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INTERVENTOR

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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se negará la solicitud presentada por la parte demandada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020180111402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de aclaración presentada por la parte demandada cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para que el juez pueda aclarar, corregir o adicionar la sentencia, considerando que la decisión ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva? No
El juez no puede aclarar, corregir o adicionar una sentencia cuando ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. En este caso, la sentencia ya incluyó el rubro solicitado por la parte demandada en la parte motiva, por lo que la solicitud de aclaración no cumple con los presupuestos establecidos para tal procedimiento. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la aclaración solo es procedente en casos de errores u omisiones en la sentencia o cuando existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Esta decisión limita la posibilidad de que las partes soliciten aclaraciones innecesarias o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020180015602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe? ¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No hay lugar a declarar el incumplimiento contractual

Sentencia — Sentencia 2026-06-26 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON Rad. 25000233600020150123600 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar el incumplimiento contractual de la Consorcio Interventoría Hospital Meissen respecto del Contrato 0176 de 2006 que tuvo por objeto “la Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción, ampliación, intervención del espacio público y suministro de equipos para Hospital de Meissen II Nivel ESE”? No
No procede declarar el incumplimiento del interventor cuando este ejecutó las obligaciones de interventoría técnica, administrativa y financiera y la parte demandante no acreditó la atribución de la obligación incumplida ni existió requerimiento durante la ejecución. La regla se sostiene en tres razones: los informes, las actas de comité de obra y los requerimientos al contratista de obra demuestran que las obligaciones de control fueron cumplidas y comunicadas a la entidad contratante; la alegación de dolo y concertación entre el interventor y el contratista carece de prueba y se reduce a afirmaciones sin sustento; y sin incumplimiento declarado no existe solidaridad entre los integrantes del consorcio, sobre todo cuando la demandante renunció a demandar a las personas naturales. Por ello, las pretensiones de declaratoria de incumplimiento, de solidaridad y de ocurrencia de siniestros carecen de fundamento. La negativa de las pretensiones se fundamenta en la prueba del cumplimiento de la interventoría.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020160026502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Sí
El contratista puede presentar reparos contra la sentencia de primera instancia y el juez de segunda instancia debe emitir pronunciamiento de fondo siempre que se cumplan los presupuestos procesales del medio de control y no se configure ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, lo que implica que el juez debe analizar los argumentos específicos presentados en el recurso de apelación. En otro caso, el contrato celebrado entre Emcali y el concesionario puede ser modificado durante su vigencia siempre que se acuerde sobre su objeto y contraprestación y sea firmado por las partes, considerándose perfeccionado cuando se alcance este acuerdo. La Sala reitera que la modificación del contrato debe ajustarse a las cláusulas pactadas y a la regulación del derecho privado, y no confundir mayor cantidad de obra con obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, lo que tiene implicaciones en la determinación del pago correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos… ¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera… ¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probaron las mayores cantidades de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación? ¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista? ¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210026801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada oportunamente? ¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría? ¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”.

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170091102 LEY 1437 REPETICION
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad? No
La responsabilidad del interventor en la acción de repetición se evalúa dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, y que su concepto no compromete por sí la voluntad de la entidad contratante, de modo que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con su conducta concreta. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las obligaciones del interventor son de control y vigilancia sobre la ejecución de otro contrato, y no incluyen la representación de la voluntad de la entidad. Segunda, cuando los hechos son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, las disposiciones sobre dolo y culpa grave de esa ley no se aplican, y el análisis se apoya en la Constitución y el Código Civil. Tercera, la demandante no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del interventor, indispensable para la repetición. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el concepto negativo de un interventor sobre la adquisición de un predio no basta, por sí solo, para atribuirle culpa grave si la entidad no acredita su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve: ¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales? ¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público? ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Obligaciones condicionales: el establecimiento de una condición suspensiva es posible en cualquier clase de negocio jurídico

25000233600020210004301 de 2025 2025-05-30 Rad. 25000233600020210004301
Es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva, sin que por ello mute su naturaleza a la de un contrato aleatorio. Las obligaciones del contrato de interventoría consisten en seguir, verificar y promover la correcta ejecución de otro contrato. Es por lo anterior que el interventor no asume la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual realiza la vigilancia técnica, eso corresponde al contratista del otro negocio jurídico; de manera que si éste incumple no significa automáticamente que aquél también lo haya hecho, en cada caso tendrán que analizarse las obligaciones que a cada uno corresponde, pues, aunque relacionados entre sí en función de la consecución de la finalidad pública que se pretenda satisfacer, se trata de dos negocios jurídicos autónomos e independientes.
También resuelve: Obligaciones condicionales: acontecimiento futuro e incierto, obligaciones suspensivas, naturaleza Obligaciones suspensivas: definición, condiciones suspensivas, suspensión del nacimiento de la obligación, exigibilidad Condición suspensiva: acuerdo de voluntades, contratos conmutativos, acaecimiento de la condición, no altera la naturaleza del contrato
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001234000020190014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato? ¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional? ¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Está probado que las contratistas determinaron que ese diseño no era viable

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 76001233100020100051701 ACCION CONTRACTUAL
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020170147301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas? ¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras? ¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Liquidación unilateral: se confirmará este punto de la decisión impugnada

25000233600020180111402 de 2025 2025-11-09 Rad. 25000233600020180111402
El contratista no puede reclamar por el restablecimiento del equilibrio económico ni por la liquidación unilateral del contrato, ya que el régimen jurídico aplicable es el derecho privado y no la Ley 80 de 1993, debido a que el contrato se celebró antes de la fecha en que entró en vigencia la normativa que modificaba el régimen contractual del Fondo de Adaptación. Además, la entidad estatal puede reconocer una mayor permanencia del interventor en la obra mediante un acuerdo de voluntades, siempre y cuando se interprete y aplique correctamente el contenido de las cláusulas contractuales y se respete la buena fe. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la aplicación del derecho privado en contratos celebrados por el Fondo de Adaptación, lo que implica que las partes deben ajustarse a las normas civiles y comerciales para resolver controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 153 de 1887 artículo 38, Decreto 4819 de 2010, derecho privado, Ley 80 de 1993
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato

Sentencia — Sentencia 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 25000232600020110079102 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra? ¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción… ¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160136901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el ¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente el llamamiento en garantía

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-08-03 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020180107801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente el llamamiento en garantía, teniendo en cuenta que la entidad contratante tiene derecho a que en el mismo proceso se resuelva su relación contractual con el interventor y con la compañía de seguros, y que, con base en la relación contractual derivada del contrato de interventoría y de la póliza de seguros, se defina si los llamados deben reembolsarle en caso de ser condenada? Sí
El contratista puede formular un llamamiento en garantía contra el interventor y la compañía de seguros en el mismo proceso, dado que la entidad contratante tiene derecho a que se resuelva su relación contractual con estos actores y se defina si deben reembolsarle en caso de ser condenada. Esta procedencia se fundamenta en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite que en la misma sentencia se resuelvan dos relaciones jurídico-procesales: la del contratista demandante contra la entidad demandada y la de la entidad demandada contra el interventor y la compañía de seguros. El juez del contrato tiene competencia para pronunciarse sobre las obligaciones del interventor y determinar si el pago del perjuicio está cubierto por la póliza de seguros, lo que implica que la regla reitera la admisión del llamamiento en garantía en casos similares, facilitando la resolución integral de controversias contractuales.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Debe declararse probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad

Sentencia — Sentencia 2024-10-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 63001233300020210013801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, dado que en la solicitud de la conciliación prejudicial no se incluyó ninguna pretensión relacionada con la declaratoria de nulidad de los actos expedidos por el Invías? Sí
El contratista debe agotar el trámite de conciliación prejudicial antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y esta debe incluir todas las pretensiones relacionadas con la declaratoria de nulidad de actos administrativos expedidos por la entidad estatal, como el Invías, para que la demanda sea procedente. Si en la solicitud de conciliación no se incluye una pretensión específica, como la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, la entidad estatal puede solicitar la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, lo que implica la inadmisión de la demanda. Además, las manifestaciones de voluntad emitidas por la entidad estatal durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado, por lo que no tienen la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Por último, la responsabilidad del Invías por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales relativas a diseños definitivos puede ser declarada si se acredita que la elaboración de nuevos diseños no estaba prevista en el contrato y se suscitó una controversia que fue resuelta mediante amigable composición, configurando así la cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve: ¿Las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución de un contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con… ¿Resulta procedente declarar la responsabilidad del Invias por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales relativas a los diseños definitivos para la ejecución de un contrato de suministro… ¿La obligación de complementar, actualizar y optimizar los estudios y diseños entregados por el Invías para la ejecución de la obra…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 44001233300020150021201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado… ¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal? ¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020110134401 ACCION DE REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses para cumplir la condena, y que el Consejo de Estado conoce de la apelación en esos procesos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y la apelación se rige por el artículo 150 del CPACA. Segunda, la condena se impuso bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001 y del Código Contencioso Administrativo, de modo que aplica el plazo de dos años del numeral 9 del artículo 136 del CCA. Tercera, el pago total se efectuó en la fecha acreditada, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes. La providencia confirma la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando la demanda de repetición se radica dentro de los dos años posteriores al pago total, la caducidad no prospera.síntesis automática
También resuelve: ¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad? ¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de… ¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término para interponer la acción de repetición es de dos años

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 81001233100020080010702 ACCION DE REPETICION
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve: ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001? ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo? ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
REVOCA