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¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que se expondrán en esta decisión, que están relacionadas con la ausencia de prueba del elemento subjetivo. A pesar de que se probaron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se acreditó que una conducta gravemente culposa del demandado hubiera determinado, o al menos incidido de modo eficiente, en los hechos por los cuales el Estado acordó el pago de una indemnización a favor de las víctimas de la emboscada de que fueron objeto militares de dicho Batallón el 7 de febrero de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Se observó temeridad o mala fe en el actuar de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se produjo tardíamente? No
La entidad estatal no opera la caducidad de la acción de repetición en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, debido a que la admisión de la demanda se produjo dentro del plazo establecido. La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años, contados a partir del día siguiente a la pagada la condena por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la demanda fue presentada en febrero de 2004, lo que la hace válida, incluso considerando los siete días que tardó la demandante en allegar la documentación requerida.síntesis automática
También resuelve:¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Se presenta nulidad del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública y del contrato suscrito en cumplimiento de aquel, por cuanto con posterioridad a la audiencia de adjudicación, en una revisión de la calificación de las propuestas el comité evaluador de Fonade determinó que la media aritmética era otra y el oferente adjudicatario quedaba en segundo lugar en el orden de elegibilidad? No
El contratista no puede obtener la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato derivado de una licitación pública si no acredita adecuadamente la existencia de un error en la evaluación inicial del comité de evaluación, ya que la entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones del comité siempre y cuando justifique su decisión en el acto administrativo final. La Sala establece que la entidad demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la ilegalidad del acto de adjudicación, por lo que no procede la verificación de la oferta más favorable. Además, la Sala reitera que la entidad contratante puede modificar el orden de elegibilidad propuesto por el comité evaluador, siempre y cuando justifique su decisión. Este precedente confirma que la entidad demandante no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar la nulidad del acto administrativo de adjudicación, lo que implica que en casos similares, el actor debe aportar pruebas concluyentes para que la Sala declare la nulidad del acto administrativo y proceda a verificar la oferta más favorable.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones que emita el comité evaluador sobre el orden de elegibilidad o calificación de las propuestas?¿En materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde al actor acreditar la nulidad de los actos administrativos acusados…¿En el presente caso, procede la condena en costas?
¿Las costas son las erogaciones que debe sufragar la parte que resulte vencida en el proceso, las cuales están integradas por los costos del proceso o expensas y las agencias en derecho? Sí
El contratista no es condenado en costas simplemente por solicitar una indemnización por perjuicios mayores a los previstos en la cláusula penal del contrato estatal, sino que debe demostrarse que actuó con temeridad, mala fe o abusando del derecho de acción. En este caso, la entidad estatal ejerció la acción de controversias contractuales para demostrar que los incumplimientos del contratista le causaron perjuicios mayores a los establecidos en la cláusula penal, sin el propósito de agravar caprichosamente la situación del demandado o cobrar perjuicios excesivos. La Sala considera que la mera solicitud de una indemnización mayor no constituye un actuar temerario ni abusivo del derecho de acción, y por lo tanto, no es suficiente para condenar al contratista en costas. Esta decisión matiza la interpretación de que cualquier demanda por perjuicios superiores a la cláusula penal automáticamente implica temeridad o mala fe, y establece que la condena en costas requiere una evaluación más detallada de la conducta del contratista y la justificación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la condena en costas en el régimen del Código Contencioso Administrativo, es menester que se acredite que la parte vencida actuó en contravía de los postulados de la lealtad…¿La decisión de acudir a la administración de justicia
¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia la acción de repetición interpuesta por el DAS contra un funcionario suyo, cuya pretensión es el reembolso de lo pagado en virtud de una conciliación judicial? Sí
La segunda instancia de la acción de repetición corresponde al Consejo de Estado cuando el tribunal de primera instancia es el mismo que aprobó la conciliación judicial de la que surgió la obligación de pago de la entidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 7 inciso 1 de la Ley 678 de 2001 se aplica solo en sus aspectos procedimentales, porque los hechos de la condena son anteriores a esa ley. Segunda, el artículo 7 inciso 3 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA atribuyen la competencia en segunda instancia cuando el tribunal que decidió en primera instancia aprobó la conciliación. Tercera, el juez de segunda instancia, aun siendo apelante único el demandante, debe pronunciarse de oficio sobre la acción procedente, la caducidad y la legitimación en la causa. En consecuencia, el asunto se resuelve en esta instancia. El documento reitera la jurisprudencia sobre la competencia en la acción de repetición que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente al pago de lo acordado en la conciliación judicial como monto de la indemnización de perjuicios a la familia…¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada en la causa por activa en virtud de la sucesión procesal del extinto DAS…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la falta de prueba del vínculo laboral entre el demandado y el DAS?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales interpuesta por la Fiduprevisora S.A. contra una aseguradora, para reclamar el pago de unas indemnizaciones pactadas en unos contratos de seguro de responsabilidad? Sí
Cuando una entidad estatal de naturaleza industrial y comercial reclama el pago de indemnizaciones pactadas en contratos de seguro de responsabilidad, la controversia es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, entre ellas las empresas industriales y comerciales del Estado; el valor del amparo que se aduce afectado por otra demanda determina la cuantía, según el numeral 5 del artículo 132 de ese código; y la vocación de doble instancia depende de esa cuantía. En el caso, el monto del amparo de indemnización profesional de las pólizas superaba el umbral legal, por lo que la sala asumió la competencia en segunda instancia y modificó la sentencia. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que el valor del amparo afectado, y no solo el de la póliza, determina la cuantía de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿La institución jurídica de la prescripción extintiva es la consecuencia que trae para el titular de un derecho o para quien lo persigue…¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro opera mediante un término ordinario y otro extraordinario…¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de los derechos derivados de los contratos de seguro de responsabilidad celebrados por Fiduprevisora S.A.…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La entidad estatal y el juez competente exigen para la prosperidad de la pretensión de reembolso en la acción de repetición regulada en la Constitución Política en su artículo 90, el CCA en su artículo 86 y la Ley 678 de 2001 la concurrencia ineludible de presupuestos sustanciales como la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio, el pago efectivo de la obligación dineraria, la calidad de agente estatal o particular que ejerce funciones públicas y la calificación de la conducta a título de dolo o culpa grave, integrando como sujetos pasivos legitimados a las personas jurídicas y contratistas que cumplen funciones públicas en las etapas de celebración, ejecución y liquidación contractual dentro de la actuación procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve:¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de…¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la…¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
¿El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente? Sí
El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente. La Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural?¿La liquidación del contrato de obra debe someterse a lo estipulado en el Estatuto General de Contratación contenido en la Ley 80 de 1993?¿Cuál es el alcance de la liquidación bilateral del contrato y sus efectos sobre las partes del contrato?
¿Se configuró la responsabilidad del soldado regular a título de culpa grave por su actuar imprudente y negligente al activar accidentalmente un lanzagranadas contra el cuerpo de un compañero ocasionándole graves lesiones? Sí
El soldado conscripto que presta el servicio militar obligatorio en cumplimiento estricto de los diversos deberes constitucionales superiores previstos en la Constitución Política y en la ley adquiere la condición formal e indiscutible de agente del Estado sujeto plenamente al régimen especial de la función pública, por lo que su actuación imprudente, negligente o contraria al decálogo de seguridad en la manipulación indebida de armas de dotación oficial que cause graves lesiones corporales a un compañero uniformado configura siempre de manera cierta una conducta gravemente culposa susceptible de comprometer de manera directa y personal su responsabilidad patrimonial a través del ejercicio legítimo y oportuno de la respectiva acción judicial de repetición conforme al ordenamiento jurídico público colombiano.síntesis automática
También resuelve:¿El vínculo laboral y prestacional de los soldados conscriptos surge del cumplimiento de un deber constitucional que impone definir su situación militar cuando cumplen la mayoría de edad?¿El Ejército Nacional acreditó uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición consistente en la calidad de servidor público del soldado regular que causó las lesiones a un…¿A pesar de que no hubo intención positiva por parte del soldado conscripto de atentar contra la integridad física de su compañero…
¿El término de caducidad de la acción de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto, desde el vencimiento del término dado en el CCA como plazo máximo para realizar el mencionado pago? Sí
La acción de repetición debe presentarse en los dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad pública, o en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el CCA, sin que para ello deba tenerse en cuenta el término previsto en el artículo 90 del CPC por no ser una norma aplicable al trámite contencioso administrativo. En el caso en cuestión, la sentencia condenatoria fue proferida y quedó ejecutoriada, lo que implica que el plazo máximo para el pago vencía sin que se advierta que se realizó el correspondiente pago en dicho término. La acción fue ejercida en tiempo debido a la falta de prueba del pago efectivo de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la falta de prueba del pago efectivo de la condena, el término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el vencimiento de los 18 meses dados en el CCA como plazo máximo…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿En cinco de los seis procesos acumulados se acreditó la condena judicial, impuesta contra el Estado dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho…
¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición, en cuanto la demandante presentó de forma extemporánea la demanda? No
El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta desde el pago efectuado por la entidad dentro del plazo máximo legal para cumplir la condena, de modo que el último pago realizado dentro de ese plazo determina la oportunidad para demandar. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable es la vigente cuando empezó a correr el término, y en el caso ese término inició bajo la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Segunda, la ley prevé un término de dos años contados desde que el organismo pagó la condena, y el plazo máximo para el pago total comenzó a correr desde la ejecutoria de la providencia que liquidó los perjuicios. Tercera, el pago se efectuó en dos momentos y el último ocurrió dentro del término legal, por lo que la demanda no está caducada. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando la condena se paga en varias fechas, la caducidad se mide desde el último pago efectuado dentro del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?¿La parte demandante acreditó el pago efectivo de la condena que se le impuso, en cuanto las pruebas allegadas al proceso son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la…¿Se configuró la culpa grave del demandado durante los hechos en los que resultó lesionada una mujer al dispararse de forma accidental el fusil que portaba como dotación oficial, esto…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
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