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PAGO DE PERJUICIOS

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Consejo de Estado Providencia

Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-06-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020070047301 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020070052601 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales… ¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este? ¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal? ¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior? ¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista.

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020220058101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo… ¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal… ¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas… ¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El conteo de la caducidad debe incluir dos meses contados a partir del plazo para la liquidación bilateral.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150202901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado? ¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales? ¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión de primera instancia que rechazó el medio de control de controversias contractuales

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020230049701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirmará la decisión de primera instancia que rechazó el medio de control de controversias contractuales, porque operó el fenómeno jurídico de la caducidad? Sí
La Sala se permite manifestar que contrario a lo manifestado por la recurrente, y según lo declaró el Tribunal Administrativo de Antioquia, no era viable analizar la caducidad del medio de control bajo la regla general consagrada en el literal j) del artículo 164 del CPACA, sino por el supuesto v) de la norma por las siguientes razones:… Al respecto, la Sala observa que a lo largo de la demanda que ahora nos ocupa se manifestó que los contratos CN 2013 – 0015 y CN 2011-0214 finalizaron por el cumplimiento de plazo pero que, ante los incumplimientos al débito contractual de las dos entidades contratistas, la parte actora demandó previamente a la Empresa Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. con el fin de que i) se declarara el incumplimiento de los dos contratos y ii) el reconocimiento y pago de los perjuicios, entre los cuales, se encuentra la reparación de los drenajes – cárcamos-.… Al respecto…
También resuelve: ¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechaza la demanda? ¿El rechazo de la demanda procede, únicamente, en los precisos eventos establecidos en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? ¿Las partes tienen la carga procesal de promover el litigio en el plazo fijado por la ley?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente demandar a los herederos del exagente estatal fallecido en ejercicio de la acción de repetición.

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020180107101 LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente demandar a los herederos del exagente estatal fallecido en ejercicio de la acción de repetición? No
No es procedente demandar en acción de repetición a los herederos de un exagente estatal que falleció antes de presentarse la demanda, porque ello impide la imputación de la conducta dolosa o gravemente culposa al servidor. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la imposibilidad de adelantar el juicio de imputación sobre el elemento volitivo frente al servidor fallecido vulnera el derecho de defensa de los herederos. Segunda, la acción de repetición es de naturaleza civil y patrimonial, pero es personal y dirigida al servidor o exservidor que dio origen a la condena, de modo que no se transmite a sus sucesores. Tercera, en el caso la demanda se presentó cinco años después del fallecimiento, lo que confirma la falta de legitimación en la causa por pasiva. La providencia confirma la sentencia recurrida y declara la falta de legitimación. La consecuencia práctica es que, cuando el agente muere antes de la demanda de repetición, la acción no puede dirigirse contra sus herederos.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición es personal, lo cual indica que es individual y dirigida específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena? ¿La capacidad para ser parte de un proceso tiene como supuesto la existencia de la persona? ¿Es procedente ejercer la acción de repetición contra los herederos del agente si este hubiera fallecido antes de la presentación de la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Puede afirmarse que la acción de repetición tiene como características, una función preventiva y una función retributiva.

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233100020110035501 ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado y se ejerce con el propósito de reintegrar el valor correspondiente a esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado con la conducta del servidor público demandado? Sí
La acción de repetición se ejerce únicamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado, con el propósito de reintegrar el valor de esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado por la conducta del servidor. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulte de una conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 define la acción como una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor que dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto. Tercera, esta acción cumple una función resarcitoria, una preventiva y una retributiva. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia. Además, el documento aclara que el objeto de la acción no es una condena distinta, sino el valor de la condena efectivamente pagada por la entidad. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La Sala está impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, ante la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020110104101 ACCION DE REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos en acción de repetición? Sí
El contratista tiene la competencia para interponer una acción de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando se dan los presupuestos procesales establecidos en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 446 de 1998. La Sala determina que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se realiza desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que ordenó la condena y el pago efectivo, y no desde la fecha de presentación de la demanda, como sostuvo el tribunal. Además, la Sala establece que las presunciones de dolo o culpa grave no se aplican si los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. En cuanto a la prueba trasladada, esta es válida y puede ser valorada si la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y no presentó reparos. Para la procedencia de la acción de repetición, se deben demostrar la existencia de una condena, el pago efectivo y la culpa grave o dolo del agente del Estado. En este caso, la Sala encuentra configurada la conducta dolosa del agente del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza, lo que implica que el contratista puede proceder con la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición? ¿Según la normatividad aplicable al caso concreto, se pueden aplicar las presunciones de dolo o culpa grave? ¿Cuáles son los presupuestos para que tenga validez y se pueda valorar la prueba trasladada?
Consejo de Estado Providencia

La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales 2025-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233300020190067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados? Sí
El Tribunal determina que la nulidad derivada de la pretermisión íntegramente de una instancia es insaneable, por lo que no admite la subsanación de los vicios generados por esta irregularidad, incluso si la parte afectada manifiesta su conformidad. Esta regla se fundamenta en la omisión del Tribunal Administrativo de efectuar el control de admisibilidad de la demanda presentada por la Aseguradora, impidiendo así el análisis de los presupuestos procesales y requisitos formales necesarios para su admisión, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, la falta de traslado de la demanda a la UMAG en los términos del artículo 172 del CPACA, impide que esta pueda proponer excepciones y solicitar pruebas, configurando una causal de nulidad procesal insaneable que impide la adición de la sentencia en segunda instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la imposibilidad de subsanar nulidades insaneables, lo que implica que los procesos en los que se produzca esta irregularidad quedarán anulados sin posibilidad de rectificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad se configuró debido a que el Tribunal Administrativo no se pronunció sobre las pretensiones y cargos de nulidad formulados por la aseguradora… ¿La omisión del Tribunal configura una causal de nulidad procesal insaneable, lo que impide la adición de la sentencia en segunda instancia? ¿Las nulidades saneables el juez no puede declararlas de oficio, en cualquier estado del proceso, y de no haberse subsanado…
DECLARA NULIDAD
Consejo de Estado Providencia

La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020050240101 ACCION CONTRACTUAL
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve: ¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión? ¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del… ¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233100019980117801 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal? ¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto? ¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020100061601 ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca? ¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede… ¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 63001233300020190024601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
Está probado que el contrato interadministrativo… finalizó el 31 de julio de 2017. Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo, la entidad contratante tenía la facultad para liquidarlo unilateralmente desde el 2 de diciembre de 2017 hasta el 2 de febrero de 2018. El término para interponer la demanda, corrió [hasta el] 2 de febrero de 2020 y, como la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2019, su presentación resulta oportuna, tal como acertadamente concluyó el Tribunal a quo. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien conoció de este asunto en primera instancia.
También resuelve: ¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la… ¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad? ¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida

Sentencia — Sentencia 2023-04-13 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020120001201 ACCION DE REPETICION
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020190046001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”, en razón al ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos autorizado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey en el marco del proceso establecido en la Ley 1274 de 2009? Sí
El contratista debe presentar la demanda de reparación directa dentro del plazo de dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o de cuando el demandante lo conoció, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la entidad estatal autorizó el desistimiento del proceso de servidumbre de hidrocarburos el 22 de septiembre de 2016, lo que consolidó el daño para la demandante al revelar que no recibiría la indemnización prevista. La demanda fue presentada el 21 de junio de 2019, después de la suspensión del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, por lo que se considera oportuna. Sin embargo, para el daño derivado de la resolución del contrato de promesa de compraventa, el plazo venció el 14 de julio de 2018, antes de la presentación de la demanda, por lo que no se considera oportuna. Este fallo modifica la interpretación previa sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, permitiendo que las demandas sean presentadas dentro del plazo legal ajustado a las particularidades del caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por el daño que generó la práctica y permanencia de la medida cautelar de inscripción de la demanda que llevó a la resolución del contrato de… ¿Para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos se requiere, además del mandato legal, un instrumento que la concrete, esto es, el convenio con el afectado o una orden judicial… ¿En virtud de lo dispuesto en la Ley 1274 de 2009, resulta procedente indemnizar de manera anticipada los perjuicios que cause la constitución de la servidumbre de hidrocarburos…
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve: ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de… ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo? ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria.

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020140024902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia? ¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial? ¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
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