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¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
Las apelaciones de las sentencias que profieren los tribunales administrativos en controversias contractuales se conocen en segunda instancia por el Consejo de Estado, conforme al artículo 150 del CPACA. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 150 del CPACA atribuye expresamente esa competencia a la corporación. Segunda, el asunto es una controversia contractual sobre un contrato seleccionado por subasta inversa, en la que el demandante pretendía el restablecimiento de un desequilibrio económico. Tercera, al resolver la apelación, la Sala confirmó la negativa de las pretensiones porque el demandante no acreditó el desequilibrio económico alegado, conforme al artículo 167 del CGP, y pretendía que se declarara responsable a la administración por riesgos que le fueron asignados. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia, con condena en costas. Además, el demandante no presentó pruebas del desequilibrio distintas del propio dictamen, que contradecía sus pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó desequilibrio económico del contrato atribuible a la entidad contratante?¿Procede la condena en costas contra la parte a la cual se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La repetición solo opera en la medida en que se pueda imputar culpa grave o dolo al agente o ex agente estatal? Sí
La repetición solo opera en la medida en que pueda imputarse al agente o exservidor estatal culpa grave o dolo, pues no cualquier equivocación, error de juicio o actuación contraria al ordenamiento permite deducir responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, que condiciona el reembolso a esa imputación subjetiva, y en que la calificación de la conducta debe analizarse conforme a la normativa vigente al momento de la actuación u omisión que determinó el pago cuya recuperación se pretende. Este criterio ofrece garantías en el ejercicio de la función pública, porque reconoce que no cualquier error del servidor puede ser fuente suficiente de responsabilidad patrimonial. En el asunto, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que resolvió la acción de repetición. En la práctica, la entidad que pretende recuperar un pago debe demostrar la gravedad de la falla del servidor y no solo la existencia de un error.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante probó el dolo consistente en la desviación de poder de la ex Gerente de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en la adopción de la decisión que declaró insubsistente un…¿No procede la condena en costas en aquellos procesos en los que se ventila un interés público porque se busca la protección del patrimonio público?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta un medio de control de controversias contractuales dentro del término legal si la demanda se radica antes de que caduque el plazo establecido por la ley, considerando las suspensiones de términos por emergencias como la pandemia de COVID-19. En este caso, la demanda se presentó oportunamente el 6 de julio de 2021, después de que la acta de liquidación bilateral del contrato se suscribiera el 27 de diciembre de 2018 y la solicitud de conciliación se radicara el 17 de marzo de 2021, con la constancia de no conciliación expedida el 12 de agosto de 2021, lo que demuestra que el medio de control fue presentado dentro del término legal, reiterando la jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control en casos de emergencia sanitaria.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a reconocer el pago de unos gastos adicionales en los que incurrió la Imprenta Nacional de Colombia por concepto de bodegaje en Huila, Caquetá, Meta, Nariño, Cauca, Antioquia…¿Resulta procedente una condena en abstracto?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por haber sido vencida en el proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011.
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha del pago total efectuado por la entidad condenada?¿El régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición, se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena?¿La sola sentencia del proceso que dió origen a la condena resulta suficiente para encontrar demostrado el elemento subjetivo del medio de control de repetición?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
La demanda de controversias contractuales derivada de un convenio de asociación es oportuna cuando se presenta dentro del término legal contado desde la terminación del plazo de ejecución del convenio. La regla se apoya en dos razones. Primera, el plazo de ejecución del convenio culminó el 13 de noviembre de 2016, de modo que el término comenzó a correr desde esa fecha. Segunda, la demanda se presentó el 9 de junio de 2017, dentro del término legal. Con esa oportunidad resuelta, la Sala examinó el fondo: en el caso, la asociación no acreditó en debida forma la ejecución de las prestaciones a su cargo ni la inversión de los aportes recibidos, y el siniestro amparado por la póliza de cumplimiento se configuró. Por ello la providencia revoca la sentencia de primera instancia, declara el incumplimiento y ordena el reintegro del dinero. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaración de responsabilidad de la demandada por cuanto no ejecutó en debida forma las prestaciones a su cargo derivadas del convenio de asociación suscrito con el Ministerio de…¿La aseguradora debe asumir el valor de la cláusula penal pecuniaria pactada como estimación anticipada de perjuicios?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena?¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
¿Se acreditó la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición? No
El contratista no acredita la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición, ya que incumple con la carga procesal de probar este elemento esencial, lo que impide la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que para que proceda la repetición, es necesario demostrar la calidad de agente estatal del demandado, y en este caso, no se presentaron pruebas documentales como el acto de nombramiento o posesión, o certificación por parte del jefe de personal, que demuestren la vinculación laboral del demandado con el Estado en el momento de los hechos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y probatorios para ejercer el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe aportar pruebas concluyentes sobre la calidad de servidor público del demandado para que la acción sea procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene carácter patrimonial y deberá ejercerse en contra del servidor, consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿Para que proceda la repetición debe probarse la calidad de agente del Estado del demandado?¿La entidad demandante no aportó al plenario el acto de nombramiento o posesión del demandado, o certificación por parte del jefe de personal de la Armada Nacional?
¿Con los elementos de prueba allegados, es posible encontrar acreditado el elemento subjetivo en la conducta del agente para efectos del medio de control de repetición? No
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no sirven como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición, pues no aplican las presunciones de culpa y no son oponibles al demandado, que no fue parte en ese proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, esas providencias no contienen un reproche directo de la conducta del demandado, porque solo deciden no dar trámite a los recursos de reconsideración y no analizan ni mencionan su actuación. Segunda, el demandado no pudo ejercer su derecho de defensa frente a lo decidido en un proceso en el que no intervino. Tercera, la única argumentación de la demanda sobre la conducta del demandado se fundó en lo decidido en la nulidad, por lo que no se acreditó el elemento subjetivo. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. En cualquier caso, la prueba de la culpa grave debe partir de la conducta concreta del agente, no de la condena contra la entidad. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En relación con las sentencias de nulidad y restablecimiento, de las mismas no se desprende un reproche directo de la conducta del demandado?¿La única argumentación en la demanda en relación con la conducta del demandado se fundamentó en lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La demanda se presentó oportunamente?
¿En el marco del medio de control de repetición, se probó la actuación dolosa o culposa de las demandadas? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa o gravemente culposa de las demandadas en el marco del medio de control de repetición, ya que no acredita los supuestos de hecho necesarios para que operen las presunciones legales de dolo o culpa grave, y no se demuestra específicamente la conducta dolosa o gravemente culposa de las demandadas. La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción para que ésta tenga efectos jurídicos, y en este caso no se cumplió con este requisito. La Sala reitera que la repetición contra el agente estatal requiere que se demuestre la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, y que la entidad debe aportar pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena, lo cual en este caso se cumplió.síntesis automática
También resuelve:¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿Los elementos materiales probatorios allegados constituyen pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena?¿La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-12-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 76001233300020240056302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve:¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, dado que la cuantía del asunto y su naturaleza le confieren competencia a la corporación para resolver el recurso de apelación. Además, el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto oportunamente, considerando la suspensión de términos por la conciliación prejudicial y la pandemia del COVID-19, lo que implica que no ha operado la caducidad del mismo. Sin embargo, la liquidación judicial del contrato estatal no resulta viable debido a la insuficiencia probatoria, ya que el expediente no acredita el alcance real de la ejecución ni los soportes aportados fueron glosados en actos administrativos cuya legalidad no fue cuestionada, lo que implica la improcedencia de reconocer saldos al contratista en sede judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al 15 de junio de 2018…¿La liquidación del contrato tenía por finalidad establecer el estado económico final de las partes, determinar las acreencias y los saldos pendientes derivados de su ejecución y finiquitar el…¿Puede el juez liquidar judicialmente un contrato estatal y reconocer saldos al contratista cuando el expediente no acredita el alcance real de la ejecución y los soportes aportados fueron glosados…
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿El demandante para probar el elemento subjetivo únicamente allegó las sentencias de nulidad y restablecimiento las cuales no tienen la virtud de acreditarlo? Sí
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no acreditan por sí mismas el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues la demostración de la culpa grave o del dolo del agente debe fundarse en su propia conducta y en las circunstancias que la rodearon. Una razón es que en el caso la supresión del cargo se adoptó mediante decreto aprobado por un comité de evaluación de oficios, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales, de modo que la decisión administrativa tenía respaldo institucional distinto de la conducta individual del agente. Otra razón es que las sentencias que anularon esa supresión decidieron sobre la legalidad del acto, pero no describen un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor. Por ello el demandante no logró probar el elemento subjetivo y la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del servidor, y no basta con acreditar la existencia de una nulidad previa.síntesis automática
También resuelve:¿ De las sentencias de nulidad y restablecimiento se puede concluir que la actuación del demandado hubiera estado provista de dolo?¿En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo se deberá repetir contra él?¿Es posible en este caso adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento?
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿En el medio de control de repetición, se acreditó el actuar gravemente culposo del demandado? No
Cuando se reclama en repetición la culpa grave de un directivo por la enfermedad profesional de un subalterno, no basta con demostrar la enfermedad y su origen; debe probarse que el directivo conocía con anticipación la afectación de salud y omitió las medidas necesarias. La regla se apoya en tres razones. Primera, la prueba de la pensión de invalidez, el diagnóstico y la calificación de origen profesional no demuestran por sí solos un actuar gravemente culposo del demandado. Segunda, no existe evidencia de que, entre los años previos a la desvinculación, ya hubiera noticia de las disminuciones de salud y que estas fueran conocidas por el directivo. Tercera, el demandado sí puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombrar funcionarios y el alto volumen de trabajo de la seccional en varias oportunidades, lo que desvirtúa el reproche. En consecuencia, por ausencia de medios probatorios que evidencien culpa grave, se confirmó la decisión que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombramiento de funcionarios y advirtió el alto índice de trabajo que recaía sobre la seccional?¿Se probó la violación inexcusable de contenidos normativos por parte del demandado?¿El funcionario demandado se ocupaba periódicamente de administrar los horarios de los funcionarios bajo su cargo con la concertación de todos ellos en las respectivas reuniones?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un Tribunal Administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supere los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. La Sala confirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue competente para conocer del proceso en primera instancia por la naturaleza del asunto y la cuantía. Además, la oportunidad de la demanda inicial y las pretensiones adicionadas mediante reforma se evalúan en relación con la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad, según lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera su jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que implica que las pretensiones adicionadas se presentaron dentro del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al momento en que se configuró el daño alegado?¿Las pretensiones adicionadas mediante la reforma de la demanda, relacionadas con la aplicación de la cláusula novena del otrosí No. 16 del contrato de concesión No. 075 de 2007…¿Cumplió la parte demandante con la carga de probar los supuestos fácticos constitutivos del incumplimiento contractual y de los perjuicios reclamados…
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional de la Sala como juez de segunda instancia se limita a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley. La regla se apoya en dos razones. Primera, el artículo 328 del Código General del Proceso fija ese límite de manera expresa para el juez de segunda instancia. Segunda, el principio dispositivo atribuye al recurrente la delimitación del objeto de la impugnación con su formulación y sustentación. La providencia confirma la sentencia y aplica esta regla a la apelación formulada en el proceso de repetición, de modo que el análisis se restringe a los argumentos que el apelante propuso. En la práctica, los argumentos no planteados en el recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo que la ley autorice una decisión de oficio, por lo que el recurrente debe formular y sustentar cada reproche contra la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo dentro de un proceso de…¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿Cómo en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra del INVÍAS se produjeron el 7 de febrero de 1998, con la muerte de Ó.
¿La celebración del contrato estatal antes del vencimiento de los treinta (30) días extinguía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y limitaba a ese mismo término la reclamación de los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
El acto administrativo de adjudicación expedido antes de la celebración del contrato estatal puede demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Si el contrato se celebra antes de vencer ese término, la acción de nulidad y restablecimiento se extingue y la ilegalidad del acto debe invocarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el término de treinta días que ya había comenzado a correr. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, fija el término para demandar los actos previos al contrato; una vez suscrito el contrato, la ilegalidad de esos actos solo puede plantearse como causal de nulidad contractual; y la jurisprudencia distingue tres hipótesis según la oportunidad de la demanda frente a la celebración del negocio. Así se evita que la celebración del contrato impida el control de los actos de adjudicación. Como la demanda se presentó el 30 de octubre de 2003, el proceso se rigió por esa regulación, y la sentencia se modifica conforme a ella.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de nulidad del contrato 064 de 2003, fundamentada en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada oportunamente…¿Se acreditó que la propuesta de la Unión Temporal MSI Electring Ltda. era la más favorable para la administración y que, por tanto, debía ser adjudicataria del contrato?¿El hecho de que la Unión Temporal hubiera ocupado inicialmente el primer lugar en el informe de evaluación demostraba que debía ser adjudicataria?