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¿Conforme a lo pactado en el contrato, la obligación de pagar el remanente del valor global para obras de construcción era exigible una vez el contratista cumpliera con la entrega de la totalidad de los trabajos comprendidos en la obra de construcción y las obras de redes, por tratarse de una obligación de resultado? Sí
El pago del remanente de un contrato de obra pública cuyo precio se condiciona a la entrega total de los trabajos y de la memoria técnica es exigible solo cuando esa condición se cumple y las obras son recibidas a satisfacción, de modo que antes de ese recibo no hay mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el pago estaba condicionado a la entrega de la totalidad de las obras de construcción y de redes, recibidas a satisfacción por la entidad contratante. Segunda, el recibo debía formalizarse con el acta respectiva y con las constancias de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, y la entrega de planos récord era un requisito verificable. Tercera, el único documento que consta el recibo a satisfacción es el acta posterior, de modo que el plazo de pago de sesenta días no se contó antes. La providencia revoca la decisión que había reconocido la mora. La consecuencia práctica es que la exigibilidad de un pago condicionado a la entrega de obra se determina por el cumplimiento de la condición pactada, y no por la ejecución material.síntesis automática
También resuelve:¿Transmilenio incurrió en mora al pagar el remanente del valor global de obras de construcción, en un plazo de 60 días, contados desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras…¿El IDU tenía la obligación de compensar los costos de administración que no fueron amortizados y las utilidades frustradas como consecuencia de la supresión de las obras de adecuación de desvíos…¿Una vez el contratista cumple con su deber de ejecución idónea y oportuna del contrato, nace para el contratante la obligación correlativa de pagar oportunamente la remuneración?
¿Resulta procedente declarar que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Ejército Nacional se celebró el convenio interadministrativo No. 8 de 2012, cuyo objeto fue cumplido por parte de dicho Instituto? Sí
El contratista cumple con el objeto del convenio interadministrativo celebrado con la entidad estatal cuando ejecuta la obra civil y entrega el acta de recibo final, acreditando así el cumplimiento de las obligaciones pactadas, independientemente de los aportes económicos realizados por la entidad. En este caso, el IDU y el Ejército Nacional celebraron el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 para la construcción de la Alameda, y el IDU cumplió con sus obligaciones al contratar y supervisar la obra, entregando la Alameda al Ejército Nacional en septiembre de 2015. A pesar de que el Ejército Nacional no aportó el capital completo estipulado en el convenio, el IDU ejecutó la obra y recibió los rendimientos financieros correspondientes, lo que demuestra el cumplimiento del convenio por parte del IDU, reiterando la importancia de la ejecución efectiva de las obras para declarar el cumplimiento del convenio interadministrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el Instituto de Desarrollo Urbano incurrió en gastos adicionales para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo No. 8 de 2012…¿Resulta procedente declarar judicialmente liquidado el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 con un saldo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano…¿Resulta procedente reconocer intereses moratorios sobre el saldo a favor del IDU, a pesar de que dicho valor corresponde al perjuicio material en la modalidad de daño emergente?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato?¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente?¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
(i) Determinar si el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de obra IDU 1765 de 2021, suscrito con el Consorcio Construcción Vial 027, al no suministrar los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones de las empresas de servicios públicos y/o terceros, y/o si no definió y armonizó los cronogramas de ejecución con la empresa de acueducto. (ii) Establecer si hay imposibilidad de continuar con el objeto contractual y en consecuencia declarar la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU 1765 de 2021. Sí
El contratista puede declarar la terminación anticipada del contrato de obra pública cuando la entidad estatal incumpla con la entrega de los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, y no defina y armonice los cronogramas de ejecución con las empresas de servicios públicos, lo que impide el inicio de la fase de construcción. La Sala establece que el incumplimiento de la entidad demandada en proveer los estudios y diseños aprobados, que son insumos esenciales para la ejecución de la obra, genera la imposibilidad de continuar con el objeto contractual, conllevando la terminación anticipada del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad contractual del Estado y la necesidad de cumplir con los estudios previos al contrato estatal, y tiene implicaciones en la liquidación judicial del contrato y la acreditación de perjuicios y sobrecostos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240001500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene la competencia en única instancia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en única instancia ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, siempre que el conflicto surja de contratos celebrados por una entidad pública, como el IDU, un establecimiento público distrital. Este recurso es admisible si se presenta dentro del plazo de treinta días hábiles desde la notificación del laudo y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1563 de 2012, como la invocación de causales específicas y la notificación a las partes interesadas. Además, la suspensión de los efectos del laudo es procedente si la entidad pública condenada solicita dicha medida, lo que implica que el Consejo de Estado puede ordenar la suspensión del cumplimiento del laudo en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplen los requisitos para la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral recurrido?
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-04-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del…¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora…¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020040042601ACCION CONTRACTUAL
¿Las figuras procesales de aclaración y adición de providencias judiciales, constitutivas de la excepción del principio de inmutabilidad de las sentencias, son figuras disímiles en cuanto a su objeto y condición de procedencia? Sí
La aclaración y la adición de providencias son figuras diferentes en cuanto a su objeto y a su procedencia, aunque ambas constituyen excepciones a la inmodificabilidad de la sentencia por el juez que la profirió. La regla se apoya en que, en lo no regulado por el Código Contencioso Administrativo, se aplican los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil, que distinguen la aclaración, para frases o conceptos que ofrezcan duda, y la adición, para cuando se omita resolver alguno de los extremos de la litis. La competencia del juez para pronunciarse se pierde tras proferir la decisión y solo se recupera en estos supuestos. En el caso, la solicitud de aclaración se niega, porque las figuras se distinguen por su objeto y su condición de procedencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la solicitud debe identificarse como aclaración o como adición según el defecto que se alega, y se niega cuando no corresponde a ninguno de ellos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente adicionar o aclarar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de abril de 2025, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado…
¿El cumplimiento de la orden dada en la sentencia de nulidad y restablecimiento consistente en la restitución de lo pagado por el contratista por concepto de multa, configura uno de los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, el cual es la existencia de una condena judicial de carácter indemnizatorio? No
La entidad pública que demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra un servidor público requiere acreditar la existencia previa de una condena judicial de carácter indemnizatorio que le haya generado un detrimento patrimonial al obligarla a pagar una indemnización por daño antijurídico. En consecuencia, resulta improcedente esta acción cuando la obligación que pretende recuperarse proviene de una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que anula resoluciones sancionatorias y ordena restituir al contratista los dineros pagados por concepto de una multa contractual. Dicha orden judicial de restitución no impone el pago de una indemnización ni configura una afectación patrimonial en los términos del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y de la Ley 678 de 2001, pues simplemente restablece la situación jurídica afectada con el acto administrativo y devuelve al particular sumas que nunca debieron ingresar al haber patrimonial de la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de carácter subsidiario y reparatoria, tiene como finalidad restituir patrimonialmente la suma pagada como consecuencia de una condena…¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado y restablecer el derecho para retrotraer el…
¿Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados por el constructor de la obra? Sí
Cuando la entidad permite injustificadamente que el constructor modifique los diseños que fueron adecuadamente elaborados, no puede imputar al diseñador ni al interventor los defectos derivados de esa modificación, y que la acción de controversias contractuales contra la liquidación bilateral debe presentarse dentro de los dos años siguientes a ella, según el literal c del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Una razón es que en el expediente quedó acreditado que los diseños se elaboraron de manera adecuada y que la entidad permitió su modificación por parte del constructor sin justificación. Otra razón es que las demandas se presentaron dentro de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos de diseño e interventoría, y los actos de efectividad de la póliza, por lo que la caducidad no operó. En el caso, la Sala confirmó la condena a favor de los contratistas de diseño e interventoría y modificó la sentencia en lo relativo a las demás pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que modifica o autoriza cambios en los diseños asume la responsabilidad por sus efectos, y no puede trasladarla al diseñador.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro del término establecido por la ley?¿Los consorcios diseñador e interventor cumplieron con las obligaciones a su cargo?¿Se acreditó que existieran mayores costos asociados a una mayor permanencia en el contrato?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el demandado hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra objeto del contrato de obra? Sí
Cuando se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad hace efectiva la garantía de estabilidad de la obra, el término de caducidad es el de la acción de controversias contractuales, contado desde la ejecutoria de las resoluciones demandadas y no desde la liquidación del contrato. La regla se sostiene en tres razones: el acto que hace efectiva la garantía es de naturaleza contractual, pues se refiere a una consecuencia de la ejecución del negocio; la garantía decenal que impone responsabilidad al contratista durante diez años desde la entrega carecería de sentido si la caducidad se contara solo desde la liquidación; y la misma regla se extiende a la estabilidad garantizada mediante contrato de seguro. En el caso, los actos cobraron ejecutoria el día siguiente a su notificación, la demanda se presentó dentro del término y se revocó la decisión que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la justicia arbitral sobre el punto; la consecuencia práctica es que el término para demandar la efectividad de la garantía de estabilidad no vence con la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el IDU, en atención a que profirió las resoluciones que se demandan; y el contratista lo está por activa…¿La falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, imposibilita el pronunciamiento judicial de fondo, lo que, en otras palabras…
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer del proceso por responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público y de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales cuando es cesionario de un crédito derivado de un contrato estatal, ya que la cesión de derechos crediticios no altera la posición de las partes en el contrato original, según establece el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal, en este caso el IDU, no es responsable por el daño que sufre el cesionario del crédito, ya que la cesión no implica la sustitución del contratista original en la relación contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa para ejercer acciones derivadas de contratos estatales, y limita la capacidad de los cesionarios de créditos contractuales para demandar al Estado por incumplimiento del contrato original.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso, deben negarse las pretensiones subsidiarias referentes al daño extracontractual alegado, en razón a que la fuente del daño radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede…
¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? No
No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad…¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades…¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula 20.2.1.2 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes? No
El contratista ejecuta las obras públicas pactadas a precio global conforme a las especificaciones y plazos establecidos en el respectivo contrato de obra y sus modificaciones bilaterales. En el caso examinado, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de incumplimiento al constatar que las obras no estaban ejecutadas en su totalidad al finalizar la etapa de construcción, y que la postergación de las mismas fue aceptada mediante otrosí suscrito por el contratista sin salvedad alguna respecto al pago del remanente previsto en la cláusula contractual invocada, careciendo de fundamento fáctico y jurídico la reclamación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002…¿Procede en este caso, la pretensión subsidiaria fundada en un presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Debe condenarse en costas a la parte que resultó vencida, en aplicación del criterio objetivo, y tambien fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de los demandantes?
¿El medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal para que la entidad condenada por razón de una conducta realizada por un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar el reintegro de lo que pagó? Sí
La entidad estatal dispone de la acción de repetición como mecanismo judicial para obtener el reintegro de los dineros pagados por daños antijurídicos causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público, exfuncionario o particular investido de función pública, con el fin de proteger el patrimonio estatal. Sin embargo, el medio de control de repetición consagrado en la Ley 678 de 2001 para contratistas, interventores, consultores y asesores no resulta aplicable a incumplimientos de obligaciones contractuales acaecidos antes del 4 de agosto de 2001, fecha de su entrada en vigor, pues instituyó un régimen de responsabilidad por dolo y culpa grave distinto al previsto en los artículos 4.7 y 52 de la Ley 80 de 1993, el artículo 1604 del Código Civil y el Código de Comercio. Aplicarlo a contratos celebrados previamente transgrediría los artículos 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887 y 29 Constitucional, quedando a salvo la acción contractual resarcitoria si la contingencia judicial no existía al liquidarse el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la adecuación de las pretensiones al medio de control de controversias contractuales en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista que…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la imposición de la condena contra el IDU?¿En la medida en que no se propuso la excepción de compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron de forma tácita al pacto arbitral?
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
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