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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 05001233300020130077402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista debe asumir los gastos de los tributos causados por la forma en que la entidad estatal decide facturar, incluyendo el impuesto de timbre y la estampilla. Esta regla se deriva de la regulación contractual del pago de gastos reembolsables, donde se establece que los tributos no deben ser deducidos de lo cobrado por el contratista. En este caso, la entidad estatal reconoció expresamente que los tributos se causaron por su decisión de facturar y no por el margen de intermediación del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿La regulación contractual del pago de gastos reembolsables implicaba que UNE debía asumir los costos de los tributos que se causaran y, particularmente…
¿El principio de la buena fe contractual conlleva a que el contratista no asuma los gastos por pagos tributarios?
¿El contratista asume el riesgo del transporte de sus herramientas?
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020160005000
LEY 1437 REPETICION
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga dada su connotación de entidad pública del orden nacional? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la acción de repetición contra el exdirector general de una corporación autónoma regional de la Meseta de Bucaramanga corresponde al Consejo de Estado, por cuanto esa entidad tiene la connotación de entidad pública del orden nacional según la jurisprudencia citada, y que a los hechos posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001 se aplica esa ley. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye a la corporación las demandas de repetición contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. Segunda, la jurisprudencia citada en la nota de relatoría reconoce a esa entidad la connotación de orden nacional. Tercera, como los hechos ocurrieron en 2003, después de la vigencia de la Ley 678 de 2001, esa ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la competencia para repetir contra el representante legal de esa corporación se radica en el Consejo de Estado en única instancia, mientras el fondo se decide conforme a la Ley 678.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen de responsabilidad de los servidores públicos aplicable a este caso es el de la Ley 678 de 2001, ya que el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003?
¿La entidad demandante demostró la existencia de una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la misma la carga de cancelar una suma de dinero…
¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el recurso de apelación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No está acreditado el primer presupuesto para que proceda la acción de repetición y, se negarán las pretensiones
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020170006000
LEY 1437 REPETICION
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?
¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?
¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario.
Sentencia — Sentencia
2023-06-14
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020160003100
ACCION DE REPETICION
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020150017200
LEY 1437 REPETICION
¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición pende la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; el pago efectivo de la obligación reparatoria; y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público? Sí
La prosperidad de la acción de repetición exige la concurrencia de cuatro presupuestos: la obligación resarcitoria a cargo del Estado, la condición de servidor o exservidor público del demandado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los tres primeros elementos son de carácter objetivo, y el último es de carácter subjetivo, por lo que cada uno debe acreditarse en el proceso. Segunda, la competencia para conocer en única instancia de repeticiones contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se determina por el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, y el juez verifica los presupuestos que correspondan a la controversia. Tercera, la falta de cualquiera de los presupuestos impide la condena, de modo que la acción no prospera cuando no se demuestra la conducta subjetiva. La providencia reitera la jurisprudencia sobre esos presupuestos. La consecuencia práctica es que, en repetición, el juez debe verificar todos los presupuestos antes de condenar al agente, y su ausencia conduce a negar las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas contra los representantes legales de los
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra representantes de entidades del orden nacional?
Sentencia — Sentencia
2023-06-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 11001032600020160013900
LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra representantes de entidades del orden nacional? Sí
Los procesos de repetición iniciados contra representantes de entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda. La regla se apoya en que la acción de repetición está adscrita a la jurisdicción contenciosa, conforme al artículo 142 del CPACA y al inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, de modo que el factor de competencia se determina por la calidad del demandado. Esta atribución se fija por la norma vigente al presentarse la demanda, lo que delimita el juez competente desde ese momento. En el asunto, la Sala asumió la competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición y negó las pretensiones de la demanda. En la práctica, la competencia única instancia depende de que el demandado sea representante legal de una entidad del orden nacional en el momento de presentar la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa…
¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…
¿La Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente proceso de repetición…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100211401
ACCION CONTRACTUAL
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:
¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…
¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…
¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2023-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019970064301
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020040042601
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA