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¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el acto acusado es nulo, pues, calculó el primer cuartil con base en todas las propuestas presentadas en la licitación, por tanto, con desconocimiento de la selección objetiva que obliga tan solo a considerar los datos de las propuestas habilitadas para poder hacer una comparación de las ofertas en debida forma? No
El contratista no puede anular la decisión de primera instancia basada en el argumento de que la entidad consideró todas las propuestas presentadas en la licitación para calcular el primer cuartil, en lugar de limitarse a las propuestas habilitadas, ya que la entidad cumplió con los términos del pliego de condiciones al determinar el orden de elegibilidad de los proponentes habilitados con apego a los valores ofertados por todos los participantes, incluidos los descalificados, sin embargo, el contratista no demostró que esta práctica afectara el resultado final del proceso de selección y, por ende, no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo. Además, la entidad demandada no incurrió en una violación del principio de selección objetiva que justifique la nulidad del acto acusado, ya que el dictamen pericial no probó que el orden de elegibilidad variara sustancialmente en favor del proponente vencido al emplearse únicamente los valores de las ofertas habilitadas. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia y condena al contratista en costas por ser la parte vencida en el proceso, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la demandante por ser la parte vencida en el proceso?
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
Sentencia — Sentencia que niega las pretensiones2026-02-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 25000233600020190012100ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo de adjudicación de la licitación pública No. FDLE-LP-230-2018 está viciado de nulidad? No
El pliego de condiciones vincula a la administración y a los proponentes, y el análisis económico de la propuesta debe ajustarse a los criterios y al método reglado que el pliego establece, sin que la adjudicación sea nula si la entidad observó esos criterios. La regla se sostiene en tres razones: el pliego fija el objeto del procedimiento, el cauce del trámite y las reglas de evaluación objetiva y técnica; los estudios previos y el pliego diseñaron un método reglado y secuencial de evaluación económica, en el que la propuesta debía presentarse integralmente con los anexos exigidos y estar sujeta a verificación y corrección aritmética; y ese análisis debía cubrir los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato. Por ello, la entidad debe evaluar la propuesta conforme a esos criterios, y no con otros que el pliego no contempla. En el caso, la adjudicación se ajustó a esos criterios, por lo que no está viciada de nulidad.síntesis automática
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley?¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2024-04-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020170010500LEY 1437 REPETICION
¿Se cumplen lo presupuestos para dictar sentencia anticipada, porque no hay pruebas que requieran ser practicadas en audiencia, sino que las únicas pruebas son las que se aportaron con la demanda? Sí
El juez puede dictar sentencia anticipada cuando no hay pruebas que deban practicarse en audiencia y las únicas pruebas son las documentales aportadas con la demanda, en los términos del numeral 1, literales b y c, del artículo 182A del CPACA. En ese escenario, el auto incorpora las pruebas documentales al expediente, les da el valor probatorio que corresponda en la sentencia y fija el litigio. Los documentos se consideran útiles, pertinentes y eficaces, y su traslado se entiende surtido con el de la demanda, conforme a los artículos 269 y 272 del Código General del Proceso. En el caso analizado, el litigio consiste en determinar si los exmiembros de una junta directiva actuaron con culpa grave en la apertura, modificación y declaratoria de desierta de una licitación pública, y si esa conducta determinó las condenas pagadas por la entidad accionante, de modo que deban responder con su patrimonio. Por ello se dispone el trámite de sentencia anticipada, sin ampliar los supuestos de la norma.síntesis automática
¿Cuáles son las características de la licitación pública de obra y cómo se realiza la publicación de este tipo de procesos en el SECOP II?
La escogencia del contratista se efectúa, por regla general, a través de licitación pública, según el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, con las excepciones que señalan los numerales 2, 3 y 4 de esa misma norma. Esta modalidad sustituyó el derogado numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y se rige por procedimientos reglados que deben agotar una etapa precontractual de planeación, reflejada en el análisis del sector económico y en los estudios previos. Salvo norma especial que ordene una modalidad distinta, la licitación pública es el procedimiento ordinario para la contratación de obra pública. Para su publicación en el SECOP II, la entidad debe cargar el proceso y sus documentos, incluidos los pliegos y los sobres de la propuesta, en la plataforma, en las etapas que la normativa exige para el sobre 1 y el sobre 2. La consecuencia práctica es que la entidad debe estructurar el cronograma y la publicación del proceso conforme a esas etapas, de forma que los interesados conozcan oportunamente cada actuación y su contenido en la plataforma transaccional.síntesis automática
También resuelve:Licitación pública: regla general, procedimientoLicitación de obra pública: característicasSecop: publicación proceso licitación pública (obra pública)
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía del proceso supere los 300 SMLMV y se ajuste a la vocación de doble instancia del proceso contencioso administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza del recurso de apelación y en la cuantía del asunto, que determina la jurisdicción competente para conocer del caso. La Sala reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos que superen la cuantía establecida deben ser presentados ante esta corporación, asegurando así la continuidad del proceso de doble instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente para cuestionar la legalidad del acto precontractual que declara desierta la licitación pública?¿Se acreditó la legitimación en la causa por activa y por pasiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que declaró desierta la licitación pública fue presentado dentro del término legal?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, en virtud de su participación como proponente en el proceso de selección, lo que le confiere interés para formular las pretensiones oportunamente en el proceso de controversias contractuales. La entidad estatal y el contratista están legitimados en la causa por pasiva, ya que la entidad emitió el acto de adjudicación y suscribió el contrato en cuestión, mientras que el contratista es coadyuvante en el proceso. Además, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía, dado que el monto de las pretensiones indemnizatorias supera el umbral establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en casos de cuantía elevada, lo que implica que los procesos similares podrán ser conocidos en segunda instancia por esta corporación siempre que cumplan con los requisitos de cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho?¿La demandante como proponente en el proceso de selección del contratista esta legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación que finalizó dicho proceso?¿La entidad contratante y el contratista están legitimados en la causa por pasiva?
11001032600020220003800 de 20262026-07-01Rad. 11001032600020220003800
El contratista no puede modificar el pliego de condiciones ni extender el término del proceso de selección mediante adendas dentro de los tres días previos al cierre del proceso, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Esta prohibición se extiende a la suspensión del proceso y la creación de un nuevo cronograma, ya que estos cambios no se consideran correcciones formales sino modificaciones sustanciales que alteran la competencia y afectan a los oferentes. La entidad estatal puede corregir errores formales en los actos y sanear vicios de procedimiento, pero no puede realizar cambios materiales en el pliego de condiciones ni en las reglas del procedimiento de selección. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo límites claros entre la facultad de modificar el pliego y la de corregir errores formales, lo que implica que cualquier cambio sustancial en el pliego dentro del período prohibido generará nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:Adendas: facultad de expedición, Ley 80 de 1993 artículo 30Vicios: Ley 80 de 1993 artículo 49, Ley 1437 de 2011 artículo 45, correcciones formalesPliegos de condiciones: facultad de modificación, adendas, saneamiento, diferencias entre facultad de modificar pliego de condiciones y facultad de corregir errores formales
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras? No
No hay nexo causal demostrado entre la infracción del deber de planeación de la SED y los perjuicios clamados por el Consorcio. Por el contrario, entre ellos existen varios señalamientos en su contra, que aluden a la trasgresión de sus obligaciones contractuales, y que no merecieron despliegue probatorio alguno del actor. Por lo tanto, el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse.… Una de las razones por las que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado, la responsabilidad por incumplimiento contractual, y la consecuente reparación de perjuicios que perseguía el demandante, es que no se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la SED, y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras.
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo de controversias contractuales proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve:¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia?¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un…¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿La parte demandante cumplió con la carga probatoria de aportar los documentos necesarios para demostrar que la entidad accionada modificó el pliego de condiciones? No
Quien demanda la nulidad de la adjudicación de una licitación debe aportar la prueba de los hechos en que funda sus pretensiones, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 del Código General del Proceso. En el caso analizado, las pretensiones se sustentaban en que el presupuesto oficial definitivo no modificaba el pliego de condiciones, pero el expediente solo contenía una parte de ese documento, lo que impedía verificar si la entidad expresó su intención de modificar el pliego. La Sala confirmó la sentencia desestimatoria por motivos distintos a los del tribunal, porque la demandante tenía la mínima carga de aportar el documento completo. La consecuencia práctica es que la omisión de esa prueba básica conduce a negar las pretensiones. La providencia reitera la regla de la carga de la prueba aplicable al caso, sin cambiar el criterio sobre la modificación de pliegos.síntesis automática
2500023260002011002610 De 2025 de 20252025-08-27Rad. 2500023260002011002610
Por consiguiente, las entidades estatales, en los procesos de contratación, no pueden solicitar ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el aludido registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007; sin embargo, el mismo artíc ulo habilitó que sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones números 411 del 28 de diciembre de 2010, 412 del 28 de diciembre de 2010, 413 del 28 de diciembre de 2010 y 277 del 12 de octubre de 2010, por las cuales se declaran desiertas las licitaciones públicas 4, 5, 6 y 7 de 2010, emitidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico del Distrito Capital de Bogotá.
También resuelve:Evaluación definitiva: término de traslado para observaciones, Artículo 30 Ley 80 de 1993 la evaluación definitiva tenía un plazo máximo, vencido el cual se abría la posibilidad de presentar observaciones, por el término de cinco días, tal como lo imponía el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La respuesta a éstas debía darse dentro de los tres días hábiles siguientes; vale precisar que, aunque en el cronograma existía un período preciso para esto último -los referidos tres días-, en el numeral transcrito se habilitó la posibilidad de hacerlo también en el acto de adjudicación. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN, oportunidad, trasladoConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100019950042501ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…