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¿Se debe revocar la sentencia anticipada de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no debe revocar la sentencia anticipada de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control de repetición, ya que la demanda fue presentada dentro del plazo legal, considerando la suspensión de términos judiciales decretada en el Acuerdo PCSJA23.12089 del 13 de septiembre de 2023, que extendió el término de caducidad hasta el 25 de septiembre de 2023. La entidad estatal interpuso la demanda el 21 de septiembre de 2023, por lo que la acción fue oportuna y no operó el fenómeno de la caducidad. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y devuelve el expediente al juzgado para que resuelva el fondo del asunto, garantizando así los principios constitucionales de debido proceso y doble instancia.síntesis automática
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
Sentencia — Sentencia2026-06-24SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)DESPACHO 09 SEC3-SUB C TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334306320230032601ACCION DE REPETICION
¿Se configura la caducidad del medio de control de repetición cuando se pretende repetir lo pagado como consecuencia de una sentencia que fue proferida y cobró ejecutoria antes de la entrada de los artículos 42 y 43 de la Ley 2195 de 2022 (18 de enero de 2022), [que ampliaron el termino de caducidad de dos años previsto inicialmente en el Artículo 164, numeral 2, literal l del CPACA a cinco años], cuando el pago se efectúa dentro de los dos años del plazo legal para hacerse (diez meses desde la ejecutoria), y la demanda se presenta dos años después de puesto el dinero del pago a disposición de su acreedora pero dentro de los dos años siguientes a que fue reclamado? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando el pago de una condena judicial se efectúa dentro del plazo legal de dos años desde que la sentencia cobró ejecutoria, y la demanda se presenta después de que el dinero quedó a disposición del acreedor, aunque dentro del nuevo plazo de cinco años establecido por la Ley 2195 de 2022. La entidad estatal considera que el plazo para la repetición comienza cuando el dinero queda a disposición del acreedor, no cuando éste lo retira, por lo que si la demanda se presenta después de este plazo, se configura la caducidad del medio de control. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos legales para presentar sus demandas desde el momento en que el pago queda a disposición del acreedor.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-11-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 73001233100020010252502ACCION CONTRACTUAL
¿Puede solicitarse la aclaración de un auto cuando la decisión cuestionada fue adoptada por el magistrado ponente conforme a la competencia establecida por la Ley 1395 de 2010, aun cuando la parte solicitante invoque la aplicación del artículo 131 del CPACA, pese a que el proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo por haber sido presentado antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011? No
Conforme a lo preceptuado por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia no es revocable ni reformable por quien la profirió, pero podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte dentro del término de ejecutoria, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En los mismos términos, procede la aclaración de autos. Como antes se indicó, el apoderado de la Fábrica de Licores del Tolima presentó solicitud de aclaración del auto proferido el 18 de septiembre de la presente anualidad, mediante el cual se declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado José Roberto Sáchica Méndez, en el sentido de que se informe por qué no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 131 del CPACA y se profirió la decisión de ponente a pesar de que la norma exige que sea de sala.
¿Se presentó incumplimiento del convenio interadministrativo y procede el reintegro de los recursos desembolsados que no fueron invertidos por el municipio para el desarrollo del proyecto? Sí
La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará el incumplimiento del Convenio y ordenará el reintegro del saldo de los recursos desembolsados por el Ministerio que no fueron invertidos por el Municipio y el pago de los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados para el desarrollo del proyecto. Esta decisión se adopta porque está demostrado que el Municipio incumplió la obligación de presentar los documentos necesarios para la liquidación del Convenio, no reintegró el saldo de los recursos desembolsados por el Ministerio para el cumplimiento de su objeto, y no pagó los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por el Ministerio.
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?
¿Las pruebas allegadas por la parte demandante demuestran la existencia del contrato de suministro celebrado verbalmente entre las partes? Sí
El contratista no puede demostrar la existencia de un contrato de suministro verbal celebrado con la entidad estatal si no ofrece pruebas que evidencien los elementos esenciales del contrato, como los términos y condiciones pactados. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia porque los medios de prueba presentados por el contratista no demostraron la existencia del contrato verbal, sino que mostraron que las prestaciones reclamadas se ejecutaron en desarrollo de un contrato escrito anteriormente celebrado y vigente en el momento de la ejecución de dichas prestaciones. Además, la Sala se pronunció de fondo porque la demanda fue presentada dentro del término previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y condenó a la entidad estatal en costas, de acuerdo con los criterios y tarifas señalados por el Acuerdo PSAA1610554 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
¿Procede la nulidad sobreviniente del contrato de concesión minera por la declaratoria de zona de reserva forestal? Sí
El contratista no puede obtener la nulidad sobreviniente del contrato de concesión minera por la declaratoria posterior de zona de reserva forestal, ya que al momento de celebrar el contrato no se contrariaron las normas vigentes, y la declaratoria posterior no puede generar la nulidad del mismo. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, afirmando que la nulidad es una consecuencia legal que impone la terminación del contrato cuando adolece de vicios al momento de su celebración, no siendo viable la nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, la Sala se abstiene de condenar en costas a la parte vencida al considerar que en el proceso se ventiló un interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas cuando se ventila un interés público?
¿La acción de controversias contractuales interpuesta por el Invías fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA, teniendo en cuenta la suspensión derivada de la solicitud de conciliación extrajudicial? No
El contratista no puede presentar la acción de controversias contractuales fuera del término de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, ya que este es una norma de orden público que no puede ser modificada por la voluntad de las partes, salvo en casos específicos como la liquidación bilateral del contrato. En este caso, la entidad estatal presentó la solicitud de conciliación extrajudicial tres días antes de que venciera el término de caducidad, lo que suspendió temporalmente el cómputo del plazo, pero no permitió que la acción fuera presentada a tiempo. La Sala revocó la sentencia de primera instancia que liquidó el contrato y declaró la caducidad de la acción, sin condenar en costas debido a la ausencia de temeridad o mala fe en el actuar de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el término de caducidad de la acción ser modificado por la voluntad de las partes una vez iniciado su cómputo?¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia temeridad o mala fe en el actuar de las partes y la acción es declarada caducada?
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
¿La parte demandante acreditó haber cumplido la obligación estipulada en la cláusula séptima del convenio para que se hiciera exigible la obligación a cargo de la Gestora Urbana de Ibagué de pagar el 20% final del valor de los subsidios, es decir, presentar las escrituras de las viviendas? No
En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora mientras el otro no cumpla lo pactado, conforme al artículo 1609 del Código Civil, de modo que quien reclama el pago de un saldo debe acreditar antes su propio cumplimiento. Una razón es que en el convenio la obligación de escriturar las viviendas recaía en los demandantes y no se estipuló que la entidad gestora la asumiera, y no existe modificación contractual que lo establezca. Otra razón es que el pago del saldo final solo procedía cuando se acreditara la escrituración, y el trámite incidental de condena no sirve para verificar el cumplimiento de las obligaciones del demandante, sino solo para fijar el monto. En el caso, los demandantes no acreditaron la escrituración de las veintisiete viviendas, aunque alegaron problemas de desenglobe de los lotes. La Sala revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la parte que exige el saldo de un convenio debe demostrar, con los documentos que el convenio le exige, que cumplió antes de reclamar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿De acuerdo con la normatividad vigente y teniendo en cuenta la prosperidad del recurso de apelación, es procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida?
¿Se encontró demostrada la excepción de inexistencia del título de recaudo por haberse desvirtuado la autenticidad del acta de liquidación ? Sí
El contratista no puede demandar ejecutivamente un título de recaudo cuando se desvirtúa la autenticidad del documento que lo sustenta, como en este caso la acta de liquidación, ya que la autenticidad es un requisito esencial para que el título sea considerado válido y confiable, junto con la obligación clara, expresa y exigible que debe constar en él. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo, terminando así el proceso ejecutivo y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares. Además, se condena al ejecutante en costas, incluyendo agencias en derecho equivalentes al uno por ciento del valor revocado en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en el proceso ejecutivo?
¿El medio de control de repetición se presentó por fuera del término previsto por la ley y por ello se presenta caducidad de la acción? Sí
Cuando la entidad paga la condena después del plazo que tenía para hacerlo, el término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el vencimiento de ese plazo, si este ocurre primero, y la oportunidad de la acción es un presupuesto procesal que debe estudiarse aun en segunda instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 164 del CPACA cuenta los dos años desde el día siguiente al pago efectivo o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para pagar. Segunda, en el caso la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada y el plazo de 18 meses venció el 15 de octubre de 2012, mientras que el pago se hizo el 30 de septiembre de 2013. Tercera, la demanda se presentó el 27 de febrero de 2015, cuando la caducidad ya había operado desde el 16 de octubre de 2012. En consecuencia, la providencia revoca la sentencia apelada, declara la caducidad de la acción y condena en costas a la parte demandante. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la acción de repetición debe presentarse en el término de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que…¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior?
¿Se acreditó el incumplimiento de las obligaciones contractuales y precontractuales que estaban a cargo de la universidad demandada? No
El contratista no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero en contratos estatales sometidos al derecho privado una vez las prestaciones contractuales han sido ejecutadas, ya que estos contratos no están sujetos a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que regulan el equilibrio financiero en contratos estatales. Sin embargo, el contratista puede reclamar perjuicios si la entidad contratante incumple sus obligaciones contractuales y precontractuales, incluyendo la obligación de obrar con buena fe, según lo establecido en el Código de Comercio. La Sala revoca la decisión de declarar la inepta la demanda, reconociendo que no era necesario demandar el acto administrativo que denegó la reclamación presentada durante el contrato, y determina que la acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente dentro del término de caducidad. Este precedente reitera la importancia de distinguir entre los contratos regidos por el derecho público y los sometidos al derecho privado en cuanto a las posibilidades de reclamar el equilibrio financiero y las obligaciones de buena fe.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada de manera oportuna?¿En los contratos estatales sometidos al derecho privado, el contratista puede reclamar el restablecimiento del equilibrio una vez las prestaciones contractuales han sido ejecutadas?
¿Procede complementar la sentencia, en el sentido de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A., respecto del otrosí No. 3 al contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, aspecto frente al cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia para aceptar una tacha de falsedad en un otrosí del contrato, siempre y cuando la falsedad esté debidamente acreditada mediante pruebas como el cotejo grafológico, tal como lo permite el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, la terminación unilateral del contrato no produce efectos si el contrato ya se encuentra terminado en el momento de la decisión unilateral, y no se acredita un incumplimiento contractual que justifique la liquidación judicial del contrato. Por tanto, la condena en costas contra la parte vencida en el proceso es procedente conforme al artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, y se fijan agencias en derecho en base al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios?¿Se acreditó que la entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, lo cual produjo efectos?¿Procede revocar la decisión de condenar a la TTS a cancelar el valor pendiente por pagar, por el supuesto incumplimiento contractual…
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
¿La esfera de acción en que se concibe el proceso ejecutivo tiene como nota característica el talante ejecutor atribuido a la jurisdicción para aquellos eventos en los cuales no se requiere la declaración previa de la existencia, constitución o certeza de la prestación debida, por corresponder a obligaciones nacidas de actos de parte, decisiones administrativas o judiciales, dotadas de las calidades necesarias y directas para su cobro? Sí
Cuando la obligación consta en un título ejecutivo, clara, expresa y exigible, que proviene de un acto de parte, de una decisión administrativa o de una decisión judicial, no se requiere declaración previa de su existencia y procede el proceso ejecutivo para obtener su cumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la manifestación de voluntad del deudor en el título constituye su autodeclaración de la deuda, lo que permite el paso directo al cobro; las decisiones administrativas y judiciales tienen fuerza coercible y carácter forzoso de cumplimiento; y el juez emite un mandamiento de pago como orden perentoria, frente a la cual el ejecutado puede interponer reposición por requisitos formales del título y formular excepciones previas y de mérito. El documento cita el Código de Procedimiento Civil sobre el proceso ejecutivo y no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la acreedora debe contar con un título que cumpla los requisitos formales y de exigibilidad para acudir a la ejecución, sin necesidad de un proceso de conocimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿Los títulos ejecutivos son aquellos instrumentos que acreditan la existencia, certeza y exigibilidad de una obligación clara, expresa y exigible reconocida directamente por el ejecutado…¿Compete al juez del proceso ejecutivo al momento de determinar si proferirá o no mandamiento de pago, debatir aspectos relacionados con los motivos de ilegalidad de los actos administrativos o de…¿En los procesos ejecutivos, si bien la prejudicialidad se presenta como una causal de suspensión, no opera como una respuesta automática ante la existencia de un nexo con otro proceso…
¿Procedía incluir en la condena el reajuste del acta de recibo final del contrato, aun cuando dicha solicitud constituyó una pretensión adicional planteada por fuera de las oportunidades procesales previstas para modificar la demanda? No
La parte demandante debe formular todas sus pretensiones dentro de la oportunidad procesal prevista para la demanda o su reforma, sin pretender incorporar peticiones adicionales mediante hechos posteriores que constituyan nuevas súplicas. En este caso, la Sala analizó si procedía incluir en la condena el reajuste del acta de recibo final del contrato suscrita el 9 de octubre de 2019, concluyendo que no es procedente porque dicha solicitud constituye una pretensión adicional y no un simple hecho modificativo o extintivo sobre el cual verse el litigio conforme al artículo 281 del CGP. Por consiguiente, se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en aplicación del inciso primero del artículo 188 del CPACA y los artículos 365 numeral 4 y 366 de la Ley 1564 de 2012, se condenó en costas en ambas instancias a la parte demandada.síntesis automática
También resuelve:¿Procedía declarar el incumplimiento contractual del municipio por omitir el reajuste de las actas de obra conforme al ICCP…¿Incurrió el municipio en mora al efectuar el pago de las actas parciales sin aplicar el reajuste de precios convenido en el contrato?¿Cuándo el fallo resulte desfavorable a la parte demandada, procede imponer condena en costas en ambas instancias, cuya tasación y liquidación corresponde al juez de primera instancia conforme a las…
¿Es procedente declarar de oficio la ineptitud de la demanda dada la improcedencia de examinar los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi, al hallar acreditado que la parte actora omitió su deber de pedir el análisis de legalidad de los actos administrativos en los cuales la entidad efectuó la liquidación del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede demandar la revisión de los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi si omite solicitar el análisis de legalidad de los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión, ya que estos actos gozan de presunción de legalidad y deben ser cuestionados específicamente en juicio para derribar tal presunción. En este caso, la entidad concedente liquidó el contrato de concesión 012 de 1987, y el contratista no solicitó la nulidad de los actos administrativos que liquidaron el contrato, lo que impidió examinar los argumentos sobre el desequilibrio económico del contrato. La Sala revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, reafirmando la necesidad de solicitar en juicio la nulidad del acto administrativo que liquide unilateralmente el contrato cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o prestación no reconocido en el balance definitivo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de cuestionar específicamente la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato de concesión.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas de ambas instancias a la parte demandante, por cuanto no prosperó su recurso y dado que será revocada totalmente la sentencia de primer grado?
¿El a quo se pronunció sobre aspectos no comprendidos en la demanda —fallo extra petita— vulnerando el principio de congruencia? Sí
El principio de congruencia, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y aplicable en el derecho contencioso administrativo por remisión, requiere que la sentencia se ajuste a los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, evitando pronunciarse sobre aspectos no debatidos, salvo en casos específicos permitidos por la ley. En el presente caso, el Tribunal vulneró este principio al conceder una pretensión basada en un hecho futuro e incierto que no se concretó, lo que resulta en una decisión extra petita. Esta regla reitera la importancia de limitar el pronunciamiento judicial a lo planteado por las partes, protegiendo así el derecho al debido proceso y la imparcialidad del juez.síntesis automática