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EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS

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Consejo de Estado Providencia

Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal? ¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior? ¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Puede afirmarse que la acción de repetición tiene como características, una función preventiva y una función retributiva.

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233100020110035501 ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado y se ejerce con el propósito de reintegrar el valor correspondiente a esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado con la conducta del servidor público demandado? Sí
La acción de repetición se ejerce únicamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado, con el propósito de reintegrar el valor de esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado por la conducta del servidor. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulte de una conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 define la acción como una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor que dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto. Tercera, esta acción cumple una función resarcitoria, una preventiva y una retributiva. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia. Además, el documento aclara que el objeto de la acción no es una condena distinta, sino el valor de la condena efectivamente pagada por la entidad. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La Sala está impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, ante la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020100061601 ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca? ¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede… ¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 63001233300020190024601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
Está probado que el contrato interadministrativo… finalizó el 31 de julio de 2017. Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo, la entidad contratante tenía la facultad para liquidarlo unilateralmente desde el 2 de diciembre de 2017 hasta el 2 de febrero de 2018. El término para interponer la demanda, corrió [hasta el] 2 de febrero de 2020 y, como la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2019, su presentación resulta oportuna, tal como acertadamente concluyó el Tribunal a quo. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien conoció de este asunto en primera instancia.
También resuelve: ¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la… ¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad? ¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria.

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020140024902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia? ¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial? ¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: las medidas cautelares innominadas deben ser decretadas de manera excepcional y teniendo en cuenta su regulación integral

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 44001234000020160004801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares innominadas deben ser decretadas de manera excepcional y teniendo en cuenta su regulación integral en el ordenamiento procesal? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala que confirmó el decreto de una “medida cautelar innominada” que obliga a la demandada a prestar caución para garantizar el pago de una eventual sentencia condenatoria. Las medidas cautelares pueden atentar gravemente contra el derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente cuando se trata de las denominadas “innominadas” las cuales se fundamentan en el numeral quinto del artículo 230 del CPACA, deben ser decretadas de manera excepcional y teniendo en cuenta su regulación integral en el ordenamiento procesal.
También resuelve: ¿La medida de prestar caución es una opción que tiene el demandado para evitar que se inmovilicen sus bienes? ¿La ley autoriza que una vez el demandante obtenga sentencia favorable, inicie un proceso ejecutivo y pueda pedir el embargo de los bienes del demandado?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: no estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia de no acceder a la petición de perjuicios solicitada en la demanda

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020140070701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala debió declarar la nulidad del acto administrativo en el que la entidad contratante tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato al estar afectado de nulidad, y en consecuencia, debió condenar a la demandada al pago de perjuicios generados al contratista, por la violación de su derecho a ejecutar el contrato hasta su finalización? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia en el sentido de no acceder a la petición de perjuicios solicitada en la demanda, por considerar que el contrato que la entidad contratante terminó unilateralmente estaba afectado de nulidad. Considero que la Sala debió declarar la nulidad del acto en el que se tomó tal decisión y condenarla a pagar los perjuicios generados al Contratista, derivados de la violación de su derecho a ejecutar el contrato hasta su finalización.… Estimo que la tendencia jurisprudencial de anular los contratos estatales atenta gravemente contra la seguridad jurídica y considero que esta medida solo debería adoptarse por el juez del contrato en casos excepcionales.
También resuelve: ¿La terminación unilateral del contrato, por constatar la existencia de una ¿Para que se presente la causal segunda de nulidad del contrato contemplada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993… ¿La terminación del contrato por constatar una nulidad, requiere agotar