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¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento alegado en el contrato de prestación de servicios profesionales en la modalidad de outsourcing – tercerización? Sí
Las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales y el contratista demandante asegura, en su respectiva demanda, que su contraparte incumplió lo pactado; sin embargo, promovió sus pretensiones cuando ya había operado la caducidad del medio de control jurisdiccional.… Una vez precisado lo anterior, se advierte que el negocio celebrado por las partes fue un contrato de prestación de servicios profesionales que, según los artículos 321 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993 y 3.4.2.5.12 del Decreto 734 de 2012, podía celebrarse entre una entidad estatal y una persona jurídica para desarrollar actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad pero, para las cuales su planta de personal resultara insuficiente, como en efecto ocurrió en el presente asunto…
También resuelve:¿Es obligatoria la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales así no se haya pactado en el contrato?¿Cuál es la normatividad aplicable al proceso por incumplimiento del contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta que la entidad contratante es una institución estatal de educación superior…¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100019950042501ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…
¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la…¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?
¿[L]a declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario que se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio, es decir, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que beneficiaron a la entidad? Sí
La nulidad absoluta de un contrato de compraventa estatal da lugar a restituciones mutuas, pero estas solo proceden si se acredita la entrega de los bienes y el pago del precio, pues esos son los requisitos previos para ordenar la devolución de cada prestación. La regla se complementa con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que permite reconocer las prestaciones ejecutadas cuando se demuestra que beneficiaron a la entidad. Estos elementos deben probarse, de modo que la mera pretensión de restitución de los dineros pagados no basta para ordenarla. En el asunto, la entidad demandó la nulidad absoluta de un contrato para la adquisición de medicamentos e insumos médicos y pidió la devolución de lo pagado, indexado, y subsidiariamente el incumplimiento y los perjuicios. La Sala examinó si procedía ordenar la restitución de los dineros supuestamente pagados y confirmó la decisión desfavorable a esa pretensión. En la práctica, la entidad que pide restituciones mutuas debe demostrar la entrega y el pago antes de obtener la devolución.síntesis automática
También resuelve:¿La simple declaración de un funcionario público, así sea la supervisor de contrato, no es suficiente para acreditar el pago del contrato, ya que…¿Para que las prestaciones ejecutadas del contrato sean reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta del contrato "restituciones mutuas", deben acreditarse dos aspectos…¿Hay situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas?
¿El contrato estatal de obra No. 2275 de 2008 requería liquidación? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato estatal de obra No. 2275 de 2008 después de la fecha límite, ya que el plazo para hacerlo expiró el 5 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 25 de marzo de 2014, lo que configuró la caducidad del medio de control. La entidad estatal es condenada en costas en ambas instancias al revocarse totalmente la sentencia del juez de primera instancia, y se fijan agencias en derecho por la atención y gestión del proceso por parte de la entidad demandada.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control por cuanto fue presentado luego de haber transcurridos dos años del vencimiento del plazo para llevar a cabo la liquidación unilateral…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante, en ambas instancias, al haber sido revocada totalmente la sentencia del inferior?¿Procede la fijación en agencias en derecho porque se acreditó la atención y gestión del proceso por la parte demandada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después de la finalización del plazo de ejecución del contrato, sin considerar el término adicional para la liquidación unilateral. La Sala determina que la suspensión del término de caducidad establecida en el Decreto 564 de 2020 no aplica al cómputo del plazo para liquidar el contrato, por lo que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención. Esto implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para la liquidación del contrato y no puede beneficiarse de disposiciones que suspenden términos para acciones judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después del plazo de ejecución del contrato, sin considerar la liquidación unilateral. La entidad estatal argumentó que la suspensión del término de caducidad por el Decreto 564 de 2020 no aplica para la liquidación del contrato, sino solo para acciones ante la rama judicial o tribunales arbitrales. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención, lo que implica que el término para liquidar el contrato debe cumplirse rigurosamente y no puede ser suspendido por disposiciones que no lo mencionen específicamente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
¿Está configurada la ineptitud sustantiva de la demanda por demandar mediante la acción de controversias contractuales la nulidad de actos administrativos que reconocieron un dinero que el contratista considera no son acordes con el porcentaje realmente ejecutado por el contratista? Sí
La Direccion Seccional de Salud del Departamento de Antioquia -hoy Direccion Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia- y Ada Computadora Ltda. - hoy ADA S.A.- suschbieron el contrato n.° PRS-028-2004 del 28 de julio de 2004, con el objeto de desarrollar el software necesario para automatizar las áreas de vigilancia y control, salud publica y seguridad alimentaria y nutricion. El 24 de junio de 2005, las partes terminaron de común acuerdo el negocio jurídico celebrado. Comoquiera que el contratista se negó a suscribir el acta de liquidación bilateral, la entidad publica, por medio de la Resolucion n. 9721 del 17 de agosto de 2005, confirmada mediante Resolucion n.° 11987 del 26 de septiembre de 2005, liquidd unilateralmente el contrato, reconociendo a favor del contratista una suma de dinero.
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato?¿Respecto de determinados contratos, la liquidación es una obligación a cargo de las partes que emana de la ley, sin perjuicio, claro esta, que en otro tipo de negocios jurídicos los contratantes…
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?¿Es procedente la condena en costas?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales para demandar el incumplimiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes de la promesa de compraventa? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el incumplimiento de la promesa de compraventa, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años desde la ocurrencia del hecho que le sirve de fundamento, y se hayan cumplido los requisitos de conciliación prejudicial. En este caso, la demanda se presentó el 26 de julio de 2010, dentro del plazo que venció el 29 de septiembre de 2010, luego de la suspensión del término por la solicitud de conciliación prejudicial. La Sala confirma que la acción fue presentada a tiempo, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en la acción de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio las copias simples allegadas al proceso?¿Al contrato de promesa de compraventa celebrado para enajenar un inmueble de propiedad del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado…¿La naturaleza jurídica de un contrato se determina por su contenido, derechos y obligaciones, y no por la nominación manifestada por los contratantes?
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en consecuencia, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca en su clausulado? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo basándose en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que la posibilidad de una liquidación unilateral debe estar expresamente pactada en el convenio. Además, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para convenios interadministrativos se computa a partir del vencimiento del plazo para liquidar el convenio, lo que implica que la presentación de la demanda debe realizarse dentro de este plazo para evitar la caducidad. La Sala confirma que la liquidación unilateral y la caducidad del medio de control deben ajustarse estrictamente a lo pactado en el convenio y a los plazos establecidos, lo que reitera la importancia de la autonomía negocial en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar…¿Resulta procedente la condena en costas cuando se resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación, considerando que en este caso no se pretendía recuperar unos recursos no ejecutados que…
Auto interlocutorio — Auto que aplica doctrina del acto aclarado del Tribunal Andino de Justicia2024-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020100021301ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables? Sí
El juez nacional de única o última instancia no está obligado a solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria andina ya fue interpretada en pronunciamientos publicados y no hay razones para prever un cambio de criterio, en aplicación de la doctrina del acto aclarado. Esta flexibilización se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 121 de la Decisión 500 atribuye la interpretación uniforme de las normas andinas, y la consulta puede ser facultativa u obligatoria según la instancia. Segunda, las interpretaciones prejudiciales de marzo de 2023 declararon compatible esa doctrina con la consulta obligatoria, sin eliminarla, en atención al principio de economía procesal. Tercera, la obligación de consultar subsiste cuando no existe interpretación previa, cuando otras normas aplicables no han sido interpretadas, cuando el juez considera pertinente precisar o modificar el criterio, o cuando advierte cuestionamientos insoslayables. La providencia aplica esa doctrina y no altera la línea interpretativa existente. La consecuencia práctica es que el juez puede omitir la consulta solo cuando se cumplen todos esos supuestos a la vez.síntesis automática
También resuelve:¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica…¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?