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¿Cuál es el procedimiento aplicable para la declaratoria del incumplimiento y hacer efectiva la medida sancionatoria de cláusula penal pecuniaria?
El procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 debe seguirse para declarar cualquier incumplimiento, sea total o parcial y con independencia de su gravedad, porque la norma no distingue entre tipos de incumplimiento y el debido proceso aplica a todas las actuaciones administrativas. La citación a la audiencia debe remitirse al contratista y, cuando proceda, al garante, con la descripción detallada de las actuaciones u omisiones que materializan el incumplimiento, los informes de supervisión o de interventoría y las pruebas disponibles. Estos elementos sirven para establecer con certeza el grado y la cuantía de los perjuicios. Además, según el artículo 1600 del Código Civil, no es posible reclamar indemnización de perjuicios junto con la cláusula penal, salvo pacto de las partes, y en ese caso el acreedor debe acudir al juez del contrato para los perjuicios adicionales. Cuando el siniestro se funda en la declaratoria de incumplimiento o en la efectividad de una medida sancionatoria, como la multa, la cláusula penal pecuniaria o la caducidad, la entidad debe adelantar el procedimiento del artículo 86 y citar al garante.síntesis automática
También resuelve:Procedimiento sancionatorio: Ley 1474 de 2011, Artículo 86, procede para incumplimiento total o parcialCuantificación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento: facultad de la entidad estatalProcedimiento para declarar siniestro: causa no sancionatoria, procede procedimiento general del cpaca
¿Cuál es el procedimiento aplicable para la declaratoria del incumplimiento y hacer efectiva la medida sancionatoria sea la imposición de multa, de cláusula penal pecuniaria o declarar la caducidad?
El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispuso el debido proceso como principio rector de la potestad sancionatoria de la administración en contratación estatal y, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reglamentó su procedimiento. En ese sentido, para la declaratoria del incumplimiento total o parcial contractual en los contratos que adelanten las Entidades Estatales del EGCAP durante o posterior a la terminación del contrato e independiente de su gravedad, e imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, el procedimiento aplicable deberá realizarse con plena observancia de las reglas procedimentales del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
También resuelve:Procedimiento sancionatorio: Ley 1474 de 2011, Artículo 86, procede para incumplimiento total o parcialCuantificación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento: facultad de la entidad estatalProcedimiento para declarar siniestro: causa no sancionatoria, procede procedimiento general del cpaca
¿Se presenta violación al debido proceso en la expedición del acto administrativo que declaró el siniestro en la relación contractual y por ello es procedente la nulidad de dichos actos? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declara el siniestro en la relación contractual si este se expide sin garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, como ocurrió en este caso donde la entidad estatal no realizó un procedimiento previo ni notificó a la garante del contrato para que presentara descargos, lo que constituye una violación al debido proceso contractual. Aunque la entidad cuantificó el perjuicio en términos del artículo 1077 del Código de Comercio, la falta de garantía del debido proceso es suficiente para anular el acto administrativo, lo que releva a la Sala de analizar otros cargos de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los procedimientos legales antes de declarar un siniestro y hacer efectivas las garantías del contrato, y subraya que la posibilidad de recurrir judicialmente no subsana la falta de garantía del debido proceso en la expedición del acto administrativo.síntesis automática
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública?¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta?¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 63001233300020190024601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
Está probado que el contrato interadministrativo… finalizó el 31 de julio de 2017. Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo, la entidad contratante tenía la facultad para liquidarlo unilateralmente desde el 2 de diciembre de 2017 hasta el 2 de febrero de 2018. El término para interponer la demanda, corrió [hasta el] 2 de febrero de 2020 y, como la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2019, su presentación resulta oportuna, tal como acertadamente concluyó el Tribunal a quo. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien conoció de este asunto en primera instancia.
También resuelve:¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la…¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad?¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿Se acreditó que los actos demandados adolecen de los vicios alegados por la recurrente, esto es, que la entidad demandada no plasmó en debida forma los supuestos de hecho y de derecho acerca de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización, y tampoco soportó probatoriamente, por ello hay lugar a declarar su nulidad y a reconocer el restablecimiento solicitado en la demanda? No
El acto que declara la existencia de un siniestro en un contrato estatal incurre en falsa motivación solo cuando los fundamentos de hecho y de derecho que invoca la entidad no corresponden con la realidad, y que quien alega ese vicio debe probarlo, pues le corresponde la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma que invoca. Una razón es que en el caso no se acreditó que los fundamentos sobre la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, y la cuantificación del perjuicio, no correspondieran con la realidad. Otra razón es que la entidad no omitió plasmar las pruebas que soportaron su decisión ni dejó de motivar el acto, de modo que no se configuró la falsa motivación. En el caso, la compañía de seguros pretendió la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro y la cuantía de la indemnización, pero la Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente de la Sección sobre la declaratoria de siniestro; su consecuencia práctica es que el asegurador que impugna la declaratoria debe probar la discordancia entre los hechos del acto y la realidad, y no basta con afirmarla.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las obras contratadas no fueron ejecutadas por la sociedad contratista INSCO LTDA., lo que constituye nulidad de los actos administrativos demandados ante la inexistencia de riesgo…¿Se acreditó que los actos administrativos discutidos en lo contencioso administrativo deben ser declarados nulos porque la póliza que se pretende afectar no estaba vigente para la época de…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que el INVIAS sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio del medio de control de repetición? Sí
El medio de control de repetición procede para obtener el reembolso de lo pagado por una entidad pública en virtud de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, cuando el servidor o particular que cumple funciones públicas actuó con dolo o culpa grave. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, la repetición es una acción patrimonial que se ejerce contra quien causó el reconocimiento indemnizatorio. Segunda, en el caso la repetición se dirige contra el pago realizado en cumplimiento de una conciliación aprobada judicialmente. Tercera, cuando la cuantía del proceso supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado conoce de la apelación en segunda instancia, conforme al artículo 150 y al numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la conciliación judicialmente aprobada, cuando el Estado la paga, habilita la acción de repetición contra el agente cuya conducta dolosa o gravemente culposa la originó.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?
¿Frente a la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procede automáticamente el grado jurisdiccional de la consulta? Sí
El contratista puede recurrir al grado jurisdiccional de consulta ante la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procediendo automáticamente este grado cuando la entidad no sustenta adecuadamente su apelación, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo vigente en 1998. La entidad estatal tiene potestades excepcionales como interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato, así como declarar su caducidad ante el incumplimiento del contratista, siempre que esta facultad se ejerza durante el plazo de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación. Además, el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato implica que el contratista entra en mora y puede ser demandado por el incumplimiento contractual, permitiendo la aplicación de las normas del derecho común como fundamento de la responsabilidad estatal ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes de la Administración en materia contractual?¿Cuál es la etapa pertinente para declarar la caducidad del contrato, bien dentro de su ejecución o bien dentro de su liquidación?¿Cuál es el término de ejecución del contrato y cuáles son sus implicaciones al incumplirse?
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?