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¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal establecido, lo que implica que la demanda se interpuso oportunamente, conforme a lo dispuesto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, la Resolución que declaró el incumplimiento fue proferida el 30 de septiembre de 2019, y la demanda se presentó el 28 de julio de 2020, dentro del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que el cumplimiento del término legal es esencial para la admisibilidad del medio de control, lo que implica que cualquier demora puede resultar en la caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Reiterar los cargos de nulidad y el concepto de la violación de la demanda configura ausencia de apelación?¿La administración puede declarar el incumplimiento del contrato luego del vencimiento del plazo contractual?¿Las consecuencias acordadas en los documentos contractuales fueron inconstitucionales, ilegales, ilógicas o de imposible cumplimiento porque desconocieron el artículo 1602 del Código Civil?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato fue liquidado de manera bilateral? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a correr desde la fecha de liquidación bilateral del contrato, sin considerar la conciliación extrajudicial. La Sala confirmará la oportunidad de la demanda si se presenta dentro del plazo legal, como ocurrió en este caso donde la liquidación se efectuó el 2 de enero de 2015 y la demanda se radicó el 26 de febrero de 2016. Además, el acta de liquidación bilateral, que tiene efectos de transacción, debe ser acreditada libremente por las partes sin necesidad de requisitos formales específicos, siempre y cuando no se demuestre la existencia de vicios del consentimiento como la fuerza o coacción, que deben ser probados por quien los alega. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la liquidación de contratos estatales regidos por el derecho privado y establece que la carga de la prueba para alegar vicios del consentimiento recae en quien los invoca, matizando la interpretación previa sobre la necesidad de acreditar estos vicios.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las causales que pueden alegarse respecto del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿Cuál es el alcance del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿A quien le corresponde acreditar la existencia de vicios del consentimiento plasmados en las actas bilaterales para determinar su validez?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la…¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?
¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo incumplimiento se analiza? Sí
Pese a la existencia de una cláusula compromisoria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede resolver el fondo de la controversia cuando la contraparte no propone la excepción de pacto arbitral. La regla se apoya en tres razones. Primera, para la fecha de radicación de la demanda la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral. Segunda, bajo ese criterio la competencia se asumía cuando la contraparte no formuló excepción por esa circunstancia. Tercera, la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia justifica decidir el asunto. En el caso, la Sala asumió la competencia y resolvió el fondo, por lo que la sentencia se confirmó. Como la controversia involucra a un ente universitario autónomo de carácter departamental, la competencia de segunda instancia del Consejo de Estado se confirma por la cuantía. La providencia remite a la línea sobre renuncia tácita al pacto arbitral, por lo que reitera ese criterio.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo?¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos siguientes a la notificación del acto de liquidación unilateral del contrato?¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos formulados contra la sentencia de primera…
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del presente caso, en observancia del factor objetivo de atribución de competencia por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía? Sí
Cuando la controversia tiene origen en la actividad negocial de una entidad pública, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce del asunto, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía, según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas; el factor objetivo de atribución determina la doble instancia a partir del valor de las pretensiones; y la acción de controversias contractuales resulta idónea para pretender la nulidad de los actos contractuales, la declaratoria de incumplimiento y la indemnización de perjuicios. En el caso, la entidad demandada era una empresa de telecomunicaciones que celebró el contrato bajo el régimen de derecho privado, y la controversia se tramitó en doble instancia ante la corporación. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende del valor de la pretensión y no del régimen jurídico del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para pretender la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contractuales…¿El contrato objeto de debate, se rige por el derecho privado, por haber sido celebrado por una empresa prestadora de los servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos?¿La decisión de terminación unilateral cuya declaratoria se pretende, es un acto administrativo fundado en la potestad de terminación unilateral concebida en la Ley 80 de 1993?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica de los actos emitidos en el trámite contractual —con el fin de determinar si estaban o no revestidos de presunción de definitividad y si su eventual validez o eficacia condiciona la posibilidad de estudiar las pretensiones del demandante— cuando dicho análisis resulta necesario para evitar que la decisión sea incompleta, incongruente o meramente formal, y para garantizar la tutela judicial efectiva? Sí
El juez de segunda instancia, aunque su competencia se circunscribe a los reproches del apelante, debe examinar de oficio las cuestiones necesarias para resolver la controversia, como los presupuestos procesales y los asuntos imperativos cuyo desconocimiento frustraría el acceso a la administración de justicia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP limita el pronunciamiento a los argumentos del apelante, de modo que los aspectos no impugnados quedan revestidos de la presunción de acierto; el examen de oficio se impone respecto de normas imperativas y de presupuestos procesales, como la jurisdicción, la competencia, la oportunidad de la demanda y la legitimación; y la naturaleza jurídica de los actos del trámite contractual, incluida su presunción de definitividad, puede ser una cuestión previa indispensable para evitar una decisión incompleta o incongruente. Por ello, el análisis de esos actos se realiza cuando condiciona el estudio de las pretensiones. La providencia se modifica en lo que resulta de ese examen.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo las partes de un contrato regido por el derecho privado pactan expresamente una etapa de liquidación —incluyendo sus fases…¿Puede el contratista reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra cuando previamente renunció expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con las…¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio cuando éste no intervino en el contrato objeto de litigio ni existe imputación alguna en su contra?
Sentencia — Sentencia2023-05-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220019500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación de un laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación de un laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública, o quien desempeñe funciones administrativas, corresponde a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, según el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La regla se apoya en que esa norma atribuye la competencia en razón de la presencia de una entidad pública en el trámite arbitral, de modo que la calidad de la parte determina el juez que decide el recurso. Por ello, basta con que la entidad haya intervenido como parte en el contrato que originó el laudo. En el asunto, la parte convocada y demandante en reconvención era una unidad administrativa especial del orden nacional, que intervino en el trámite arbitral como parte del contrato de aporte, por lo que la Sala asumió la competencia para resolver el recurso. En la práctica, la intervención de una entidad pública en el arbitraje define la competencia para el recurso de anulación del laudo.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación constituye el remedio procesal previsto para garantizar el derecho al debido proceso y contrarrestar las fallas que comprometan las normas de procedimiento que…¿Constituye tarea del juez del recurso de anulación, en relación con la causal 9ª que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, efectuar la comparación de lo decidido en el laudo arbitral…¿Se acreditó la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por no haber decidido el laudo sobre cuestiones sujetas al arbitramento?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a…¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación…¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito por una entidad territorial? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos jurídicos de naturaleza contractual que no son actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado y la autonomía de la voluntad de las partes. En este caso, la entidad estatal suscribió un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado con una EPS, y en el marco de este acuerdo, la entidad territorial liquidó unilateralmente el contrato mediante resoluciones que, a pesar de ser calificadas inicialmente como actos administrativos, fueron determinadas como actos jurídicos contractuales por la Sala. La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversias derivadas de contratos de administración de recursos del régimen subsidiado se establece en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Concursal, lo que permite que el medio de control de controversias contractuales sea procedente para examinar la responsabilidad contractual en lugar del juicio de legalidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación de la naturaleza de los actos jurídicos en contratos de administración de recursos del régimen subsidiado, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del derecho privado en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos expedidos en el marco del contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales?¿Las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales?¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar los actos jurídicos de naturaleza contractual…