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Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230016101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución? Sí
El juez puede adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución, siempre y cuando la fuente del daño invoque una causa común y los hechos sean interrelacionados, lo que permite tramitar todas las pretensiones a través del medio de control judicial de controversias contractuales. Además, el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato, siempre que éste se expida dentro del plazo legal y convencionalmente establecido, lo que implica que la caducidad es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando se encuentre probada. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la aplicación del medio de control y el cómputo del término de caducidad, proporcionando mayor certeza jurídica en la interpretación y aplicación de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato?¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
"(...) ¿Debe declararse el incumplimiento contractual por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura del Convenio Interadministrativo No. 168 de 2008? No
Hay incumplimiento contractual cuando la prestación no se satisface en la forma y oportunidad debidas y, además, esa insatisfacción es imputable al deudor, de modo que no basta con demostrar que la prestación no se cumplió si la causa de la falta no se atribuye a quien debía ejecutarla. Por ello, la condena impuesta en un laudo arbitral por un hecho determinado no permite, por sí sola, declarar el incumplimiento de la entidad que ejecutó el convenio interadministrativo, cuando el hecho que originó la condena no corresponde a obligaciones de la entidad. En el caso concreto, la condena del laudo surgió de la falta de planeación para implementar una troncal del sistema de transporte hasta un municipio, y el convenio y el documento de política que lo acompañaba no referían la planeación de esa obligación. Como consecuencia práctica, para declarar el incumplimiento de un convenio interadministrativo debe demostrarse que la obligación incumplida estaba a cargo de la entidad y que su omisión le es imputable, con independencia de las condenas que se hayan impuesto a otras partes.síntesis automática
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
¿El medio de control de controversias contractuales se interpuso dentro de los dos años siguientes a la notificación en audiencia de los actos administrativos demandados? Sí
Para tal efecto, se verifica que no operó la caducidad del medio de control toda vez que la demanda se interpuso el 20 de septiembre de 2018 (fl. 2 c. 1), esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 30 de abril de 2018, fecha de la expedición y notificación en audiencia de los actos administrativos demandados.
También resuelve:¿El apelante único sólo cuestiona la nulidad de los actos administrativos demandados porque considera que sí era competente para expedirlos?¿El ente territorial perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato porque en forma previa a la adopción de dicha decisión…¿Procede la condena en costas contra la parte a la cual se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación?¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales?¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 50001233300020190048001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato deben ser demandados mediante los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual corresponderían de manera exclusiva al medio de control de controversias contractuales, lo que no obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser tramitadas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista debe demandar mediante los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual deben ser tramitados exclusivamente a través del medio de control de controversias contractuales, sin embargo, no se obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser acumuladas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o restablecimiento del derecho siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011. En el caso analizado, la Sala determinó que los actos precontractuales son separables del negocio jurídico principal, incluso después de la celebración del contrato, y que su control judicial debe efectuarse a través de los medios específicos de nulidad o restablecimiento del derecho, según corresponda, sin importar si el contrato ya fue celebrado. Esto implica que las controversias relacionadas con actos administrativos previos al contrato deben ser resueltas mediante los procedimientos establecidos para la nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que las controversias contractuales se tramitan por el medio de control de controversias contractuales, siempre que se respeten las condiciones para la acumulación de pretensiones en un mismo proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra actos previos a la celebración del contrato…¿Se debe declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra el acto de adjudicación del contrato…
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales? Sí
Cuando en un proceso de controversias contractuales ambos extremos son entidades públicas, la excepción de la condena en costas prevista en el artículo 188 del C.P.A.C.A. no es aplicable por el solo hecho de que la controversia involucre recursos públicos, pues el medio de control es de carácter subjetivo y cada entidad tiene un interés económico particular en el resultado. La regla se sostiene en tres razones: la pretensión de reintegrar recursos públicos no implica por sí misma un interés público que haga improcedente la condena; la decisión judicial impacta favorable o desfavorablemente las aspiraciones económicas de cada parte; y aceptar lo contrario dejaría sin condena en costas a todos los asuntos contractuales en que intervenga una entidad pública. En el caso, el recurrente tenía un interés particular y económico en las resultas del proceso, por lo que se confirmó la condena en costas. El documento cita una sentencia de la sección sobre la procedencia de la condena en costas; la consecuencia práctica es que la condena en costas en controversias contractuales entre entidades públicas es la regla, salvo que el asunto sea de interés público en sentido estricto.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del mismo código, dado que la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias derivadas de un convenio interadministrativo en el que intervienen entidades públicas, y el Consejo de Estado resuelve la apelación contra la sentencia del tribunal cuando la cuantía de la demanda supera el límite del numeral 5 del artículo 152 del CPACA. La regla se apoya en el artículo 104 del CPACA, que atribuye la competencia por la naturaleza pública de las partes, y en los artículos 150 y 152 del mismo código, que fijan la competencia para la segunda instancia. Así, la doble instancia se activa por la cuantía de la demanda, medida a la fecha de su presentación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, en controversias entre entidades públicas que superan la cuantía legal, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal debe tramitarse ante esta Corporación y no ante otro tribunal de la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme al artículo 141 del CPACA, el medio de control idóneo para reclamar el incumplimiento y solicitar la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 es el de…¿El Invías y el municipio de San Pedro están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, por ser partes del convenio interadministrativo objeto de la litis?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en contratos que requieren liquidación, se cuenta a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales si ha transcurrido el plazo de caducidad, que en este caso se computa desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo, sin tener en cuenta el término de dos meses para la liquidación unilateral que no fue pactado expresamente en el convenio ni puede ser supletoriamente aplicado por el EGCAP. La caducidad del medio de control se configura si la demanda se presenta después del plazo establecido, sin importar si se ha agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, salvo cuando quien demanda es una entidad pública. La Sala confirmó la sentencia que declaró probada la caducidad del medio de control, reiterando la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para el ejercicio de los recursos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para perseguir la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo y su liquidación judicial?¿Los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la…
¿La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
El juez puede intervenir en la liquidación de un contrato estatal no sometido a la Ley 80 de 1993 solo si el contrato incluye una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo establece la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias recientes. Esta intervención judicial se justifica por la necesidad de resolver litigios relacionados con contratos estatales y por la ausencia de un marco normativo que delimite la liquidación en ausencia de una cláusula contractual. En el caso específico, la controversia entre ECOPETROL y AISLATERM sobre reclamaciones económicas y compensaciones adicionales, junto con la existencia de una cláusula de liquidación en el contrato, permiten la intervención del juez para esclarecer el estado de cumplimiento y determinar los efectos económicos del contrato, matizando la posición anterior sobre la obligación de liquidar contratos estatales no sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez intervenir en la liquidación de un contrato estatal cuando no se realizó de común acuerdo ni fue practicada oportunamente por la entidad contratante…¿Puede el juez reconocer la compensación legal en ausencia de certeza, liquidez y exigibilidad del crédito alegado por el demandado?¿Puede el juez declarar probada la excepción de compensación si no existe certeza sobre la obligación indemnizatoria alegada por el demandado?
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición?¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante?¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
¿El desconocimiento del principio de planeación precontractual, es un asunto debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual? No
En el medio de control de controversias contractuales, la inobservancia del principio de planeación precontractual no constituye por sí misma un incumplimiento que pueda debatirse bajo la pretensión de incumplimiento contractual. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, de modo que su inobservancia no se proyecta sobre la exigencia de las obligaciones derivadas de lo pactado. Segunda, la pretensión de incumplimiento tiene por objeto el débito obligacional que surge del contrato celebrado, y no la validez de las etapas previas a su formación. La providencia reconoce que el desconocimiento de la planeación puede tener efectos sobre otros elementos del contrato, pero confirma que ese alcance no puede discutirse mediante la pretensión de incumplimiento. En la práctica, quien alegue la vulneración del principio de planeación debe formular pretensiones distintas, y no una pretensión de incumplimiento que se refiera a obligaciones ya pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿Los pactos modificatorios suscritos entre las partes del contrato de obra pública, remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que…¿Hay lugar a condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para declarar la existencia de un acto administrativo contractual de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato estatal, y de las órdenes de pago para su restablecimiento? No
El medio de control de controversias contractuales no es idóneo para declarar la existencia de un acto administrativo contractual que reconoce el desequilibrio económico del contrato estatal ni para ordenar los pagos que se derivan de él, porque las pretensiones admisibles en este medio son las que enumera el artículo 141 del CPACA. La regla se fundamenta en la delimitación legal de las pretensiones del medio de control, de modo que la causa petendi debe encuadrarse en alguna de ellas. Además, la solicitud de restablecimiento del equilibrio y la respuesta favorable que el ente territorial dio a ella no sustituyen esa delimitación. En el asunto, el contratista demandó con base en la solicitud de restablecimiento y en el incumplimiento de la entidad respecto de una resolución que ordenaba un desembolso, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, el reconocimiento del desequilibrio debe discutirse por el medio de control que corresponda a sus pretensiones y no por el de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado se justifica cuando la regulación normativa de su tipología exija la formalidad del escrito?¿Resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, en el que la Resolución aportada al proceso funja válidamente como título de reconocimiento del desequilibrio económico…¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…
¿Resulta dable para las partes del contrato, invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos, en orden a atacar la validez de un negocio jurídico que ha sido suscrito de manera coordinada y de común acuerdo? No
El contratista no puede invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos para atacar la validez de un negocio jurídico suscrito de mutuo acuerdo, ya que la liquidación bilateral del contrato es un acto jurídico que las partes produjeron coordinadamente y cuya nulidad debe controvertirse por causales específicas del contrato. Además, el juez debe abstenerse de analizar nuevas argumentaciones introducidas en el recurso de apelación cuando estas modifican lo planteado en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia y el debido proceso, limitando así las facultades del juez para variar la causa petendi que se plantea en la demanda. Esto implica que las partes no pueden modificar el petitum y el contexto fáctico de la demanda fuera de las etapas procesales previstas para ello, asegurando que la contraparte no sea sorprendida con cargos nuevos.síntesis automática
También resuelve:¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿Para la procedencia de las costas procesales, lo determinante es perder el proceso o que la actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable…
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece su jurisdicción sobre controversias que involucran entidades públicas, como el INVIAS, y que superan la cuantía mínima legal para ser tramitados en segunda instancia. Además, la Sala reitera que en contratos que requieren liquidación, los términos de caducidad son los previstos en el artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, lo que implica que la controversia debe surgir durante la vigencia del contrato y no haber sido solventada en sede administrativa, incluso después de la liquidación. Esto implica que la operabilidad de la caducidad varía según la naturaleza del contrato y las circunstancias posteriores a su ejecución y liquidación, protegiendo así la estabilidad de la relación contractual y la eficacia del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de ejecución instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda demandar…¿La operabilidad de la caducidad es distinta cuando se trata de un contrato pasible de liquidación, el conflicto es relativo a obligaciones o situaciones posteriores a su ejecución…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se debe contabilizar a partir de la caída o derrumbe del puente Orquídea 1, evento ocurrido el 29 de octubre de 2019?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas, conforme a la cláusula general del artículo 104 del CPACA. Cuando la cuantía de la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 150, 152 numeral 5 y 243 del CPACA. La cuantía se determina por el valor de la pretensión mayor y se fija al momento de presentar la demanda. Una sociedad de economía mixta de capital mayoritariamente público y un establecimiento público del orden distrital, que integraban los extremos del contrato, son entidades públicas para estos efectos. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia fue confirmada, con fundamento en que el litigio cumplía esas condiciones de competencia. Como consecuencia práctica, la cuantía de la pretensión mayor a la fecha de la demanda define la segunda instancia en los procesos de controversias contractuales entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014…¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la liquidación judicial del contrato interadministrativo de interventoría No. 647 del 29 de…
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento procesal adecuado para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública? Sí
El contratista puede utilizar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública, de acuerdo con el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este mecanismo es adecuado cuando se considera que se ha lesionado un derecho por la expedición de un acto administrativo previo a la celebración del contrato. Además, el medio de control de controversias contractuales es idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal, según lo dispuesto en el mismo artículo 141 del CPACA. Ambos medios requieren que las partes tengan legitimación en la causa, es decir, que acrediten un interés directo en el asunto, como en el caso del Consorcio que participó en el proceso de selección y considera que sus derechos fueron afectados al no haber sido adjudicado el contrato, y la entidad estatal que adelantó el proceso de selección y profirió el acto administrativo de adjudicación. Estas reglas permiten a los contratistas y entidades estatales acceder a la justicia para resolver controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos y la nulidad de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal?¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho…¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de controversias contractuales…