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RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS

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Consejo de Estado Providencia

Los particulares “podrán” renunciar a los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 66001233300020160038901 ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El primer problema jurídico se responde de forma negativa

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150050101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato? No
ODL censuró la denegación de la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por violación de norma superior y del debido proceso, porque con su expedición se habría incurrido en un error de derecho derivado de la aplicación indebida de una ley posterior a la vigente al momento de presentar la solicitud, como lo es el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005… .
También resuelve: ¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión… ¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma… ¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 08001233300020160018601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública… ¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
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Consejo de Estado Providencia

El contenido del acto demandado es claro

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado? ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad? ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070025101 ACCION CONTRACTUAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto… ¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes? ¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
Consejo de Estado Providencia

Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020180031401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato? Sí
El contratista no se convierte automáticamente en parte del contrato de seguro de cumplimiento cuando actúa por cuenta ajena, manteniendo la entidad beneficiaria su calidad de tercero, salvo que el tomador actúe en su nombre y sea ratificado. Según el artículo 1037 del Código de Comercio, el tomador puede actuar por cuenta propia o ajena sin que el beneficiario se convierta en parte del contrato, a menos que ratifique las condiciones pactadas. En el caso de la entidad pública, si no participó en la celebración del contrato ni ratificó las condiciones pactadas por el contratista con la aseguradora, no puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y la naturaleza jurídica del contrato, estableciendo que la entidad pública no entra a ser parte del contrato de seguro de cumplimiento si no actúa en su celebración ni ratifica las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿El tomador de un contrato de seguro que actúa por cuenta ajena conserva su calidad de parte en el contrato, sin que el tercero beneficiario se convierta automáticamente en parte de la relación… ¿Puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento a la entidad pública beneficiaria del seguro, cuando no actuó en su celebración ni ratificó las condiciones pactadas por el… ¿Conserva su autonomía el contrato de seguro de cumplimiento frente al contrato estatal que garantiza, incluso cuando la entidad pública aprueba la póliza para verificar el cumplimiento de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

La terminación no ocurrió por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2021-10-21 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 15001233100019931370201 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales… ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la… ¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?
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Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 44001233300020150021201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado… ¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal? ¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
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Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020130180702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado… ¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes… ¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.

Sentencia — Sentencia 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020160107902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de… ¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos… ¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no puede una entidad cesionaria no sometida a la Ley 80 de 1993 ejercer competencias excepcionales

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020120050101 ACCION CONTRACTUAL
¿Puede una entidad cesionaria no sometida a la Ley 80 de 1993 ejercer competencias excepcionales previstas en dicho estatuto, cuando adquiere la posición contractual de una entidad originalmente sujeta a esa normativa? No
La decisión frente a la que aclaro mi voto concluyó que, aunque hubo una cesión de la posición contractual, de una entidad sometida a la Ley 80 de 1993 que suscribió el contrato, en favor de una entidad exceptuada de ese estatuto, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, la entidad cesionaria conservaba la posibilidad de hacer uso de las competencias legales reguladas en el EGCAP porque este integró el régimen del contrato al momento de su celebración. Aunque el régimen inicial del contrato era la Ley 80 de 1993, ese régimen, en cuanto al ejercicio de determinadas competencias, supone una habilitación para las entidades que se someten a sus disposiciones.
Consejo de Estado Providencia

Salvamento parcial de voto: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-10-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿En virtud del principio de seguridad jurídica, la Sala debió reconocer el precedente fijado por la Corporación en el asunto litigioso del que hicieron parte los extremos de este proceso, según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato era el Estatuto General de Contratación, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera? Sí
La posición mayoritaria de la Subsección optó por separarse del criterio fijado por esta Corporación en providencia del 12 de febrero de 2014 (expediente 48.117), según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato n° 002 de 2008 es el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aun cuando ese aserto no ostenta la entidad de alterar la conclusión frente a la ilegalidad de la multa impuesta a través de la Resolución n° 152 de 2011 -aspecto con el que este Despacho coincide-, no comparto que dicho negocio hubiese estado gobernado por el derecho privado, lo cual sí incide en la parte resolutiva.
También resuelve: ¿La multa al ser impuesta mediante acto administrativo, era pasible de nulidad, por virtud del sometimiento del contrato al estatuto general de contratación pública?