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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

Debe considerarse procedente y oportuno el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, al haberse presentado dentro del término de tres días contados a partir de la ejecutoria del auto impugnado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-11-11 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160067204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe considerarse procedente y oportuno el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, al haberse presentado dentro del término de tres días contados a partir de la ejecutoria del auto impugnado? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición dentro del término de tres días contados a partir de la ejecutoria del auto impugnado, siempre que el recurso sea interpuesto y sustentado por escrito conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 318 del Código General del Proceso. Sin embargo, la entidad estatal puede negar la solicitud probatoria en segunda instancia si la parte no explica la relación entre la prueba solicitada y los hechos de la demanda, y no demuestra que las pruebas fueron dejadas de practicar en primera instancia sin culpa de la parte que las pidió. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la interposición de recursos y solicitudes probatorias, y subraya la necesidad de que las partes expliquen claramente la relevancia de las pruebas solicitadas en relación con los hechos controvertidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede negarse la solicitud probatoria en segunda instancia si la parte no explica la relación entre la prueba solicitada y los hechos de la demanda?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

La sucesión procesal implica la sustitución de una parte por otra persona natural o jurídica que se encuentra fuera del proceso

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal 2022-07-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020140007000 LEY 1437 REPETICION
¿Procede la sucesión procesal siempre que se configure alguno de los supuestos que establece el artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, como ocurre en el caso concreto en el que uno de los demandados fallece, por lo cual debe sustituirse en el proceso judicial con sus respectivos sucesores procesales? Sí
El contratista puede ser sucedido en el proceso por sus herederos o cónyuge cuando se configure alguno de los supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, que establece tres clases de sucesiones: por muerte, ausencia o interdicción, en la que los cónyuges, albaceas con tenencia de bienes o herederos deben aportar la prueba respectiva para ser reconocidos como partes; por la extinción o fusión de una persona jurídica, en la que los socios o acreedores pueden comparecer al proceso para ser reconocidos como partes; y por cesión derivada de acto entre vivos, en la que el cesionario debe solicitar la sucesión y continuar como parte litisconsorcial si la parte contraria no acepta. En el caso concreto, la entidad estatal reconoció la sucesión procesal de la persona fallecida a su cónyuge, basándose en la resolución de Colpensiones que le reconoció la pensión de sobreviviente, a pesar de la falta de registro civil de matrimonio. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la sucesión procesal en los casos previstos por la ley, asegurando la continuidad del proceso y la protección de los derechos de los sucesores.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó que las resoluciones acusadas fueron emitidas con violación de los dispuesto en los artículos 87

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020170026901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó que las resoluciones acusadas fueron emitidas con violación de los dispuesto en los artículos 87, 88 y 91 del CPACA, artículo 230 de la Constitución Política y artículo 8 de la Ley 153 de 1887? No
El apelante no puede proponer en el recurso de apelación nuevas pretensiones o causas que varíen la causa petendi de la demanda, porque ello vulnera el debido proceso, la defensa y la contradicción de la parte demandada. La regla se apoya en tres razones. Primera, el reparo que el apelante formuló no fue expuesto en las pretensiones, los hechos ni el concepto de violación de la demanda, por lo que la Sala no lo aborda. Segunda, la falta de aplicación del procedimiento del artículo 141 del CPACA tampoco se alegó en la demanda, así que no puede estudiarse en la apelación. Tercera, la Sala se limita a decidir los puntos de la apelación que fueron objeto de la demanda y frente a los cuales la entidad pudo defenderse. En el caso, las resoluciones de la autoridad minera no se demostró que contrariaran las normas invocadas, por lo que se confirma la sentencia apelada y se condena en costas a la parte vencida. El documento reitera la línea sobre la variación de la causa petendi en la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿El apelante puede proponer nuevas pretensiones de la demanda en el recurso de apelación? ¿En el presente caso, procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998?

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020160266301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La Sala confirmará la sentencia apelada que declaró la nulidad de la Resolución no. 201500187443 del 20 de mayo de 2015 proferida por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, puesto que con su expedición se desconoció el contenido y alcance del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, así como los actos en que debía fundarse, específicamente, las Resoluciones nos. 181492 de 30 de agosto de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía y, 271 del 18 de abril de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM).… De conformidad con el parágrafo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), le correspondía a la entidad pública aportar y allegar la totalidad del expediente administrativo, incluido el correspondiente convenio interadministrativo de delegación de funciones; además…
También resuelve: ¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez… ¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La parte demandante incumplió con su carga probatoria

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100019960260202 ACCION CONTRACTUAL
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados? ¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad? ¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas.

Sentencia — Sentencia 2026-05-22 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220003800 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo… ¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones… ¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Recusación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020210012601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA? ¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas? ¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición fue incoada oportunamente

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 18001233100020110042301 ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de… ¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales… ¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020150121202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque… ¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron… ¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados?

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170033401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas? ¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009? ¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020140008900 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y… ¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190008401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda? Sí
Un contrato de concesión minera se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional, y desde ese momento corre el término de caducidad para demandar su nulidad absoluta. Esta regla se apoya en los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, que condicionan la existencia del negocio a la inscripción, y en la jurisprudencia de la Corporación que entiende que el acuerdo de voluntades solo se celebra cuando se agota ese trámite. Por ello el término se cuenta desde la inscripción y no desde la suscripción del contrato. Cuando la demanda se presenta después de vencido el plazo máximo para alegar la nulidad absoluta, la pretensión está caducada. En el caso concreto el contrato fue suscrito en agosto de 2008 y registrado en octubre de ese año, la demanda se presentó después de transcurrido el término legal, y la sala confirmó la declaratoria de caducidad. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de inscripción minera, y no la de la firma, fija el inicio de la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales? ¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la acción de repetición no se discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020130001102 LEY 1437 REPETICION
¿Cuándo se solicita la presunción de dolo por obrar con desviación de poder, debe tenerse en cuenta que por ser una presunción legal o de hecho, admite prueba en contrario, es decir, que la parte interesada puede desvirtuarla demostrando que en su caso no opera, ya sea porque, el hecho base no se configuró o el razonamiento lógico no le es aplicable, pues el hecho presunto no es cierto, así mismo, la acción de repetición no discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder, pero como el agente del estado no participo en el proceso inicial, es posible destruir la presunción, demostrando que el hecho base no se configuró en lo que tiene que ver con su conducta, esto significa que lo que genera la presunción legal del dolo es una inversión de la carga de la prueba y cuando la entidad cuenta con una sentencia en la que se anula el acto por desviación de poder, dicha sentencia acredita la presunción legal y su presentación le basta a la entidad para condenar al demandado, si éste no ofrece pruebas dirigidas a desvirtuarla o con las allegadas no logra hacerlo, en el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena, desvirtuando dicha presunción? Sí
El demandado puede desvirtuar la presunción de dolo que se genera por la desviación de poder, ya que esta admite prueba en contrario, permitiendo demostrar que el hecho base no se configuró o que el razonamiento lógico no es aplicable. La presunción legal de dolo se estructura con la sentencia que anula el acto administrativo por desviación de poder, y aunque la entidad puede condenar al demandado con dicha sentencia, éste puede desvirtuarla presentando pruebas que demuestren que no hubo desviación de poder o que su conducta no estuvo dirigida a causar daño. En el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permitió desvirtuar la presunción de dolo. Esto implica que la entidad debe tener cuidado al presentar la sentencia como única prueba, ya que el demandado puede desvirtuarla con pruebas adicionales, lo que puede resultar en la absolución del agente estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La negligencia en la defensa ejercida por parte del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que acarreó la condena en repetición está probada… ¿En el caso concreto no podrá estudiarse la culpa grave, porque este grado de culpabilidad no fue afirmado en la demanda, ni existen pruebas que demuestren que el demandado desplegó una conducta… ¿Deberá condenarse en costas procesales a la parte vencida en proceso, de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, así mismo…
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para juzgar los actos administrativos contractuales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020210033701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019… ¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro… ¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Lo segundo puede desplegar sus efectos en la resolución de fondo del caso al enervar la pretensión sobre un asunto transado entre las partes.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020240002200 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Tiene competencia el Tribunal de Arbitramento para conocer sobre la legalidad de las Resoluciones 1956 del 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 de 14 del enero de 2021, en cuanto existe clausula compromisoria, por lo cual, cobija toda diferencia suscitada con ocasión del contrato primigenio? Sí
Cuando una cláusula compromisoria cobija las diferencias surgidas de un contrato de concesión, el tribunal de arbitramento solo es competente para pronunciarse sobre actos posteriores si las partes sometieron esos asuntos al pacto arbitral. La regla se sostiene en tres razones: la competencia de los árbitros tiene origen en el pacto, pero las partes pueden renunciar a reclamar asuntos específicos mediante una transacción, por lo que deben examinarse el contrato, la transacción y sus modificatorios; el recurso de anulación por falta de competencia exige haber interpuesto antes la reposición contra el auto de asunción de competencia, cuando sea congruente con la causal; y la falta de competencia se configura cuando el laudo decide asuntos que las partes no consideraron susceptibles de arbitraje. En el caso, la reposición fue estimada congruente y el análisis de las cláusulas llevó a declarar infundado el recurso. El documento reitera la jurisprudencia sobre falta de competencia arbitral; la consecuencia práctica es que una transacción posterior puede limitar la competencia de los árbitros.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión del laudo arbitral que cuestiono la recurrente constituye un fallo en conciencia o equidad? ¿Prospera el cargo alegado por la recurrente consistente en la existencia de disposiciones contradictorias en el laudo arbitral? ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, en cuanto se declaró infundado el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

No debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020080071201 ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el… ¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por… ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública.

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140044101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública? Sí
El acto de adjudicación de una licitación pública es nulo por falsa motivación cuando sus consideraciones fácticas divergen de la realidad, en particular cuando se adjudica a propuestas que no cumplen las exigencias técnicas del pliego de condiciones. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la falsa motivación implica una discrepancia entre los hechos y las consideraciones en que se funda el acto, y puede configurarse por un error de hecho. Segunda, el pliego exigía que los equipos operaran dentro de un rango determinado de humedad relativa, y las propuestas no acreditaron ese rango mínimo, de modo que la conclusión de cumplimiento era errada. Tercera, la interpretación integral del pliego, contrastada con lo ofertado, permite concluir que las propuestas debían ser rechazadas, y el actor cumplió así la carga de demostrar el vicio. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad del acto. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el cumplimiento técnico de cada propuesta frente al pliego antes de adjudicar, y que la omisión de ese control vicia la adjudicación.síntesis automática
También resuelve: ¿Está fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, por haber rendido concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado? ¿La competencia funcional del juzgador de segundo grado se circunscribe a los cargos formulados por el recurrente en contra de la providencia impugnada? ¿El ejercicio oportuno que del medio de control de nulidad y restablecimiento es dentro de los cuatro meses posteriores al día siguiente a aquel en que se notificó el acto que se pretende anular?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140034401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión? ¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada? ¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?