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¿Se acreditó que las resoluciones acusadas fueron emitidas con violación de los dispuesto en los artículos 87, 88 y 91 del CPACA, artículo 230 de la Constitución Política y artículo 8 de la Ley 153 de 1887? No
El apelante no puede proponer en el recurso de apelación nuevas pretensiones o causas que varíen la causa petendi de la demanda, porque ello vulnera el debido proceso, la defensa y la contradicción de la parte demandada. La regla se apoya en tres razones. Primera, el reparo que el apelante formuló no fue expuesto en las pretensiones, los hechos ni el concepto de violación de la demanda, por lo que la Sala no lo aborda. Segunda, la falta de aplicación del procedimiento del artículo 141 del CPACA tampoco se alegó en la demanda, así que no puede estudiarse en la apelación. Tercera, la Sala se limita a decidir los puntos de la apelación que fueron objeto de la demanda y frente a los cuales la entidad pudo defenderse. En el caso, las resoluciones de la autoridad minera no se demostró que contrariaran las normas invocadas, por lo que se confirma la sentencia apelada y se condena en costas a la parte vencida. El documento reitera la línea sobre la variación de la causa petendi en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante puede proponer nuevas pretensiones de la demanda en el recurso de apelación?¿En el presente caso, procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La delegación de funciones administrativas entre entidades públicas del orden nacional y el nivel territorial exige inexorablemente la celebración de un acuerdo o convenio interinstitucional que permita la transferencia de competencias, así como la indicación expresa del funcionario que ostentará la correspondiente atribución en el nivel descentralizado, de modo que cuando se expide un acto administrativo sin competencia funcional se configura su nulidad, correspondiéndole a la entidad pública demandada aportar la totalidad del expediente administrativo y acreditar plenamente la existencia de dicha competencia, debiendo asimismo condenarse en costas a la parte vencida de conformidad con el artículo 188 del CPACA y las normas del Código General del Proceso cuando no se ventile un interés público que exima de dicha condena procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez…¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque…¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron…¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
¿Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública? Sí
El acto de adjudicación de una licitación pública es nulo por falsa motivación cuando sus consideraciones fácticas divergen de la realidad, en particular cuando se adjudica a propuestas que no cumplen las exigencias técnicas del pliego de condiciones. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la falsa motivación implica una discrepancia entre los hechos y las consideraciones en que se funda el acto, y puede configurarse por un error de hecho. Segunda, el pliego exigía que los equipos operaran dentro de un rango determinado de humedad relativa, y las propuestas no acreditaron ese rango mínimo, de modo que la conclusión de cumplimiento era errada. Tercera, la interpretación integral del pliego, contrastada con lo ofertado, permite concluir que las propuestas debían ser rechazadas, y el actor cumplió así la carga de demostrar el vicio. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad del acto. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el cumplimiento técnico de cada propuesta frente al pliego antes de adjudicar, y que la omisión de ese control vicia la adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿Está fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, por haber rendido concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado?¿La competencia funcional del juzgador de segundo grado se circunscribe a los cargos formulados por el recurrente en contra de la providencia impugnada?¿El ejercicio oportuno que del medio de control de nulidad y restablecimiento es dentro de los cuatro meses posteriores al día siguiente a aquel en que se notificó el acto que se pretende anular?
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que debe ser restablecido? No
La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. no dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que deba ser restablecido. La causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, por lo que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones. La E.S.E. no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieran generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Es admisible que se analicen nuevos cargos planteados en el recurso de apelación?¿Es competencia del liquidador de una empresa estatal resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su…¿La Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de…
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-07-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 23001233300020150028501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de…¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales…¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años? No
El contratista no puede ser inhabilitado por la entidad estatal para celebrar contratos con el Estado por cinco años y el contrato no puede ser declarado caducado, ya que el contrato TU n.° 00159, que regula la atención de servicios de telecomunicaciones en el sitio Los Muiscas en Tunja, es de naturaleza privada y Telecom no tiene la competencia legal para adoptar tales decisiones, dado que no se ajusta a la modalidad de obra pública o suministro ni cuenta con la autorización de la CRT. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que la originan, por lo que declara nulas las resoluciones n.° 15001205-001642 y n.° 15001205-002726 en lo referente a la caducidad del contrato y la inhabilitación del contratista, debido a la falta de atribuciones de Telecom para expedir tales actos.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía?¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación…¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?
¿Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales podían pactar en los contratos, la facultad de declarar el incumplimiento del mismo e imponer multas? Sí
No comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto confirmó la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 003187 de 2022 proferida por el Invías, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa al contratista.… Incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales podían pactar en los contratos la facultad de declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas.
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