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¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020130110201LEY 1437 REPETICION
¿Debe intervenir la Jurisdicción Especial para la Paz en asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado relacionados con conductas punibles de miembros de la Fuerza Pública, en el marco del medio de control de repetición? Sí
El contratista debe solicitar la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz en asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado relacionados con conductas punibles de miembros de la Fuerza Pública, en el marco del medio de control de repetición, en virtud de que la Sala considera necesario realizar una audiencia pública para determinar la competencia de la JEP en estos casos, en armonía con los artículos 12 y 42.1 del Código General del Proceso. Esta decisión implica que la JEP debe definir cuándo y cómo se aplican sus beneficios a las personas que se acogen a esta jurisdicción, particularmente en relación con el medio de control judicial de repetición, lo que tiene implicaciones significativas para la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos relacionados con el conflicto armado.síntesis automática
SUSPENSIÓN PROVISIONAL,POTESTAD REGLAMENTARIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN,PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES,CONTRATACIÓN ESTATAL,INTERÉS GENERAL SECOP,ACTIVIDAD CONTRACTUAL,CONTRATO ESTATAL – Acto administrativo,Naturaleza de la suspensión provisional,Finalidad,Contradicción,Contenidos normativos,Presidente de la república,Función,Contenido,Definición,Titulares,Derecho,Principios y criterios,Aplicación,Deber, – Mes: agosto – Año: 2017…
También resuelve:Suspensión provisional: actividad contractual, naturaleza de la suspensión provisional, finalidad, contradicciónPotestad reglamentaria: presidente de la república, funciónAcceso a la información: derecho, contenido, definición, titulares
¿Cuál es el régimen de los contratos celebrados por las asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas en el marco del Sistema General de Regalías?
El régimen de los contratos de las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas, y de las organizaciones indígenas, se encuentra en el Decreto 1088 de 1993, adicionado por el Decreto 252 de 2020. Según esas normas, las asociaciones son entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, por lo que tienen capacidad jurídica para contratar. El artículo 10 del Decreto 1088 de 1993 dispone que los actos y contratos de naturaleza industrial o comercial se rigen por el derecho privado, mientras que los demás se sujetan a las normas sobre asociaciones de entidades públicas del Decreto 130 de 1976. Dentro del Sistema General de Regalías, la Ley 2056 de 2020 permite que los resguardos, las asociaciones de cabildos y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas inscritas en el Registro Único del Ministerio del Interior sean designadas como entidades ejecutoras de proyectos de inversión, y su artículo 85 regula la ejecución de los recursos. Por tanto, la entidad debe determinar en cada caso si el acto o contrato es de naturaleza industrial o comercial, para aplicar el derecho privado, o de otra naturaleza, para aplicar las normas de asociaciones de entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:Cabildos indígenas: autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas y organizaciones indígenas, nociónSistema general de regalías: fundamento normativo, Ley 2056 de 2020Entidades ejecutoras: pueblos y comunidades indígenas, régimen de contratos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre coadyuvancia2025-02-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233100019971702402ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde resolver la solicitud de coadyuvancia elevada por la Contraloría Municipal de Tunja, la cual fue presentada en primera instancia, bajo los parámetros del Código Contencioso Administrativo? Sí
La intervención de un coadyuvante en un proceso contractual, cuando se presenta en primera instancia y antes de la sentencia, se rige por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil vigentes para las demandas presentadas antes del 2 de julio de 2012, conforme al artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. Para aceptar la intervención del coadyuvante debe demostrarse una relación sustancial con una de las partes, que se refiere al interés jurídico que puede verse afectado indirectamente si la parte coadyuvada obtiene una sentencia desfavorable. El interés del tercero debe ser jurídico y no meramente general o de control del ordenamiento. En el caso concreto, la solicitud de coadyuvancia presentada en primera instancia no fue acogida, porque no se demostró la relación sustancial exigida con una de las partes del proceso. Como consecuencia práctica, quien pretenda intervenir como coadyuvante debe probar un interés jurídico propio frente a una de las partes y no solo un interés institucional en el resultado del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la aceptación de la intervención del coadyuvante debe demostrarse la relación sustancial con una de las partes del proceso?¿Es procedente la solicitud de coadyuvancia de la Contraloría Municipal de Tunja la cual fue presentada en primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240034501LEY 1437 REPETICION
¿Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia? Sí
El contratista debe cumplir las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero en un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, conforme al inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Si la entidad pública no cumple dentro de este plazo, la acción de repetición del contratista puede caducar, afectando su derecho a la reparación directa. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el plazo de dos años para ejercer el medio de control de repetición es invariable y de orden público, no pudiendo ser modificado por la entidad pública, lo que garantiza la seguridad jurídica y el interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿El fenómeno de la caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces a presentar una demanda?
¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? No
El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250010600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 12 de mayo de 2025, debido a que la controversia se originó en un contrato de concesión celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad concesionaria? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales que definan controversias relativas a contratos celebrados por entidades públicas, y la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente cuando interviene una entidad pública. La regla se apoya en el numeral 7 del artículo 104 del CPACA y en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, que atribuyen a esa sección el conocimiento del recurso contra el laudo proferido dentro de un proceso en el que participa una entidad pública o quien desempeña funciones administrativas. En el caso, el laudo resolvió las controversias entre un concesionario y una agencia estatal de infraestructura, lo que activa esa competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso de anulación contra un laudo de concesión se tramita ante la Sección Tercera, que lo admite en única instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La parte recurrente cumplió con los requisitos de oportunidad, identificación precisa y sustentación adecuada de la causal invocada para la admisión del recurso de anulación…¿Resulta procedente suspender los efectos del laudo arbitral, a solicitud de la entidad pública condenada, en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012…¿Resulta procedente convocar a audiencia pública, con fundamento en el interés general derivado del restablecimiento del equilibrio económico contractual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente y necesario el decreto de la declaración de parte del representante legal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitada por la sociedad demandada en el presente proceso? No
Los agentes del Estado no tienen poder dispositivo sobre el derecho que resulta confesable, porque la administración no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión, en tanto no es dable renunciar a derechos de interés general. Por esa razón, el artículo 217 del CPACA, que tiene carácter de orden público, impide que el representante legal de una entidad pública sea interrogado para obtener su confesión. Cuando la parte solicita la declaración del representante legal de la entidad demandante con el propósito de que responda preguntas que tiendan a esa confesión, la prueba no es procedente. En el caso concreto, la sociedad demandada pidió el decreto de la declaración de parte del representante legal de la agencia demandante, y el auto que negó esa prueba fue confirmado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda obtener confesión de una entidad pública no puede hacerlo mediante el interrogatorio de su representante legal, y debe acudir a otros medios probatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles…¿La prueba de la confesión de los representantes legales de entidades públicas no es válida, porque no es compatible con la naturaleza eminentemente pública de estas entidades…¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la ley? No
Cuando la entidad paga la condena después del plazo de dieciocho meses que tenía para cumplirla, el término de dos años para instaurar la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo de pago, y no desde la fecha efectiva del pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en que el pago tardío no prorroga la oportunidad para repetir. Así se evita que la entidad controle el inicio del término mediante el momento en que decide pagar. En el asunto, la sentencia cobró ejecutoria, el plazo de pago venció en agosto de 2015, la entidad pagó en febrero de 2016 y la demanda de repetición se presentó después del término de dos años contado desde el vencimiento del plazo, por lo que la Sala confirmó la decisión que la consideró extemporánea. En la práctica, la entidad que paga tarde debe presentar la repetición dentro de los dos años siguientes al vencimiento de su plazo de pago.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 54001233300020190028201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales que pretende la nulidad absoluta de los otrosíes celebrados por las partes, fue interpuesto oportunamente? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes mediante el medio de control de controversias contractuales, siempre que la demanda se presente dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente a su perfeccionamiento, y mientras el contrato se encuentre vigente. La Sala determina que la oportunidad del medio de control se mantiene incluso si el contrato y los otrosíes adicionales y modificativos se encuentran vigentes al momento de presentar la demanda, lo que implica que la caducidad del medio de control no opera si el contrato aún está en vigor. Esta decisión reitera la importancia de considerar la vigencia del contrato para determinar la oportunidad del medio de control, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia y protege los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación del auto que rechaza la demanda por caducidad?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato…¿El acuerdo al que llegaron los contratantes sobre el mecanismo de arreglo directo en el Contrato de Operación, da lugar a posibles modificaciones de negocio jurídico…
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno?¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en…¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar? Sí
El término de caducidad de dos años para instaurar la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente a la fecha límite que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se efectúa fuera del plazo legal, el término se computa desde el día siguiente a ese vencimiento. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Este cómputo impide que el retraso en el pago prorrogue indefinidamente la oportunidad para repetir. En el asunto, la entidad pagó la condena después del plazo legal y la demanda se presentó luego del término de dos años contado desde esa fecha límite, por lo que la Sala confirmó la decisión que declaró la caducidad. En la práctica, la entidad que paga tarde debe contar la caducidad desde el vencimiento de su plazo para pagar y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa hayan originado una condena contra una…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿El juez decide sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas de oficio, entre esas la caducidad…
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional?¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las…¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva?¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto?¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?