Titulación de la relatoría 37.198 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor –$724’000.000 (…)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular pretensiones, en la acción contractual, según el artículo 136.10 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, aplicable al trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 de la Ley 153 de 1887). La demanda pidió el reconocimiento y pago de unos perjuicios con fundamento en la Resolución nº. 1129 de 2005, modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005, que liquidó los «convenios de cooperación» suscritos por las partes y en las que determinó la configuración de esos perjuicios (…). La demanda se interpuso en tiempo –12 de julio de 2007 (…)–, porque la notificación de la Resolución nº 2015 de 2005, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución nº. 1129 de 2005, a través de la cual se liquidaron unilateralmente los «convenios de cooperación» y cuyo contenido es el fundamento de la pretensión, se produjo el 19 de julio de 2005 (…). Al día siguiente inició el conteo de los dos años, que vencían el 23 de julio de 2007, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / PARTES CONTRATANTES / PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN / UNIVERSIDAD DEL VALLE / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Universidad del Valle está legitimada en la causa por activa y Alta Tecnología Ltda. está legitimada en la causa por pasiva, porque suscribieron los «convenios de cooperación» del 22 de septiembre de 2000 y 4 de junio de 2002, cuyo objeto fue aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional.
INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / CONVENIO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / PERJUICIOS / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / PAGO DE PERJUICIOS / EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS / ALCANCE DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / FINALIDAD DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a lo pedido, es evidente que la demandante parte de un incumplimiento verificado por ella misma en la decisión de terminación del contrato y que acudió a este proceso judicial para que se ordenara el pago de los perjuicios que de esa circunstancia se derivaron, conforme al artículo 6° de la Resolución n°. 1129 de 2004, modificado por la Resolución n°. 2015 de 2005, en el cual optó por no cuantificar la indemnización y, en su lugar, reclamarla en sede judicial. Por consiguiente, lo cierto es que la demanda ni su reforma formularon pretensiones de incumplimiento, sino que persigue el reconocimiento y pago de unos perjuicios por la terminación unilateral comunicada y de conformidad con las resoluciones ya referidas en las que concluyó la existencia de unos perjuicios cuyo pago debía ser ordenado por el juez. Valga precisar que, a pesar de que la reforma a la demanda se refirió al artículo 1546 del CC y adujo que la parte demandada pretendió celebrar contratos a nombre de la universidad, sin estar autorizada para ello, tales consideraciones no fueron soporte de una pretensión de declaratoria de incumplimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / PAGO DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez interpretar una pretensión de condena por perjuicios como una solicitud de declaratoria de incumplimiento contractual, cuando dicha pretensión no fue formulada expresamente en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l pleno de esta Corporación, en fallo del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites precisos. (…) Por lo tanto, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala no podría, so pretexto de interpretar una pretensión que busca la cuantificación y orden de pago de unos perjuicios, entrar a estudiar un incumplimiento contractual que no fue pedido en la demanda. Lo anterior, porque una interpretación en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual constituiría una modificación de los hechos de la demanda y una adición a lo pedido en esta, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. En la medida en que, según lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, en la acción contractual caben pretensiones declarativas, condenatorias y de nulidad de actos jurídicos, la Sala considera que en este caso la forma en que se estructuró la pretensión guarda correspondencia con los fundamentos de hecho que se trajeron en la demanda y su reforma, los cuales, se reitera, giran en torno a la cuantificación y orden de pago de los perjuicios, sin que hubiera pretensión de incumplimiento de los «convenios de cooperación».
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ARCHIVO DEL PROCESO JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Impide la existencia de un proceso archivado por sentencia ejecutoriada que negó la nulidad de unas resoluciones administrativas, continuar con el análisis de una pretensión de condena fundada en dichas resoluciones dentro de un proceso distinto?
Respuesta al problema jurídico: No
El 12 de diciembre de 2011, la parte demandante solicitó al a quo acumular al presente proceso el trámite con radicado nº. 76001-23-31-000-2007-00948-00 que cursaba en el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, correspondiente a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada el 18 de julio de 2007 por Alta Tecnología Ltda. contra la Universidad del Valle. La demandante explicó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, Alta Tecnología Ltda. invocó como pretensiones la nulidad de las Resoluciones nº. 1129 del 4 de abril de 2005 y 2015 del 30 de junio de 2005, por considerar que fueron proferidas en aplicación de la Resolución 046 de 2004 (estatuto de contratación de la Universidad), la cual no es oponible a Alta Tecnología Ltda. Aun cuando el a quo no accedió a la solicitud de acumulación y la demandante no manifestó inconformidad alguna, esta Sala verificó, a partir de la información disponible en el sistema de gestión judicial Samai, que el proceso nº. 76001-23-31-000-200700948-00 que tenía por objeto la declaratoria de nulidad de las resoluciones que aquí sirven de fundamento a la pretensión de condena, fue archivado por haberse proferido sentencia de primera instancia el 29 de julio de 2014, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda y contra la que no se interpuso recurso alguno (...). Es por ello que la Sala no considera necesario decretar una prueba de oficio en este sentido, puesto que resulta claro que en ese otro proceso no se realizó alguna declaración que impida continuar con el análisis que aquí ha propuesto la Sala.
PROCESO EJECUTIVO / OBJETO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / FINALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / CLASES DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Configura cosa juzgada un proceso ejecutivo promovido por una suma determinada, cuando en otro proceso se reclama el pago de perjuicios derivados de la misma relación jurídica pero con fundamento en disposiciones distintas?
Respuesta al problema jurídico: No
En el trámite de primera instancia, la parte demandante informó que el 9 de abril de 2008 formuló acción ejecutiva contra Alta Tecnología Ltda. por la suma reconocida a favor de la Universidad del Valle en la Resolución nº. 1129 de 2005. El Juez 32 Administrativo de Bogotá libró mandamiento de pago en contra de Alta Tecnología Ltda. por la suma de $554.648.110,77 (…). El artículo 5º de la Resolución nº. 1129 de 2005 –modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005– estableció que Alta Tecnología Ltda. debía a la Universidad del Valle $502.203.493 por la ejecución de los «convenios de cooperación». Esta suma corresponde al mismo valor que fue reconocido a favor de la universidad en el proceso ejecutivo –descontando las costas del proceso–. No obstante, dentro de dicho valor no están los perjuicios que ahora se reclaman, por cuanto el fundamento de los mismos se encuentra en el artículo 6º de la Resolución nº. 1129 -modificada por la nº. 2015 de 2005- y según la cual, la universidad se reservaba la cuantificación final, reclamación y cobro de los perjuicios causados. Por lo tanto, como la suma por la cual se libró el mandamiento de pago tiene una naturaleza distinta a los perjuicios que ahora se reclaman, la Sala no considera que se configure el fenómeno de la cosa juzgada y, por ello, el mencionado proceso ejecutivo no impide continuar con el estudio de fondo de la pretensión condenatoria.
CONVENIO DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PERSONA JURÍDICA / UNIVERSIDAD DEL VALLE / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE / LEY DE RÉGIMEN ESPECIAL UNIVERSITARIO / ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD / ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / UNIVERSIDAD PÚBLICA / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL / LEY COMERCIAL / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Deben las universidades estatales aplicar el régimen de derecho privado para la contratación, en virtud de lo dispuesto por la Ley 30 de 1992?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el Acuerdo nº. 004 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad del Valle -por el cual se modificaron sus estatutos generales, dicho ente universitario es «autónomo, con régimen especial, del orden estatal u oficial, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente». (…) [L]a anterior naturaleza jurídica ha permanecido igual desde el mencionado Acuerdo No. 004 de 1996 hasta la fecha de esta providencia. El artículo 57 de la Ley 30 de 1992 -en desarrollo del artículo 69 de la Constitución, que reconoce la autonomía universitaria- estableció que las universidades de carácter estatal u oficial deberían constituirse como entes autónomos vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo relativo a las políticas y planeación del sector educativo y que se regirían, entre otros, por un régimen de contratación especial. A su vez, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, salvo las excepciones consagradas en esa ley, (…) las universidades estatales y las instituciones educativas de nivel superior estatal u oficial deben sujetarse a lo previsto en el derecho privado, es decir, a las disposiciones civiles y mercantiles, para efectos de tramitar, celebrar, perfeccionar, ejecutar y liquidar los contratos que celebren. Así también lo ha reconocido expresamente esta Corporación en distintas oportunidades. Como la Universidad del Valle, creada mediante Ordenanza nº. 012 de 1945, es una universidad estatal y los «convenios de cooperación» fueron suscritos el 22 de septiembre de 2000 y el 4 de junio de 2002 (…), es decir, en vigencia de la Ley 30 de 1992, el régimen jurídico es el derecho privado, y no las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por disposición expresa de los artículos 57 y 93 de la Ley 30 de 1992.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen legal aplicable a los convenios de cooperación celebrados con universidades estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2025, rad. 71752, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 49305, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de abril de 2015, rad. 33244, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 69, LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 57, LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 93
RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO / ELEMENTO NATURAL DEL CONTRATO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / FACULTAD DE CONTROL JUDICIAL POSTERIOR / CONTROL JUDICIAL / ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL JUDICIAL POSTERIOR / SOLICITUD DE NULIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede una entidad estatal exceptuada del Estatuto General de Contratación y regida exclusivamente por el derecho privado, ejercer la facultad de liquidar unilateralmente un contrato, si fue pactada en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes dentro de la relación contractual, sin que ello configure un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de entidades exceptuadas de la aplicación de la Ley 80 de 1993, la remisión al derecho privado excluye el derecho público, salvo en aquellas precisas materias en las cuales el legislador habilite la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La liquidación unilateral del contrato a través de acto administrativo, en los términos en los que está regulada por ese estatuto, no puede ser adoptada -por regla general- en el marco de las relaciones contractuales sometidas exclusivamente al derecho privado, porque requiere de habilitación legal expresa. Se trata de una competencia sometida al principio de legalidad, mediante la cual se faculta a la entidad contratante a liquidar unilateralmente el contrato, con efectos de dejar a paz y salvo a las partes en todo aquello que se deriva de su relación. (…) Como negocio jurídico sujeto al derecho privado, las partes pueden dotarse a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad para liquidar unilateralmente el contrato. Ello requiere de un pacto contractual, es decir, de una autorización negocial expresa en tal sentido. Este tipo de acuerdos será ley para las partes (art. 1602 del CC), pero ello no quiere decir que se ejerzan a través de un acto administrativo. La particularidad de estas cláusulas -que otorgan poderes unilaterales por pacto o según la naturaleza del contrato- está dada en que, no obstante la unilateralidad, no comportan el ejercicio de función administrativa. (…) Ahora bien, este tipo de pactos no están desprovistos de control judicial, ya que la otra parte del contrato puede demandar su nulidad por violar el orden público, tener objeto o causa ilícitos o por ser una cláusula abusiva y, también, el incumplimiento del contrato con fundamento en que no se daban los presupuestos pactados para ejercer la facultad unilateral.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inclusión de la cláusula que faculta a las partes para liquidar unilateralmente el contrato regido por el derecho privado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 57394, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 20 de febrero de 2017, rad 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CRUCE DE INFORMACIÓN / CUENTAS POR COBRAR / CUENTAS POR PAGAR / LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL / ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / NORMATIVA DEL CONTRATO / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ENTE
UNIVERSITARIO AUTÓNOMO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / DERECHO ADQUIRIDO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CONFIANZA DE LOS PARTICULARES EN LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ORDEN PÚBLICO / INTERÉS GENERAL
Problema jurídico:
¿Puede una universidad estatal aplicar de forma unilateral y retroactiva un estatuto contractual expedido con posterioridad a la celebración de un contrato regido por el derecho privado, con el fin de liquidarlo unilateralmente?
Respuesta al problema jurídico: No
Del contenido de los convenios la Sala observa que las partes guardaron silencio frente a su liquidación. En efecto, no establecieron la necesidad de un trámite de esta naturaleza y mucho menos un término para hacerlo. Dado el régimen aplicable, que, como quedó visto, es el derecho privado, no es posible aplicar la Ley 80 de 1993 y las disposiciones posteriores que la han modificado. (…) Del contenido de las actas nº. 16, 17 y 18 es posible establecer que las partes intentaron la liquidación bilateral de los «convenios de cooperación», pero no lograron un acuerdo al respecto. (…) En tal sentido, tampoco de las actas y reuniones encaminadas a la liquidación bilateral, se puede concluir que las partes hubieran acordado la posibilidad de que la Universidad tuviera la posibilidad de hacerlo unilateralmente. (…) Se desprende de las resoluciones (…) que la universidad invocó -como fundamento para liquidar unilateralmente los contratos- la Resolución nº. 046 de 2004, a través de la cual se expidió el «Estatuto Contractual» que es posterior a la celebración de ambos convenios. (…) [L]os contratos se rigen por las normas vigentes al momento de su celebración, con excepción de aquellas concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos resultantes del mismo (procesales) y las que señalan penas en caso de infracción de lo estipulado (art. 38 de la Ley 153 de 1887), por lo que una aplicación retroactiva de las normas proferidas con posterioridad a la celebración del contrato, no solo podría quebrantar derechos legítimamente adquiridos durante la ejecución del contrato (art. 58 de la CN), sino que, además, dejaría en manos de la entidad contratante un control ilimitado sobre los contratos por ella celebrados, en contravención de la libertad negocial. Por lo anterior, nuestro ordenamiento ha prescrito, como manifestación del principio de seguridad jurídica y confianza en los negocios, la regla general de la irretroactividad de las normas en el ámbito de los contratos, siendo la aplicación retroactiva de aquéllas una excepción, que sólo procederá cuando las partes expresamente así lo hayan acordado -con fundamento en la autonomía de la voluntad privada-, o cuando así lo establezca la ley por razones de orden público o interés general.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL / ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD / ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ENTE
UNIVERSITARIO AUTÓNOMO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / CLASES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Puede la Universidad del Valle liquidar unilateralmente un contrato regido por el derecho privado, si dicha facultad no fue pactada expresamente por las partes ni prevista en el régimen contractual vigente al momento de su celebración?
Respuesta al problema jurídico: No
Con anterioridad a la entrada en vigencia del (…) «Estatuto de Contratación de la Universidad del Valle» (…), las normas relativas a los contratos celebrados por la Universidad del Valle estaban contenidas en la Resolución nº. 452 de 1998, según da cuenta el considerando tercero de la Resolución nº 046 de 2004 (...). Al respecto, la Sala advierte que la Resolución nº. 452 de 1998 –vigente para la época en la que fueron celebrados los «convenios de cooperación»– no obra en el expediente y tampoco se encuentra disponible en el repositorio digital de la Secretaría General de la Universidad del Valle, de modo que se desconoce si en la mencionada resolución existía alguna disposición relativa a la liquidación unilateral de los contratos. (…) A partir de lo expuesto, resulta claro que a los «convenios de cooperación» no les era aplicable, ni podía entenderse incorporado en ellos, el artículo 67 de la Resolución nº. 046 de 2004 -referente a la liquidación de los contratos y convenios celebrados por la Universidad del Valle-. Tampoco alguna otra disposición de aquél estatuto u otro anterior que habilitara a la universidad para declarar el incumplimiento y liquidar perjuicios. Lo anterior, se insiste, porque las partes no estipularon nada sobre la liquidación de los convenios y mucho menos sobre su liquidación unilateral, ni mediante pacto expreso o por referencia cruzada a ningún manual. (…) Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no existía la posibilidad, en cabeza de la universidad, de liquidar unilateralmente el contrato. Ello supone que no podía proceder a hacer el corte de cuentas referido ni adoptar decisiones encaminadas a definir la situación contable, financiera y de ejecución del contrato porque tal potestad unilateral no fue pactada. En tal sentido, esa decisión no puede ser el fundamento de los perjuicios reclamados ni mucho menos base de una condena en favor de la universidad puesto que excedió los términos acordados por las partes.
ACTO JURÍDICO UNILATERAL / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / FACULTADES DEL JUEZ / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede la universidad invocar válidamente un incumplimiento contractual como causa de terminación unilateral de un contrato regido por el derecho privado, si las partes solo pactaron la terminación unilateral por razones académicas y no por incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
Aunque en el acto de terminación unilateral la universidad no declaró expresamente el incumplimiento contractual ni tampoco se refirió a sus efectos, es decir, guardó silencio frente a los perjuicios que ahora reclama, para la Sala es claro que la Universidad del Valle terminó unilateralmente el «convenio de cooperación» por el incumplimiento de la demandada. En efecto, la terminación unilateral se fundó en la conducta de Alta Tecnología Ltda., consistente, se reitera, en celebrar contratos sin autorización de la universidad y que excedían el alcance del «convenio de cooperación», lo cual, a su juicio, configuraba un incumplimiento contractual. Con ocasión del incumplimiento, en las resoluciones de liquidación del contrato la universidad determinó la existencia de perjuicios. En efecto, a través de la Resolución nº. 1129 de 2005, la universidad liquidó los perjuicios derivados del incumplimiento. (…) Posteriormente, a través de la Resolución nº. 2015 de 2005, la universidad revocó el valor de los perjuicios y, en su lugar, se «reservó» la posibilidad de ir a reclamarlos ante el juez del contrato. (…) En la cláusula séptima de los «convenios de cooperación», invocada en las resoluciones antes referidas, las partes pactaron que, siempre y cuando hubieran finalizado los programas académicos ofrecidos en el marco de los convenios, cualquiera de las partes podría dar por terminado –por su mera liberalidad– el contrato, previo aviso a la otra parte con seis meses de anticipación. (…) Para la Sala es claro, a partir de la cláusula séptima de los «convenios de cooperación», que se convino la posibilidad –en cabeza de cualquiera de las dos partes– de terminar unilateralmente los contratos siempre que no hubiera algún programa en curso o pendiente por iniciar. (…) Las partes no pactaron una terminación unilateral por incumplimiento, sino la posibilidad de dar por terminado los contratos en caso de que se decidiera no ofrecer más cursos académicos. En tal sentido, no existió la posibilidad de determinar un incumplimiento por parte de la universidad y menos de proceder con la liquidación de los perjuicios. Tampoco podría considerarse que la demandada, con posterioridad a la celebración del convenio, hubiera consentido la posibilidad de una declaratoria de incumplimiento y, como consecuencia, la terminación unilateral del contrato.
PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / MUTUO DISENSO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / VOLUNTAD PRIVADA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ORDEN PÚBLICO / COSTUMBRE / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN EXPRESA / MUTUO DISENSO EXPRESO / CONSENTIMIENTO EXPRESO
Problema jurídico:
¿En los contratos regidos por el derecho privado, puede una de las partes declarar unilateralmente el incumplimiento o la terminación del contrato si no existe un pacto expreso que lo autorice?
Respuesta al problema jurídico: No
Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda). Esto implica que las prestaciones convenidas deben cumplirse de forma íntegra, eficaz y oportuna. Por ello, por regla general, los contratos sólo se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). Por fuera de estos supuestos, los contratantes están obligados a respetar la voluntad manifiesta al momento de celebrar el contrato. Así, salvo que se haya pactado algo distinto, la acción individual de uno de los contratantes es insuficiente para ponerle fin o para declarar a la otra parte incumplida. Ahora bien, la fuerza vinculante del contrato no impide a las partes convenir cláusulas que permitan la terminación o resolución unilateral del contrato, ya sea en caso de incumplimiento o incluso por la simple voluntad de alguna de las partes (ad nutum). En muchos contratos típicos se prevé tal posibilidad. (…) Este tipo de cláusulas forman parte del contenido vinculante del contrato y no pueden ser anuladas sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (Art. 15, 16, 1502 y 1519 del C.C) o por conllevar abuso del derecho. Estos son los límites al pacto de terminación unilateral. (…) En los contratos que se rigen por el derecho privado, que las partes acuerden la liquidación unilateral del negocio no conlleva automáticamente la posibilidad de declarar el incumplimiento contractual y viceversa. La liquidación unilateral del contrato y la declaratoria de incumplimiento son figuras jurídicas distintas que no pueden ser confundidas ni tratadas como equivalentes por el simple hecho de haber sido pactada una de ellas. Cada una de estas facultades unilaterales exige su pacto expreso en el contrato. De manera que un acuerdo sobre una de tales facultades no conlleva la posibilidad del ejercicio de la otra y hacer extensivos sus efectos, es desconocer el alcance del acuerdo de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la terminación unilateral del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, rad. 42049, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de agosto de 2011, Rad: 11001-3103-012-1999-01957-01, M. P. William Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / TASACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / COMPETENCIA DEL JUEZ / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Puede una entidad pública terminar y liquidar unilateralmente unos convenios de cooperación, declarar su incumplimiento y reclamar perjuicios, cuando en dichos convenios no se pactó cláusula penal pecuniaria ni se estipuló facultad para la terminación o liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]ampoco en los «convenios de cooperación» se estipuló una cláusula penal pecuniaria. Valga precisar que la cláusula penal pecuniaria constituye un elemento accidental del contrato (art. 1501 del CC). Aquella tiene por objeto el avalúo que de manera anticipada hacen las partes contratantes de los perjuicios que se pueden causar por la inejecución de la obligación, su pago defectuoso o el retardo en su cumplimiento. Es una estimación anticipada de perjuicios que releva a quien reclama su pago de acreditar el perjuicio sufrido y que, por ende, le permite acudir a un proceso judicial para reclamar su pago, dado que no es necesario demostrar la culpa del deudor. (…) Como corolario de lo expuesto, la demandante, por una parte, no tenía la facultad para liquidar unilateralmente el contrato, porque no fue pactado así en los «convenios de cooperación». Por otra, tampoco podía terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento, porque una atribución de esa naturaleza no fue acordada en dichos convenios ni con posterioridad a estos. Los actos jurídicos que produjo -terminación y liquidación unilaterales- no podían ser el fundamento de una condena al pago de perjuicios, dado que fueron decisiones por fuera del acuerdo de las partes con lo cual no resultaban vinculantes desde el punto de vista contractual. Por este motivo la universidad no podía definir el incumplimiento ni liquidar los convenios, asuntos que, entonces, correspondía decidir, exclusivamente, al juez del contrato. Lo anterior significa que, como la demandante pretende obtener una indemnización de perjuicios por un aparente incumplimiento consistente en una extralimitación durante la ejecución de los «convenios de cooperación», debió pretender, a través de la acción contractual, la declaración de incumplimiento de la obligación y, de manera consecuente, la indemnización de los perjuicios causados, pero no lo hizo y tal situación impide que el juez pueda analizar la responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la cláusula penal pecuniaria, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de mayo de 1996, rad. 4607, M. P. Margarita Cabello Blanco.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Es improcedente la condena en costas por inexistencia de temeridad en la actuación de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55