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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta

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Fecha
2022-09-23
Radicado
25000232600020110138901
Número interno
68443
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ANDRES BRADFORD PERAZA, MARAN LTDA, UNIÓN TEMPORAL MARÁN
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta

Lo que dijo la Sala

El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato… , aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada. Para establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, corresponde dar aplicación a la regla prevista en el literal c) del numeral 10) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para aquellos eventos en los que el contrato de tracto sucesivo es liquidado bilateralmente, caso en el que los dos años se contarán desde la firma del acta. Está demostrado que el contrato… fue liquidado bilateralmente mediante acta… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales dentro del término de dos años que comienza a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública, según establece el artículo 136 numeral 10 literal c) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando el contrato es liquidado bilateralmente y se reanuda el término de caducidad si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial antes de que éste vence. La entidad estatal cumple parcialmente con su obligación de entregar oportunamente los estudios y diseños al contratista para la fase previa a la ejecución de las obras, lo que no implica necesariamente la extensión del plazo del contrato, ya que la mora del contratista en revisar y ajustar estos documentos puede ser la causa principal de la demora. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato y la necesidad de presentar la acción de controversias en tiempo y forma.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 136 núm. 10 y 87

También resuelve

  • ¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?
  • ¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra…
  • ¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL PARTES DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO UNIÓN TEMPORAL OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO CONTRATISTA REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA MORA DEL CONTRATANTE MORA DEL CONTRATISTA CLÁUSULAS DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ADICIONAL CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL RECLAMACIÓN ECONÓMICA RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PRUEBA DOCUMENTAL ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE NULIDAD CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE VALIDEZ DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA RECLAMACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES CONSENTIMIENTO CONSENTIMIENTO EXPRESO PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONDICIONES DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL VICIOS DEL CONSENTIMIENTO CAPACIDAD CAPACIDAD CONTRACTUAL CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRACTUAL OBJETO LÍCITO ACTO JURÍDICO EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

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Titulación de la relatoría 28.895 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública? Respuesta al problema jurídico: Si El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato (…), aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada. Para establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, corresponde dar aplicación a la regla prevista en el literal c) del numeral 10) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para aquellos eventos en los que el contrato de tracto sucesivo es liquidado bilateralmente, caso en el que los dos años se contarán desde la firma del acta. Está demostrado que el contrato (…) fue liquidado bilateralmente mediante acta (…). En este punto, cobra relevancia señalar que (…), faltando tres días para vencerse los dos años del término de caducidad de la acción, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial (…), trámite que culminó (…) tras declararse fallida la audiencia de conciliación por ausencia de ánimo conciliatorio, según constancia expedida en esa misma fecha. Al día siguiente, se reanudaron los tres días que faltaban para cumplirse los dos años (…). [L]a Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / UNIÓN TEMPORAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras? Respuesta al problema jurídico: Si [E]stá demostrado que, previo procedimiento de licitación pública, (…) el IDU y la unión temporal (…) celebraron el contrato (…), cuyo objeto fue la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos (…) por un (…) un plazo de seis meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, que se discriminaban en razón de un mes para la etapa de pre-construcción y cinco meses para la etapa de construcción. La etapa pre-constructiva tenía como finalidad que el contratista revisara los estudios y diseños del proyecto y, si era del caso, los ajustara, al punto de que terminara “apropiándolos” como si los hubiera efectuado directamente él. Era obligación de la entidad entregar al contratista los estudios y diseños para que la unión temporal procediera a efectuar labores de revisión y evaluación (…). Si bien no se estableció un término preciso para que la administración entregara al contratista los estudios y diseños sobre los cuales recaerían las actividades en la fase previa a la ejecución de las obras, de la lectura de la previsión en comento se establece que esto debía realizarse antes de la suscripción del acta de inicio de la etapa de pre-construcción, pues, una vez esta fase iniciara, el contratista tendría 8 días para presentar las revisiones. (…) El carácter parcial del cumplimiento de la obligación de entregar los estudios y diseños por parte de la entidad igualmente está llamado a deducirse del contenido del acta 5 de apropiación de diseños, a la que se hizo anterior referencia. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATISTA / REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MORA DEL CONTRATANTE / MORA DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra, dio lugar a la extensión del plazo del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Con todo, lo dicho no es suficiente para concluir que la entrega parcial y escalonada de los estudios y diseños por la administración -en tanto no fue agotada en un solo momento antes de la firma del acta de inicio- hubiese sido la causa que generó la extensión del plazo en esta fase, por dos razones: En primer lugar, surge con claridad que la labor de revisión y ajuste de los diseños y estudios suministrados por el instituto fue dispendiosa y pormenorizada que, además de estar a cargo de la unión temporal, según el pacto expreso, demandó más tiempo del inicialmente contemplado, siendo esta la causa principal que llevó a la extensión del plazo de esta primera fase y sobre la cual se pronunció ampliamente el a quo, sin que se alegaran razones de inconformidad frente a sus decisiones-. Como segundo aspecto, se impone destacar que, a pesar de que las entregas de algunos documentos relacionados con los estudios y diseños sufrieron retardo, ante la evidencia de que se suministraron con posterioridad al inicio de la fase de preconstrucción, no puede perderse de vista que, de cualquier manera, las partes acordaron que iniciarían las obras de construcción de forma paralela a la realización de los ajustes a los estudios y diseños, cuestión que permite colegir que la falta de entrega completa de los referidos documentos, contrario a lo sostenido por el apelante, no produjo la ampliación del plazo de la etapa previa y con ello la mayor permanencia en obra de la fase pre-constructiva, en consideración a que, a pesar de ello, fue posible proseguir con la ejecución de las actividades de obra programadas. Además, esta situación se debió no solo a la circunstancia de que no se había entregado a la contratista la totalidad de los estudios y diseños por el IDU, sino al hecho de que, respecto de aquellos que sí se habían suministrado oportunamente, la unión temporal tampoco había cumplido su deber de efectuar las revisiones y evaluaciones que recaían sobre su contenido, lo que también, junto con la inobservancia de obligaciones ambientales a cargo de la contratista, dio lugar a que se extendiera la etapa pre constructiva. (…) De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra infundado el cargo de la parte demandante. A pesar de presentarse un retardo en la entrega de la totalidad de los estudios y diseños por parte del IDU, el contratista tampoco cumplió cabal y oportunamente sus obligaciones contraídas en esa fase en relación con los estudios y diseños que sí se entregaron, a lo que se suman las gestiones que debían adelantarse durante esa etapa por parte de la unión temporal en torno a la evaluación y ajustes de los documentos mencionados, que demandaron más tiempo, circunstancia que condujo a que se prolongara más del previsto inicialmente, hechos que, en suma, fueron los determinantes de la ampliación del período pre-constructivo. CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATISTA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / PRUEBA DOCUMENTAL / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU, pero negó dicha pretensión al advertir el carácter vinculante de la renuncia que la Unión Temporal hizo a las reclamaciones contenidas en las cláusulas de los contratos adicionales? Respuesta al problema jurídico: Si Son dos los argumentos en controversia que están llamados a ventilarse en este apartado: En primer lugar, en cuanto se refiere al argumento de la impugnación en el que dice que el tribunal desconoció los distintos documentos en los que la contratista solicitó al IDU el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y aquellos conceptos de la interventoría y la entidad en los que daban viabilidad a sus peticiones, surge con nitidez para la Sala que el a quo no los ignoró ni dejó de apreciar su contenido. Lo que aconteció fue que, al valorarlos, tras un ejercicio analítico, estimó que esos documentos no podrían contravenir las cláusulas insertadas en los contratos adicionales al contrato 085, en los que se advertía que su ampliación no generaba sobrecostos para el IDU, en tanto ello comportaría una transgresión al principio de buena fe contractual. Tampoco es cierto que el tribunal hubiera desatendido los conceptos de la interventoría y del IDU en los que convalidaban el reconocimiento de las aspiraciones de la unión temporal como consecuencia de la mayor permanencia en obra. En efecto, el tribunal se aprestó al examen de esos documentos, en desarrollo de lo cual sostuvo que el concepto favorable emitido por la dirección técnica de malla vial del IDU para el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en las áreas de gestión social, siso ambiental, plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos por el valor reclamado por la unión temporal contratista, no resultaba vinculante, toda vez que otra dependencia de la misma entidad -Dirección Legal del IDU- posteriormente advirtió su improcedencia, de cara al pacto introducido en los contratos adicionales 2, 3 y 5, según el cual las prórrogas del plazo contractual no generarían costos adicionales para la entidad contratante. Se observa pues que, frente a estas cuestiones, no se presentó una verdadera razón de discordia por parte del apelante. Es claro que su alegato se ciñó a indicar que el tribunal desconoció múltiples circunstancias acaecidas en desarrollo de la ejecución contractual en torno a la solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico y a la suscripción de conceptos que las favorecían, cuando lo cierto es que, no obstante haber reparado sobre su existencia, el juzgador consideró que tales elementos no eran suficientes para despojar de vigor el carácter vinculante de la renuncia a las reclamaciones contenidas en los contratos adicionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ampliación del plazo para ejecutar el contrato, ver sentencia del 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C,P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín. CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO / INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / VALIDEZ DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Problema jurídico: ¿En armonía con las pretensiones de la demanda encaminadas a cuestionar la validez de las cláusulas contentivas de las renuncias a las reclamaciones, correspondía al contratista solicitar su nulidad por vicio del consentimiento? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e abre paso al análisis del segundo argumento en que sustenta este cargo y que guarda relación con la nulidad, ineficacia o inexistencia de las cláusulas en las que se expresó que las prórrogas no generarían costos para el IDU. El apelante bifurca este cargo de reproche en dos aspectos: El primero de ellos apuntó a que el fallador de primer grado erró al estimar que al hallarse en entredicho la nulidad de las cláusulas contentivas de las renuncias a las reclamaciones, correspondía al actor elevar la respectiva pretensión anulatoria en su contra, apoyada en la configuración de algún vicio del consentimiento, premisa que, en criterio del apelante, distorsionó lo pretendido en la demanda, en la que, afirmó, en ninguna parte se hizo alusión a la existencia de vicios en los contratos adicionales. Observa la Sala que no tiene asidero la censura del apelante, pues de la lectura de la demanda emerge que al exponer los fundamentos de derecho en que edificaba sus pretensiones, expresamente hizo mención a que “no es posible darle validez ni eficacia a pactos que desconozcan el deber de resarcir los perjuicios probados derivados de los hechos imprevistos o peor aún de incumplimiento de deberes de los contratantes”. Así pues, el hacer mención a la inviabilidad de otorgar validez a ese tipo de estipulaciones es lo que explica que, por oposición, el tribunal hubiera echado de menos la pretensión anulatoria en su contra, habida cuenta de que solo a través de ese cauce sería posible analizar la eventual configuración de vicios que afectaran la validez de esas determinaciones y condujeran a su nulidad. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RECLAMACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA / CONTRATISTA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿En virtud de la prevalencia del interés general, las normas de orden público que regulan el principio del equilibrio económico del contrato estatal, previeron medidas para lograr el restablecimiento de la ecuación en aquellos eventos en que alguna de las partes se vea afectada? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contrato (…), que ocupa la atención de la Sala, es un contrato estatal regido por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ya que fue celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano, establecimiento público del orden distrital cuya actividad negocial se gobierna por dicho estatuto. Esta precisión se deja sentada con el fin de aclarar que el estudio del cargo se centrará en el análisis de las disposiciones de ese compendio legal, en cuanto regula la conservación del equilibrio económico del contrato estatal, aserto que igualmente halla su justificación en el mandato del artículo 13 de esa legislación (…). [A] pesar de que ni en la sentencia de primera instancia ni en el recurso de apelación se profundizó acerca de las razones que condujeron a la ampliación del plazo del contrato (…) durante su fase de construcción, ciertamente la Sala encuentra demostrado que su ocurrencia se produjo por distintos factores que bien podrían invadir la órbita de la imprevisión (…). [L]as normas que disciplinan el principio del equilibrio económico del contrato se estructuran sobre la base del bien colectivo que inspira la celebración de los negocios del Estado y que trasciende del terreno de la aspiración de los particulares. (…) Es esta premisa la que justifica el carácter imperativo de las disposiciones que imponen la conservación de la ecuación contractual a lo largo de la vida del acuerdo y al tiempo la que permite considerarlas como normas de orden público. Tal fue el entendimiento del legislador al consagrar los artículos 27, numeral 3 del artículo 4, numeral 1 del artículo 5, el inciso 2 del artículo 14 y el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, normas que grosso modo proyectan las múltiples naturalezas y finalidades que encierra el equilibrio económico del contrato, bajo la comprensión de que funge como un deber de las partes su mantenimiento, un derecho de los contratantes a su restablecimiento, un contrapeso a la implementación de las potestades excepcionales y un criterio hermenéutico para desentrañar el contenido y alcance de las cláusulas contractuales. En igual sentido, la ley se encargó de establecer remedios para aquellas eventualidades en las que en los contratos estatales se introdujeran estipulaciones encaminadas a deshonrar el mantenimiento de la ecuación contractual. Muestra de ello son las previsiones concebidas en el artículo 24 del Estatuto de Contratación Estatal, dirigidas a cristalizar el principio de transparencia. (…) La anotación que antecede es de relevancia en cuanto concierne establecer los efectos vinculantes de las renuncias a sobrecostos desencadenados por la mayor permanencia en obra, ora por causas eventualmente configurativas de desequilibrio económico del contrato o por razones que permean la responsabilidad contractual de las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ruptura de la ecuación financiera, ver sentencia del 12 de diciembre de 2019, Exp. 60558, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 23 de noviembre de 2016, Exp. 52161, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 INCISO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿El contratista, en una manifestación de la autonomía privada de la voluntad, puede en un documento de adición, prórroga o suspensión, renunciar a presentar reclamaciones económicas por ruptura del equilibrio financiero del contrato ante los sobrecostos generados por mayor permanencia de la obra? Respuesta al problema jurídico: Si [U]na situación muy distinta es la que se presenta cuando la renuncia a las reclamaciones derivadas de la mayor permanencia en obra por ampliación del plazo contractual a causa de hechos constitutivos de ruptura del equilibrio financiero del contrato se incorpora en un documento contractual de adición, prórroga o suspensión en el cual se condensan las causas que dan lugar a esa situación, se advierten las consecuencias requeridas para su mitigación y se asume libremente su contención. En este escenario ya no se está en presencia de un panorama imprevisible e incierto para la parte que expresa libremente su voluntad. De ahí que ante el advenimiento de la circunstancia ya conocida en su origen y dimensión, los intereses económicos que podrían verse afectados ingresan al campo de la plena libertad de disposición y se tornan transigibles o renunciables. El anterior postulado encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil, al tenor del cual “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”. En efecto, en este terreno se desvanecen los supuestos que habrían servido de base fáctica y jurídica de la irrenunciabilidad a las reclamaciones derivadas y que las gravaban con la ineficacia de pleno derecho, toda vez que, ante el conocimiento previo de la situación alteradora y de las secuelas perjudiciales que esto podría comportar, la parte afectada bien podría autorregular su proceder contractual a efectos de que lo que se apresta a convenir no contenga en desfavor suyo una prestación de imposible cumplimiento ni de extensión ilimitada. La premisa expuesta descansa igualmente en los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, de la buena fe y rectitud contractual. Es por esto que, en relación con los efectos que se derivan de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, por las extensiones del plazo y la afectación económica que ello pudiera desencadenar, la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que tal manifestación constituye la expresión de la autonomía privada de la voluntad y, en tal virtud, resulta obligatoria y vinculante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la manifestación de la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales, ver sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21429, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES / CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDICIONES DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La renuncia expresa del contratista a presentar reclamaciones derivadas de la prórroga del contrato le impuso la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante la extensión del plazo contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o resulta jurídicamente viable que, luego de sentar su anuencia respecto del impacto nocivo que la prolongación del vínculo obligacional pudiera acarrear, la parte de la que emanó la renuncia a la reclamación, cuyo alcance podría asimilarse al de un acto transaccional y dispositivo frente a su derecho patrimonial, pueda apartarse, incumplir y desconocer los términos en que quedó trabada la negociación ínsita en el acta de prórroga libremente concertada. (…) De las circunstancias anotadas surge la fuerza vinculante de la renuncia expresa que no tácita- a las reclamaciones derivadas de la extensión del plazo en las que se traslada al particular la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante ese período. Aplicadas las reflexiones que anteceden al caso concreto, ha de decirse que basta con mirar las motivaciones que dieron lugar a las ampliaciones del plazo de que fue objeto el contrato 085, para concluir que en todas ellas se hizo expresa referencia a las causas que dieron lugar a su extensión y al tiempo que se iban a tardar las partes para ponerse al día con las obras pendientes. (…) [L]a contratista, previo a la suscripción de los acuerdos de extensión del plazo conocía no solo el origen, sino las medidas que se adoptarían para mitigar esos retardos y el período en que las prestaciones a su cargo habrían de cumplirse, pese a lo cual en cada de uno de los contratos adicionales libremente prestó su consentimiento para sellar los compromisos allí adquiridos, bajo la prevención de que “la presente prórroga no genera ningún costo para el IDU”, texto que se introdujo de manera idéntica en los contratos adicionales 2, 3 y 5. Por contera, a juicio de esta instancia, no puede considerarse que esas estipulaciones adolecieran de ineficacia, puesto que, por las razones explicadas, no se encuadran en los supuestos normativos de la Ley 80 de 1993 que determinaron esa consecuencia jurídica. Tampoco resulta acertado considerar que las estipulaciones en comento son inexistentes, como lo afirma la recurrente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la fuerza vinculante de la renuncia expresa a las reclamaciones, ver sentencia de 26 de agosto de 2022, Exp. 58485, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 5 de febrero de 2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín. Igualmente ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 8 de septiembre de 2011, Exp. 11001-3103-026-2000-04366-01, M.P William Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES / CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CAPACIDAD / CAPACIDAD CONTRACTUAL / CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRACTUAL / OBJETO LÍCITO / ACTO JURÍDICO / EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO Problema jurídico: ¿Cuáles son las solemnidades exigidas para el nacimiento y perfeccionamiento de un acto jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si El legislador previó en el artículo 1502 del Código Civil que, para que una persona se obligue frente a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que: i) sea legalmente capaz, ii) haya consentimiento y iii) existan un objeto y causa lícitos. De lo anterior se extrae que los elementos de consentimiento, capacidad, objeto y causa son de la esencia de todo negocio jurídico, es decir, su ausencia los torna inexistentes. Lo propio sucede con las solemnidades exigidas por la ley para el nacimiento de determinados actos jurídicos. En ese sentido cabe advertir que la inexistencia de un acto jurídico se predica de aquellos eventos en los que este no nace ni produce ningún efecto, por no reunir los elementos esenciales para su perfeccionamiento, de ser el caso, las solemnidades que le sean aplicables; sin embargo, más allá de la censura de comportar una estipulación que contravenía normas de orden público, la apelante nada replicó sobre la falta de los elementos de su esencia. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación: 2500023260002011 01389 01 (68443) Actor: UNIÓN TEMPORAL MARAN - 019 Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL Temas: DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE PRÓRROGAS, ADICIONES O SUSPENSIONES – efecto vinculante de las renuncias a reclamaciones por mayor permanencia en obra / INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – no fue la causa determinante de la ampliación del plazo Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C , el 13 de diciembre de 20 21, mediante la cual se resolvió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): PRIMERO: NEGAR las objeciones graves en contra de los dictámenes rendidos por los peritos Manuel J. Muñoz Faux y Fanny Elsy Montaña, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones. Radicado N°: 25000 – 23 – 26 – 000 – 2011 – 01389 – 00 Actor: Unión Temporal Maran 019 Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU Sentencia de Primera instancia 59. SEGUNDO: FIJAR los honorarios de la perito Fanny Elsy Montaña en la suma equivalente a 70 SMLMD, esto es, DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.119.880), de los cuales la parte actora le adeuda la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.999.880), según lo expuesto en las consideraciones. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Por Secretaría, expídanse las copias de que trata el artículo 114 del Código General del Proceso. Expediente: 25000232600020110138901 Actor: Unión temporal Maran -019 Demandado IDU Referencia: Acción contractual 2 I. A N T E C E D E N T E S 1. Síntesis del caso La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento y desequilibrio económico del contrato 085 de 2005, celebrado entre el IDU y la unión temporal Maran - 019, cuyo objeto consistió en la construcción de acceso s y mejoramiento vial en las localidades de Bosa y Kennedy de Bogotá, incumplimiento que se atribuye a la entrega tardía de los estudios y diseños para el proyecto por el IDU a la contratista y por su falta al deber de planeación, cuestiones que, junto con la ocurrencia de hechos extraordinarios , sobrevinientes e imprevisibles motivaron que el contrato se prorrogara en varias ocasiones , lo que generó mayor permanencia en obra y la ruptura del equilibrio económico en perjuicio del contratista. 2. La demanda La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 6 de diciembre de 2011 por los miembros de la unión temporal Maran - 019, en ejercicio de la acción contractual, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, con el fin de que: • Se declarara que el IDU incumplió el contrato de obra 085 de 2005 , celebrado con la unión temporal Maran - 019. • Se declarara que se produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato 085 de 2005, por la ocurrencia de hechos imprevisibles ajenos a la voluntad del contratista que hicieron más onerosa su ejecución. • Como consecuencia, se ordenara al IDU a reconocer y pagar a la unión temporal los perjuicios padecidos, a título de daño emergente y lucro cesante, vinculados al componente “obras de construcción” por la mayor permanencia en obra, estimados en la suma de $1.112’021.176. • Se condenara al IDU a pagar a la unión temp oral Maran - 019 los perjuicios ocasionados, a título de daño emergente y lucro cesante, vinculados al componente “Ambiental y de gestión social – manejo de tráfico, señalización y desvíos en la etapa de construcción ” por la mayor permanencia en obra, calculados en la suma de $155’616.214. Expediente: 25000232600020110138901 Actor: Unión temporal Maran -019 Demandado IDU Referencia: Acción contractual 3 2.1. Los hechos de la demanda principal En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes: 2.1.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 21 de diciembre de 2005 el IDU y la unión temporal Maran - 019 celebraron el contrato de obra 085, con el objeto de realizar, a precios unitarios sin fórmula de reajuste , la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales del grupo 2: localidades de Bosa y Kennedy , en Bogotá. 2.1.2. El valor del contrato se acordó en la suma de $2.605’445.203, que se habrían de discriminar en los siguientes conceptos: a) valor de obras de construcción ; b) valor global ambiental y de gestión social en la etapa de construcción; c) valor global para manejo de tráfico, señalización y desvíos en la etapa de construcción; d) valor fondo de compensaciones. El plazo se convino en 6 meses, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio, de los cuales el primer mes se destinaría a la etapa de pre-construcción y los cinco meses restantes, a la etapa de ejecución de la obra. 2.1.3. El 30 de diciembre de 2005 se celebró el contrato adicional 01 al contrato 085, mediante el que se aumentó su valor a $3.824’350.040, se prorrogó el plazo en 2 meses y se aclaró que el contrato era a precios unitarios con fórmula de reajuste. 2.1.4. El 12 de junio de 2006, las partes suscribieron el acta de iniciación de la etapa de pre -construcción, la cual finalizó el 22 de enero de 2007 , según quedó consignado en el acta de terminación de es a fecha, por lo que ese día se inició la fase de construcción. 2.1.5. Durante el plazo de ejecución se suscribieron cinco contratos adicionales, por los cuales se prorrogó el término contractual en 16.5 meses, debido a varias circunstancias, tales como demoras en la entrega de los estudios y diseños, diferencia entre los estudios y diseños entregados al contratista y el estado actual de los suelos, la necesidad de adicionar las vías a intervenir , la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra por las nuevas condiciones encontradas en los terrenos, el mal estado de las redes de servicios público s y obras adicionales para renovar el estado de las redes de servicios públicos. Expediente: 25000232600020110138901 Actor: Unión temporal Maran -019 Demandado IDU Referencia: Acción contractual 4 2.1.6. La prolongación del plazo generó costos superiores a los previstos por el contratista por mayor permanencia en obra y por actividades de gestión social, siso- ambiental y plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos. 2.1.7. La unión temporal presentó varias solicitudes de reconocimiento de mayor permanencia en obra, frente a las cuales , tanto la interventoría como la entidad, a través de la dirección técnica de malla vial , consideraron que resultaba viable su pago en cuantía de $293’941.738, pero que, pese a lo anterior, la dirección técnica legal del IDU, en oficio del 11 de octubre de 2008, advirtió que, de acuerdo con los adicionales 2, 3 y 5 , se estipuló que las prórrogas no genera ban sobrecostos para el IDU, por lo que solo cabría analizarse la viabilidad de los sobrecostos solicitados respecto del contrato adicional 4. 2.1.8. El 21 de abril de 2009, la entidad, a través de la dirección de malla vial, informó a la interventoría que era viable el pago a la contratista por desequilibrio económico generado por el contrato adicional 4 , en la suma de $138’325.524, la cual fue reconocida por el IDU en acta 60 del 27 de julio de 2009. 2.1.9. El 12 de mayo de 2008 se suscribió el acta de terminación del contrato de obra, concluyéndose que su ejecución duró 14 meses y 27 días más de lo previsto. 2.1.10. El 11 de septiembre de 2009 , las partes liquidaron por mutuo acuerdo el contrato 085 de 2005 y la contratista se reservó el derecho de acudir a la jurisdicción a instaurar la presente demanda. 2.2. Fundamento de derecho Luego de referirse al instituto del equilibrio económico del contrato y a su tratamiento jurisprudencial y doctrinal, adujo que la mayor permanencia en obra se produjo por hechos ajenos a la voluntad de la unión temporal , que ocasionaron la disposición del personal y equipos durante un tiempo superior al previsto. De ahí consideró que la contr atante debía reconocer los gastos administrativos en que incurrió y los gastos de las actividades de gestión social, siso -ambiental y plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos derivados de la mayor permanencia en obra. Expediente: 25000232600020110138901 Actor: Unión temporal Maran -019 Demandado IDU Referencia: Acción contractual 5 Explicó que la teoría de la imprevisión estaba regulada por normas de orden público que no admitían pacto en contrario, circunstancia en cuya virtud la estipulación según la cual no se reconocerán perjuicios derivados de circunstancias imprevistas o del incumplimiento de la entidad por la falta de planeación es inválida, inexistente e ineficaz. 2.2. Actuación procesal 2.2.1. La demanda se admitió mediante auto del 15 de febrero de 2012 y se ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.3. Contestación de la demanda – IDU La entidad contestó la demanda dentro del término legal . En es a oportunidad manifestó que algunos hechos eran ciertos , con las aclaraciones del caso , y otros no le constaban. Como razones de la defensa explicó que la UT contratista, en los contratos adicionales previos al 4 y en el 5, renunció a la reclamación derivada de las prórrogas. Alegó que , si bien se produjeron aspectos técnicos que requiriero

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201101389011100103