Titulación de la relatoría 22.205 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO DE TRANSPORTE / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, consagraba que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la nulidad de las decisiones que declararon la caducidad del contrato 010 de 1998, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y el mal manejo del pago anticipado, así como los actos que liquidaron unilateralmente dicho negocio, celebrado entre el Ministerio de Transporte y la sociedad Dragacol S.A. En consideración a que el demandado, Ministerio de Transporte, ostenta la naturaleza de entidad pública, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. También le asiste competencia a la Sala para conocer de esta controversia en segunda instancia, pues las pretensiones de contenido económico se estimaron en montos superiores a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO
Problema jurídico:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la declaración de caducidad del contrato, su liquidación unilateral y la declaración del siniestro?
Respuesta al problema jurídico: Si
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Transporte declaró la caducidad del contrato 010 de 1998, lo liquidó unilateralmente y declaró la ocurrencia del siniestro, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 87 del CCA, corresponde ventilarse a través de la acción contractual.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CLASES DE SENTENCIA / CLASES DE SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECHAZO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / RECHAZO DE LA EXCEPCIÓN DE FONDO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La sentencia de primer grado desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil por cuanto resultó desfavorable para ambos extremos procesales?
Respuesta al problema jurídico: No
La sociedad demandante consideró que el fallo de primer grado, supuestamente, desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, en su criterio, dicha sentencia resultó desfavorable para ambos extremos procesales. (...) Si bien en la aludida providencia se negaron las pretensiones invocadas por el extremo activo y las excepciones propuestas por el pasivo, ello no comporta una vulneración del artículo en mención, pues, en últimas, el contenido de este artículo lo que hace no es nada distinto a definir cuáles de las providencias que dicta el juez tienen el carácter de sentencia, entre ellas, las que decidan sobre las pretensiones, como en este caso ocurrió y las que decidan sobre las excepciones propuestas, situación que igualmente aconteció. Así, contrario a lo afirmado por Dragacol S.A. en su recurso de apelación, esta Subsección considera que el fallo de primera instancia, en realidad, no resultó adverso para ambos extremos procesales, dado que, a pesar de que el Tribunal a quo declaró no probadas las excepciones invocadas por el Ministerio de Transporte, no es posible ignorar que la decisión impugnada también negó las pretensiones formuladas por la parte activa. Lo anterior supuso que los intereses jurídicos del Ministerio demandado se mantuvieran inalterados, razón por la cual es plausible indicar que la sentencia cuestionada, materialmente, sí fue favorable para la entidad pública accionada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 302
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CORRECCIÓN DE LA DEMANDA / INDICIO EN CONTRA / CARGAS PROCESALES / OMISIÓN DE CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE
Problema jurídico:
¿La falta de contestación de la corrección de la demanda releva a la parte de su carga de probar los hechos en los cuales funda sus pretensiones ?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a norma procesal general consagra la consecuencia para aquellos eventos en los que no se conteste la demanda; sin embargo, nada dice acerca de la falta de contestación de la corrección de aquella. Sin perjuicio de ello, aun de considerarse que la mencionada consecuencia ha de hacerse extensiva a los eventos en que no se contesta la corrección del escrito inicial, la posibilidad de valorar esa conducta procesal como un indicio en contra de la parte renuente tampoco puede llevar a considerar que por cuenta de tal omisión se deba indefectiblemente acceder a las pretensiones de la demanda, como lo sugiere el recurrente, pues tal proceder iría en contravía de la regla plasmada en el artículo 177 del mismo estatuto. (...) De ahí que el hecho de que exista un indicio en contra de la entidad por la omisión de sus deberes procesales no releva a la parte de su carga de probar los hechos en los cuales funda sus pretensiones y, por esta razón será su valoración en conjunto, en consonancia con la presencia del mencionado indicio, la que determine el rumbo de las súplicas invocadas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 95
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del Juez de segunda instancia lo delimita lo establecido por las partes en los recursos de apelación contra la providencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675; sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212; auto de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 9 de abril de 2014, Exp 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, o con la petición de que se revoque?
Respuesta al problema jurídico: No
De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia. (...) Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta adversa al apelante.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la carga argumentativa del recurso de apelación, consultar sentencia de 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
EXCEPCIÓN DE FONDO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / RECHAZO DE LA EXCEPCIÓN DE FONDO
Problema jurídico:
¿Se configuró la excepción de contrato no cumplido?
Respuesta al problema jurídico: No
Al respecto, debe ponerse de presente que no existe coherencia entre la excepción de contrato no cumplido propuesta y el argumento en que se pretende sustentar su configuración, pues la verdad es que la accionante no está admitiendo que su incumplimiento hubiere sido consecuencia directa del incumplimiento previo de su contraparte y que hubiera sido esta la que la hubiera llevado a apartarse de la satisfacción de sus deberes; lo que alegó, por vía de otro cargo de nulidad que será retomado luego, es que la contratista no estaba en mora de atender sus compromisos negociales, en tanto el contrato se hallaba suspendido. Encuentra la Sala que la obligación que se alega como incumplida en fundamento de la excepción propuesta no fue contraída por el Ministerio y que, bajo la eventual comprensión de que habría resultado connatural al clausulado contractual, tampoco se le imponía por mandato de la ley acatarla, premisa que, aunque no se corresponde con el contenido sustancial de la exceptio non adimpleti contractus, será analizada, en aplicación del principio constitucional que indica la prevalencia de la sustancia sobre la forma. (...) la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión del Ministerio de Transporte de declarar la caducidad del contrato. Era claro que, ante la reiterada renuencia del contratista a reanudar las actividades encaminadas al cumplimiento del contrato 010 de 1998, consecuencialmente persistiría la situación de parálisis en que se hallaba su ejecución, incluso en el evento de que el Ministerio optara por modificarlo unilateralmente, porque así se lo advirtió Dragacol en su misiva. La Sala considera que resultó razonable y proporcional la decisión adoptada, de cara a la realidad imperante frente a la indeterminación del rumbo contractual, por falta de voluntad del contratista para proseguir con el cumplimiento de su objeto y a sus advertencias de que no aceptaría decisiones unilaterales de la Administración. (...) En conclusión, la Sala no encuentra asidero en el cargo formulado, en cuanto la excepción de contrato no cumplido que se alega, fundada en el hecho de que el Ministerio no ejerció debidamente la potestad excepcional de modificación unilateral del contrato.
EXCEPCIÓN DE FONDO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / RECHAZO DE LA EXCEPCIÓN DE FONDO
Problema jurídico:
¿Es procedente la declaratoria de caducidad de contrato suspendido por falta de reanudación del objeto contractual por causas imputables al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a declaratoria de caducidad se adoptó cuando el contrato se hallaba suspendido por acuerdo entre las partes, suspensión que tuvo lugar desde el 15 de mayo de 1998, sin que hubiese existido consenso para su levantamiento. Dicho esto, cabe recordar que la potestad excepcional de caducidad del contrato, regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, subordina su procedencia a que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización. Al tenor de este postulado, el contrato debe encontrarse dentro del plazo de ejecución para ser objeto de declaratoria de caducidad, dado que, de lo contrario, su decreto haría nugatorio el fin perseguido por el legislador. En atención a ese contexto, la Sala considera que el hecho de que el contrato hubiera estado suspendido por acuerdo de las partes en la época en que se profirió el acto acusado no afecta su validez, en cuanto no desdibuja la existencia de los supuestos normativos establecidos por el legislador para la procedencia de la aplicación de esa cláusula excepcional. (...) los cargos relacionados con la inviabilidad de declarar la caducidad durante la suspensión del contrato y con que fue el Ministerio el que incurrió en incumplimiento en el pago del stand by no tienen vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OMISIÓN DE CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Se revela la insatisfacción del deber de sustentación de la apelación frente al cargo de ruptura económica del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la confrontación de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la sentencia para resolver ese cargo y las razones de oposición esgrimidas en el recurso, se revela la insatisfacción del deber de sustentación de la apelación. Como se advierte, el reparo expresado en contra de la decisión del a quo no atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, en las cuales advirtió que: i) no se fracturó el equilibrio económico porque la contratista contribuyó con su conducta a las labores de dragado que afectaron la economía del contrato 010, al suscribir voluntariamente el contrato 011, por lo que no se evidenciaba una circunstancia imprevista que hubiera desbalanceado financieramente el convenio génesis de la controversia; ii) la variación del estado técnico de la draga Bocas de Ceniza no llevó a que las partes modificaran el precio del contrato, por lo que este se mantuvo inalterable; iii) Dragacol recibió el 50% de pago anticipado, monto con el que se cubrían las reparaciones acordadas. Contra lo anterior, la apelante simplemente se limitó a asegurar que el Ministerio desconoció su derecho a recibir la remuneración pactada y que el contrato se desbalanceó por una circunstancia imprevista, sin mencionar a cuál circunstancia se refería, sin ofrecer razones que sustentaran su inconformidad ni replicó el razonamiento de la primera instancia para su negativa, dinámica argumentativa que devela la inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a las consideraciones expuestos por el a quo en el fallo apelado en ese preciso aspecto. Por lo anterior, este cargo de la apelación no está llamado a prosperar.
ACTO ADMINISTRATIVO ENCADENADO / TEORÍA DE LOS ACTOS ENCADENADOS / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Para establecer si un acto es encadenado, secuencial o concatenado frente a otro, se debe determinar una relación en la que el segundo se justifique por el primero?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación acogió la teoría de los actos encadenados, en cuya virtud puede existir una relación consecutiva, secuencial y unívoca entre dos decisiones de la Administración, por manera que una encuentra su razón de ser en la precedente expedición de la otra. Con apoyo en la evidencia del contenido conexo o relacionado de aquellos actos administrativos, la jurisprudencia de la Sala ha establecido que en el caso del acto de caducidad del contrato y el subsecuente acto de liquidación unilateral se está en presencia de dos clases de decisiones resolutorias y cada una genera unos efectos jurídicos diversos entre sí, pero esencialmente encadenado o secuencial. De lo anterior se colige que, para establecer si un acto es encadenado, secuencial o concatenado frente a otro, se debe determinar una relación en la que el segundo se justifique por el primero, tal como acontece en el sub examine.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la teoría de los actos encadenados, consultar sentencia de 5 de octubre de 2016, Exp. 68001-23-33-000-2013-00038-01(49820), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 10 de mayo de 2018, Exp. 76001-23-31-000-2002-02259-02(39689), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede la declaración de nulidad parcial del acto de caducidad por vulneración al debido proceso de la aseguradora en la constitución del siniestro y del acto de liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que le asiste la razón a la aseguradora al sostener que el acto de liquidación unilateral adolece de nulidad. Al recaer la declaratoria de nulidad parcial del acto de caducidad por vulneración al debido proceso de la aseguradora en la constitución del siniestro, vinculado a los amparos de incumplimiento y manejo del pago anticipado cubiertos por la póliza GU0100664408, su ilegalidad irradia la decisión adoptada en torno al seguro en el acto de liquidación unilateral en el que se cuantificó la suma en que se afectaría la garantía y se dio la orden de su pago con cargo a la póliza expedida por la aseguradora, órdenes que, por mérito de la ilegalidad del acto constitutivo del siniestro, quedan viciadas de nulidad por la misma causal, así como despojadas de fundamento y, por tanto, desprovistas de efectos vinculantes. (...) Igualmente, se declarará la nulidad de la Resolución 05711 del 3 de julio de 2001, por la cual el Ministerio de Transporte resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior, en cuanto confirmó los artículos y apartados a los que se acaba de hacer referencia. Como consecuencia, a título de restablecimiento se declarará que la aseguradora Confianza S.A. no tiene obligación de pagar las sumas contenidas en los actos administrativos Resolución 00787 del 3 de mayo de 1999 y Resolución 002503 del 10 de abril de 2001, expedidos por el Ministerio de Transporte en el marco del contrato 010 de 1998, con cargo a la garantía única de cumplimiento No. G U01 0664408 de enero 19 de 1998, ni en los actos administrativos que por vía de reposición confirmaron las mencionadas resoluciones. En caso de haberlo hecho, el Ministerio de Transporte deberá restituir las sumas pagadas por Confianza S.A., debidamente indexadas desde el tiempo de su pago hasta la época en que se efectúe el reintegro con base en el índice de precios al consumidor.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó actuación temeraria que conlleve a la imposición de condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, por ende, no se impondrá condena alguna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 201.530 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 080012331000200100546 01 acumulado
080012331003200001903 01 (45969) y
250002326000200102450 01 (32907)
Actor: DRAGACOL S.A. – CONFIANZA S.A.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL
Temas: FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA DEMANDA –
efectos procesales / CARGA DE SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN – no basta
con reiterar los mismos supuestos de la causa y la contradicción / EXCEPCIÓN DE
CONTRATO NO CUMPLIDO – no se reúnen los supuestos en que se fundamenta
/ DECLARATORIA DE CADUCIDAD EN CONTRATO SUSPENDIDO- procede si la
falta de reanudación del objeto contractual se produce por causas imputables al
contratista / DEBIDO PROCESO DE LA ASEGURADORA EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CADUCIDAD / debe garantizarse en la etapa de formación del
acto impositivo de la sanción que afecta la póliza
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la s
demandantes, Confianza S.A. y Dragacol S.A., en los procesos 2000-01903 y 2001-
00546 (45969), respectivamente, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de l Atlántico el 14 de junio de 20 12, mediante la cual declaró no
probadas las excepciones formuladas por el Ministerio de Transpor te y negó las
pretensiones de la demanda.
De igual forma decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
Confianza S.A. del proceso 2001-02450 (32907), en contra de la sentencia del 29
de marzo de 2006, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió lo siguiente : (se
transcribe de forma literal incluso con posibles errores)
“PRIMERO: Declarase la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución No.
2503 del 10 de abril de 2001, y de la Resolución no. 5711 de 2001. El artículo
segundo en comento quedará así:
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
2
“Artículo 2. Que como consecuencia de la liquidación efectuada en el artículo
primero, la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A.
- DRAGACOL, debe al Ministerio de Transporte la suma de NOVECIENTOS
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS UN
PESOS ($960’822.901), y/o la Compañía Asegur adora de Fianzas S.A., debe
al Ministerio de Transporte la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($849’999.999), suma que deberán cancelar
dentro de los 30 días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
SEGUNDO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la nulidad de las resoluciones por las cuales
el Ministerio de Transporte declaró la caducidad, declaró la ocurrencia de siniestro
de incumplimiento y mal manejo del pago anticipado y liquidó unilateralmente el
contrato 010 de 1994, celebrado entre esa entidad y Dragacol S.A., con el objeto de
realizar labores de reparación de la draga Bocas de Ceniza.
Se afirma por el contratista y la aseguradora Confianza S.A. que los actos acusados
se encuentran viciados de nulid ad, porque el ente público no presentó la
reprogramación de las reparaciones que se continuaría adelantando en el contrato
010, ni reconoció a Dragacol S.A. los costos de stand by generados en el lapso de
suspensión; en su lugar, procedió a declarar la caducidad del negocio de manera
sorpresiva e injustificada, además , porque en ese momento el contrato estaba
suspendido.
Se sostiene que la declaratoria de caducidad no se fundamentó en la existencia de
un incumplimiento grave de l as obligaciones a cargo del contratista, sino que, en
realidad, se produjo en razón de la presión política y de los medios de comunicación
ejercida sobre el Ministerio de Transporte por causa del “ escándalo Dragacol” que
se presentó en esa época.
Con apoyo en lo anterior, entre otras razones , se aduce que los actos enjuiciados
se expidieron con desconocimiento de las normas en que debían fundarse, violación
al debido proceso, falta de competencia, desviación de poder y falsa motivación.
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
3
2. Proceso radicado No. 2000-01903 (45969)
2.1. La demanda
El 29 de mayo 2000, la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. promovió
demanda, en ejercicio de la acción contractual , contra la Nación – Ministerio de
Transporte, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
• Declarar la nulidad de la Resolución 00787 del 3 de mayo de 1999 , por
medio de la cual el Ministerio de Transporte declaró la caducidad del
contrato 0 10 de 1998 celebrado entre esa entidad y Dragacol S.A. y
ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento GU01-0-664408 expedida
por Confianza S.A.; y la nulidad de las resoluciones 001533 del 22 de julio
de 1999 y 001564 del 23 julio de ese año, por medio de las cuales la
entidad resolvió los recursos de reposición interpuestos por el contratista
y la aseguradora en contra de la primera decisión mencionada y la
confirmó.
• Que se declare que Dragacol S.A cumplió el contrato 010 de 1998.
• En subsidio de la anterior, que se declarara q ue la póliza no estaba
vigente al momento en que se declaró la caducidad del contrato.
• Que se condene al Ministerio de Transporte a devolver a Confianza S.A.
el valor pagado en cumplimiento del acto acusado, de forma indexada y
con el respectivo reconocimiento de intereses.
2.2. Hechos
2.2.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 16 de enero de 1998 , el
Ministerio de Transporte y Dragacol S.A. suscribieron el contrato 010 de 1998, cuyo
objeto consistió en la prestación de servicios dirigidos a la reparación en dique y a
flote de la draga Bocas de Ceniza, incluyendo el suministro de repuestos y
movilización, por un valor de $1.499’999.998, incluido IVA , y un plazo de sesenta
días a partir de la suscripción del acta de inicio.
2.2.2. El 19 de enero de 1998, la aseguradora Confianza S.A. expidió la póliza
GU01-0-0664408 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato 0010 de 1998, con cobertura de los siguientes amparos:
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
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AMPARO DESDE HASTA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento 18 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $149’999.999
Pago anticipado 19 de enero de 1998 30 de agosto de 1998 $750’000.000
Salarios y prestaciones 19 de enero de 1998 30 de abril de 2001 $74’999.999
Calidad 19 de enero de 1998 30 de octubre de 1998 $299’999.999
2.2.3. El 16 de enero de 1998 , el Ministerio de Transporte y Dragacol S.A.
suscribieron el contrato 01 1 de 1998 , con el objeto de realizar operaciones de
dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla, con la
draga Bocas de Ceniza, la cual quedó ubicada en esa área, tanto para realizarle las
reparaciones como para que dragara el canal. El plazo de este contrato fue de
cuatro meses, desde el 29 de enero de 1998.
2.2.4. La ejecución del con trato 010 de 1998 se alternaba con el desarrollo del
contrato 011 de 1998; de ahí que cuando la draga estaba en condiciones operativas
se suspendían las actividades de su reparación para adelantar las labores de
dragado y a la inversa , dinámica que se desc ribió como “ dragado – parada para
reparación – dragado”.
2.2.5. Ante las dificultades de ejecutar la reparación de la draga Bocas de Ceniza
en cumplimiento del contrato 010 en condiciones intermitentes y debido al deterioro
avanzado de esa máquina respecto del momento en que se celebró el contrato, por
haberse dispuesto paralelamente su uso en actividades de dragado, el 15 de mayo
de 1998 las partes decidieron suspender la ejecución de ese negocio jurídico . De
este acuerdo no se dio aviso a la aseguradora.
2.2.6. El 30 de noviembre de 1998 , el Ministerio de Transporte efectuó una
inspección a la draga Bocas de Ceniza, en medio de la cual Dragacol S.A. insistió
en que desde la suspensión del contrato se habían generado gastos de stand by
superiores a $12’000.000 diarios, lo cual debía ser tenido en cuenta para reanudar
su ejecución, ya que esos gastos superaban el pago anticipado.
2.2.7. El 5 de abril de 1999 , las partes se reunieron con el fin de acordar las
condiciones financieras del levantamiento de la suspensión del contrato 010 de
1998, no obstante lo cual, a pesar de haber ya concertado previamente los términos
en que esa negociación se adelantaría, el Ministerio de Transporte presentó un
proyecto de acuerdo muy distinto al convenido a priori con Dragacol S.A., que no
Expediente: Acumulados 45969 y 32907
Actor: Dragacol S.A. y otra
Demandado Nación – Ministerio de
Transporte
5
reconocía los verdaderos costos que generó el stand by ni los que demandaba la
puesta en marcha de las gestiones de reparación de la draga . Por lo anterior ,
Dragacol informó al Ministerio que no reanudaría la ejecución contractual hasta
tanto se incluyeran en el acuerdo cláusulas relativas a esos reconocimientos
económicos.
2.2.8. El 3 de mayo de 1999, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
00787, por la cual declaró la caducidad del contrato 010 de 1998, decisión que luego
de ser recurrida en reposición por la aseguradora y por Dragacol, fue confirmada a
través de la
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