actos administrativos precontractuales relacionados con contratos de estabilidad jurídica y su cuantía lo requiere. La Sala valora copias simples de documentos conforme a precedentes unificados, reafirmando la procedencia de este método de valoración probatoria. En cuanto a la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Comité de Estabilidad Jurídica no pierde competencia temporal por dictar decisiones fuera del plazo de cuatro meses establecido en la Ley 963 de 2005, ya que la norma no prevé la pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento del término legal. Asimismo, la Sala no encuentra violación del principio de confianza legítima o de la buena fe contractual cuando la administración rectifica errores de información al público, como en el caso de un informe erróneo sobre el estado de un trámite de contrato de estabilidad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de copias simples?¿Al decidir sobre la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, fuera del término de cuatro meses previsto en el literal f) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 el Comité de Estabilidad…¿Nutriavícola S.A. sometió a consideración del Comité de Estabilidad Jurídica un proyecto de inversión que mejoraba la calidad de vida de la compañía y de sus trabajadores…
¿El auto de unificación de 18 de abril de 2013 puede ser aplicado a demandas que se interpusieron antes de esta fecha ? No
El contratista no puede aplicar el auto de unificación de 18 de abril de 2013 a demandas presentadas antes de dicha fecha, ya que la jurisprudencia posterior estableció que dicha providencia no es retroactiva. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, siempre y cuando la cuantía de la demanda exceda el límite establecido. La Sala también valorará las copias simples aportadas al proceso, siempre y cuando no hayan sido tachadas de falsas durante el desarrollo del mismo. Asimismo, la corporación ha diferenciado el incumplimiento contractual del desequilibrio económico del contrato estatal, estableciendo que el incumplimiento es una actuación culposa que genera consecuencias distintas al desequilibrio económico, que se fundamenta en situaciones lícitas y busca recuperar la conmutatividad del contrato. Finalmente, la terminación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo no implica la indemnización de perjuicios, ya que el vínculo jurídico termina de manera normal y no por una terminación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera…¿Procede la valoración de las copias simples aportadas al proceso?¿Se acreditó que el departamento de Antioquia terminó unilateral el contrato de interventoría sin que se hubiese cumplido con el objeto del mismo?
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
¿Procede dejar sin efectos las resoluciones que adoptaron decisiones unilaterales sobre la liquidación del convenio interadministrativo, al evidenciarse que la entidad demandada no tenía facultad para proferir dichos actos? Sí
El contratista no puede adoptar unilateralmente decisiones sobre la liquidación de un convenio interadministrativo si no dispone de la facultad legal o contractual para hacerlo, y si dichas decisiones se toman después de que haya caducado la acción contractual para resolver conflictos previos, lo que implica que los actos jurídicos considerados como administrativos son inexistentes y deben dejarse sin efectos. La entidad estatal no contaba con la facultad de liquidar el convenio interadministrativo unilateralmente, ya que este no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las partes no habían establecido claramente dicha prerrogativa en el acuerdo. La Sala reitera que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por el régimen general de contratación, sino que deben autorregularse según sus propias estipulaciones, lo que implica que la liquidación de estos negocios debe seguir el régimen especial que los rige, no el general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo interadministrativo de cofinanciación suscrito entre dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones administrativas y para la prestación de servicios a su cargo…¿En los convenios interadministrativos, es posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos…¿Las resoluciones emitidas por la demandada en las que se liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo, gozan de la condición de actos administrativos?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de controversias contractuales, aunque a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria las partes no alegaron la falta de jurisdicción y, al momento de presentar la demanda, la jurisprudencia aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral? Sí
El contratista puede presentar una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controversias contractuales, incluso cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, siempre y cuando las partes no aleguen la falta de jurisdicción y la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda permita la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. La Sala modificó su posición respecto a la renuncia tácita, exigiendo ahora una renuncia expresa y por escrito, pero decidió aplicar la regla anterior en este caso para no afectar el derecho de acceso a la justicia del demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Al contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 celebrado por la Comisión Nacional de Televisión, le era aplicable la Ley 182 de 1995 y…¿La legalidad de las sanciones de la Comisión Nacional de Televisión debe analizarse a partir de lo establecido en el artículo 38 del CCA?¿La facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede ocasionarlas?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la liquidación de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple?¿La liquidación de los contratos estatales es un acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones…¿La Administración cuenta con competencia temporal para liquidar el contrato, hasta dos años después al incumplimiento de la obligación de liquidar?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso?¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?