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SENTENCIA,ACCIÓN DE REPETICIÓN,PREJUDICIALIDAD,IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY,LEY DE GARANTÍAS – Acción de repetición,Aclaración,Improcedencia,Competencia funcional,Suspensión del proceso,Oportunidad,Término,Fundamento normativo,Alcance,Daños antijurídicos,Agentes del estado,Ley 678 de 2001,Llamamiento en garantía,D – Mes: enero – Año: 2019…
También resuelve:Sentencia: acción de repetición, aclaración, improcedenciaAcción de repetición: competencia funcional, oportunidad, término, fundamento normativoPrejudicialidad: suspensión del proceso
ACCIÓN DE REPETICIÓN,IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY,PAGO DE CONDENA POR ENTIDAD PÚBLICA – Marco normativo aplicable,Procedente contra servidor o ex servidor público,Conducta dolosa o gravemente culposa,Norma rige hacia el futuro,Presupuestos de procedencia,Acción de repetición,Presupuestos,No constituye prueba del pago,Exis – Mes: noviembre – Año: 2016…
También resuelve:Acción de repetición: marco normativo aplicable, procedente contra servidor o ex servidor público, conducta dolosa o gravemente culposa, presupuestos de procedenciaIrretroactividad de la ley: norma rige hacia el futuroPago de condena por entidad pública: acción de repetición, presupuestos, no constituye prueba del pago, existencia de documentos
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
47001233300020170046801 de 20252026-02-03Sección TerceraRad. 47001233300020170046801
Sobre la irretroactividad de la Ley y la estabilidad jurídica en materia contractual NULIDAD ABSOLUTA POR DELEGACIÓN INDEBIDA DE POTESTADES tributarias –Contrato estatal – Ley 1386 de 2010 – Objeto ilícito – Fiscalización tributaria – Jurisprudencia del Consejo de Estado – Ley 1386 de 2010 – Potestades públicas En los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público, restituciones que, no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas.
También resuelve:Controversias contractuales: Artículo 141 del CPACA, liquidación judicial del contrato estatal, partes del contrato estatalCaducidad del medio de control contractual: cómputo del término de caducidad, liquidación del contrato estatal, plazo de dos (2) años, inicio del término de caducidadIrretroactividad de la ley en materia contractual: Ley vigente al momento de celebración, régimen jurídico del contrato, estabilidad jurídica contractual
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve:¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses para cumplir la condena, y que el Consejo de Estado conoce de la apelación en esos procesos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y la apelación se rige por el artículo 150 del CPACA. Segunda, la condena se impuso bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001 y del Código Contencioso Administrativo, de modo que aplica el plazo de dos años del numeral 9 del artículo 136 del CCA. Tercera, el pago total se efectuó en la fecha acreditada, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes. La providencia confirma la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando la demanda de repetición se radica dentro de los dos años posteriores al pago total, la caducidad no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de…¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación…
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda? Sí
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los hechos ocurridos antes de su vigencia, de modo que sus presunciones no rigen cuando el hecho dañoso es anterior, mientras que en lo procesal se aplica la ley vigente al presentarse la demanda. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, esa ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y solo excepcionalmente tiene efectos retroactivos. Segunda, cuando el hecho es anterior, rigen el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 63 del Código Civil y los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 1984. Tercera, en lo procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 hace aplicables las disposiciones vigentes al presentarse la demanda. En el caso, el hecho dañoso ocurrió en el año 2000, por lo que no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. La providencia reitera la jurisprudencia citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho determina el régimen sustancial y la fecha de la demanda el régimen procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder? Sí
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.
También resuelve:¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?
¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna? Sí
El contratista debe presentar la acción de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario se configura caducidad; en este caso, la demanda se radicó oportunamente. La entidad demandante no puede valerse de las presunciones de dolo o culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001 si los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia, por lo que debe acreditar la culpa grave del demandado. Todo documento público aportado como prueba se presume auténtico y puede otorgarse valor probatorio, como en el caso en que se aportó un comprobante de egreso de contabilidad para demostrar el pago de la condena. Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y del principio de buena fe como agente del Estado no constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino que son argumentos jurídicos contra su prosperidad. El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001…¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto…¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿El régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, ya que los hechos son anteriores a su vigencia y en virtud del principio de irretroactividad? Sí
En la acción de repetición, el régimen jurídico aplicable es el vigente al momento de los hechos que originaron la condena, de modo que cuando estos son anteriores a la Ley 678 de 2001 no se aplica esa ley. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la Ley 678 de 2001 rige los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Segunda, la excepción de efectos retroactivos no altera esa regla general, por lo que la valoración de la conducta del agente se hace conforme a la normativa anterior. En el caso, los hechos son anteriores a la vigencia de la ley, y por ello la providencia confirma que la acción debe analizarse con el régimen previo. En la práctica, la entidad debe identificar la fecha de los hechos que causaron la condena antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave, porque esa fecha determina la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas…¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC…¿Procede condenar en costas cuando no esta demostrado que la demandada vencedora hubiera incurrido en gastos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem…
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1°) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3°) de la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿El municipio de Bello se encuentra legitimado en la causa por activa en la presente acción de repetición, al ser el órgano que realizó el pago de la condena?¿Los demandados se encuentran legitimados en la causa por pasiva en la presente acción de repetición, al ser las personas que ejercieron sucesivamente el cargo de tesorero en el municipio de Bello…
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de… [demandante] ocurrieron el veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
También resuelve:¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial?¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia?
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad? No
La responsabilidad del interventor en la acción de repetición se evalúa dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, y que su concepto no compromete por sí la voluntad de la entidad contratante, de modo que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con su conducta concreta. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las obligaciones del interventor son de control y vigilancia sobre la ejecución de otro contrato, y no incluyen la representación de la voluntad de la entidad. Segunda, cuando los hechos son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, las disposiciones sobre dolo y culpa grave de esa ley no se aplican, y el análisis se apoya en la Constitución y el Código Civil. Tercera, la demandante no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del interventor, indispensable para la repetición. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el concepto negativo de un interventor sobre la adquisición de un predio no basta, por sí solo, para atribuirle culpa grave si la entidad no acredita su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales?¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público?¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…