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¿La sentencia proferida el 27 de julio de 2023 en el expediente 39.121 por la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció un criterio unificado en cuanto a la exoneración de las partes de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral de los contratos estatales? No
El contratista no está exonerado de consignar salvedades expresas en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, pues la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 no estableció que no sea necesario hacerlo para poder reclamar posteriormente; esta decisión se centró en la necesidad de manifestar objeciones en documentos modificatorios, suspensiones o adiciones contractuales. La liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades con fuerza vinculante que define el balance final del contrato, y su contenido es obligatorio para las partes salvo cuando se alegan vicios del consentimiento o se consignan salvedades expresas que identifiquen aspectos no acordados. La inclusión de reservas genéricas en el acta de liquidación no faculta al contratista para reclamar reconocimientos económicos por desequilibrio financiero, ya que estas no permiten identificar de manera precisa y plena los aspectos excluidos del acuerdo.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal tiene fuerza vinculante y únicamente puede ser controvertida en caso de salvedades expresas o vicios del consentimiento?¿La inclusión de una reserva genérica en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal faculta al contratista para reclamar un reconocimiento económico por desequilibrio financiero?
Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?¿Es procedente la condena en costas?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 05001233300020230011601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El no pago de los gastos del arbitramento internacional, habilita a las partes a sustraerse válidamente del pacto arbitral y acudir a la jurisdicción contencioso administrativa? No
De conformidad con las reglas que rigen el arbitraje internacional materia de controversia, el no pago de los gastos del tribunal no derivó en la extinción del pacto arbitral sino en el desistimiento de las pretensiones de la demanda de reconvención, toda vez que las partes definieron que sus conflictos serían definidos por la justicia arbitral internacional, acuerdo al cual no pueden ahora sustraerse válidamente para desconocer los efectos de las órdenes procesales números 35 y 38, según las cuales se tuvieron por desistidas las pretensiones de la demanda de reconvención.
También resuelve:¿Para que las partes puedan someter sus controversias contractuales al arbitraje internacional, sus domicilios deben estar en Estados diferentes o que el contrato sea ejecutado fuera del domicilio de…¿La competencia para dirimir las controversias contractuales entre las partes recae sobre el centro de arbitraje internacional, toda vez que el domicilio de una de ellas está en Barcelona…¿La controversia contractual entre las sociedades convocante y convocada, tiene la virtualidad de afectar los intereses del comercio internacional al tratarse de un contrato cuyos recursos se…
¿Para la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias por el presunto desequilibrio económico del contrato alegado por el consorcio contratista, es necesario acreditar que dejó registrada en el acta de liquidación bilateral dicha salvedad? Sí
Para que prosperen las pretensiones indemnizatorias por desequilibrio económico del contrato, el contratista debe haber dejado registrada su salvedad en el acta de liquidación bilateral, pues las partes que firman el acta aceptan su contenido y no pueden volver sobre lo allí acordado salvo que consignen salvedades. La regla se apoya en tres razones. Primera, la liquidación es el acto final que consigna el balance general de las obligaciones y el cruce de cuentas, con el que se determina quién debe a quién y cuánto. Segunda, las salvedades u observaciones permiten conservar reclamaciones que no se extinguen con la firma del acta, por lo que deben ser claras, concretas y específicas. Tercera, la controversia del contratista se refería a la mayor permanencia en obra, a los sobrecostos y al auxilio de transporte, y estos reclamos se afirmaban incluidos en la salvedad registrada en el acta. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades u observaciones consignadas en el acta de liquidación por las partes del contrato, deben ser claras, concretas y específicas?¿La observación consignada en el acta de liquidación bilateral carece de claridad y especificidad y por lo tanto no constituye una salvedad jurídicamente válida y eficaz que habilite al juez de lo…¿Conforme al criterio objetivo, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-26Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 18001233300020230014601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda? Sí
El operador judicial aplica las disposiciones procesales vigentes para determinar la competencia funcional y el trámite de los recursos interpuestos contra las providencias inhibitorias o de rechazo. En el presente asunto, la Corporación establece su competencia en segunda instancia de conformidad con el artículo 150 del CPACA para conocer de la apelación contra el auto que rechaza la demanda, decisión que resulta susceptible de impugnación según el artículo 243.1 del mismo código, debiendo resolverse por la Sala conforme al literal g) del artículo 125 ibidem, y aplicando el término de sustentación previsto en el artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de…¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación…
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿La metodología para definir los honorarios por la realización de los diseños arquitectónicos, fue fijada conforme a lo pactado en el contrato y a las reglas del pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones y el contrato fijan una metodología para calcular los honorarios de los diseños arquitectónicos, esa metodología obliga a las partes y no puede sustituirse por otra que el contratista considere más conveniente, aunque también esté prevista en la normativa aplicable. La regla se sostiene en que la metodología fue establecida desde el pliego, explicada a todos los proponentes y reflejada en una cláusula del contrato, de modo que lo pactado prima sobre la pretensión posterior de cambiarla. Además, el concepto de la interventoría señaló que la metodología aplicada es una de las que contempla el Decreto 2090 de 1989, lo que confirma su validez frente a la alternativa propuesta. En el asunto, el contratista pretendió que se aplicara otra metodología que le resultaba más favorable, y la Sala confirmó que los honorarios debían calcularse con la metodología pactada, que fue la que efectivamente se aplicó. En la práctica, el contratista no puede cambiar la base de liquidación de sus honorarios por una distinta a la acordada.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El demandante está legitimado en la causa por activa al ser el contratista de la relación jurídica cuestionada?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, empezó a contar desde la fecha de finalización del contrato de consultoría?
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas…¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción…¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
La entidad estatal constituida como empresa oficial de servicios públicos domiciliarios y empresa industrial y comercial del Estado pertenece al sector descentralizado por servicios según la Ley 489 de 1998, por lo cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias originadas en su actividad conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, con doble instancia cuando la pretensión mayor excede 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes según el artículo 129 del C.C.A. Aunque sus contratos en el servicio público de electricidad se rigen en principio por el derecho privado según el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y el artículo 8 de la Ley 143 de 1994, deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 14 a 19 de la Ley 80 de 1993 cuando incluyan cláusulas excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 85001233300020230008501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado?¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra?¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
¿Se causó la prima de éxito acordada en un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación judicial en un proceso arbitral? No
La prima de éxito pactada como porcentaje del ahorro que obtenga la entidad respecto de las pretensiones de una convocatoria arbitral solo se causa cuando ese ahorro es cierto, lo que exige que el conflicto se resuelva de manera definitiva mediante laudo, conciliación u otra forma de terminación anormal del proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el adverbio efectivamente empleado en el pacto significa que el ahorro debe ser real y verdadero, y no puede presumirse por el solo hecho de que no se haya proferido condena. Segundo, la condición de la que depende la exigibilidad de la prima se verifica en función de lo que se resuelva sobre las pretensiones, de modo que si el tribunal no se pronuncia de fondo sobre ellas, no puede tenerse por cumplida. Tercero, la remuneración por la defensa judicial, como obligación de medio, es distinta de la prima por resultado, por lo que el pago adicional depende del resultado concreto y no de la gestión realizada. La providencia confirma la decisión de primera instancia que negó la prima; en la práctica, la prima de éxito debe pactarse con una condición de resultado cierta y verificable.síntesis automática
También resuelve:¿Sobre la terminación anormal del proceso, el proceso arbitral puede finalizar por varias circunstancias, la mayoría con efectos netamente procesales de cara al juez de la causa?¿Entre las diversas formas de remuneración, es compatible que las partes puedan acordar el pago de unos valores fijos y, adicional a ello, una suma por concepto de prima de éxito?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve:¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual?¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato…¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
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