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Consejo de Estado
Providencia
Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 68001233300020140065002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de controversias contractuales toda vez que las partes no estipularon o pactaron la facultad de liquidación unilateral motivo por el cual no era posible tener en cuenta para efectos del término de caducidad, los dos (2) meses de que trata el referido numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011? Sí
La Sala confirmará la sentencia apelada que declaró la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, toda vez que en el convenio interadministrativo de apoyo financiero no. 76 de 2007 suscrito entre las partes no se pactó la facultad de liquidación unilateral, motivo por el cual no es posible tener en cuenta, para efectos del término de caducidad, los dos (2) meses de que trata el referido numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).… En este caso objeto de análisis, las partes no estipularon o pactaron la facultad de liquidación unilateral a cargo de una de ellas -ni siquiera la liquidación bilateral del convenio interadministrativo-, motivo por el cual el plazo de ejecución del referido convenio de apoyo financiero no. 76 de 2007 feneció el 31 de diciembre de 2011, según la cláusula cuarta y el otrosí no. 54 , por lo tanto…
También resuelve:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante al haber sido desestimado el recurso de apelación que interpuso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2025-09-30
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020170060102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción? Sí
El juez contencioso administrativo aplica las normas procesales para garantizar la procedencia y oportunidad de los recursos interpuestos contra las decisiones que definen la competencia judicial. En este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto que declara la falta de jurisdicción, determinando que resulta procedente de conformidad con el artículo 242 del CPACA, tras haber sido presentado dentro del término oportuno, por lo que el despacho decide no reponer la providencia recurrida, confirmando la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿Existe una distinción jurídica entre jurisdicción como función estatal única y competencia como atribución concreta a un juez determinado?
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias contractuales en las que es parte una entidad pública…
¿Se considera que el contrato de encargo fiduciario celebrado por Fiducoldex S.A. corresponde a su giro ordinario de los negocios?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020070053302
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de una demanda contractual supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de primera instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de primera instancia corresponde a esta corporación según el artículo 129 del mismo código, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998; y la cuantía se determina por la pretensión dineraria mayor de la demanda. En el caso, la pretensión dineraria mayor superó ese umbral, por lo que la corporación asumió la competencia y la acción de controversias contractuales fue admitida como la vía idónea para declarar el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda define la segunda instancia en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es la idónea cuando se pretende la declaratoria del incumplimiento de un contrato estatal?
¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de controversias contractuales?
¿Existe un litisconsorcio necesario entre el contratista demandante y la aseguradora?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233100020090040001
ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…
¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?
¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, salvo algunas excepciones.
Sentencia — Sentencia
2026-08-19
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 50001233100020120008301
ACCION CONTRACTUAL
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio…
¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría…
¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2024-04-10
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230060300
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de los empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar) por las presuntas conductas omisivas en el curso del proceso disciplinario número 47621, que condujeron a la caducidad de la acción en dicha actuación? Sí
Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar), que presuntamente pudieron incurrir en las conductas omisivas que condujeron a configurar la caducidad de la acción disciplinaria en el proceso número 47621. Lo anterior, por las siguientes razones: La caducidad de la acción disciplinaria, en términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable para la fecha de los hechos), se configuraría si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se hubiese proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, como en este caso ocurrió.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
Los contratos de fomento se caracterizan porque son celebrados entre dos sujetos cualificados
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140039101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos de fomento se caracterizan porque son celebrados entre dos sujetos cualificados; su finalidad se traduce en el impulso tanto de programas como de actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo; solo pueden comprometerse sumas de dinero destinadas a ello por la contratante y en su celebración han de observarse diversas reglas conforme a su regulación? Sí
El contratista y la entidad estatal celebran contratos de fomento entre dos sujetos cualificados, donde la entidad estatal es quien impulsa programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo, comprometiendo solo sumas de dinero destinadas previamente a ese fin, y observando diversas reglas conforme a su regulación. Estos contratos difieren de los convenios de asociación, en los cuales el particular contratista no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro y las partes cooperan mutuamente en el cumplimiento del objeto pactado, sin generar una relación conmutativa. Además, el convenio de asociación se rige por el derecho privado, salvo en la inclusión de facultades exorbitantes previstas en la legislación vigente, y la liquidación de la relación jurídica negocial no está sujeta a la misma regulación que la liquidación del contrato estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, proporcionando una mayor claridad sobre la naturaleza y características de los contratos de fomento y convenios de asociación en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿El convenio de asociación se diferencia del contrato de fomento en que en el convenio el particular contratista no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro y, también…
¿El Convenio 3799 de 2009 es un convenio de asociación que se rige por el derecho privado, al que resulta ajena la liquidación, no del contrato, sino de la relación jurídica negocial?
¿La relación jurídica que existió entre el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Integración Social y Proactiva no estaba sujeta a liquidación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-09-27
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230035900
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar por no haberse liquidado los contratos CN034-2016, CN036-2016, CN037-2016, CN038-2016, Comisión 01-201-16 y CN04-2018, dentro del término establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por la consecuente pérdida de competencia de esta misma entidad para realizar esta liquidación? Sí
Con fundamento en la Sentencia C-373 de 2016 de la Corte Constitucional y en la decisión de la Sala del 14 de junio de 202248, la competencia para adelantar una investigación disciplinaria en contra de un empleado judicial, entre la Comisión de Disciplina Judicial y las autoridades facultadas para investigar a estos sujetos antes de la entrada en funcionamiento de esta entidad, la determina la fecha de ocurrencia de los hechos. En efecto, si los hechos generadores de la presunta falta disciplinaria tuvieron lugar antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021), será la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación la competente para adelantar la investigación disciplinaria, en ejercicio de sus funciones administrativas.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
No es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 66001233100020090001601
ACCION CONTRACTUAL
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…
¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual.
Sentencia — Sentencia
2026-09-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020200021301
Controversias contractuales
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…
¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…
¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…
¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?
¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo.
Sentencia — Sentencia
2024-08-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 44001234000020140012601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…
¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…
¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000232600020090093302
ACCION CONTRACTUAL
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…
¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?
¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi.
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100020120020601
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi? No
El juez de segunda instancia no debe evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, ya que hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. En el presente caso, la entidad estatal apeló la sentencia de primera instancia, pero algunos de los fundamentos planteados en el recurso de apelación desbordaban el marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, introduciendo cuestionamientos sobre la incompetencia de la contratante para imponer multas, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Estos reproches no guardaban afinidad con lo consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, ni con lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, por lo que no era procedente su conocimiento en segunda instancia. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, restringiendo la capacidad del juez de segunda instancia para abordar argumentos novedosos que no guardan relación con la causa petendi original, lo que implica que las partes deben ser cautelosas al presentar recursos de apelación para evitar introducir cuestionamientos que no fueron debidamente discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos de régimen privado es procedente el pacto de la cláusula de liquidación, en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad?
¿El documento que se denominó «acta de liquidación bilateral» contiene un acuerdo de voluntades acerca del balance final del contrato 060 de 2009 y, por esto…
¿Las causas que impidieron que el objeto del contrato de obra se cumpliera son imputables de forma exclusiva al contratista…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 47001233100019990077801
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:
¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?
¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?
¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado
Concepto
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-09-25
Sala Consulta y Servicio Civil
ALVARO NAMEN VARGAS
Rad. 11001030600020190005200
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial? No
Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA… . Esta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011.
También resuelve:
¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución…
¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo
¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley…
Consejo de Estado
Providencia
Los plazos fijados para el finiquito se prolongaron hasta el 30 de noviembre de 2009
Sentencia — Sentencia
2026-08-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 41001233100020120015501
ACCION CONTRACTUAL
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al…
¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas…
¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020040042601
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-10-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando sea la entidad contratante la que pretenda la liquidación del negocio, sin haber agotado previamente las posibilidades que tenía en sede administrativa, consistentes en ofrecer y discutir la liquidación bilateral y acudir a la unilateral, no existe controversia contractual, sino una obligación emanada de la ley que le corresponde cumplir a la entidad estatal? Sí
En la sentencia objeto de aclaración se dejó claro que ni la entidad ni el contratista dirigieron sus pretensiones ni la causa petendi a cuestionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que solo bajo ese entendimiento, en el que el litigio se contrae a establecer el balance económico final del acuerdo y no en la determinación de la responsabilidad contractual, procede la aplicación de la tesis de la inviabilidad de trasladar al juez la prerrogativa pública irrenunciable de liquidación del contrato radicada en cabeza de la entidad estatal por disposición legal.
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve:
¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas…
¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes…
¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…