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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

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Fecha
2022-09-19
Radicado
25000233600020130021101
Número interno
54714
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CILOYD
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción competente para definir este asunto sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"), vigente para la fecha de presentación de la demanda. En tal sentido, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de controversias contractuales, en el que una de las partes es el IDU, un establecimiento público, dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011

También resuelve

  • ¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato?
  • ¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual?
  • ¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA ADICIÓN AL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA PRECIO UNITARIO CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL DICTAMEN PERICIAL RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA PAGO DE LA MULTA OMISIÓN DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA PRUEBA OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 19.600 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisdicción competente para definir este asunto sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"), vigente para la fecha de presentación de la demanda. En tal sentido, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de controversias contractuales, en el que una de las partes es el IDU, un establecimiento público, dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Sobre la presentación oportuna de la demanda, el mencionado artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación, siendo este el momento en que el contrato sea liquidado bilateral o unilateralmente, o sea incumplida la obligación de liquidarlo, por tratarse de un contrato de obra cuya ejecución se prolonga en el tiempo, de acuerdo con el artículo 135.8.d) del Código Contenciosos Administrativo (CCA), así como los artículo 164.j.iii), 164.j.iv) y 164.j.v) del CPACA. Está última norma prevé, además, un término supletivo para la liquidación bilateral y unilateral de dos (2) y cuatro (4) meses, que en su sumatoria se asemeja al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. (...) en el sub judice no hay prueba de que el contrato núm. 163 de 2006 haya sido liquidado, a pesar de que la ley del contrato establece que los contratos de tracto sucesivo, como el de obra pública, son objeto de liquidación. Ahora, las partes adoptaron un término inicial de ocho (8) meses siguientes a la terminación del contrato para efectuar la liquidación ,bilateral (aptdo. 4.2.5). El negocio jurídico en cuestión terminó, por expiración de su vigencia, el dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010) (aptdo. 4.5.26.2). Por ende, los plazos de liquidación bilateral y unilateral del contrato, de ocho (8) meses acordados por las partes y de dos (2) meses previsto por ley finalizaron el diecinueve (19) de diciembre de (2010). A partir del día siguiente empezó a correr el plazo para la presentación oportuna de la demanda, plazo que, de ser desconocido, causa caducidad de la acción. La caducidad, en este asunto, se rige consecuentemente por la normatividad vigente para el veinte (20) de diciembre de dos mil diez (2010), es decir, el artículo 136, numeral 10, literal d) del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Sin solución de continuidad, el término bienal establecido en el precepto en mención habría concluido el veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012), día de vacancia judicial, por lo que el término se habría extendido hasta el día hábil siguiente a la finalización del período de vacancia: el once (11) de enero de dos mil trece (2013). No obstante, el trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012), a falta de site (7) días para finalizar los dos años, el Consorcio presentó solicitud de conciliación judicial. Dicho trámite, suspensivo del término de caducidad, finalizó el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013) (aptdo. 4.7), por lo que la demanda, presentada al día siguiente de concluir infructuosamente el intento conciliatorio, fue formulada en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 135 NUMERAL 8 LITERAL D, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164 LITERAL J, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Ahora, el hecho de que el contratista haya accedido a construir una obra a precio global, comprometiéndose a la confección entera de la construcción a cambio de un valor determinado, no implica que este deba asumir todos los riesgos anormales y extraordinarios que se concreten durante la ejecución del contrato, ni soportar a su costa las circunstancias que agraven la prestación pactada que no obedezcan a su actuar o escapen de su control". Pero tampoco puede ignorarse que, en este contexto, el particular debe incluir en su ofrecimiento un margen de solvencia que le permita asumir la confección íntegra de la obra pactada a cambio de ese precio único. NOTA DE RELATORÍA: Referente al rubro de imprevistos en el contrato de obra pactado a precio global, consultar sentencia de 2 de marzo de 2020, Exp. 05001-23-31-000-1997-03054-01(41376), C.P. Ramiro Pazos Guerrero y sentencia de 8 de noviembre de 2021, Exp. 25000-23-36-000-2013-02201-01(56023), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM La teoría de la imprevisión, que es el supuesto de desequilibrio debatido en este asunto, presupone la ocurrencia de un suceso exógeno a las partes, que altere el alea normal del contrato y que no haya sido razonablemente previsible para las partes contratantes al momento de la celebración del contrato. Por lo tanto, quien haya suscrito un contrato bajo la modalidad de precio global fijo y busque el restablecimiento del equilibrio contractual con base en la teoría de la imprevisión, tendrá una carga de la prueba más exigente, ya que al suscribir el contrato este asume los riesgos propios de la actividad a la que se dedica, que son así previsibles y forman parte del alea normal del negocio. En consecuencia, debe probar que se produjeron riesgos anormales y extraordinarios que superaron cualquier previsión contractual, y que fueron de una magnitud capaz de alterar la equivalencia contractual proyectada al inicio del negocio; y a lo que tendría derecho un contratista en estas circunstancias, es a ser llevado a un "punto de no pérdida", que no equivale a la reparación integral de las pérdidas padecidas. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la carga de la prueba en la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico del contrato suscrito bajo la modalidad de precio global fijo, consultar sentencia de 20 de septiembre de 1979, Exp. N2742; sentencia de 29 de mayo de 2003, Exp. 14577, C.P. Ricardo Hoyos Duque y sentencia de 19 de junio de 2020, Exp. 20001-23-31-000-2010-00489-01(46881), C.P. María Adriana Marín. ADICIÓN AL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / PRECIO UNITARIO / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, para esta Corporación, la referencia a las adiciones al contrato supone una modificación, en la que son agregados al objeto, elementos o metas físicas no previstas inicialmente por las partes, y que resultan indispensables para la consecución de los intereses inmersos en el negocio, sin que ello pueda derivar en la mutación del tipo de contrato. Bajo estos supuestos, las actas o acuerdos sobre mayores cantidades de obra en contratos celebrados a precios unitarios, en los que el valor indicado en el contrato supone apenas un estimativo de lo que será el precio final de la obra cuando esta concluya, no serían propiamente una adición sino una inyección de recursos presupuestales prevista para sortear las imprecisiones que haya podido tener la formulación inicial del precio. Por el contrario, en contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual y, por lo tanto, adición, toda vez que en este escenario la estimación inicial del costo de la obra en su totalidad es vinculante a lo largo del acuerdo de voluntades como el precio determinado que el contratista percibirá como contraprestación por su labor. NOTA DE RELATORÍA: Referente al incremento del precio del contrato pactado bajo la modalidad de precio global o alzado, consultar sentencia de 6 de agosto de 1987. Exp. 3887. MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue excedido en un 50% del precio inicial del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra que al suscribir el acta núm. 2 de mayores cantidades de obra (aptdo. 4.5.6), destinada a regular las cantidades adicionales de ítems pertenecientes al valor para obras de construcción, pactado a precio global, las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue sobrepasado en 3.605,2 SMLMV. Con ello, fue celebrado un contrato contra expresa prohibición legal, configurándose la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. (...) En este orden de ideas, la violación a la prohibición legal de adicionar los contratos estatales en más del 50% de su precio inicial, que da lugar a la nulidad del acto por trasgredir una prohibición legal expresa, debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones que, en un contrato a precio global, se produce con cualquier adición al objeto primigenio. (...) erá declarada la nulidad del acta núm. 2 de mayores cantidades, suscrita el 17 de diciembre de 2007, y la nulidad parcial del otrosí núm. 1 al Contrato de Obra Pública IDU-163 de 2006, en cuanto prevé que: "Dentro del valor de la construcción entiéndanse incluidos los valores [...] las Actas No. [...] 2 de mayores cantidades de obra aprobadas por la Interventoría y el IDU". FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2 DICTAMEN PERICIAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En las actas y otrosíes suscritos entre el Consorcio y el IDU durante la ejecución del contrato 163 de 2006 quedó completamente zanjado el restablecimiento del desequilibrio económico que afectó al contratista? Respuesta al problema jurídico: No Es claro así que, en este asunto, el dictamen contable practicado no da cuenta suficiente de la existencia de un desequilibrio económico del contrato de obra núm. 163 de 2003, ni que el IDU, mediante las sumas reconocidas en el acta y en el otrosí núm. 2, no haya logrado restablecer el equilibrio contractual al punto de no pérdida exigido por el EGCAP. Ningún elemento arrimado al expediente, y menos el dictamen, logran establecer cuál era ese punto de equilibrio, y en cuánto difirió con los valores reconocidos de mutuo acuerdo. Tampoco está claro que este haya sido imprevisible dentro del marco del precio global que reguló mayoritariamente el contrato. En ese sentido, con el solo señalamiento de sumas que supusieron sobrecostos en la obra, no resulta discernible cuáles de esos guarismos serían pertinentes para la reclamación por desequilibrio económico, que, contrario a lo sugerido por el recurrente (aptdo. 2.4.3), no son los relacionados con la pérdida o disminución de utilidades para el contratista, como se rememoró líneas atrás (aptdo. 5.2.2). (...) No puede pasar esta Sala por alto, por demás, que el dictamen practicado no permite diferenciar las obras ejecutadas en cumplimiento del acta de mayores cantidades núm. 2 y el otrosí núm. 1, con las cuales fue superado el monto de las adiciones que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 proscribe y que, por ser consecuentemente nulos —como se determinó previamente— no dan lugar al restablecimiento del equilibrio económico, que presupone la existencia de un contrato válido. Así, la Sala mantiene la denegación de las pretensiones por valores mayores por desequilibrio contractual, aunque por razones diferentes a las de la sentencia apelada. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PAGO DE LA MULTA / OMISIÓN DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La liquidación judicial del contrato debe incluir la suma por la que fue declarado el incumplimiento contractual del Consorcio, mediante la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010? Respuesta al problema jurídico: No [C]omo lo ha considerado la Sala previamente, de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil ("CC") y 177 del CPC, así como el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el surgimiento o extinción de las obligaciones en pugna. (...) Como, en este asunto, la parte actora, sin justificación alguna, omitió la carga de solicitar las pruebas que daban cuenta de la extensión de la obligación de pagar la multa impuesta mediante la Resolución 1593 de 2010 en la oportunidad procesal dispuesta para ello, el decreto oficioso de pruebas únicamente soslayaría el incumplimiento de esta carga que la ley le impone, resultando así improcedente. Al no existir, entonces, prueba legal y oportunamente allegada en la que se funde el cargo de la alzada bajo examen, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de restituciones mutuas derivadas de la declaración de nulidad por objeto ilícito del acta núm. 2 de mayores cantidades de obra y del otrosí núm. 1 del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: No [P]ese a que no exista certeza sobre la ejecución de las obras específicamente pactadas en los negocios jurídicos anulados, sí resulta claro que en este caso no hay lugar al reconocimiento de restituciones mutuas, ya que estas habrían beneficiado a la entidad demandante hasta el monto reconocido, o, por no haberse ejecutado, su pago no fue reconocido, permaneciendo así inalterada la situación patrimonial de las partes contratantes. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si Según el CGP, la condena en costas procede contra la "la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de las agencias en derecho (núm. 4). Para la segunda instancia de los procesos declarativos, dicha tarifa tiene como límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigencias (SMMLV). En vista de este marco normativo, la Sala reconocerá la suma de 5 SMLMV para el IDU, por agencias en derecho en segunda instancia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714) Demandante: Consorcio CILOYD CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación: Demandantes: Demandado: Referencia: Temas: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714) Consorcio CILOYD Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Controversias contractuales Tema 1: Cómputo del término de caducidad en controversias contractuales. Subtema 1.1: Norma procesal aplicable según tránsito legislativo. Tema 2: Equilibrio económico del contrato. Contrato de obra a precio global. Tema 3: Deber de declarar la nulidad del contrato. Subtema 3.1. Prohibición de adiciones al contrato que excedan el cincuenta por ciento (50%) del precio inicial. Subtema 3.2. Alcance de la declaración de nulidad. 3.3. Restituciones mutuas. Tema 4: Dictamen pericial contable. Tema 5: Carga y necesidad de la prueba. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 29 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda. I. SINTESIS DEL CASO El contrato núm. 163 de 2006 tenía por objeto la construcción de la Avenida Los Comuneros entre la Avenida Circunvalar y la carrera 8' de la ciudad de Bogotá. El contrato fue prorrogado y su precio fue incrementado en múltiples ocasiones, algunas de las cuales busc aron restablecer el equilibrio económico del contrato, que fue afectado por las graves falencias en los diseños de construcción. El consorcio contratista persigue el reconocimiento de lo que, en su criterio, corresponde al desequilibrio contractual no reconocido por la administración contratante. II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda 2.1.1. El veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013), las sociedades Obras y Diseños S.A. y Cilas E.U., integrantes del Consorcio Ciloyd (en adelante, el Consorcio) demandaron', en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en procura de que: (i) sea declarada la nulidad de la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010 en la que fue decidido unilateralmente el incumplimiento del contrato núm. 163 de 2006 por parte de la demandante, al considerar que contradijo normas superiores, e incurrió en falsa motivación, desviación de poder y violación del derecho de defensa; (ii) se declare el desequilibrio económico del contrato mencionado en desmedro de la parte actora; (iii) en consec uencia, se condene al IDU al pago del restablecimiento del equilibrio consistente en el mayor valor costeado por el contratista para la 1 F. 1-53, c. 1. 1 Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714) Demandante: Consorcio CILOYD ejecución del contrato; y que (iv) el contrato núm. 163 de 2006 sea liquidado judicialmente. 2.1.2. En el escrito de demanda, la actora relata que, luego de concluir el procedimiento licitatorio adelantado por la demandada, el Consorcio y el IDU celebraron el contrato de obra núm. 163 del 29 de diciembre de 2006, que tuvo por objeto la construcción de la Avenida Los Comuneros desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 8 en la ciudad de Bogotá, mediante el sistema de precio global con ajustes, que ascendía a $8.306'148.832, previendo un plazo de ejecución de 7 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación. Que, una serie de falencias respecto a los diseños y estudios previos de la obra impidió el inicio de la ejecución en los términos proyectados, lo que condujo a la celebración de múltiples modificaciones y adiciones al negocio, e igualmente dio lugar al rompimiento de la ecuación financiera contractual en perjuicio del Consorcio. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1. El veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) el Tribunal admitió 2 la demanda y ordenó notificar el admisorio al IDU, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al agente del Ministerio Público. 2.2.2. El IDU contestó la demanda3 y se opuso por completo a las pretensiones formuladas por la demandante. 2.2.3. El veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), en la audiencia iniciar el litigio fue fijado en torno a: (i) la nulidad de la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010; (ii) el desequilibrio contractual que se habría presentado con "los diseños ejecutados, el valor de un andén construido en el costado de la vía, la excavación de toca, la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista, el periodo de improductividad de maquinaria, equipos y personal, las adecuaciones de la urbanización Santa Bárbara, la pérdida de la sub base granular que el interventor obligó a retirar, la construcción de cárcamos de redes de servicio, los sobrecostos financieros, y trabajos ejecutados y reconocidos por la interventoría cuyos precios unitarios nunca fueron aprobados por el 1Dtf; y (iii) la liquidación del contrato de obra núm. 163 del 29 de diciembre de 2006. 2.2.4. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en primera instancia, la demandante8 y la demandada7 dieron a conocer sus argumentos de cierre. El agente del Ministerio Público, para ante el Tribunal, rindió concepto8. 2.3. La sentencia recurrida En sentenciag del veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), el Tribunal negó las pretensiones. Inicialmente, descartó el error grave del dictamen pericial tramitado en el asunto, denunciado por el extremo demandado. Posteriormente, consignó la siguiente motivación: 2 F. 67, C. 1. 3 F. 217-240, C. 1. 4 F. 355-362, c. 1. 5 Transcripción desde el 1:24:11 al 1:25:10 de la audiencia. 6 F. 432-446, c. 1. 7 F. 447-460, c. 1. a Rol asumido por el Procurador Judicial 136 Administrativo, Carlos Alberto Bohórquez Yepes. 9 F. 463-481, c. ppal. 2 Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714) Demandante: Consorcio CILOYD 2.3.1. En cuanto al acto administrativo demandado, consideró que no se configuró ninguna de las causales de nulidad señaladas porque: (i) no se violaron normas superiores, toda vez que la entidad demandada declaró el incumplimiento conforme a derecho, y en ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias; (ii) fue respetado el debido proceso y el derecho de defensa, habiéndose comunicado al contratista las consecuencias del incumplimiento contractual; (iii) la resolución demandada fue soportada en medios de prueba que reflejaron la realidad de lo acontecido en la ejecución del contrato, y (iv) los supuestos fácticos y jurídicos invocados por la administración en dicho acto no fueron desvirtuados por la demandante. 2.3.2. En relación con el desequilibrio económico del contrato, el Tribunal observó que las múltiples modificaciones, actas y otrosíes al contrato alcanzaron acuerdos, en los que se zanjaron las controversias relativas a los diseños y a las mayores cantidades de obra. Consideró el órgano colegiado que las obras adicionales fueron reconocidas al contratista, quien consintió sin objeción sobre su precio ni los costos que implicaban, y que fue restablecido consensualmente el desequilibrio contractual al punto de no pérdida, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 2.3.3. El a quo liquidó el contrato con reconocimiento al Consorcio del pago de $8'297.798,70, "extrayendo lo consignado en el acta No. 100 de recibo final de obra del contrato 163 de 2006". Dicho balance fue consignado tanto en la parte motiva como en la resolutiva de la providencia así: CONTRATO, ADICIONES Y OTROSÍ VALOR DESCUENTOS VALOR DE OBRA EJECUTADO OBSERVACIONES Valor del contrato inicial: $8.306.148.832 N.A. N.A. N.A. Contrato adicional No. 1: $3.000.000.000 N.A. N.A. N.A. Acta de mayores cantidades de obra No. 1: $3.500.000.000 N.A. N.A. N.A. Acta de mayores cantidades de obra No. 2 $3.000.000.000 N.A. N.A. N.A. Ajustes causados $500.000.000 N.A. $15.739.010.609 El valor de obra ejecutado es la realizada [sic] hasta 9- 10 de agosto de 2009 (fi. c. 3) Acta de reconocimiento de Desequilibrio económico (11. 75, c. 2) $1.387.073.861 N.A. N.A. N.A. Acta de ajuste No. 84 (fs. 75c 2) $270.588.302 $135.737.001,87 N.A. Obras pendientes Resolución 1593 de 2010 (fs. 97, c. 1) Otrosí No. 2 del 29 de octubre de 2009 por desequilibrio económico del contrato (frs. 75, C. 2) $4.788.906.040 $261.237.774 $24.364.040.057,83 1) Concepto del descuento es por el valor auditorias según informe del auditor (I. 62, c. 3) 2) valor de la obra ejecutada es el expuesto en el acta No. 100 de recibo final de obra del 30 de enero de 2012 (fs. 61 c. 3) TOTAL $24.752.717.035 $396.974.775,87 $24.364.040.057,83 TOTAL A FAVOR DEL CONTRA77STA: S8.297.798,7 3 Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714) Demandante: Consorcio CILOYD 2.3.4. Por último, la providencia de primera instancia condenó en costas, fijando por concepto de agencias en derecho la suma de $18'214.933, a favor de la parte demandada. 2.3.5. Uno de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal presentó "adición de voto", en la cual consignó que ,el contrato debió anularse oficiosamente porque sobrepasó el límite de adiciones al precio del contrato, que fue superior al 50% del precio originalmente pactado. 2.4. El recurso de apelación El diez (10) de junio de dos mil quince (2015), la demandantel° interpuso recurso de apelación" en contra de la sentencia de primer grado. Los motivos de inconformidad con la decisión fueron los siguientes: 2.4.1. El Tribunal erró en el fallo, al pasar por alto que hubo fallas en los diseños entregados por el IDU, lo que generó retrasos en el cronogranna inicialmente delineado, e hizo necesaria la elaboración de nuevos diseños y la ejecución de obras imprev

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