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¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿Se acreditó que la conducta que se le endilga al agente estatal fue gravemente culposa? No
Cuando la entidad no precisa en la demanda la conducta del agente ni los motivos por los que sería gravemente culposa, y las pruebas no generan certeza de un comportamiento contrario a la Constitución y a la ley, la culpa grave no se configura y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, la imputación de la entidad fue escueta y no ofreció una motivación clara que sustentara la calificación de culpa grave. Segunda, las decisiones disciplinarias y penales, aunque no constituyen prueba de lo que allí se expresa, muestran el apego a la legalidad del comportamiento del agente, lo que contradice la imputación. Tercera, la falla del servicio de seguridad declarada en la condena no equivale por sí sola a la culpa grave del agente. Además, la providencia matiza que la repetición también sirve para garantizar la verdad de los hechos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso, la decisión de primera instancia se revoca y se niegan las pretensiones. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al caso concreto le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001?¿Las pruebas trasladadas cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?¿Con la acreditación de la culpa grave en la conducta del agente del Estado, se configura la responsabilidad patrimonial de éste?
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-09-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020140003900LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CGP y el CPACA, debido a que la demanda fue presentada el 3 de marzo de 2014 y la decisión a adoptar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El contratista puede solicitar la aplicación de la sentencia anticipada conforme al artículo 182A del CPACA, cuando la demanda fue presentada antes del 2021 y no se encuentran en juego las excepciones del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, ya que esta figura permite al juez dictar sentencia sin realizar la audiencia inicial si se trata de asuntos de puro derecho, no se requieren pruebas o estas son impertinentes, inconducentes o inútiles, y las pruebas documentales solicitadas no son controvertidas. En este caso, la Sala dispone el trámite de la sentencia anticipada, aplicando las disposiciones del CGP y del CPACA vigentes al momento de la presentación de la demanda, y fija el litigio basándose en las pruebas documentales presentadas, sin necesidad de convocar a la audiencia inicial.síntesis automática
También resuelve:¿El juez puede válidamente prescindir de la realización de la audiencia inicial y proferir sentencia anticipada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA…¿Resulta procedente dictar sentencia anticipada, conforme a lo dispuesto en los literales b) y d) del numeral 1º del artículo 182A del CPACA…¿Procede fijar el litigio para determinar si los demandados, en su calidad de exfuncionarios de la Cámara de Representantes de Colombia y, en ejercicio de su cargo…
¿Procede dejar sin efectos las resoluciones que adoptaron decisiones unilaterales sobre la liquidación del convenio interadministrativo, al evidenciarse que la entidad demandada no tenía facultad para proferir dichos actos? Sí
El contratista no puede adoptar unilateralmente decisiones sobre la liquidación de un convenio interadministrativo si no dispone de la facultad legal o contractual para hacerlo, y si dichas decisiones se toman después de que haya caducado la acción contractual para resolver conflictos previos, lo que implica que los actos jurídicos considerados como administrativos son inexistentes y deben dejarse sin efectos. La entidad estatal no contaba con la facultad de liquidar el convenio interadministrativo unilateralmente, ya que este no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las partes no habían establecido claramente dicha prerrogativa en el acuerdo. La Sala reitera que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por el régimen general de contratación, sino que deben autorregularse según sus propias estipulaciones, lo que implica que la liquidación de estos negocios debe seguir el régimen especial que los rige, no el general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo interadministrativo de cofinanciación suscrito entre dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones administrativas y para la prestación de servicios a su cargo…¿En los convenios interadministrativos, es posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos…¿Las resoluciones emitidas por la demandada en las que se liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo, gozan de la condición de actos administrativos?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia en proferida en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía estimada en la demanda. De conformidad con los artículos 82, 129 y 132 del Decreto Ley 01 de 1984, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, siendo procedente el conocimiento del asunto cuando la cuantía supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por la normativa aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿Puede entenderse que la pretensión de nulidad del contrato se fundamenta en la nulidad del acto de adjudicación, a partir de la interpretación integral realizada por el juez de los hechos y…¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la resolución de adjudicación y del contrato estatal suscrito…¿Deben verificarse de manera independiente la caducidad y los demás requisitos de procedibilidad respecto de las nuevas pretensiones incorporadas mediante la reforma de la demanda?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública?¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta?¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual, que surge del proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones pactadas, con el desequilibrio económico, que se origina en circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración. La Sala ha reiterado que el incumplimiento contractual conlleva la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, con reparación integral de los perjuicios, mientras que el desequilibrio económico implica el restablecimiento del sinalagma funcional pactado, llevando al contratista a un punto de no pérdida. Esta distinción es crucial para evitar confusiones en las demandas y permite al juez aplicar correctamente el derecho, en virtud del principio iura novit curia, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda…¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal…¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes…
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?