Titulación de la relatoría 39.130 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 del CPC, el valor de la suma de las pretensiones –$837.549.649– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 3
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE OBRA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 136.10.d del CCA, en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. Por su parte, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolonga en el tiempo y los demás que lo requieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación. El artículo 61 de la Ley 80 de 1993 (…) dispuso que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo. En consonancia, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.10.d del CCA, estableció que la liquidación unilateral del contrato sería practicada por la entidad dentro del término de dos meses. El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, pero el artículo 11 de la Ley 1150 –vigente al momento en que empezó a correr el término de caducidad– mantuvo el término de dos meses para la liquidación unilateral del contrato. En el presente caso, las partes pactaron (…) que se liquidaría dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. (…) Dado el régimen jurídico del contrato (…), y de lo pactado por las partes, es claro que este contrato es de aquellos que la ley exige sean liquidados, y como dicho ajuste final de cuentas no se llevó a cabo ni por las partes ni unilateralmente por la Administración, el término de caducidad de la acción debió contarse luego de seis meses (los cuatro que las partes acordaron para la liquidación bilateral más los dos con los que cuenta la Administración para adelantar la liquidación unilateral) transcurridos a partir de la finalización del contrato. En el expediente no obra el acta de terminación del contrato (…), ni tampoco existe certeza de la fecha exacta de su finalización (…). [L]a Sala observa que las partes –en ejercicio de la autonomía de la voluntad– ajustaron los plazos y decidieron correr el inicio de las etapas de construcción y mantenimiento (…), la etapa de construcción transcurrió entre el 1 de junio de 2004 y el 20 de octubre de 2005 (…) la etapa de mantenimiento inició el 20 de diciembre de 2005. (…) De allí que la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 del CC), que aparece claramente exteriorizada en la cláusula tercera del contrato n°. 209, permite concluir que la etapa de mantenimiento –que se pactó en 24 meses– iniciaría previa suscripción del acta de inicio de la respectiva etapa, lo cual, se reitera, sucedió el 20 de diciembre de 2005. En consecuencia (…), es a partir de ese momento que debe contarse el término de 24 meses para la finalización del contrato, los cuales vencieron el 20 de diciembre de 2007. A partir del día siguiente inició el conteo de los cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato, que finalizaron el 21 de abril de 2008. Al día siguiente inició el plazo de dos meses para la liquidación unilateral, que vencieron el 22 de junio de 2008. Así las cosas, la demanda se interpuso en tiempo –21 de julio de 2010– (…). Como el 28 de abril de 2010, se presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió hasta el 15 de julio siguiente, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en que se celebró la audiencia y fue declarada fallida (…). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por un mes y 26 días faltantes, que vencieron el 13 de septiembre de 2010, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Problema jurídico:
¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] partir de la sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, se aclaró que tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultadas para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que tengan origen en la ejecución de contratos por ellas celebrados o en procesos de selección en los que hayan participado, lo que de ninguna manera excluye la posibilidad de que sus integrantes puedan comparecer –si así lo desean– individualmente. (…) [El] representante de la unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar, otorgó poder para demandar en el presente asunto (…). Para la Sala resulta claro que la “insuficiencia de poder” aludida por el Tribunal como argumento para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Bateman Ingeniería Ltda. no es aplicable al caso, porque, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación los consorcios y uniones temporales pueden concurrir al proceso a través de sus representantes. Precisado lo anterior, la Sala estima que la unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar –integrada por Bateman Ingeniería Ltda. y (…)– está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva, puesto que fueron las partes del contrato n°. 209 de 2003, cuyo objeto fue realizar los estudios y diseños, la construcción y el mantenimiento de los accesos vehiculares al barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, rad. 14988, C. P. María Elena Giraldo Gómez. Respecto de la capacidad procesal que le asiste a los consorcios y uniones temporales para comparecer en los procesos judiciales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
PRINCIPIOS DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato celebrado entre la accionante y el IDU, es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2 definió, para los solos efectos de esta ley, que los establecimientos públicos serían entidades estatales. El 13 de noviembre de 2003, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y la unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar celebraron el contrato de obra nº. 209 para realizar los estudios y diseños, la construcción y el mantenimiento de los accesos vehiculares al barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar. Como el IDU fue parte del contrato, a sus contratos se aplica, además del derecho privado (artículo 13 de la Ley 80 de 1993), la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública se configura como un acto jurídico destinado a verificar el cumplimiento del objeto contractual y evaluar el estado de ejecución de las obligaciones correspondientes. Este proceso, comúnmente llevado a cabo al término del contrato, implica un corte de cuentas con el propósito de: i) determinar la existencia de obligaciones pendientes, ii) analizar los saldos a favor y en contra, y iii) alcanzar un acuerdo que asegure la conformidad y liberación de las partes involucradas. (…) En la liquidación constarán acuerdos, conciliaciones y transacciones que ponen fin a discrepancias, permitiendo a las partes declararse en paz y salvo. La obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de ejecución sucesiva, aquellos en los cuales el objeto se realiza en etapas, así como en otros casos que lo requieran (art. 60 de la Ley 80 de 1993). La liquidación puede ser de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), unilateral por parte de la administración, o incluso judicial. La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, derivada de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Esta forma de liquidación constituye un auténtico contrato jurídico, un pacto negociado entre partes legalmente capacitadas, regido por las normas que garantizan el consentimiento libre de defectos como el error, la fuerza y el dolo (arts. 1502, 1508 a 1516 del CC). El propósito de este acuerdo es poner fin al contrato, definiendo los créditos y deudas recíprocas. Ante el fracaso en la liquidación bilateral, la Administración tiene la facultad de realizar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a recursos legales y control judicial. En ausencia de ambas modalidades, ya sea por inexistencia total o parcial, o por la pérdida de efectos vinculantes debido a nulidad, corresponde al juez del contrato proceder a la liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación de los contratos, propósito, clases y presupuestos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1502, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1508 A 11516, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / RELACIÓN CONTRACTUAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Tratándose del acta de liquidación bilateral parcial, o de otrosíes, acuerdos modificatorios y otros acuerdos parciales, es posible aplicar el criterio, según el cual, son necesarias las salvedades concretas y específicas?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre la exigencia de salvedades concretas y específicas, esta Corporación ha sostenido que, en los contratos a los que son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993, para que puedan ser acogidas las pretensiones contractuales elevadas por alguna de las partes luego de la liquidación bilateral del contrato, el interesado debe haber formulado salvedades –concretas y específicas– en el acta de liquidación, con el fin de determinar las razones de su inconformidad. Ello es así, porque es la misma Ley 80 de 1993, en el artículo 60, la que establece el efecto de la decisión de las partes de declarar terminada su relación contractual a paz y salvo. No obstante, tratándose del acta de liquidación bilateral parcial que tiene por objeto el cruce de cuentas de una etapa determinada del contrato, o de otrosíes, acuerdos modificatorios y otros acuerdos parciales, no es posible aplicar el criterio, según el cual, son necesarias las “salvedades” concretas y específicas. Esa exigencia es propia del acta de liquidación definitiva que se realiza con fundamento en la ley de contratación pública, la cual supone el cierre integral y final de todo tipo de relación surgida en la ejecución del contrato. (…) En ese sentido, y como no se pueden desconocer los acuerdos de las partes, el juez deberá analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción de dicho acuerdo y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron durante la ejecución del contrato –como prórrogas, adiciones o suspensiones–, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas. (…) Para la interpretación del contrato y sus modificaciones, el juez debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aun siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exigencia de salvedades en el acta de liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 11689, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Con relación a la interpretación del contrato, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 2020, rad. 11001-31-03-019-2011-00361-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de febrero de 2008, rad. 2001-06915-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 14 de febrero de 2000, rad. 5577; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1 de agosto de 2002, rad. 6907.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN LITERAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
OBITER DICTUM
En la interpretación de los contratos –y el pliego de condiciones es un documento contractual de enorme significación que lo integra– prevalece la voluntad interna y no la voluntad declarada (artículo 1618 del CC), dado el carácter relativo de los contratos (vincula solo a las partes). De ahí que no puede apelarse –como sucede con las leyes– a una interpretación textual, sino que es preciso desentrañar la intención de los contratantes. Además, en los contratos, prevalece la interpretación que prefiere el efecto útil, es decir, aquella en que el sentido de una cláusula que pueda producir algún efecto debe preferirse a aquel en que no sea capaz de producirlo (artículo 1620 del CC) [principio de conservación o favor contractus]. Las ambigüedades, de presentarse, deben ser superadas a partir de la intención de las partes, debido a que, la ley y el contrato tienen dos puntos de partida para su interpretación bien distintos. (…) [E]l pliego de condiciones constituye un imprescindible marco de referencia tanto para el proceso licitatorio como para la ejecución del contrato. Los pliegos son a la vez expresión del principio de planeación, que propende por la selección objetiva y del principio de economía, con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (artículo 25 de la Ley 80 de 1993). Salvo que las exigencias allí contenidas sean ineficaces de pleno derecho (artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993) o que impidan la selección objetiva (artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993), deben respetarse por la Administración y los proponentes deben ajustar sus propuestas a las exigencias allí edificadas, de cara a la planeación que la entidad realizó antes de su elaboración. La Sala recuerda que el “principio de planeación” se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, lo que significa que es una carga que compromete a la entidad. Respecto del contratista, son exigibles cargas de corrección y lealtad durante la formación del contrato, conforme a los artículos 1603 del Código Civil y 863 del Código de Comercio. (…) El contratista no puede desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad contratante, porque esas cargas derivadas de la buena fe precontractual, se proyectan en la forma en que se analizan las obligaciones que surgen de la celebración del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la interpretación de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 1998, rad. 11966, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 26 de agosto de 2015, rad. 28507, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre el concepto de Administración, Imprevistos y Utilidades -AIU-, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de septiembre de 2018, rad. 2018-00124-00, C. P. Edgar González López.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1620, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25
LICITACIÓN / REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / PLIEGO DE CONDICIONES / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO UNITARIO / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se acreditó que el componente socioambiental fue artificialmente bajo en el valor del contrato, lo que generó sobrecostos al demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
Con base en lo expuesto, se aprecia que la entidad estimó los valores oficiales del presupuesto de la licitación y entre ellos los valores oficiales del componente socioambiental. En el cuadro B del anexo 2 del pliego quedaron consignados los elementos que hacían parte del componente socioambiental, entre ellos, un residente ambiental y la señalización de las zonas a intervenir, aspectos que, según la sección 9.5 del pliego, no estaban incluidos dentro de los costos ambientales. (…) [L]a Sala considera que, si bien el residente ambiental y el plan de manejo de tránsito (PMT) no se encontraban incluidos en el monto global pactado para el componente socioambiental (…), y en todo caso era obligatoria la presencia del uno y la ejecución del otro (…), dichos costos debían estar incluidos en el rubro de administración (A) del AIU, porque, de conformidad con las especificaciones de los valores de la etapa de construcción (…) y el memorando STAA-1600-31096 del 9 de junio de 2003 (…), que discriminó y autorizó los precios del proceso licitación y a partir de los cuales se estructuró el pliego, el AIU debía estar calculado dentro de cada valor unitario propuesto y estos debían incluir, a su vez, los costos ambientales y sociales, lo que permite concluir que aquellas actividades del componente socioambiental que no quedaban cubiertas por el precio global fijo debían incluirse y asumirse con el rubro de administración del AIU. (…) Lo hasta aquí expuesto desestima la apreciación de la parte demandante (…). Su actuación necesariamente debió estar soportada en diferentes estudios y análisis dentro de los cuales se destacan las condiciones del mercado que le imponían analizar la formulación de los precios de acuerdo con la realidad económica del bien o servicio que se pretende contratar. La Sala reitera que el comportamiento de las partes contratantes desde la preparación del contrato y hasta su finiquito debe ser ajustado al ordenamiento y a los postulados de lealtad y corrección. Como complemento de lo anterior, la Sala advierte que el IDU se obligó a pagar el valor del componente socioambiental bajo la modalidad de precio global fijo, según se desprende de la cláusula tercera del contrato y el anexo n°. 2 del pliego de condiciones. Al respecto, existen distintas modalidades de pago del valor del contrato: a precio global, a precios unitarios, por administración delegada, reembolso de gastos y pago de honorarios. Aunque no están previstas de forma expresa en la Ley 80 de 1993, a diferencia del Decreto 222 de 1983, permiten cuantificar los costos de la obras o servicios necesarios para la ejecución del contrato (art. 24, ordinal 5º, literal c). (…) [E]n el proceso se acreditó que tanto el pliego como el contrato definieron los valores asignados al componente socioambiental y los elementos a implementar. Ello indica, entonces, que no puede prosperar la pretensión de la demanda relativa a los sobrecostos por la implementación del componente socioambiental derivado de los valores artificialmente bajos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983, LEY 80 DE 1993
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija. En estos, el contratista es el único responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales. En el contrato a precio global se entienden incluidos todos los costos, directos e indirectos, en los que incurra el contratista y, por ende, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no contempladas. Ello no obsta para que el contratista reclame por hechos que a su juicio desequilibren la ecuación financiera del contrato (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿El dictamen pericial constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala considera que el dictamen pericial no permite concluir la configuración de sobrecostos (…). El artículo 233 del CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto o lo dicho por alguna de las partes involucradas en el litigio, sino en un verdadero análisis de la causa del daño o perjuicio y sus efectos. El análisis de la causa brinda firmeza al dictamen y constituye un soporte que ofrece respaldo a sus conclusiones. El artículo 241 del CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito, de allí que resulte relevante el análisis de la causa del daño o del perjuicio en el dictamen pericial. (…) [L]a Sala advierte que el dictamen pericial tiene falencias graves en la precisión y la calidad de sus fundamentos. En esencia, porque el experto se limitó a transcribir el cuadro contenido en la demanda que detalla los valores que presuntamente fueron pagados por el contratista, sin explicar por qué estimó que ese porcentaje correspondía en su totalidad al componente socioambiental. De manera que no tiene fundamento ni da cuenta de las razones de su operación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se estableció que dentro del valor del acta nº. 20 de mayores cantidades de obra, se incluyó un rubro para el componente socioambiental?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte actora esgrimió que el acta n°. 20 de mayores cantidades de obra cobijó los meses de febrero a abril de 2005, pero no quedaron consignadas partidas de pago para los aspectos social y ambiental. (…) Valoradas las pruebas en conjunto, la Sala concluye que el acta nº. 20 de mayores cantidades de obra previó una suma para la implementación del componente socioambiental la cual, además, fue pagada en su totalidad por la entidad. Si bien para la fecha de las comunicaciones del interventor –noviembre de 2005– el componente socioambiental se encontraba pendiente de pago, conforme al acta n°. 48 de liquidación parcial de la etapa de construcción suscrita por las partes el 8 de octubre de 2007 (…), que contiene la relación de pagos y el estado de ejecución del contrato, la entidad pagó por la etapa de construcción un total de (…) que se discriminan de la siguiente manera: i) valor inicial de la etapa de construcción (…); ii) adiciones a la construcción (…) y iii) por mayores cantidades de obra (…), suma que corresponde al valor total del acta n°. 20 en la cual, se reitera, se incluyó un rubro para el componente socioambiental. Por todo lo anterior, la Sala estima que no le asiste razón al demandante al reclamar el valor del componente socioambiental derivado del acta n°. 20, fundamentalmente porque quedó demostrado que dicho rubro sí se contempló dentro del valor total del acta (…), además, fue pagada en su totalidad, según da cuenta el acta n°. 48 de liquidación bilateral parcial. Ahora, como se acreditó que la entidad pagó las sumas correspondientes a las mayores cantidades de obra que incluían el componente socioambiental que debía al contratante, no resulta procedente la pretensión segunda de la demanda relacionada con el reclamo de intereses moratorios y remuneratorios por dichas sumas (1608 del CC).
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608
ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / BUENA FE CONTRACTUAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE CERTEZA DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La demandante acreditó que el precio del componente socioambiental acordado en el adicional No. 3, fue demasiado bajo y le generó mayores costos en su implementación?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el valor acordado en el “adicional n°. 3” por concepto del componente socioambiental estuvo “muy por debajo” del costo real en el que incurrió el contratista por la implementación del componente socioambiental. (…) El principio de normatividad de los contratos (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades estatales que se rigen por la ley 80 de 1993, por mandato del artículo 13 de esa ley. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 del CC), que aparece claramente en la modificación del contrato del 30 de diciembre de 2004 y su otrosí del 3 de mayo de 2005, permite concluir que estipularon, por concepto de la primera ampliación del plazo de la etapa de construcción, una adición al valor del contrato para atender la terminación de las obras, que cubrió los costos ocasionados por la implementación del componente socioambiental. (…) [L]a Sala concluye que no es posible dar por sentado que los sobrecostos que la parte actora alega le fueron causados, estén demostrados y asciendan a la suma indicada por el perito en la medida en que (…), el dictamen no es sólido, claro y exhaustivo, porque no da cuenta, con esas características, del fundamento de sus conclusiones.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE CERTEZA DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó que los mayores costos por el aumento del precio del acero durante la etapa de construcción, impactó el equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El dictamen pericial no confrontó, relacionó, mencionó o comparó las facturas de venta de CYRGO S.A. y AGOFER S.A., por lo cual no es posible establecer cuánto, de qué calidad, de qué tipo y a qué precio se compró el acero de refuerzo; por consiguiente, no era suficiente con indicar cuál había sido la evolución del precio del acero, sino que debían probarse las condiciones en las que se adquirió dicho insumo. Como no existe constancia real de la totalidad del acero que el contratista adquirió para la ejecución de la obra, no puede tenerse por cierto que se causaron sobrecostos que impactaron el equilibrio económico del contrato, por cuanto se desconoce cuándo fue comprado y a cuánto ascendió su valor. Como complemento de lo anterior, tampoco está demostrado que lo que el contratista pagó por el incremento del precio del acero fuera superior al porcentaje de imprevistos que hizo parte del AIU. En efecto, se habría podido afectar el “I” del AIU si los mayores costos en los que el contratista incurrió no impactaron el equilibrio económico del contrato, en la medida en que el rubro de imprevistos del AIU cubre aquellos que, incluso, pudiendo provenir de una causa anormal y extraordinaria, no impactan drásticamente la ecuación del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de septiembre de 2018, rad. 2018-00124-00, C. P. Edgar González López.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede negar la liquidación judicial del contrato, toda vez que no hay pruebas que permitan determinar con precisión las acreencias pendientes en favor y en contra de cada uno de los contratantes con ocasión a la ejecución de la etapa de mantenimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se pidió que se decretara la liquidación judicial del contrato. Como quedó acreditado que la etapa de construcción del contrato de obra n°. 209 de 2003 fue liquidado por las partes (…), la Sala entiende que la demanda se refiere a la liquidación judicial de la etapa de mantenimiento. No obstante, en el proceso no obra documento alguno referente a esta etapa, de modo que se desconoce en qué proporción fue ejecutado el objeto contractual y qué sumas verdaderamente se adeudan entre las partes. En efecto, no se cuenta con el acta de inicio, las actas de entrega, ni tampoco el acta de terminación de la etapa de mantenimiento. Como no hay pruebas que permitan a la Sala determinar con precisión las acreencias pendientes en favor y en contra de cada uno de los contratantes con ocasión a la ejecución de la etapa de mantenimiento, la Sala negará esta pretensión.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTIO IN REM VERSO / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO / CONTRATO PÚBLICO / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTRATO DE OBRA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿Es Procedente la reclamación subsidiaria por enriquecimiento sin causa dentro de la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda adujo, como pretensión subsidiaria, que la entidad se había enriquecido injustamente. La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial. En el ámbito de esta jurisdicción, una pretensión en ese sentido supone plantear una controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa), como lo reconoció esta Corporación en sentencia de unificación. Así, la acción de enriquecimiento sin causa dejó de ser subsidiaria de la acción contractual y, en el ámbito de los contratos públicos, es una pretensión principal de reparación directa. En consecuencia, vía pretensión extracontractual de enriquecimiento sin causa, no es viable reclamar que la obra ejecutada costó más de lo que recibió el contratista, porque esta circunstancia se deriva del contrato, esto es, tiene una causa para la cual, además, la ley procesal –Código Contencioso Administrativo– reguló una acción particular. Como el supuesto desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato de obra n°. 209 de 2003–, que fue perseguida a través de la acción contractual, no es procedente la reclamación por enriquecimiento sin causa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1986, rad. 3785, C. P. Jorge Valencia Arango; sentencia de 7 de junio de 2007, rad. 14669, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de noviembre de 2004, rad. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 10 de diciembre de 2021, rad. 47629, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas.