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¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional de la Sala como juez de segunda instancia se limita a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley. La regla se apoya en dos razones. Primera, el artículo 328 del Código General del Proceso fija ese límite de manera expresa para el juez de segunda instancia. Segunda, el principio dispositivo atribuye al recurrente la delimitación del objeto de la impugnación con su formulación y sustentación. La providencia confirma la sentencia y aplica esta regla a la apelación formulada en el proceso de repetición, de modo que el análisis se restringe a los argumentos que el apelante propuso. En la práctica, los argumentos no planteados en el recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo que la ley autorice una decisión de oficio, por lo que el recurrente debe formular y sustentar cada reproche contra la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo dentro de un proceso de…¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿Cómo en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra del INVÍAS se produjeron el 7 de febrero de 1998, con la muerte de Ó.
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos que el recurrente expone contra la decisión desfavorable de primera instancia. Los demás aspectos quedan, en principio, excluidos del debate superior, porque el recurso delimita el alcance de la revisión. La regla se sostiene en dos razones. Primera, en la apelación opera el principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación del recurrente cuando no existe otra impugnación que habilite la revisión. Segunda, opera el principio dispositivo, según el cual es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue frente a la providencia. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera ese alcance de la competencia funcional. En la práctica, los argumentos que el apelante no formula ni sustenta en su recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley, por lo que la sustentación debe dirigirse a cada punto que se pretende revisar.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
COPIAS SIMPLES,CLÁUSULAS EXCEPCIONALES,PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD,TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – Valor probatorio,Clases,Terminación unilateral,Modalidades o especies,Modalidad,Aplicación restringida,Compensación,Causales,Aspectos comunes,Plazo,Término para aplicarla,Actos administrativos – Mes: noviembre – Año: 2017…
También resuelve:Copias simples: valor probatorioCláusulas excepcionales: clases, terminación unilateral del contrato, modalidades o especies, plazoTerminación unilateral del contrato: modalidad, aplicación restringida, compensación, causales
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda? Sí
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los hechos ocurridos antes de su vigencia, de modo que sus presunciones no rigen cuando el hecho dañoso es anterior, mientras que en lo procesal se aplica la ley vigente al presentarse la demanda. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, esa ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y solo excepcionalmente tiene efectos retroactivos. Segunda, cuando el hecho es anterior, rigen el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 63 del Código Civil y los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 1984. Tercera, en lo procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 hace aplicables las disposiciones vigentes al presentarse la demanda. En el caso, el hecho dañoso ocurrió en el año 2000, por lo que no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. La providencia reitera la jurisprudencia citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho determina el régimen sustancial y la fecha de la demanda el régimen procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder? Sí
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.
También resuelve:¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna? Sí
El contratista debe presentar la acción de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario se configura caducidad; en este caso, la demanda se radicó oportunamente. La entidad demandante no puede valerse de las presunciones de dolo o culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001 si los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia, por lo que debe acreditar la culpa grave del demandado. Todo documento público aportado como prueba se presume auténtico y puede otorgarse valor probatorio, como en el caso en que se aportó un comprobante de egreso de contabilidad para demostrar el pago de la condena. Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y del principio de buena fe como agente del Estado no constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino que son argumentos jurídicos contra su prosperidad. El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001…¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto…¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis…
¿El régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, ya que los hechos son anteriores a su vigencia y en virtud del principio de irretroactividad? Sí
En la acción de repetición, el régimen jurídico aplicable es el vigente al momento de los hechos que originaron la condena, de modo que cuando estos son anteriores a la Ley 678 de 2001 no se aplica esa ley. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la Ley 678 de 2001 rige los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Segunda, la excepción de efectos retroactivos no altera esa regla general, por lo que la valoración de la conducta del agente se hace conforme a la normativa anterior. En el caso, los hechos son anteriores a la vigencia de la ley, y por ello la providencia confirma que la acción debe analizarse con el régimen previo. En la práctica, la entidad debe identificar la fecha de los hechos que causaron la condena antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave, porque esa fecha determina la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas…¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC…¿Procede condenar en costas cuando no esta demostrado que la demandada vencedora hubiera incurrido en gastos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1°) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3°) de la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿El municipio de Bello se encuentra legitimado en la causa por activa en la presente acción de repetición, al ser el órgano que realizó el pago de la condena?¿Los demandados se encuentran legitimados en la causa por pasiva en la presente acción de repetición, al ser las personas que ejercieron sucesivamente el cargo de tesorero en el municipio de Bello…
¿Cuál es el criterio para aplicar la inhabilidad del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993 frente a sus modificaciones en el tiempo?
El contratista está inhabilitado para contratar con el Estado si ha sido declarado responsable judicialmente por delitos contra la Administración Pública o de corrupción, o administrativamente por soborno transnacional, lo que limita su capacidad contractual durante 20 años, y esta inhabilidad se extiende a las sociedades en las que sea socio o tenga roles directivos, a sus matrices, subordinadas y a los grupos empresariales involucrados en la política delictiva, según las modificaciones introducidas por las Leyes 1474 de 2011, 1778 de 2016 y 2014 de 2019, y el Decreto 1358 de 2020, reiterando la necesidad de interpretar restrictivamente las inhabilidades conforme al principio de legalidad y la taxatividad de su creación.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, taxatividadContratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripciónActos de corrupción: inhabilidad, modificaciones
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
En los procesos de repetición contra agentes o exagentes cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena contra una entidad pública, la jurisdicción contencioso administrativa es competente, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones que se interpongan. La regla se sostiene en dos razones. Primera, los artículos 150 y 152, numeral 11, del CPACA atribuyen el conocimiento de la acción a esta jurisdicción. Segunda, la Ley 678 de 2001 define el objeto del medio de control y el alcance de la competencia del juez de la apelación. En el caso, la providencia confirma que el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso interpuesto en el proceso de repetición. Así, la competencia de segunda instancia se mantiene en los términos de la ley. En la práctica, la apelación de una sentencia de repetición debe tramitarse ante el Consejo de Estado, sin que sea necesario discutir la competencia del juez de segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Con los documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición, en cuanto la demandante presentó de forma extemporánea la demanda? No
El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta desde el pago efectuado por la entidad dentro del plazo máximo legal para cumplir la condena, de modo que el último pago realizado dentro de ese plazo determina la oportunidad para demandar. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable es la vigente cuando empezó a correr el término, y en el caso ese término inició bajo la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Segunda, la ley prevé un término de dos años contados desde que el organismo pagó la condena, y el plazo máximo para el pago total comenzó a correr desde la ejecutoria de la providencia que liquidó los perjuicios. Tercera, el pago se efectuó en dos momentos y el último ocurrió dentro del término legal, por lo que la demanda no está caducada. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando la condena se paga en varias fechas, la caducidad se mide desde el último pago efectuado dentro del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?¿La parte demandante acreditó el pago efectivo de la condena que se le impuso, en cuanto las pruebas allegadas al proceso son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la…¿Se configuró la culpa grave del demandado durante los hechos en los que resultó lesionada una mujer al dispararse de forma accidental el fusil que portaba como dotación oficial, esto…
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve:¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?