Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-02-19
Radicado
25000232600020090094301
Número interno
44465
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COMPAÑIA CAMARONERA BALBOA S.A.
Demandado
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL DE COL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA -DIMAR-

Síntesis de la providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Sala encuentra que la Resolución No. 1924 de 1990 es una manifestación unilateral de la voluntad de la DIMAR, en ejercicio de función administrativa, mediante la cual dispuso crear, en cabeza de INVERSIONES Y DESARROLLO DEL PACÍFICO S.A., el derecho al uso y goce sobre un bien de uso público, así como de imponerle una serie de obligaciones correlativas a este derecho.… Es claro que la “concesión” otorgada en la Resolución No. 1924 de 1990 es una manifestación unilateral de la voluntad de la DIMAR, bajo el amparo del Decreto Ley 2324 de 1983, que, no cabe duda, es un acto administrativo particular y concreto… , la Resolución No. 1924 de 1990 no constituyó, ni contuvo, un contrato de concesión.… Esta Corporación ha estimado que la acción procedente para ventilar las reclamaciones presentadas en sede judicial contencioso administrativa se ha de determinar en función de la fuente, génesis o el origen del daño en el que éstas se fundan… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 136 y 85
  • Decreto 2304 de 1989, arts. 15 y 23
  • Decreto Ley 2324 de 1983

También resuelve

  • ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…
  • ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…
  • ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUENTE DEL DAÑO ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA FUNCIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO INEXISTENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA NATURALEZA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL INEXISTENCIA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CONCESIÓN CONCEPTO DE CONCESIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO CONSENSUAL CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE PERMISO ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO FUERZA VINCULANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONCESIÓN PORTUARIA REQUISITOS DE LA CONCESIÓN PORTUARIA OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PORTUARIA ACTIVIDAD MARÍTIMA CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA LICENCIA MARÍTIMA ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS REGULACIÓN NORMATIVA IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE RESUELVE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ PROVIDENCIA INHIBITORIA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C)
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C)
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato, se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley?
Consejo de Estado 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Consejo de Estado 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C)
¿De conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, procede la terminación unilateral del contrato de comodato celebrado con un particular y por el tiempo de 6 años? si
Consejo de Estado 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales
Consejo de Estado 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A)
La demandada no trasgredió la buena fe del actor
Titulación de la relatoría 15.877 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / FUNCIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra que la Resolución No. 1924 de 1990 es una manifestación unilateral de la voluntad de la DIMAR, en ejercicio de función administrativa, mediante la cual dispuso crear, en cabeza de INVERSIONES Y DESARROLLO DEL PACÍFICO S.A., el derecho al uso y goce sobre un bien de uso público, así como de imponerle una serie de obligaciones correlativas a este derecho. (…) [E]s claro que la “concesión” otorgada en la Resolución No. 1924 de 1990 es una manifestación unilateral de la voluntad de la DIMAR, bajo el amparo del Decreto Ley 2324 de 1983, que, no cabe duda, es un acto administrativo particular y concreto (…), la Resolución No. 1924 de 1990 no constituyó, ni contuvo, un contrato de concesión. (…) [E]sta Corporación ha estimado que la acción procedente para ventilar las reclamaciones presentadas en sede judicial contencioso administrativa se ha de determinar en función de la fuente, génesis o el origen del daño en el que éstas se fundan (…). En consonancia con lo advertido, el artículo 85 del CCA - subrogado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, vigente al momento de la presentación de la demanda -, establecía que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho. (…) De lo expuesto se sigue que el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho inició su cómputo con la notificación de la Resolución No. 1924 de 1990 demandada, esto es, el 3 de enero de 1991. Al hilo de lo dicho, la norma procesal vigente el 3 de enero de 1991 era el artículo 136 del CCA - subrogado por el artículo 23 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989 (…). En este sentido, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducaba a los 4 meses contados desde el 3 de enero de 1991, es decir, el 3 de mayo de 1991, y la demanda fue presentada el 17 de noviembre de 2009. En consecuencia, propio es concluir que la acción fue impetrada fuera del término legalmente establecido. En consecuencia, esta Sala modificará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción de controversias contractuales, para, en su lugar, declarar probada la caducidad respecto de la acción que corresponde, que no es otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 15, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 23, DECRETO LEY 2324 DE 1983 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, por tratarse de una entidad estatal con autonomía administrativa y financiera? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 82 del CCA - modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, vigente para el momento de presentación de la demanda - dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas en la actividad de Entidades Públicas. Para la época de la presentación de la demanda estaba vigente el artículo 30 del Decreto 1512 de 2000, que disponía que la DIMAR - órgano que expidió las resoluciones acusadas - era una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, de conformidad con el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. (…) En consecuencia, la jurisdicción competente para resolver esta controversia es la Contencioso Administrativa. Adicionalmente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 132 del CCA - subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 -, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de 300 salarios mínimos legales mensuales. El artículo 129 del CCA - subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 - dispone que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias que hayan sido dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 3, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1512 DE 2000 - ARTÍCULO 30, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40 CONCESIÓN / CONCEPTO DE CONCESIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO CONSENSUAL / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE PERMISO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUERZA VINCULANTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OBLIGATORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación, nacimiento y obligatoriedad del vínculo: mientras que en el acto administrativo únicamente resulta necesaria la voluntad de la Administración para obligar al destinatario, el contrato exige el concurso de voluntades de las personas que en él intervienen, sin que pueda predicarse que una parte obliga a otra que no ha dado su consentimiento? Respuesta al problema jurídico: Si La distinción (...) entre “contrato”, entendido como un acuerdo de varias voluntades, y la “licencia, permiso o autorización”, adoptada mediante actos administrativos, es de suma importancia para el caso que nos ocupa, pues es con soporte en ésta en la que se edifica el mecanismo judicial para ventilar los hechos y pretensiones fundados en conflictos surgidos en ese tipo de relaciones. (…) [U]no de los atributos del acto administrativo consiste en gozar de fuerza ejecutoria (…). Es con mérito en esta fuerza ejecutoria que la Administración puede imponer obligaciones a los particulares y hacerlas efectivas, incluso si éstos no lo consienten. Es precisamente en la potencialidad de producir efectos vinculantes frente a los destinatarios del acto administrativo en que radica la gran diferencia que, de acuerdo con la doctrina especializada en esta materia, existe frente al negocio jurídico bilateral que, por su parte, se caracteriza en que la naturaleza obligatoria recae en quien declara su voluntad. (…) [L]os contratos son actos mediante los cuales dos o más personas, en ejercicio de su autonomía de voluntad privada, de manera libre y voluntaria (...). Véase que la distinción entre las dos figuras radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación, nacimiento y obligatoriedad del vínculo: mientras que en el acto administrativo únicamente resulta necesaria la voluntad de la Administración para obligar al destinatario -de ahí que sea, por definición, unilateral-, el contrato exige el concurso de voluntades de las personas que en él intervienen, sin que pueda predicarse que una parte obliga a otra que no ha dado su consentimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las diferencias entre el acto administrativo y el contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 2007, rad. 41001-23-31-000-2004-00369-01AP, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 12 de febrero de 2014, rad. 28209, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2001, rad. 6375, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero; y Corte Constitucional, sentencia C 065 de 2005 y sentencia C 1436 de 2000. CONCESIÓN PORTUARIA / REQUISITOS DE LA CONCESIÓN PORTUARIA / OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN PORTUARIA / ACTIVIDAD MARÍTIMA / CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA / FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / FUNCIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO / LICENCIA MARÍTIMA / ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE PERMISO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS / REGULACIÓN NORMATIVA Problema jurídico: ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria, pero en vigencia del Decreto Ley 2324 de 1984, la concesión es una autorización administrativa que se materializa mediante acto administrativo expedido por la DIMAR para el uso y goce del bien público? Respuesta al problema jurídico: Si En ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la Ley 19 de 1983, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 2324 de 1984, mediante el cual reorganizó la Dirección General Marítima y Portuaria - DIMAR. Según el título IX de esta norma, la DIMAR podía otorgar concesiones para el uso y goce de los bienes de uso público que estuvieran en su jurisdicción. Así, de conformidad con el artículo 166, las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas eran bienes de uso público respecto de los cuales los particulares sólo podían “obtener concesiones, permisos o licencias”. En este sentido, la “concesión, permiso o licencia” que la DIMAR otorgaba en el marco de esta norma se realizaba a través de una decisión unilateral de la Administración, instrumentada en un acto administrativo de carácter particular y concreto, que habilitaba al solicitante para el uso y goce privativo de un bien de uso público. (…) El 10 de enero de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley 1 de 1991 que derogó parcialmente el Decreto Ley 2324 de 1984. Según el artículo 5.2 de esta norma, “la concesión portuaria” es un contrato administrativo en el que la Nación, por medio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias para la construcción de un puerto, a cambio de una contraprestación a favor del Estado. (…) Se despeja así que, bajo la égida de la Ley 1 de 1991, las concesiones son verdaderos negocios jurídicos que el Estado, por medio de la Superintendencia de Puertos, celebra -únicamente- con sociedades portuarias, para la ejecución y desarrollo de actividades portuarias, según lo definido en la misma ley, a cambio de una contraprestación. Mientras que, en vigencia del Decreto Ley 2324 de 1884, las concesiones eran una típica autorización administrativa, cristalizada en un acto administrativo de carácter particular y concreto, mediante el cual la DIMAR autorizaba al beneficiario al uso y goce del bien público. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la concesión en materia portuaria y marítima, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de noviembre de 2000, rad. 6171, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 2 de noviembre de 2005, rad. 11001-03-06-000-2005-01682-00(1682), C. P. Enrique José Arboleda Perdomo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2324 DE 1984 - ARTÍCULO 166, DECRETO LEY 2324 DE 1984 - ARTÍCULO 5.2, LEY 1 DE 1991, LEY 19 DE 1983 IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE RESUELVE LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ / PROVIDENCIA INHIBITORIA Problema jurídico: ¿La resolución que resolvió negativamente la solicitud de revocatoria directa del acto principal demandado, no puede ser objeto de control judicial, toda vez que no constituye un acto administrativo definitivo? Respuesta al problema jurídico: Si Es preciso recordar que la parte recurrente solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia en lo atinente a la declaratoria de caducidad de la acción respecto de la pretensión de nulidad de la Resolución No. 346 de 2007, mediante la cual la DIMAR resolvió negativamente la solicitud de revocatoria directa presentada por C.I. Balboa S.A. a la Resolución No. 1924 de 1990. (…) [E]sta Sección ha determinado que el acto que resuelve negativamente una solicitud de revocatoria no es susceptible de control judicial (…). Pues bien, la decisión que resuelve negativamente una solicitud de revocatoria directa no genera una situación jurídica distinta a la que la Administración había definido con el acto cuya revocatoria se pretendía. En este sentido, es cierto que no contiene una decisión emanada de la entidad, dirigida a crear, modificar o extinguir derechos o situaciones jurídicas, distinta a la perfilada en el acto primigenio, situación que de suyo se opone a la posibilidad de que, a partir de esta última, se revivan los términos legales para ejercer las acciones respecto del primer acto administrativo. (...) [R]esulta forzoso concluir que la Resolución No. 346 de 2007 no constituye un acto administrativo definitivo, a la luz de lo expuesto por la jurisprudencia de esta Corporación, por manera que no es susceptible de control judicial, ni mucho menos revive los términos de caducidad de la resolución primigenia (Resolución No. 1924 de 1990). Por las razones expuestas, esta Sala se inhibirá para fallar de fondo las pretensiones relativas a la nulidad de la Resolución No. 346 de 2007. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el acto que resuelve negativamente la solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 23 de octubre de 2014, rad. 25000-23-41-000-2014-00674-01, C. P. Guillermo Vargas Ayala; Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2022, rad. 59421, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900943011100103