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IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS

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Consejo de Estado Providencia

Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista.

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020220058101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo… ¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal… ¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas… ¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El conteo de la caducidad debe incluir dos meses contados a partir del plazo para la liquidación bilateral.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150202901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado? ¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales? ¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Consejo de Estado Providencia

La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020050240101 ACCION CONTRACTUAL
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve: ¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión? ¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del… ¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve: ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de… ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo? ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para juzgar los actos administrativos contractuales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020210033701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019… ¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro… ¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100019930760701 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso? ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma… ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020040042601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción… ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello… ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: se comparte la decisión de la Sala consistente en revocar la sentencia apelada y, declarar el incumplimiento contractual

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170186301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se comparte la decisión de la Sala consistente en revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar el incumplimiento contractual de la demandada? Sí
Si bien comparto la decisión de la Sala consistente en revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar el incumplimiento contractual de [la sociedad demandada], no acompaño la condena al pago de perjuicios impuesta… . En la medida en que las sumas de dinero reclamadas por el municipio de Chía no corresponden a pérdidas o ganancias o provechos dejados de reportarse directamente “a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”, sino simplemente a gastos en que ha incurrido la entidad con ocasión de obligaciones dinerarias que adquirió y ha ejecutado en virtud del contrato de arrendamiento financiero leasing… y de otros negocios jurídicos celebrados para la “verificación de cumplimiento del contrato”