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54001233100020110057302 de 20262026-09-10Rad. 54001233100020110057302
El contratista no puede ser declarado en caducidad del contrato durante la etapa de liquidación, ya que esta medida busca garantizar la continuidad del objeto contractual durante su ejecución, no en su finalización. La caducidad del contrato se activa ante un grave incumplimiento que pueda paralizar la prestación de servicios, y su aplicación está limitada al término de ejecución estipulado en el contrato, no más allá de este. La Sala reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la declaratoria de caducidad no procede en la etapa de liquidación, lo que implica que las resoluciones que declaran la caducidad después del término de ejecución del contrato no son aplicables. Esta regla protege el derecho contractual del contratista y asegura la igualdad material ante la ley, al aplicar la garantía de favorabilidad y proteger la confianza legítima del contratista en el cumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve:Caducidad del contrato: naturaleza jurídica, noción, incumplimiento, finalidadPrecedente judicialEfectos del cambio de jurisprudencia: aplicación retroactiva y prospectiva, modificaciones jurisprudenciales
¿Hay lugar a inaplicar los cambios de jurisprudencia a los procesos en curso, cuando estos implican el cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela efectiva de las partes del conflicto? Sí
El contratista puede evitar la aplicación de cambios jurisprudenciales en procesos en curso si estos implican un cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala ha establecido que, cuando la demanda fue presentada antes de la unificación jurisprudencial que exige renuncia expresa a las cláusulas compromisorias, se considera que operó una renuncia tácita al pacto arbitral, permitiendo así la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Sala recuerda que el cómputo del término de caducidad de la acción en controversias contractuales distingue entre liquidación bilateral o unilateral y ausencia de liquidación, basándose en la garantía constitucional de acceso a la justicia y en la legislación vigente. Esta regla implica que los cambios jurisprudenciales no siempre son aplicables a procesos en curso, protegiendo así los derechos de las partes en litigio.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son supuestos completamente diferenciables?¿Es el Departamento del Cesar responsable por incumplimiento del contrato núm. 200 del 2006, al haber suspendido el contrato sin reconocer los sobrecostos que dijo haber asumido el contratista…
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-06-01Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso, cumple los requisitos de procedencia y oportunidad, para habilitar el conocimiento del asunto en segunda instancia por parte del Consejo de Estado? Sí
El Consejo de Estado es competente por el factor funcional para conocer del presente asunto en segunda instancia, de conformidad con el artículo 150 del CPACA (modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.2 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso es susceptible de este recurso, que será decidido por la Sala conforme al artículo 125 del mismo código, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.
También resuelve:¿La falta de acreditación del requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial en los asuntos conciliables constituye un defecto insubsanable que impide un…¿Para determinar si una medida cautelar tiene carácter patrimonial y, por tanto, exime del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial…¿Procede confirmar la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dado que la parte demandante omitió dicho trámite…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
¿Debe declararse la nulidad de la resolución mediante la cual se adjudicó por el SENA un proceso de selección en la modalidad de licitación pública, cuando se observa que la compañía demandante fue inhabilitada sin validarse la oportunidad de subsanación de la oferta? Sí
La entidad no puede inhabilitar una oferta por un requisito que no se haya establecido con claridad en el pliego de condiciones, y que, cuando el requisito no afecta la asignación de puntaje, debe permitirse la subsanación dentro de las reglas del proceso. Una razón es que en los términos del pliego la entidad no indicó que el tiempo de entrega estuviera limitado a la vigencia del año 2012, y el pliego previó dos formas de pago para la ejecución, lo que impide leer el requisito de manera restrictiva. Otra razón es que la inhabilitación se produjo sin verificar la oportunidad de subsanación del oferente, con lo que la adjudicación al otro proponente vulneró las reglas del proceso. En el caso, el tribunal había declarado la nulidad de la resolución de adjudicación y reconocido la utilidad esperada, y el Consejo de Estado revocó la decisión y limitó las pretensiones a la declaratoria de nulidad parcial, porque la utilidad no se acreditó en el monto reclamado. Su consecuencia práctica es que el pliego debe fijar expresamente cualquier limitación temporal y la entidad debe permitir subsanar los requisitos que no afecten el puntaje.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la nulidad del acto administrativo que adjudicó la licitación pública hay lugar a reconocer el restablecimiento del derecho del demandante…¿En vigencia del C.P.A.C.A. resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Resulta aplicable la tesis acerca del deber de las partes de ejercer la renuncia a la cláusula o pacto arbitral de manera expresa, esto es, la irrenunciabilidad tácita de la misma, teniendo en cuenta que la demanda como su contestación tuvieron ocurrencia con anterioridad al cambio jurisprudencial adoptado sobre ese específico aspecto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que se hiciera manifiesta oposición a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa? No
El contratista no puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato, ya que la renuncia a la misma debe ser expresa, según la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, pero esta regla no es aplicable retroactivamente a casos en los que la demanda y la contestación se presentaron antes de dicha jurisprudencia, permitiendo que el Tribunal Administrativo resuelva la controversia integralmente. Además, el contratista no puede posteriormente desconocer en juicio aspectos de un contrato o acta de suspensión y prórroga si no expresó salvedades o reclamaciones en el momento de su firma, pues esto sería contrario al principio de buena fe y al deber de lealtad contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y garantiza la confianza legítima entre las partes en la ejecución de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades o reclamaciones a su cumplimiento…¿La entidad contratante incumplió el contrato de obra pública, dada la tardanza en la ejecución del objeto contratado y la consecuente causación de mayor valor por obra ejecutada adicional…¿Cuándo el hecho se refiere a desequilibrio económico del contrato es por cuenta de actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales, pero…
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de controversias contractuales, aunque a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria las partes no alegaron la falta de jurisdicción y, al momento de presentar la demanda, la jurisprudencia aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral? Sí
El contratista puede presentar una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controversias contractuales, incluso cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, siempre y cuando las partes no aleguen la falta de jurisdicción y la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda permita la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. La Sala modificó su posición respecto a la renuncia tácita, exigiendo ahora una renuncia expresa y por escrito, pero decidió aplicar la regla anterior en este caso para no afectar el derecho de acceso a la justicia del demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Al contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 celebrado por la Comisión Nacional de Televisión, le era aplicable la Ley 182 de 1995 y…¿La legalidad de las sanciones de la Comisión Nacional de Televisión debe analizarse a partir de lo establecido en el artículo 38 del CCA?¿La facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede ocasionarlas?
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2022-08-29Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020040078001ACCION CONTRACTUAL
¿Emplear un nuevo criterio jurisprudencial en las demandas interpuestas con anterioridad a la expedición de dicho fallo, puede causar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al demandante, por lo cual, en el presente caso, debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, siendo la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de este asunto? Sí
El contratista no está obligado a adaptarse a un nuevo criterio jurisprudencial en demandas interpuestas antes de su expedición, ya que esto podría afectar su derecho de acceso a la justicia, imponiéndole una carga desproporcionada. La entidad estatal debe aplicar la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, garantizando así la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto. Esta regla reitera la importancia de considerar las consecuencias de los cambios jurisprudenciales y de proteger los derechos fundamentales de las partes, evitando defraudar expectativas legítimas y asegurando la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no puede ser adoptada por medio de una sentencia, como ocurrió en este caso…¿En aquellos casos en los que se apele la sentencia, el superior debe verificar si existen demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre todos…
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos? No
El contratista puede presentar pretensiones económicas en sede judicial derivadas de suspensiones al plazo contractual, incluso si en el acta de suscripción no se incluyeron salvedades, siempre y cuando el juez analice el acuerdo concreto y sus implicaciones en el contrato original, aplicando las reglas de interpretación y el principio de buena fe. La Sala reitera que el silencio o la ausencia de salvedades no impide un estudio de fondo de las pretensiones económicas, siempre que estas tengan fundamento en lo pactado. Sin embargo, el juez de segunda instancia debe abstenerse de modificar la causa petendi de la demanda en el recurso de apelación, respetando el principio de congruencia y el debido proceso, lo que limita su competencia a resolver únicamente sobre los cargos que guarden consonancia con la demanda original y las pruebas presentadas.síntesis automática
También resuelve:¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el…¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas…¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
Es clara la procedencia de la amigable composición en los contratos en los cuales sea parte una entidad del Estado, incluso frente a aquellos celebrados durante la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, que es el caso del contrato que dio origen a este litigio. No obstante, el Tribunal, para declarar la nulidad de la amigable composición del 16 de septiembre de 2005, se basó en el concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2005. Sin necesidad de remitirse a las posturas jurisprudenciales anteriores a dicho concepto, es claro que, como quedó expuesto, existe consenso en cuanto a la viabilidad legal de pactar este mecanismo de resolución de conflictos cuando una de las partes es una entidad estatal y, por ello, no es posible concluir de ninguna manera que se trate de un acuerdo contra legem que adolezca de objeto ilícito.
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver? No
No es gravemente culposa la conducta del juez que aplica una interpretación judicial cuando, para la época de sus decisiones, existían posiciones jurisprudenciales contradictorias sobre la materia, pues no hay violación manifiesta e inexcusable de la norma en que debía fundarse la decisión. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la competencia para tramitar el proceso civil en el que se dictaron las providencias se discutía en la época, por la expedición de una ley que atribuyó asuntos de ese tipo a la jurisdicción contencioso administrativa mientras el proceso estaba en curso. Segunda, la existencia de criterios contrapuestos en el propio Consejo de Estado impide calificar como manifiesta la infracción de la norma. Tercera, la demanda de repetición no acreditó, con razones fácticas y jurídicas precisas, la culpa grave de cada uno de los servidores. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que el cambio posterior de jurisprudencia no convierte en culpa grave la decisión que se adoptó conforme a una línea vigente y contradictoria al momento de proferirla.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley…¿El hecho de que las providencias judiciales hayan sido determinantes en la condena por error judicial, no implica, en todo caso…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la…¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa…¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?