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¿Puede una entidad estatal, con fundamento en una cláusula residual de obligaciones de un contrato de prestación de servicios profesionales o en las facultades generales de supervisión, asignar unilateralmente al contratista, mediante memorando u otra orden interna, actividades sustanciales no previstas en el objeto ni en las obligaciones pactadas, como el apoyo a la supervisión de otros contratos, o dicha asignación exige la modificación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes…
El contratista no puede ser asignado unilateralmente por la entidad estatal a realizar actividades sustanciales no previstas en el contrato, como el apoyo a la supervisión de otros contratos, ya que estas actividades deben estar contempladas en el objeto y obligaciones del contrato o ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes, conforme a la formalidad y justificación exigida por la ley. La cláusula residual de obligaciones no puede ser utilizada para imponer roles sustanciales y autónomos no previstos, y la firma del contratista en un memorando no sustituye las formalidades requeridas para una modificación contractual. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la necesidad de un acuerdo mutuo y la formalidad en la modificación de contratos estatales, lo que implica que cualquier asignación de nuevas obligaciones debe seguir rigurosamente los procedimientos legales para evitar irregularidades y sanciones.síntesis automática
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¿Es factible realizar modificaciones a los contratos estatales al momento de su terminación?
Las modificaciones de un contrato estatal solo pueden realizarse mientras subsista su vigencia, pues no es posible modificar un contrato cuyo plazo ya culminó, y no se admiten prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas por ser contrarias a la libre competencia. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el plazo de vigencia equivale al plazo de ejecución, y mientras subsista la obligación de liquidar el contrato su vigencia no ha finalizado. Por ello, los ajustes de fecha final o de valor al momento de la terminación deben ubicarse dentro de ese lapso y respetar los límites de orden temporal, formal, material y axiológico que la doctrina y la jurisprudencia han estructurado, entre ellos los principios de planeación, selección objetiva, transparencia e igualdad. Adicionalmente, como el SECOP II es la plataforma autorizada para gestionar la actividad contractual, toda modificación debe adelantarse en esa plataforma en tiempo real. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia estos límites para la gestión de la terminación del contrato.síntesis automática
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¿Constituye un derecho del contratista del que puede hacer legítimo uso cuando lo considere necesario?
¿Puede una entidad estatal negarse aceptar incluir en el respectivo documento (v.gr. otrosíes, suspensiones, modificaciones, actas de terminación parcial y/o de terminación final y actas de liquidación) la observación, salvedad o inconformidad que tenga un contratista con el argumento de que el formato que maneja la Entidad del respectivo documento (actas) no admite que el contratista deje planteada ninguna salvedad y que por ello, no se puede aceptar lo que solicita el contratista.
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Quisiera consultar si una contratista en estado de embarazo vinculada por medio de contrato de prestación de servicios, se le debe renovar el contrato que se le vence en el mismo día que inicia su licencia de maternidad, con el mismo objeto o puede la entidad acordar con la contratista la celebración de un contrato nuevo con objeto contractual diferente pero con las mismas condiciones respecto de valor y actividades similares?
Quisiera consultar si una contratista en estado de embarazo vinculada por medio de contrato de prestación de servicios, se le debe renovar el contrato que se le vence en el mismo día que inicia su licencia de maternidad, con el mismo objeto o puede la entidad acordar con la contratista la celebración de un contrato nuevo con objeto contractual diferente pero con las mismas condiciones respecto de valor y actividades similares?
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¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
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¿Es factible realizar modificaciones a los contratos estatales posterior a su terminación?
No es posible modificar un contrato estatal después de su terminación. El Estatuto General de Contratación no regula de forma expresa la modificación de los contratos, salvo la potestad de modificación unilateral del artículo 16 y los porcentajes de adición del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Como no existe un marco que la restrinja de manera general, las entidades pueden modificar un contrato cuando la necesidad se evidencie en el caso concreto, dentro de los límites que fijan la jurisprudencia y los principios aplicables. Esos límites comprenden los de orden temporal, formal, material y axiológico. Entre los temporales se encuentra la vigencia del contrato, de modo que no podría modificarse un contrato cuyo plazo de ejecución ya haya vencido. La regla general de que los contratos se ejecutan en las condiciones pactadas inicialmente se justifica porque esas condiciones fueron definidas con observancia de los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Como consecuencia práctica, la entidad debe realizar cualquier modificación durante la vigencia del contrato y dentro de esos límites, pues después de la terminación no es procedente.síntesis automática
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INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA,NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL,CONDENA EN ABSTRACTO,MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL,RESTITUCIÓN DE MUTUAS – Deber del juez,Relación contractual,Declaración judicial,Nulidad absoluta del contrato,Procedencia,Celebración de contratos – Mes: septiembre – Año: 2018…
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¿Está obligado un pensionado de las Fuerzas Militares contratado mediante prestación de servicios a cotizar a pensión, además de salud y riesgos laborales, o existe alguna excepción?
El contratista persona natural pensionada que celebra un contrato estatal mediante prestación de servicios debe seguir aportando al sistema de salud, porque la norma no la excluyó de esa obligación. Según la postura expuesta, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 exige a quien celebra, renueva o liquida contratos con entidades públicas cumplir con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, y la obligación de cotizar a pensiones cesa únicamente cuando la persona accede a la pensión mínima de vejez o se pensiona por invalidez o de manera anticipada. La verificación cambia según el tipo de contratista: tratándose de una persona natural, la entidad comprueba el pago durante la ejecución, cuando se realizan los pagos del contrato, mientras que la persona jurídica debe aportar el comprobante con la oferta. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el pago de los aportes a salud y riesgos laborales en cada pago del contrato, y solo puede omitir el aporte a pensiones en las hipótesis que la norma prevé.síntesis automática
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¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? No
No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad…¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades…¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019203LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA únicamente desarrolló en el artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum? Sí
El CPACA únicamente desarrolla en su artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum, lo que significa que no aborda el litisconsorcio cuasinecesario, para el cual debe aplicarse el artículo 62 del Código General del Proceso. La Sala determina que la aseguradora no puede ser vinculada como litisconsorte cuasinecesario ni como tercero, dado que no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que la afecte, y que la solicitud de su intervención llegó después del plazo establecido por el CPACA. Esta decisión reitera la interpretación restrictiva del artículo 224 del CPACA y limita la posibilidad de vincular a terceros en casos similares, afectando la estrategia procesal de aseguradores en controversias contractuales estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los efectos jurídicos de la sentencia no se extenderían a la aseguradora, en la medida en que en el presente asunto no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que…¿La vinculación de la aseguradora no se puede hacer tampoco como tercero, dado que la solicitud se debía realizar desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profería el auto que fija…
¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia? Sí
Cuando el contratista celebra acuerdos adicionales, actas de suspensión, prórroga o liquidación sin formular salvedades y sin alegar vicio en su consentimiento, no puede luego reclamar perjuicios por el desequilibrio económico que esos mismos acuerdos asumieron. La regla se sostiene en tres razones: la fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados libremente impide contravenir sus alcances; la buena fe objetiva exige al contratista expresar oportunamente sus reclamos; y las modificaciones, adiciones y otrosíes posteriores forman parte del negocio y deben ser tenidos en cuenta por el juez. En el caso, las diferencias patrimoniales que el contratista reclamó fueron negociadas y transadas en actos adicionales al contrato de obra, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia aclara que su fundamento principal no es el deber de formular salvedades, sino la existencia de esos negocios jurídicos adicionales; la consecuencia práctica es que el contratista debe revisar cada acta y otrosí antes de firmarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato?¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por…¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar…
¿Resulta procedente la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa al titular de un contrato de concesión minera por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, dada la falta de delimitación del área del Contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la Autoridad Nacional Minera (ANM) no estaba obligada a delimitar el área del contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía, y el contratista conocía la existencia de traslapes con terrenos destinados a un proyecto de utilidad pública. Además, la ANM no estaba obligada a inscribir en el Registro Minero Nacional el acto administrativo que declaró como de utilidad pública e interés social los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico, y el contratista no solicitó a la ANM que definiera el área del contrato. Por lo tanto, la Sala reitera que el incumplimiento del contrato no puede justificarse por la falta de definición del área del contrato, y que la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación debe ser condenada en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La supuesta falta de definición del área del contrato habilitaba al titular minero para dejar de cumplir las obligaciones a su cargo?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Las salvedades incorporadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 611 de 2015 son extemporáneas debido a que fue el mismo contratista que en múltiples ocasiones solicitó contratos modificatorios o actas contractuales y en los mismos no reclamó sobrecostos, lo cual vulnera el principio de buena fe contractual? Sí
El contratista está obligado, en virtud de la buena fe objetiva, a dejar consignadas sus salvedades en los documentos contractuales que modifiquen el negocio jurídico inicial, como suspensiones, otrosíes o adicionales, y no puede reservarlas para el acta de liquidación bilateral. La regla se apoya en que esas modificaciones son el momento en que las partes deben dejar constancia de los reclamos, y en que la omisión de esa constancia en los documentos previos afecta la oportunidad de las salvedades. Por ello, el juez debe verificar el objeto del documento en el que se consignaron las salvedades. En el asunto, la sociedad demandante no acreditó el incumplimiento ni el desequilibrio alegados en la demanda, y la Sala confirmó la sentencia que declaró extemporáneas las salvedades incorporadas en el acta de liquidación. En la práctica, las reclamaciones del contratista deben formularse en los documentos que modifican el contrato y no solo en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista cumplió con la carga probatoria de acreditar los supuestos de hecho del incumplimiento y del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda?¿Procede condenar en costas a la parte demandante por ser la vencida en este caso?
68001233300020160056501 de 20252025-06-20Rad. 68001233300020160056501
En el marco de las transacciones negociales, las personas naturales y jurídicas y, entre ellas las entidades que conforman el aparato estatal, se obligan a través de los contratos a llevar a cabo obligaciones de dar, hacer o no hacer, las que se convienen bajo unas condiciones estimadas y según un análisis de costo-beneficio. Ahora bien, el Consejo de Estado también se ha referido a aquellos casos en que, a propósito de una modificación del contrato de obra, se incorporan nuevas obligaciones, para lo cual distinguió los conceptos de obras adicionales de las mayores cantidades de obra, en el sentido de que las primeras se generan cuando se adicionan actividades que no formaban parte del objeto contractual, mientras que las segundas se dan en casos de contratos pactados bajo la modalidad de precios unitarios y en los que el valor ejecutado de los ítems sobrepasa los cálculos efectuados inicialmente.
También resuelve:Incumplimiento contractual: nulidad, controversias contractualesLiquidación del contrato: término, acuerdo de voluntadEntidades que conforman el aparato estatal: obligaciones contractuales
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020160183402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos por medio de la cuales se declaró incumplido del contrato, la ocurrencia del siniestro del contrato de compraventa y se ordenó la liquidación del mismo, al observarse falsa motivación por haberse desconocido el contrato modificatorio donde se acordó entre las partes el precio de las unidades que el contratista debía entregar? Sí
Los actos que declaran el incumplimiento de un contrato y ordenan su liquidación son nulos por falsa motivación cuando recalculan el precio de las unidades desconociendo el contrato modificatorio en el que las partes lo fijaron. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la entidad volvió a tasar el valor de los vehículos para 2009 pese a que las partes habían firmado un modificatorio para ese efecto. La segunda es que el cálculo de 2010 no aplicó el valor pactado en ese modificatorio. La tercera es que, si la entidad consideraba que el contratista la indujo en error con la guía de valores, debía demandar la nulidad del contrato modificatorio y no recalcular los precios. En el caso concreto, la Sala confirma la nulidad de los actos. Respecto de la prueba pericial, el dictamen no debía considerarse para calcular la condena, porque el perito no explicó el origen de sus cifras ni aportó soporte alguno. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial debió considerarse para¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y reconocer intereses moratorios a los interesados, cuando se observa que la cláusula penal perdió vigencia por la declaratoria de…¿Resulta procedente que en el cruce de cuentas que se realiza en la liquidación judicial del contrato, se excluya del pago a cargo de la demandada el abono que hizo al contratista…
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, evitando así la caducidad del medio de control. La Sala establece que el término para presentar la demanda vence dos años después de la firma del acta de liquidación, y en este caso, la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2022, antes de la fecha límite del 21 de diciembre de 2023, sin considerar el tiempo en que el término estuvo suspendido por la conciliación previa. Además, la Sala precisa que para que una salvedad en el acta de liquidación sea válida y prospere, debe establecerse de manera clara y concreta los motivos de inconformidad, y no basta con una salvedad abstracta o genérica. En este caso, la salvedad que el contratista incluyó en la acta de liquidación no cumplió con esta exigencia, y una posterior salvedad unilateral no fue tenida en cuenta. Asimismo, el contratista no estaba obligado a demandar la nulidad del acto administrativo que negó la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico, ya que la causa de las pretensiones radicaba en la liquidación bilateral del contrato. Por último, el contratista no estaba obligado a incluir salvedades en los modificatorios del contrato celebrados de común acuerdo, ya que no se transigieron los costos adicionales por la pandemia del COVID-19 en dichos documentos.síntesis automática
También resuelve:¿Para la validez y prosperidad de la reclamación económica estipulada como salvedad en el acta de liquidación, debe establecerse de forma clara y concreta los motivos de inconformidad?¿El contratista debía solicitar la nulidad del acto contenido en el del oficio no. 202230063749 del 21 de febrero de 2022…¿El Consorcio estaba obligado a incluir salvedades en los modificatorios del contrato, celebrados de común acuerdo?