Titulación de la relatoría 23.334 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente asunto con fundamento en el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, pues se trata de un litigio originado en la actividad del Departamento en su calidad de entidad territorial . Igualmente el Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para la fecha de presentación de la demanda (1° de febrero de 2007), superaba los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132 numeral 6 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EXISTENCIA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVISIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal, incluida la declaratoria de su nulidad absoluta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. En consecuencia, cualquiera de las partes puede solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (v) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (vi) que se hagan otras declaraciones y condenas. El legislador, asimismo, dispuso que el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. Por demás, cabe señalar que, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de los actos previos solamente puede invocarse como fundamento de la nulidad absoluta de aquel; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRETENSIÓN PRINCIPAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / ACTO SEPARABLE / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta Sala considera que las pretensiones principales no pueden ser objeto de estudio bajo la acción de controversias contractuales, procedente para el caso concreto, toda vez que éstas están encaminadas a que se declare la nulidad del acto de adjudicación, sin que la ilegalidad de dicho acto fuera invocada como fundamento de la nulidad absoluta del Contrato, por lo que no resulta procedente entrar al examen de las mismas. Sobre este particular, es importante mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato -actos separables del contrato-, como el de la adjudicación, si bien son pasibles de control por medio de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez celebrado el contrato, deben ser objeto del control judicial mediante el ejercicio de la acción prevista en el ibídem, teniendo en cuenta para tal efecto que la ilegalidad del acto se debe soportar como fundamento de la nulidad del contrato. (…) [A]ntes de la celebración del contrato los actos previos son separables, pero una vez celebrado el negocio jurídico aquellos se entienden incorporados a este, de tal suerte que su cuestionamiento judicial únicamente se hace posible a través de la acción de controversias contractuales, siempre y cuando se invoque la ilegalidad del acto administrativo precontractual como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acción judicial procedente para demandar la ilegalidad del acto precontractual una vez se ha celebrado el contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2017, rad. 41880, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto del 31 de enero de 2019, rad. 57741, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; Corte Constitucional, sentencia C 1048 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo precontractual de adjudicación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]evisadas las pretensiones subsidiarias de la demanda a la luz de la acción procedente, esta Sala estima procedente pronunciarse sobre las mismas, toda vez que a través de ellas la parte actora solicita que se declare la nulidad del acto de adjudicación y como consecuencia de dicha declaratoria de ilegalidad, la nulidad absoluta del Contrato, es decir, se pretende la declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo precontractual de adjudicación. Además, como pretensión consecuencial de las dos pretensiones anteriores se solicita que se condene al Departamento al pago de los perjuicios causados a la demandante, que corresponden a la expectativa económica que el proponente vencido esperaba percibir como consecuencia de la ejecución del contrato.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PROPONENTE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / INTERÉS DIRECTO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO / CONSORCIO / LITISCONSORCIO NECESARIO / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se encuentran legitimados en la causa por activa los proponentes vencidos para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, y por pasiva la entidad contratante y el adjudicatario del proceso de selección?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta lo referido anteriormente en punto de la acción procedente, se tiene que los demandantes, (…), están legitimados en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad del Contrato con fundamento en la nulidad del acto de adjudicación, toda vez que, como proponentes vencidos dentro del proceso de selección, es evidente que tienen un interés directo para pretender la nulidad absoluta de dicho negocio jurídico, en los términos del artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Por su parte, el Departamento está legitimado en la causa por pasiva al ser la entidad que adelantó el proceso de selección y quien celebró el Contrato, cuya nulidad se pretende, en su calidad de entidad contratante. De otro lado, el Consorcio, que fue vinculado al proceso, posee el interés jurídico que se debate en el sub examine y está legitimado en la causa por pasiva en su condición de litisconsorte necesario de la demandada, comoquiera que resultó adjudicatario del proceso contractual sometido a juicio y, además, celebró el negocio jurídico cuya nulidad absoluta se pretende.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es oportuna una demanda que pretende la nulidad absoluta de un contrato estatal si se interpone dentro del término de dos años contados desde su perfeccionamiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
En punto de las pretensiones atinentes a la nulidad absoluta del contrato, para efectos de la determinación de la oportunidad de la acción resulta aplicable el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, norma que dispone: “La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento”. En tal sentido, y comoquiera que el contrato cuya nulidad absoluta se pretende se celebró el 21 de diciembre de 2006, resulta evidente que la demanda radicada el 1° de febrero de 2007 es oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN RESARCITORIA / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN / NOTIFICACIÓN PERSONAL / LICITACIÓN PÚBLICA / PROPONENTE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Es procedente y oportuna la acción contractual que incluye pretensiones indemnizatorias fundadas en la ilegalidad del acto precontractual, cuando se interpone dentro de los treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto de adjudicación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n vigencia de (…) el artículo 87 del CCA (…), tal y como lo ha considerado la jurisprudencia reiterada de esta Sección, cuando el contrato se celebra antes de que expire el término de treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto, sin que el interesado haya ejercido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -como ocurre en el presente caso-, se podrá interponer la acción contractual y dentro de esta perseguir la nulidad absoluta del contrato y la nulidad del acto previo; sin embargo, para reclamar cualquier componente resarcitorio o los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto precontractual, se deberá ejercer la acción contractual dentro de los treinta (30) días de que trata el artículo 87 del CCA, término que debe contabilizarse en días hábiles, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 y el artículo 121 del CPC. (…) En tal sentido, en el presente caso se observa que la Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006, por medio de la cual se adjudicó el contrato al Consorcio Norte 43 se dictó en la audiencia de adjudicación, por lo que dicho acto se entiende le fue notificado a la parte demandante en esta fecha. Al efecto, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, vigente para la fecha en que se adelantó el proceso licitatorio objeto de examen, al proponente favorecido en una licitación pública se le notificaba personalmente el acto de adjudicación y a los proponentes no favorecidos, siempre que no se hubiese realizado la audiencia pública, se les comunicaba el acto dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Por tanto, si en un proceso de selección se adelantaba la audiencia de adjudicación, los proponentes vencidos quedaban notificados del acto de adjudicación al finalizar la misma y si aquella no se llevaba a cabo, estos quedaban enterados de la decisión a partir del recibo de la comunicación en la que se informaba el resultado. Así las cosas, la Sala estima que el derecho de accionar frente a las pretensiones indemnizatorias solicitadas por la parte actora, (…) se ejerció en tiempo, porque la demanda (…) fue presentada dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006, que en el presente caso se computan a partir del primer día hábil después de la terminación de la vacancia judicial de la época, de conformidad con el artículo 121 del CPC.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales interpuestas contra el acto de adjudicación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de abril de 2017, rad. 50602, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 13 de agosto de 2014, rad. 35965, C. P. Hernán Andrade Rincón (E); sentencia del 17 de septiembre de 2021, rad. 50636, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 62, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 80 NUMERAL 11
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Está limitado el juez de segunda instancia a los cargos formulados en el recurso de apelación, salvo que se haya apelado toda la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin limitaciones. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”. En el mismo sentido, y atendiendo al principio de congruencia “a las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso”.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / DEPARTAMENTO / UNIÓN TEMPORAL / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA / OFERTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Vulnera el principio de legalidad y selección objetiva el rechazo de una propuesta en un proceso de contratación estatal por no discriminar el IVA, cuando dicha exigencia no estaba prevista en el pliego de condiciones y el oferente indicó que el valor total incluía dicho tributo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]especto del primer cargo de nulidad, a saber, que el acto de adjudicación es nulo pues el Departamento rechazó indebidamente la propuesta de la UT toda vez que el pliego de condiciones no exigía que se discriminara el IVA respecto del ítem de “Estudios y diseños”. (…) Por lo anterior, para efectos de la resolución de este cargo, contrario a lo decidido por el tribunal, para esta Sala no resulta necesario contar con la adenda No.1. Aclarado lo anterior, la Sala pone de presente que, en contravía de lo alegado por el Departamento en el acto de adjudicación, el pliego de condiciones en ningún momento exigió que se discriminara el IVA respecto de los ítems de la propuesta económica, ni específicamente respecto del ítem de “Estudios y diseños”. (…) De lo cual se desprende que, si la oferta económica no discriminaba el IVA, este debía entenderse incluido dentro del “precio total” ofertado, sin que pudiera interpretarse, como equivocadamente consideró la entidad, que no discriminar dicho tributo implicaba que este no se entendiera incluido en el precio. Además de lo anterior, en el formulario de resumen de la oferta de la UT (hecho probado 6.3) se señaló expresamente lo siguiente: “VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (incluyendo IVA)”, afirmación de la cual se deriva la misma conclusión anterior. En consecuencia, la propuesta de la UT fue indebidamente rechazada por parte del Departamento, pues en efecto conforme a las reglas del proceso de selección, no se requería discriminar el IVA, aunado a lo cual en la oferta del demandante expresamente se señaló que su valor “total” incluía dicho tributo. Por lo tanto, el cargo alegado tiene la vocación de prosperar.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / CONDICIONES DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / CONSORCIO / PLANO TOPOGRÁFICO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / MATRICULA PROFESIONAL / TRANSPORTE TERRESTRE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / PUNTAJE ASIGNADO / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿Puede declararse la nulidad del acto de adjudicación cuando, a pesar de demostrarse el rechazo indebido de una oferta, no se acredita que la propuesta adjudicataria incumpliera los requisitos del pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a sola demostración del rechazo indebido de la propuesta de la UT por parte del Departamento no da lugar a la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación. Por lo anterior, para continuar con el análisis de legalidad, deberá determinarse si la oferta del Consorcio cumplió todos los requisitos para que fuera la adjudicataria del Contrato. (…) [S]e puede evidenciar que mientras que para el listado que conformaba el equipo humano se exigió que el proponente “ofertara” y “mantuviera” el personal necesario, para la comisión de topografía solo se exigió que esta fuera “dispuesta” en el sitio de obra. Por lo cual, la interpretación de la entidad y del tribunal, según la cual, la comisión de topografía constituía un requisito para efectos de la ejecución del Contrato, pero no se exigió como un requisito de la oferta, resulta razonable. En consecuencia, este cargo no prospera. En segundo lugar, con relación al otro cargo de apelación, atinente a la no presentación de la matrícula profesional respecto del especialista de tránsito y transporte, la Sala pone de presente que el pliego de condiciones no exigió la presentación de la copia de la matrícula profesional para la acreditación del personal que hacía parte del equipo humano (…). Además de lo anterior, tanto en la demanda como en su apelación, los demandantes manifestaron que dicho requisito, presuntamente incumplido, fue incorporado en la adenda No. 2. Sin embargo, como se estableció anteriormente (…), este documento no obra en el expediente, por lo cual, es imposible pronunciarse sobre el cargo formulado (…). Así las cosas, si bien la parte demandante demostró en el sub judice que su ofrecimiento no debió ser rechazado, cierto es que no acreditó que el oferente adjudicatario no debió realmente verse beneficiado con la adjudicación del proceso de selección, pues no probó que la oferta presentada por el Consorcio, que por demás obtuvo el puntaje máximo en la evaluación, incumpliera los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, particularmente en cuanto a la comisión de topografía como parte del equipo humano y la no presentación de la matrícula profesional respecto del especialista de tránsito y transporte y, por ende, que no debía resultar beneficiado con la adjudicación del proceso de selección. Por tanto, se concluye que no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de adjudicación. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en el proceso contencioso administrativo bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA) solo si se acredita actuación temeraria de alguna de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA, para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171