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¿Se encuentra configurada alguna causal que imponga decretar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, considerando que no existe expresa prohibición legal para suscribir este tipo de negocios en forma directa, y que la presunta violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos? No
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo ni su liquidación judicial por falta de pruebas específicas y porque no existe una prohibición legal expresa para suscribir este tipo de negocios en forma directa; además, la violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos. La entidad estatal no acreditó las sumas de dinero que considera adeuda la contratista, por lo que la liquidación judicial no prospera. Esta decisión reitera que no cualquier transgresión del ordenamiento jurídico constituye causal de nulidad de los actos contractuales y que la validez de los contratos no puede estar determinada por el alcance que, a posteriori, otorgue el juez a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo, para el reconocimiento de las sumas de dinero a favor de la entidad contratante y correlativamente a cargo de FONADE…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la liquidación de un convenio interadministrativo, incluso cuando inicialmente no fue parte de este, siempre y cuando sea vinculado mediante un otrosí al contrato que incorpora sus compromisos, como en el caso de Aguas del Magdalena, que fue incluida como encargada de la dirección y ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005 – 2015”. La entidad estatal no puede desconocer esta legitimación, ya que la vinculación mediante otrosí confiere a la empresa de servicios públicos la capacidad para reclamar el incumplimiento del convenio. La Sala confirma que el término de caducidad para reclamar las obligaciones derivadas del incumplimiento del convenio interadministrativo se inicia a partir de la terminación del acuerdo, lo que en este caso ocurrió el 7 de junio de 2016, y no se interrumpe mientras persista el incumplimiento, lo que implica que la demanda presentada el 24 de agosto de 2020 fue extemporánea. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad en convenios interadministrativos sujetos a liquidación, estableciendo que el plazo para la liquidación bilateral del convenio comienza desde la fecha de terminación del acuerdo, independientemente del incumplimiento subsiguiente.síntesis automática
También resuelve:¿La empresa de servicios públicos está legitimada en la causa por activa al ser vinculada al convenio interadministrativo objeto de controversia, mediante el otrosí al contrato?
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 44001234000020180006602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas de carácter financiero cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
La jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1 del artículo 105 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los contratos de esa naturaleza cuando se celebran en desarrollo del giro ordinario de la entidad, incluidos los procesos ejecutivos. Por ello, la ausencia de jurisdicción debe declararse aun cuando el contrato sea estatal en su origen. En el caso, la entidad pública financiera celebró el contrato en el giro ordinario de sus negocios, y el despacho declaró la falta de competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso administrativo declara la falta de competencia y remite el expediente al juez ordinario competente.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato que da origen a la controversia forma parte del giro ordinario de los negocios de Fonade por cuanto su objeto consiste en la revisión…¿Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula y el proceso se enviará de inmediato al…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-08Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 52001233300020240023701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de una prueba, es competencia del Magistrado ponente? Sí
El magistrado ponente asume la competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos que niegan el decreto de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el artículo 125 numeral 3 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. En el presente caso, la providencia confirmó la decisión de primer grado que negó la prueba testimonial solicitada por estimar suficientes las pruebas documentales aportadas y decretadas para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el convenio interadministrativo cuestionado entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandante?¿El tribunal negó el testimonio porque la parte demandada no cumplió lo establecido en el artículo 212 del CGP, y ya obraban en el expediente elementos de convicción que daban cuenta del…¿Obran en el proceso otros medios de convicción que dan cuenta de los hechos que se pretenden demostrar con el testimonio, resultando inútil?
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de…¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio?¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-01-14Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020200004702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que proceda el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, debe cumplirse con las exigencias de conducencia y utilidad de las mismas? Sí
El contratista no puede obtener el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia si estas no cumplen con las exigencias de conducencia y utilidad, ya que la prueba debe ser pertinente y tener un efecto práctico en el caso, además de ser lícita y no ser superflua ni carente de idoneidad. La Sala reitera que los documentos que integran el expediente de contratación son los medios de prueba más adecuados para acreditar la legalidad de los actos administrativos en cuestión, y que la declaración de testigos no aporta nueva información relevante cuando ya consta en los documentos. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión del tribunal de negar el decreto de pruebas solicitadas por el contratista, lo que implica que en la práctica, las partes deben presentar pruebas que sean conducentes y útiles para el caso en particular, evitando solicitudes innecesarias o irrelevantes.síntesis automática
¿El Departamento de Casanare entregó la titularidad de los recursos a los beneficiarios de los subsidios, por lo cual es improcedente el reembolso de estos al no ser ejecutados? No
El contratista no puede evitar el reembolso de los subsidios no ejecutados si la entidad estatal no transfirió la titularidad de los recursos a los beneficiarios de manera definitiva, reservándose el derecho de reasignar los fondos en caso de incumplimiento. En este caso, el departamento entregó los recursos al municipio para la construcción de viviendas, pero estableció condiciones y requisitos que los beneficiarios debían cumplir para consolidar el subsidio, y en caso de incumplimiento, los fondos retornarían al departamento. El municipio, responsable de la administración de los recursos, entregó el dinero a la junta de beneficiarios sin verificar el cumplimiento de las condiciones, lo que facilitó el mal manejo de los fondos y la falta de construcción de las viviendas acordadas. Por lo tanto, la entidad estatal puede exigir el reembolso de los subsidios no ejecutados, lo que implica que los contratistas deben cumplir con las condiciones establecidas para evitar responsabilidades financieras.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la Unión Temporal recibió parte de los fondos aportados por el Departamento para la ejecución del proyecto de vivienda?¿Ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación procede la condena en costas?
¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato ante la falta de acreditación del contratista del cumplimiento de la obligación contractual? Sí
El contratista no puede evitar la declaratoria de incumplimiento del contrato al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ya que la carga de la prueba recae sobre él para demostrar el cumplimiento de las mismas. Además, la falta de expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras no exime al contratista de su responsabilidad si la demora en solicitarla fue por su cuenta. En caso de incumplimiento, la entidad estatal tiene derecho a la restitución de los dineros aportados para la ejecución del contrato, especialmente si el contratista no demuestra la inversión de dichos fondos en la destinación específica pactada. Asimismo, aunque las entidades sin ánimo de lucro no pueden deducir intereses por la no ejecución del contrato, el reconocimiento del lucro cesante no está excluido en estos casos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, reforzando la importancia de la acreditación del cumplimiento contractual y la responsabilidad del contratista en la correcta gestión de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura el incumplimiento ante la no expedición de la póliza de garantía contractual por parte de las aseguradoras por la demora de la parte contractual en solicitarlas?¿Ante el incumplimiento de la entidad en la ejecución del contrato procede la restitución de los dineros aportados para la ejecución de este?¿Procede el reconocimiento del lucro cesante por la no ejecución de un contrato en el caso de entidades sin animo de lucro?
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La Sala confirmará la sentencia apelada que declaró la nulidad de la Resolución no. 201500187443 del 20 de mayo de 2015 proferida por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, puesto que con su expedición se desconoció el contenido y alcance del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, así como los actos en que debía fundarse, específicamente, las Resoluciones nos. 181492 de 30 de agosto de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía y, 271 del 18 de abril de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM).… De conformidad con el parágrafo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), le correspondía a la entidad pública aportar y allegar la totalidad del expediente administrativo, incluido el correspondiente convenio interadministrativo de delegación de funciones; además…
También resuelve:¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez…¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por la colaboración, la coordinación y la búsqueda del interés público? Sí
El contratista no puede presentar una demanda oportuna contra el Municipio por la liquidación de un convenio interadministrativo, ya que este no se rige por el derecho común y las partes no pactaron explícitamente la posibilidad de liquidación unilateral. La Sala establece que el cómputo del término perentorio para presentar la demanda debe contabilizarse según el plazo de liquidación pactado por las partes, sin incluir los dos meses adicionales previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, ya que estos no se aplican a convenios interadministrativos por su naturaleza asociativa y no conmutativa. Esta decisión confirma que la demanda fue extemporánea, reafirmando que el convenio interadministrativo no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en lo que respecta a la liquidación unilateral, al no ser compatible con su naturaleza asociativa.síntesis automática
También resuelve:¿En el convenio interadministrativo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplica de manera supletiva y siempre que no se oponga a su naturaleza?¿La demanda presentada por el Fondo Adaptación en contra del Municipio fue oportuna porque el convenio interadministrativo No. 094 de 2013 no se rigió por el derecho común y, por tanto…¿Es procedente la condena en costas a la parte recurrente porque se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-15Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180004300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes? No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
¿La caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada? Sí
El juez debe declarar la caducidad de la acción cuando la encuentre probada, ya que esta es un presupuesto procesal de orden público e indisponible. La caducidad puede ser declarada de oficio por el juez tanto en primera como en segunda instancia, incluso si no es alegada por la contraparte. En el caso de controversias contractuales, el cómputo del término de caducidad se realiza a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del convenio, conforme a la Ley 80 de 1993 y la 1150 de 2007. Si la demanda es presentada extemporáneamente, la Sala declara la caducidad de la acción, revocando la sentencia de primera instancia que hubiere accedido a las pretensiones de la demanda. Además, la Sala condena en costas a la parte vencida en el proceso, en este caso la demandante, y ordena la liquidación de las costas en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes celebraron un convenio interadministrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales se debe realizar a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo para que las partes adelantaran la…¿Se configuró el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de controversias contractuales por presentación extemporánea de la demanda?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020190087901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra?¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación?¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de los procesos derivados de convenios de cooperación suscritos por entidades territoriales conforme al artículo 104 del CPACA y las normas aplicables. En este caso procesal, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dado que la pretensión económica excede los 500 SMLMV, y se abstiene de imponer condena en costas por no haber intervención de las partes en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para pretender la declaratoria de incumplimiento de convenio de cooperación y apoyo financiero por parte del municipio de Pijiño del…¿Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 se aplican de forma automática a los convenios interadministrativos?¿El medio de control de controversias contractuales interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000233600020210028701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales celebrada entre dos entidades de naturaleza pública? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas al incumplimiento y liquidación de contratos interadministrativos celebrados entre entidades públicas. En este asunto, ante el acuerdo conciliatorio entre FONADE hoy ENTERRITORIO e IPSE, la aprobación judicial y el control de legalidad corresponden a esta jurisdicción. Asimismo, conforme al artículo 150 y el artículo 243 numeral 3 du CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imprueba la conciliación extrajudicial celebrada entre las entidades públicas involucradas.síntesis automática
También resuelve:¿Son requisitos para aprobar una conciliación extrajudicial que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción…¿El negocio jurídico celebrado entre el FONADE y el IPSE fue nominado como un “Contrato Interadministrativo”, la realidad es que este corresponde a un Convenio Interadministrativo…¿Las pretensiones contenidas en la solicitud de conciliación extrajudicial, fueron presentadas dentro del plazo fijado en la ley para promover el respectivo proceso de controversias contractuales?