Titulación de la relatoría 19.905 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TRANSPORTE FLUVIAL / PROCESO LIQUIDATORIO / AGENTE LIQUIDADOR / PRELACIÓN DE CRÉDITO / FUENTE DEL DAÑO / ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEPTITUD DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DEL PRESUPUESTO PROCESAL
Problema jurídico:
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es cierto que la aquí demandante y Caprecom EICE suscribieron unos contratos cuyo objeto consistió en la prestación de servicios de transporte fluvial y ambulatorio y de urgencias para afiliados a Caprecom EPS, en unos municipios del departamento del Chocó […].También se encuentra acreditado que el 18 de marzo de 2016, en el marco del proceso liquidatorio de Caprecom EPS conforme al Decreto 2519 de 2015 y al Decreto-ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, Transporte Acuático K&M S.A.S. radicó un formulario único para presentar reclamación oportuna de acreencias (A55.00022), por la suma $717’630.000, petición que fue rechazada por el agente liquidador de la entidad a través de la Resolución AL-05671 del 6 de julio de 2016, posteriormente confirmada por la Resolución AL-14692 del 15 de diciembre de 2016, en la cual, además, se modificó la calificación de la acreencia, graduándose como crédito de prelación B, pero también se rechazó […]. […] Bajo ese contexto, queda claro que el daño reclamado en la demanda tuvo origen en las resoluciones expedidas por el agente liquidador que rechazaron la reclamación por $717’630.000, las cuales son verdaderos actos administrativos que, en tal virtud, la parte actora debió cuestionar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de desvirtuar su presunción de legalidad y obtener el resarcimiento correspondiente, pues ciertamente a través las Resoluciones AL-05671 del 6 de julio de 2016 y AL-14692 del 15 de diciembre de 2016 se exteriorizó la voluntad de la Administración de manera particular y concreta frente a la sociedad Transporte Acuático K&M S.A.S., surtiendo plenos efectos jurídicos, aunado a lo cual es menester resaltar que se encuentran amparadas con la presunción de legalidad. […] Por lo expuesto, no queda duda de la improcedencia del medio de control de controversias contractuales, lo cual se corrobora, incluso, con lo afirmado por la misma parte actora en los alegatos de conclusión que presentó en el trámite de la primera instancia, afirmando que se ratificada en las pretensiones orientadas a que se declare la nulidad de un acto administrativo proferido por el agente liquidador de Caprecom EICE […], aspecto este último que, contrario a lo manifestado, no fue alegado o incluido en modo alguno en la demanda objeto de estudio. […] A partir de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada la excepción de inepta demanda y se inhibió para decidir de fondo. En todo caso, no está de más señalar que, aun si se pasara por alto lo expuesto en relación con la inepta de demanda que se concretó en el sub examine y en esa medida se analizara el asunto bajo el contexto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, habría que concluir que operó la caducidad, porque transcurrió un plazo superior al de los 4 meses dispuestos el numeral 2, literal d), del artículo 164 del CPACA, dado que el libelo introductorio se interpuso el 31 de julio de 2019, mientras que el lapso para presentar la demanda en ejercicio de ese medio de control fenecía el 28 de abril de 2017, pues la Resolución No. AL- 14692 del 15 de diciembre de 2016 se notificó el 27 de diciembre de 2016, por lo que bajo ninguna óptica en el sub judice estarían dados los presupuestos procesales indispensables para proferir una decisión de fondo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 254 DE 2000 - ARTÍCULO 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto en la controversia planteada gira en torno a la actividad de una entidad pública […]. […] Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 18 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón de que la única pretensión económica excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUENTE DEL DAÑO / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CAUSAS DEL DAÑO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal, así como el restablecimiento de algún derecho amparado en una disposición normativa, en cuya violación se fundamenta la pretensión de nulidad, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del daño que se pretende resarcir y la causa petendi. Dicho de otro modo, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción, hoy medio de control, procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional. Es así que, según lo ha indicado la Corporación, el criterio útil para determinar “la acción procedente para reparar daños generados por la Administración es el origen de los mismos”, de tal manera que, si la causa del daño solo puede remediarse dejando sin efectos un acto administrativo particular, aquel debe demandarse ante esta jurisdicción, a fin de someterlo al control de legalidad respectivo y obtener el respectivo restablecimiento (artículo 138 del CPACA); pero si el reproche tiene origen en un contrato estatal respecto del cual se pide el incumplimiento, el medio de control es el de controversias contractuales (artículo 141 del CPACA). De manera más específica, cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal, así como el restablecimiento de algún derecho amparado en una disposición normativa, en cuya violación se fundamenta la pretensión de nulidad, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, requiriéndose para su prosperidad desvirtuar las presunciones de legalidad y de veracidad que lo revisten y que hacen obligatorio su cumplimiento. En este escenario, dado que el referido medio de control persigue el restablecimiento de un derecho particular y concreto, como consecuencia de la nulidad de un acto administrativo de la misma índole, aquel no puede ejercerse en cualquier tiempo, sino que tiene un límite temporal de 4 meses, contados de acuerdo con las reglas del artículo 164 del CPACA. A su turno, cuando una de las partes del contrato estatal pretende que se declare su existencia o su nulidad, se declare el incumplimiento, se anulen actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas, el medio de control procedente es el de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, cuyo plazo para ejercerlo, según lo dispuesto en el artículo 164 ibidem, es de 2 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (regla general), o 2 años siguientes a la liquidación o al vencimiento del plazo para liquidar el contrato, en caso de que requiera de ese trámite (regla especial).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fuente del daño como el criterio para determinar el medio de control procedente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2011, rad. 26758, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, rad. 16474, C. P Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2016, rad. 36705, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2013, rad. 27278, C. P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Subsección señala que unos documentos se allegaron en copia auténtica, mientras que otros fueron aportados en copia simple. Frente a estos últimos la Sala destaca que los analizará, en virtud de lo dispuesto en el artículo 246 del CGP; además, se precisa que aquellos no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246
INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO INHIBITORIO POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO
Problema jurídico:
¿La indebida escogencia del medio de control, en principio, no puede conducir a una sentencia inhibitoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Subsección generalmente ha señalado que, si bien bajo las reglas del CPACA la indebida escogencia del medio de control, en principio, no puede conducir a una sentencia inhibitoria, lo cierto es que existen casos específicos en los que, al intentar readecuar la demanda, se advierte que no se elevó pretensión de nulidad frente a un acto administrativo cuya legalidad debió ser cuestionada en el libelo introductorio, escenario que procesalmente sí conduce a dictar un fallo inhibitorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indebida escogencia del medio de control que no constituye causal para proferir fallo inhibitorio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2023, rad. 52787, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171
ACTO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿El juez administrativo deberá resolver sobre la validez del acto demandado con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el libelo introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]ecuérdese que para demandar actos administrativos existe una técnica que es invocar las causales de nulidad dispuestas en la ley con su respectivo concepto de violación, y esto particularmente no se hizo en la demanda objeto de estudio, de modo que no es posible readecuar la demanda interpuesta a la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, de hacerlo, no solamente se estarían modificando las pretensiones de libelo –tarea que está vedada para las jueces-, sino que también se estarían obviando las causales de nulidad y el concepto de violación, aspectos estos que nunca se expusieron por la parte actora. En efecto, como los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, cuando se atacan ante la jurisdicción contencioso administrativa es menester exponer las razones por las cuales se considera que el acto acusado vulnera las disposiciones en que debían fundarse e incurre en el cargo que se plantee, pues el control de legalidad que el juez contencioso administrativo realiza no es general sino particular y concreto, de modo que su análisis se circunscribe a los motivos de violación que se alegan, los cuales constituyen la causa petendi en el proceso. Precisamente la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y uniforme que este planteamiento de los cargos constituye el contorno de la decisión del juez administrativo, quien deberá resolver sobre la validez del acto demandado con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el libelo introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas, presupuesto que no puede obviarse en atención al carácter de justicia rogada que reviste a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde el control de legalidad se contrae a los cargos esgrimidos en la demanda y a las normas indicadas por el demandante, por ser el escrito de demanda el marco de referencia para que el operador jurídico emita su pronunciamiento judicial, de manera que se respete el principio de congruencia y, además, el derecho de defensa del demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga argumentativa del actor cuando ataca la presunción de legalidad de los actos administrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de mayo de 2016, rad. 2010-00260-01, C. P. Guillermo Vargas Ayala; Corte Constitucional, sentencia del 7 de abril de 1999, C-197/99, M. P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre el control de legalidad a los actos administrativos de hacen los jueces, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2012, rad. 20738, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la competencia del juez administrativo para resolver sobre la validez del acto demandado con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2011, rad. 20410, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APODERADO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SALARIO MÍNIMO LEGAL / PROCESO DECLARATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en este asunto a la demandante. […] La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. […] El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios y a la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, conviene señalar que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el artículo 5.1. del Acuerdo PSAA16-10554.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de intervención en segunda instancia que no desvirtúa que se atendió al proceso de manera diligente y oportuna, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 59287, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366