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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020070052601-45698-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-08-11"
radicado: "25000232600020070052601"
numero: "45698"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-08-11
- **Radicado:** 25000232600020070052601
- **Número interno:** 45698
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** UNIVERSIDAD DEL VALLE
- **Demandado:** ALTA TECNOLOGIA LTDA.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070052601-45698-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020070052601/CC83E6AE799E59433E361EDCC3A63394C7D2D964670416EED8B21F0531D45776/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700526011100103

## Problema jurídico

¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…
- ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?
- ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 82
- Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
- Ley 1107 de 2006, art. 1

## Extracto

La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor –$724’000.000… – supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO DE COOPERACIÓN, VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PARTES CONTRATANTES, PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DEL VALLE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, PERJUICIOS, CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS, CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS, PAGO DE PERJUICIOS, EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS, ALCANCE DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, FINALIDAD DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA, FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, ARCHIVO DEL PROCESO JUDICIAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL, PROCESO EJECUTIVO, OBJETO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA, FINALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO, PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO, EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO, CAUSACIÓN DE PERJUICIOS, CLASES DE PERJUICIOS, INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PERSONA JURÍDICA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, LEY DE RÉGIMEN ESPECIAL UNIVERSITARIO, ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD, ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD PÚBLICA, INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL, LEY COMERCIAL, NORMA VIGENTE, VIGENCIA DE LA NORMA, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, NORMA DE DERECHO PRIVADO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO, ELEMENTO NATURAL DEL CONTRATO, ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, FACULTAD DE CONTROL JUDICIAL POSTERIOR, CONTROL JUDICIAL, ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL JUDICIAL POSTERIOR, SOLICITUD DE NULIDAD, CRUCE DE INFORMACIÓN, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR, LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, NORMATIVA DEL CONTRATO, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS, RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DERECHO ADQUIRIDO, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA DE LOS PARTICULARES EN LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, ORDEN PÚBLICO, INTERÉS GENERAL, FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA, CLASES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES, OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS, FACULTADES DEL JUEZ, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, MUTUO DISENSO, VOLUNTAD PRIVADA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, COSTUMBRE, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIÓN EXPRESA, MUTUO DISENSO EXPRESO, CONSENTIMIENTO EXPRESO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, TASACIÓN DE PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA, IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS, COMPETENCIA DEL JUEZ, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor –$724’000.000 (…)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular pretensiones, en la acción contractual, según el artículo 136.10 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, aplicable al trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 de la Ley 153 de 1887). La demanda pidió el reconocimiento y pago de unos perjuicios con fundamento en la Resolución nº. 1129 de 2005, modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005, que liquidó los «convenios de cooperación» suscritos por las partes y en las que determinó la configuración de esos perjuicios (…). La demanda se interpuso en tiempo –12 de julio de 2007 (…)–, porque la notificación de la Resolución nº 2015 de 2005, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución nº. 1129 de 2005, a través de la cual se liquidaron unilateralmente los «convenios de cooperación» y cuyo contenido es el fundamento de la pretensión, se produjo el 19 de julio de 2005 (…). Al día siguiente inició el conteo de los dos años, que vencían el 23 de julio de 2007, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / PARTES CONTRATANTES / PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN / UNIVERSIDAD DEL VALLE / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Universidad del Valle está legitimada en la causa por activa y Alta Tecnología Ltda. está legitimada en la causa por pasiva, porque suscribieron los «convenios de cooperación» del 22 de septiembre de 2000 y 4 de junio de 2002, cuyo objeto fue aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional.
INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / CONVENIO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / PERJUICIOS / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / PAGO DE PERJUICIOS / EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS / ALCANCE DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / FINALIDAD DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a lo pedido, es evidente que la demandante parte de un incumplimiento verificado por ella misma en la decisión de terminación del contrato y que acudió a este proceso judicial para que se ordenara el pago de los perjuicios que de esa circunstancia se derivaron, conforme al artículo 6° de la Resolución n°. 1129 de 2004, modificado por la Resolución n°. 2015 de 2005, en el cual optó por no cuantificar la indemnización y, en su lugar, reclamarla en sede judicial. Por consiguiente, lo cierto es que la demanda ni su reforma formularon pretensiones de incumplimiento, sino que persigue el reconocimiento y pago de unos perjuicios por la terminación unilateral comunicada y de conformidad con las resoluciones ya referidas en las que concluyó la existencia de unos perjuicios cuyo pago debía ser ordenado por el juez. Valga precisar que, a pesar de que la reforma a la demanda se refirió al artículo 1546 del CC y adujo que la parte demandada pretendió celebrar contratos a nombre de la universidad, sin estar autorizada para ello, tales consideraciones no fueron soporte de una pretensión de declaratoria de incumplimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / PAGO DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez interpretar una pretensión de condena por perjuicios como una solicitud de declaratoria de incumplimiento contractual, cuando dicha pretensión no fue formulada expresamente en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l pleno de esta Corporación, en fallo del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites precisos. (…) Por lo tanto, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala no podría, so pretexto de interpretar una pretensión que busca la cuantificación y orden de pago de unos perjuicios, entrar a estudiar un incumplimiento contractual que no fue pedido en la demanda. Lo anterior, porque una interpretación en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual constituiría una modificación de los hechos de la demanda y una adición a lo pedido en esta, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. En la medida en que, según lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, en la acción contractual caben pretensiones declarativas, condenatorias y de nulidad de actos jurídicos, la Sala considera que en este caso la forma en que se estructuró la pretensión guarda correspondencia con los fundamentos de hecho que se trajeron en la demanda y su reforma, los cuales, se reitera, giran en torno a la cuantificación y orden de pago de los perjuicios, sin que hubiera pretensión de incumplimiento de los «convenios de cooperación».
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ARCHIVO DEL PROCESO JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Impide la existencia de un proceso archivado por sentencia ejecutoriada que negó la nulidad de unas resoluciones administrativas, continuar con el análisis de una pretensión de condena fundada en dichas resoluciones dentro de un proceso distinto?
Respuesta al problema jurídico: No
El 12 de diciembre de 2011, la parte demandante solicitó al a quo acumular al presente proceso el trámite con radicado nº. 76001-23-31-000-2007-00948-00 que cursaba en el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, correspondiente a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada el 18 de julio de 2007 por Alta Tecnología Ltda. contra la Universidad del Valle. La demandante explicó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, Alta Tecnología Ltda. invocó como pretensiones la nulidad de las Resoluciones nº. 1129 del 4 de abril de 2005 y 2015 del 30 de junio de 2005, por considerar que fueron proferidas en aplicación de la Resolución 046 de 2004 (estatuto de contratación de la Universidad), la cual no es oponible a Alta Tecnología Ltda. Aun cuando el a quo no accedió a la solicitud de acumulación y la demandante no manifestó inconformidad alguna, esta Sala verificó, a partir de la información disponible en el sistema de gestión judicial Samai, que el proceso nº. 76001-23-31-000-200700948-00 que tenía por objeto la declaratoria de nulidad de las resoluciones que aquí sirven de fundamento a la pretensión de condena, fue archivado por haberse proferido sentencia de primera instancia el 29 de julio de 2014, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda y contra la que no se interpuso recurso alguno (...). Es por ello que la Sala no considera necesario decretar una prueba de oficio en este sentido, puesto que resulta claro que en ese otro proceso no se realizó alguna declaración que impida continuar con el análisis que aquí ha propuesto la Sala.
PROCESO EJECUTIVO / OBJETO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / FINALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXPEDICIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / CLASES DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Configura cosa juzgada un proceso ejecutivo promovido por una suma determinada, cuando en otro proceso se reclama el pago de perjuicios derivados de la misma relación jurídica pero con fundamento en disposiciones distintas?
Respuesta al problema jurídico: No
En el trámite de primera instancia, la parte demandante informó que el 9 de abril de 2008 formuló acción ejecutiva contra Alta Tecnología Ltda. por la suma reconocida a favor de la Universidad del Valle en la Resolución nº. 1129 de 2005. El Juez 32 Administrativo de Bogotá libró mandamiento de pago en contra de Alta Tecnología Ltda. por la suma de $554.648.110,77 (…). El artículo 5º de la Resolución nº. 1129 de 2005 –modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005– estableció que Alta Tecnología Ltda. debía a la Universidad del Valle $502.203.493 por la ejecución de los «convenios de cooperación». Esta suma corresponde al mismo valor que fue reconocido a favor de la universidad en el proceso ejecutivo –descontando las costas del proceso–. No obstante, dentro de dicho valor no están los perjuicios que ahora se reclaman, por cuanto el fundamento de los mismos se encuentra en el artículo 6º de la Resolución nº. 1129 -modificada por la nº. 2015 de 2005- y según la cual, la universidad se reservaba la cuantificación final, reclamación y cobro de los perjuicios causados. Por lo tanto, como la suma por la cual se libró el mandamiento de pago tiene una naturaleza distinta a los perjuicios que ahora se reclaman, la Sala no considera que se configure el fenómeno de la cosa juzgada y, por ello, el mencionado proceso ejecutivo no impide continuar con el estudio de fondo de la pretensión condenatoria.
CONVENIO DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PERSONA JURÍDICA / UNIVERSIDAD DEL VALLE / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE / LEY DE RÉGIMEN ESPECIAL UNIVERSITARIO / ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD / ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / UNIVERSIDAD PÚBLICA / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ONTRATO / ORDEN PÚBLICO / COSTUMBRE / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN EXPRESA / MUTUO DISENSO EXPRESO / CONSENTIMIENTO EXPRESO
Problema jurídico:
¿En los contratos regidos por el derecho privado, puede una de las partes declarar unilateralmente el incumplimiento o la terminación del contrato si no existe un pacto expreso que lo autorice?
Respuesta al problema jurídico: No
Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda). Esto implica que las prestaciones convenidas deben cumplirse de forma íntegra, eficaz y oportuna. Por ello, por regla general, los contratos sólo se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). Por fuera de estos supuestos, los contratantes están obligados a respetar la voluntad manifiesta al momento de celebrar el contrato. Así, salvo que se haya pactado algo distinto, la acción individual de uno de los contratantes es insuficiente para ponerle fin o para declarar a la otra parte incumplida. Ahora bien, la fuerza vinculante del contrato no impide a las partes convenir cláusulas que permitan la terminación o resolución unilateral del contrato, ya sea en caso de incumplimiento o incluso por la simple voluntad de alguna de las partes (ad nutum). En muchos contratos típicos se prevé tal posibilidad. (…) Este tipo de cláusulas forman parte del contenido vinculante del contrato y no pueden ser anuladas sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (Art. 15, 16, 1502 y 1519 del C.C) o por conllevar abuso del derecho. Estos son los límites al pacto de terminación unilateral. (…) En los contratos que se rigen por el derecho privado, que las partes acuerden la liquidación unilateral del negocio no conlleva automáticamente la posibilidad de declarar el incumplimiento contractual y viceversa. La liquidación unilateral del contrato y la declaratoria de incumplimiento son figuras jurídicas distintas que no pueden ser confundidas ni tratadas como equivalentes por el simple hecho de haber sido pactada una de ellas. Cada una de estas facultades unilaterales exige su pacto expreso en el contrato. De manera que un acuerdo sobre una de tales facultades no conlleva la posibilidad del ejercicio de la otra y hacer extensivos sus efectos, es desconocer el alcance del acuerdo de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la terminación unilateral del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, rad. 42049, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de agosto de 2011, Rad: 11001-3103-012-1999-01957-01, M. P. William Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / TASACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / COMPETENCIA DEL JUEZ / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Puede una entidad pública terminar y liquidar unilateralmente unos convenios de cooperación, declarar su incumplimiento y reclamar perjuicios, cuando en dichos convenios no se pactó cláusula penal pecuniaria ni se estipuló facultad para la terminación o liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]ampoco en los «convenios de cooperación» se estipuló una cláusula penal pecuniaria. Valga precisar que la cláusula penal pecuniaria constituye un elemento accidental del contrato (art. 1501 del CC). Aquella tiene por objeto el avalúo que de manera anticipada hacen las partes contratantes de los perjuicios que se pueden causar por la inejecución de la obligación, su pago defectuoso o el retardo en su cumplimiento. Es una estimación anticipada de perjuicios que releva a quien reclama su pago de acreditar el perjuicio sufrido y que, por ende, le permite acudir a un proceso judicial para reclamar su pago, dado que no es necesario demostrar la culpa del deudor. (…) Como corolario de lo expuesto, la demandante, por una parte, no tenía la facultad para liquidar unilateralmente el contrato, porque no fue pactado así en los «convenios de cooperación». Por otra, tampoco podía terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento, porque una atribución de esa naturaleza no fue acordada en dichos convenios ni con posterioridad a estos. Los actos jurídicos que produjo -terminación y liquidación unilaterales- no podían ser el fundamento de una condena al pago de perjuicios, dado que fueron decisiones por fuera del acuerdo de las partes con lo cual no resultaban vinculantes desde el punto de vista contractual. Por este motivo la universidad no podía definir el incumplimiento ni liquidar los convenios, asuntos que, entonces, correspondía decidir, exclusivamente, al juez del contrato. Lo anterior significa que, como la demandante pretende obtener una indemnización de perjuicios por un aparente incumplimiento consistente en una extralimitación durante la ejecución de los «convenios de cooperación», debió pretender, a través de la acción contractual, la declaración de incumplimiento de la obligación y, de manera consecuente, la indemnización de los perjuicios causados, pero no lo hizo y tal situación impide que el juez pueda analizar la responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la cláusula penal pecuniaria, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de mayo de 1996, rad. 4607, M. P. Margarita Cabello Blanco.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Es improcedente la condena en costas por inexistencia de temeridad en la actuación de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-08-11. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 25000232600020070052601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070052601-45698-sentencia).
