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¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve:¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo…¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública, cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia un proceso relacionado con la actividad contractual de una entidad pública cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales comienza a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales alegados, según el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa recae sobre las partes que suscribieron el convenio, y una parte puede demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato sin necesidad de declarar previamente el incumplimiento. Estas decisiones reafirman la competencia del Consejo de Estado en casos de contratación estatal y establecen claras pautas para el cómputo del término de caducidad y la formulación de pretensiones en acciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación de la liquidación unilateral del convenio que dio lugar a los perjuicios patrimoniales…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes que suscribieron el convenio, toda vez que la controversia contractual giro en torno a este?¿Puede una parte demandar únicamente el pago de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato, sin que exista una pretensión de declaratoria de incumplimiento?
¿La sentencia de segunda instancia debe ser aclarada y corregida por cuanto el a quo denegó la solicitud de corrección y aclaración sobre su decisión? No
El juez de segunda instancia no está obligado a aclarar o corregir una sentencia cuando el tribunal de primera instancia ya ha denegado una solicitud similar, limitándose a resolver los reparos específicos contra la decisión apelada. Sin embargo, si la sentencia de segunda instancia contiene referencias a supuestas aclaraciones denegadas por el tribunal de primera instancia, es procedente corregir dicha sentencia para precisar que tales aclaraciones fueron rechazadas. Asimismo, no es viable adicionar la sentencia de segunda instancia para revocar una condena en abstracto basada en pruebas existentes que no permiten determinar una suma líquida de dinero, mientras que sí es procedente adicionar la sentencia para referirse a los criterios de cálculo del lucro cesante futuro, dado que la sentencia original omitió establecer parámetros claros para tal cálculo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente corregir la sentencia de segunda instancia en lo relativo a las referencias que se hicieron por la supuesta aclaración a la condena en abstracto…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la condena en abstracto, por existir pruebas en el expediente para determinar una condena a pagar en una…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de referirse a los criterios para el cálculo del lucro cesante futuro?
¿Existió incumplimiento contractual por parte del demandado? Sí
El contratista no logra demostrar el incumplimiento contractual por parte de la entidad estatal en relación con la asignación de proyectos y la proporcionalidad de los ítems del contrato, a pesar de la reducción sustancial de las actividades contempladas en los pliegos. La Sala revoca parcialmente la sentencia de primera instancia para declarar que la entidad estatal incumplió en el suministro de la herramienta informática necesaria para el proceso de digitalización, pero rechaza las pretensiones principales de incumplimiento contractual y la indemnización de perjuicios por falta de pruebas claras y fundamentadas. Esta decisión matiza la jurisprudencia existente sobre la necesidad de pruebas precisas y detalladas para acreditar perjuicios en casos de incumplimiento contractual, lo que implica que los contratistas deben presentar evidencias sólidas para reclamar indemnizaciones.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Debe adicionarse la sentencia de segunda instancia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del CPC? Sí
El juez de segunda instancia debe adicionarse la sentencia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el perjuicio no haya sido apelado expresamente pero esté íntimamente ligado al objeto de la apelación, según lo dispuesto en el artículo 357 del mismo código. Sin embargo, si no se acredita la existencia, contenido y pago de las obligaciones contractuales que originan el daño emergente, como en el caso de los honorarios de abogados y expertos, no es procedente su reconocimiento, ya que falta la prueba necesaria para establecer la existencia de dichas obligaciones y su extinción, lo que implica que la entidad demandante no puede obtener indemnización por estos conceptos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre perjuicios no apelados expresamente por el recurrente, cuando estos están íntimamente ligados al objeto de la apelación…¿Resulta procedente el reconocimiento de honorarios que se afirma fueron pagados al abogado como daño emergente derivado del incumplimiento del contrato de depósito por parte del establecimiento…¿Resulta procedente adicionar la parte resolutiva de la providencia para incluir la orden de cumplimiento a la sentencia, cuando no fue solicitada de forma expresa en la demanda y constituye un punto…
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, basándose en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la Acta 15 del 5 de mayo de 2005, en virtud de la naturaleza del asunto y la prelación temática definida por la Sección. Esta facultad permite priorizar casos de repetición contra exfuncionarios públicos, contribuyendo a la celeridad procesal y a la descongestión de despachos judiciales, sin desconocer el principio de autonomía judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño…¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de…¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la…
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal…¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas…¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 05001233100020020356302ACCION CONTRACTUAL
¿El tribunal reconoció implícitamente a la sociedad recurrente como sucesora procesal de la aseguradora y por ello no había lugar a reconocer nuevamente dicha sucesión procesal? Sí
El juez reconoce implícitamente a una sociedad como sucesora procesal cuando en los fundamentos y la parte resolutiva de la providencia se le otorga tal calidad o se le tiene como coadyuvante de la parte. En el presente caso, la Sala confirma la negativa a adicionar la providencia de 12 de noviembre de 2020, toda vez que el tribunal ya había tenido a la sociedad recurrente como sucesora procesal de la compañía de seguros, careciendo de objeto un nuevo reconocimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El trámite del incidente de liquidación de condena debe ser promovido por el interesado, es decir, por la parte titular del derecho en litigio?¿La ausencia de legitimación en la causa por activa no es una causal contemplada en la norma procesal para el rechazo de plano de un trámite incidental?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve:¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
¿Resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los contratos para la construcción o diseño de siete STCA? No
Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA (números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera…
También resuelve:¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva eel Departamento de Antioquia en lo referente a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, del cual no fue parte?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000232600020120023302ACCION CONTRACTUAL
¿Deben declararse saneadas las presuntas irregularidades procesales advertidas por la demandada IDRD, debido a que la parte interesada actuó sin señalar oportunamente la existencia de las anomalías y no formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite? Sí
El contratista no puede alegar oportunamente las irregularidades procesales que no fueron impugnadas en su momento, conforme al artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, que establece que la nulidad se considerará saneada si la parte interesada no la señala oportunamente. Además, el artículo 140, parágrafo 1, del mismo código indica que las irregularidades procesales se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente. En este caso, la entidad demandada no señaló la existencia de las anomalías ni formuló recursos contra las providencias que decidieron continuar con el trámite, por lo que las presuntas irregularidades se consideran saneadas. Esto implica que las partes deben actuar con diligencia en la identificación y oposición de las irregularidades procesales para evitar que estas sean consideradas subsanadas por omisión.síntesis automática
También resuelve:¿Compete al Consejo de Estado conocer del recurso de apelación interpuesto contra las providencias de los tribunales administrativos que resuelven sobre la liquidación de las condenas?¿La indexación es un instrumento para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir…¿Debe realizarse la indexación de las condenas impuestas en la sentencia hasta la fecha de expedición del auto que resolvió el incidente de liquidación y, en este caso…
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA2025-06-05Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020200039901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala Plena de la Sección Tercera, debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que adjudican o declaran desierto un proceso de selección de contratista específicamente, en lo que concierne al análisis de la oferta más favorable; y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada? Sí
El contratista debe demostrar el quantum de su afectación en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que declara desierto o adjudica un proceso de selección de contratista, y la entidad estatal puede ser condenada a pagar una indemnización por la utilidad esperada, siempre que no existan criterios disímiles en la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala ha constatado la necesidad de unificar jurisprudencia en relación con el análisis de la oferta más favorable y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada, debido a la existencia de criterios disímiles en la evaluación de propuestas y la determinación de la oferta más conveniente. En algunos casos, la Sala ha estimado que basta con corregir la puntuación no tenida en cuenta en favor del demandante, mientras que en otros ha requerido una revisión integral de todas las ofertas. Además, la Sala ha considerado que, en ausencia de prueba directa del perjuicio, puede aplicarse un criterio de razonabilidad basado en las reglas de la experiencia y la sana crítica para establecer la suma de dinero que debe ser reconocida al demandante, siempre y cuando el valor de la propuesta sea equivalente al presupuesto oficial. Esta unificación jurisprudencial permitirá una mayor coherencia en la aplicación del EGCAP y en la tasación de perjuicios en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿En los conflictos relacionados con la escogencia de la oferta más favorable, existen criterios disimiles para resolver el asunto en cuanto…¿Puede el juez reconocer la indemnización por no adjudicación de un contrato estatal con base en un criterio de razonabilidad, en ausencia de prueba directa del perjuicio?